Petrobras Argentina S.A. y organismos del Estado respondieron a los interrogantes surgidos el lunes durante la audiencia pública realizada en Viedma, camino al tratamiento de la renegociación de contratos con la empresa.

Según el detalle dado a conocer desde Legislatura, estos fueron los planteos:

> Petrobras:

Para responder el interrogante acerca de cuál es el plan de Responsabilidad Social para el 2015 por parte de la empresa, el gerente de Comunicaciones y Responsabilidad Social, Martín D`Agostino, aclaró que "Petrobras Argentina genera todos los años un reporte para dar cuenta a la sociedad y al público de interés, de todas las actividades relacionadas con esta temática. El reporte es público y se encuentra en la página web de la compañía".

Señaló que "dentro de los programas que la empresa desarrolla en Responsabilidad Social, en junio de este año lanzaron proyectos sociales y ambientales para el año 2015-2016".

Explicó que "el programa tiene como objetivo promover iniciativas de interés público que estimulen el desarrollo sostenible y la transformación social de las comunidades, y que está abierto a asociaciones, cooperadoras, escuelas, hospitales, salas sanitarias, organizaciones sociales, que lleven a cabo proyectos vinculados con los derechos humanos y sociales, promoción de ciudadanía inclusión educativa, equidad de género, cultura y diversidad, deporte, inclusión social, ambiente y comunidad, discapacidades, y emprendimientos productivos de base social. Contempla apoyo financiero y capacitación en las organizaciones, asistencia técnica y monitoreo".

"En Río Negro hemos podido acompañar 9 proyectos, alcanzando a 15.933 destinatarios directos, con una inversión superior a los 300 mil pesos", expresó D`Agostino.

Por otra parte, el gerente de Relaciones Institucionales de Petrobras, Diego Saralegui, respondió a la pregunta del legislador Alejandro Marinao "sobre si existiría la posibilidad que Petrobrás se comprometa a no transferir sus derechos sobre las áreas renegociadas por al menos los próximos cinco años". En este sentido, afirmó que "por una lado, la firma del acuerdo es una muestra concreta del compromiso a largo plazo que la compañía tiene con la provincia de Río Negro, y por el otro, no está contemplado por la ley 4818, aprobada por unanimidad en esta Legislatura".

Con relación a las inversiones de exploración, Marcelo Gómez, a cargo del activo de la cuenta neuquina de Petrobras, indicó que "éstas van en función de las superficies del área remanente en las áreas concesionadas Medanitos, Jahuel de los Machos y Río Neuquén". En este marco, afirmó que "en dos de ellas, el área remanente es muy pequeña y lo que va quedando para pozos exploratorios no es una inversión tan grande".

Explicó que "la exploración es una de las fuentes de adicionar reservas, y que hay otras formas de desarrollarlas en estas áreas que están en explotación".

Otro de los interrogantes se enfocaba en el costo de 17 millones de dólares del pozo de exploración que se desarrollará en el 2017 en el yacimiento Río Neuquén, a lo que Gómez contestó que "es un costo comprobado con los valores de la industria que se está desarrollando y que es el mismo que se está manejando con otras provincias, donde se realizan alrededor de 4 pozos al año".

En cuanto a cómo se cuantificaban las inversiones y gastos contingentes, explicó que "es la misma metodología que se usa para un área en desarrollo y especificó que "contingente" es un término técnico que se usa para detallar que esos recursos son desarrollados a partir del pozo exploratorio que pueda o no encontrar el petróleo.

> Secretaría de Energía de Río Negro:

El subsecretario de Asuntos Legales de la Secretaría de Energía de Río Negro, Sebastián Caldiero, respondió en lo referente a los pasivos ambientales, que "el contrato incluye un plan de remediación ambiental que presentó la empresa Petrobras Argentina SA, con un detalle de los pasivos ambientales, complementado con una auditoría ambiental certificada por un auditor independiente, que en este caso fue la firma Geo Comahue Ambiental.Toda la información recabada fue presentada en soporte digital".

"Aclaró que la ley 4818 parte de una premisa de existencia de pasivos ambientales en las áreas, en primer lugar pide una declaración jurada a las empresas y una certificación ambiental por una empresa especializada e independiente. En segundo lugar, la ley habilita que el plan de remediación se extienda hasta cinco años".

"La norma exige que la empresa presente un plan de remediación, que la autoridad de aplicación se lo apruebe técnicamente y mientras la empresa lo realiza la autoridad de aplicación (Medio Ambiente) va controlando y monitoreando el avance del plan. En el caso que se planteó en la audiencia con respecto a Petrobras, lo que falta es la aprobración final de Medio Ambiente, o sea que la empresa realiza las tareas, denuncia la realización, y luego Medio Ambiente lo corrobora y en su caso aprueba el saneado o la actividad realizada, y esto sucede con todos los programas de remediación".

Caldiero aseguró que "la empresa ha asumido la remediación de todos los pasivos, los presentes y los históricos heredados". Además, explicó que "en la auditoría ambiental presentada por Geo Comahue Ambiental existe identificada una evaluación hidrogeológica y un análisis de los pozos featímetros existentes en el área, por lo que se ha dado cumplimiento a la ley, pero además intervino directamente el Departamento Provincial de Aguas en la evaluación e hizo un informe".

Por otra parte, negó la ausencia de relevamiento de activos por parte de la Secretaría de Energía. Aseguró que "cumplió con los términos de la ley y realizó las visitas de campo a las áreas y los relevamientos, indicó que existen actas donde constan estas visitas".

Respecto a por qué se renegocia con tanta anticipación, Caldiero explicó que al demorarse la renegociación las empresas desaceleran las inversiones porque no tienen una expectativa cierta de repago. Señaló que Río Negro y La Pampa son las únicas provincias que no han renegociado sus áreas petroleras, lo cual es un indicativo de que los plazos son relativos si los comparamos con otras provincias que renegociaron en 2008, como el caso de Neuquén.

En otro orden, aclaró que "la ley 4818 no regula la incorporación de nuevos yacimientos no convencionales, pero sí autoriza y fomenta su exploración, mientras que la exploración no habilita la explotación".

También contestó sobre los cuestionamientos acerca de posibilidad de cesión de derechos de Petrobras SA a otras empresas sobre las áreas a renegociar. Explicó que "la ley contempla que se puedan transferir y que es potestad del Poder Ejecutivo hacerlo o no".

Afirmó que "no existen cláusulas ocultas en el contrato". Hubo cuestiones que se manejaron en confidencialidad entre las partes, una vez que esa negociación llegó a buen término se hizo público con la firma y la publicación.

Sobre los interrogantes planteados acerca de la solvencia de la empresa Petrobas Argentina, el subsecretario legal informó que "la empresa presentó los estados contables de los últimos cinco ejercicios, tal cual lo exige la ley, por lo cual se consideró que la empresa es suficientemente solvente para hacer la concesión".

> DPA:

El intendente General de Recursos Hídricos del Departamento Provincial de Aguas (DPA), Daniel Petri, hizo un recorrido histórico sobre la intervención de la empresa en los controles de efluentes y del uso de aguas públicas.

Señaló que "realizan monitoreos permanentes y que, desde 1997 a la fecha, se hacen informes públicos del estado del agua". En este sentido, afirmó que "el agua del río Colorado es apta para todos los usos a los que se destina".

Por su parte, el director de Protección y Conservación de los Recursos Hídricos, Aldo Sisul, señaló que "la ley de creación del Control de Calidad y Protección de los Recursos Hídricos (COCAPRHI) contiene una resolución reglamentaria específica para la empresa petrolera, porque es de alto riesgo y muy dinámica".

En relación al área donde están los yacimientos, indicó que "se instalaron cuatro frentímetros en 1989, luego de hechos frecuentes de vuelcos de agua de purga y resto de hidrocarburos, y que luego se llegaron a instalar 32 frentímetros que el DPA controla sacando dos muestras por año desde 1992".

Según Sisul, "el estado de salubridad de estos acuíferos depende de que durante años hubo vuelcos a campo y descargas en piletas no impermeabilizadas que se fueron infiltrando y modificado su condición natural". "Si bien no sabemos cuál era el estado antes de la introducción de la actividad petrolera, tenemos valores de salubridad que se están manteniendo y algunos parámetros que, a partir de haber cesado algún fenómeno que generaba un pico de contaminación, han ido lentamente modificándose en función de las atenuaciones naturales que ocurren en los acuíferos", manifestó.

En relación a los acuíferos más profundos, que son los que las empresas petroleras utilizan para sus operaciones, indicó que "se hace un recorrido mensual para medir el caudal y hacer un muestreo de calidad". Afirmó además que "la restricción que pone el DPA es garantizar la desconexión hidráulica con toda fuente de agua superficial y subterránea".

> Impuestos:

La subdirectora Ejecutiva de la Agencia de Recaudación Tributaria, Laura Manzano, ante los cuestionamientos por posibles deudas que pueda tener Petrobras con la Provincia, respondió que la Agencia hizo una verificación impositiva de la empresa y detectó una incorrecta aplicación de una de las alícuotas correspondientes a los impuestos sobre Ingresos Brutos. "Es una diferencia en los criterios de interpretación de las normas aplicables", señaló.

Manzano informó que "a raíz de esta verificación, se realizó un ajuste de alrededor de 76 millones, que incluye capital e intereses, al 27 de marzo de 2014, y suma la deuda comprendida entre los periodos de enero 2006 y junio del 2013". Según la contadora, "la empresa garantiza el pago de esta deuda con un seguro de caución".

En cuanto a que si la Agencia inició un proceso judicial, informó que "la deuda quedó firme en sede administrativa y ante la falta de pago, emitió una boleta de deuda que se envió a la Fiscalía de Estado para el cobro por la vía de apremio".

> Fiscalía:

Con relación a la pregunta del legislador Bautista Mendioroz, respecto a la refrenda del contrato por parte de Fiscalía de Estado cuando existe una demanda que Petrobras le hizo al Estado provincial para no pagar esta deuda, el fiscal Pablo Bergonzi, citó un punto de la ley 4818 que dice que "al momento de la renegociación, la autoridad de aplicación y las concesionarias procurarán consensuar la resolución definitiva de la totalidad de los reclamos administrativos y/o judiciales existentes".

En este sentido, afirmó que "la Fiscalía ha intentado ser especialmente cuidadosa en no invadir las facultades propias de la Legislatura".

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, remarcó este martes que "un eventual rechazo de la Legislatura al contrato firmado con Petrobras Argentina significará un impacto negativo en la actividad económica, representando menos regalías para la provincia y los municipios, y la ausencia del bono destinado a la millonaria inversión social en Río Negro".

"Una medida de este tipo hará que Río Negro desaparezca del escenario petrolero nacional. Cada legislador deberá explicarle luego a los rionegrinos por qué votó a favor o en contra de este contrato, que no hace más que reflejar la ley que fue aprobada por unanimidad en esta misma Legislatura en diciembre del año pasado", remarcó.

"La mayoría de los contratos petroleros de Río Negro culminan en 2016 y 2017. Si no se aprueba este nuevo acuerdo con Petrobras, el actualmente vigente terminará y cuando esto suceda se deberá llamar nuevamente a licitación, sin que podamos saber hoy con qué marco legal se realizaría ese proceso. Hay que tener en cuenta que si avanza la propuesta de YPF y Nación, no sería por diez años sino por 35; las regalías no serán del 12% más el 3,5%, sino solamente del 12%; no habrá bono para los Municipios; no habrá responsabilidad social para distribuir en toda la provincia", advirtió.

"De esta manera está claro que si cambian las condiciones legales nacionales y provinciales de los marcos regulatorios de gas y petróleo, estos beneficios para Río Negro probablemente no estén para dentro de tres años", sostuvo.

"Aquellos que no estén de acuerdo con este contrato deberían manifestar claramente qué harían en caso que estos contratos se terminen y aparezca un escenario mucho menos ventajoso que el actual", indicó. "Aparte, si no sale el contrato de Petrobras, tampoco lo harían los de las otras empresas concesionarias, y en consecuencia como se vencen, automáticamente todas las firmas comenzarían a paralizar su inversión y de esta manera, la producción de hidrocarburos comenzará a declinar hasta 2017, hasta llegar a su paralización de acá a tres años", pronosticó.

"Realmente si uno ve que se aumentará la producción de petróleo y gas, se mantendrá el empleo, que hay 1500 millones de dólares para la provincia y los municipios, que habrá obra pública, que vienen más regalías, etc., entonces no se encuentran motivos para que alguien se oponga. Quien se opone lo hace por dos motivos posibles: o no le interesa Río Negro o porque tiene alguna otra motivación que no especifica".

En rueda de prensa en Cipolletti, defendió la transparencia del proyecto, a la que definió como "nuestro mayor orgullo". "Se trata de un contrato que de acuerdo a la ley fue publicado en internet, sus anexos se pudieron ver durante todo este tiempo, y fundamentalmente que tiene una audiencia pública como no se dio en ningún otro lado del país, en la que toda aquella persona que quería decir o transmitir algo lo pudo hacer", añadió.

"No nos molesta lo que pasó el lunes, todo lo contrario, somos partícipes de la audiencia pública porque no queremos que les queden dudas a nadie y fundamentalmente nos interesa aclarar", dijo. "Desde ese punto de vista, la audiencia pública fue sumamente beneficiosa. Quiero destacar las muchas voces a favor que hubo, como las de todos los gremios, sindicatos, cámaras empresariales, cámara de servicios petroleros, fuerzas vivas de Catriel. Hay que balancear lo que significan las voces a favor y en contra", remarcó.

Finalmente, referido a los cuestiones medioambientales, Weretilneck recordó que "la empresa tiene las normas ISO, por lo que está en un plan de mejora de las cuestiones ambientales". Agregó que la Provincia "identificó en el contrato pasivos ambientales por 52 millones de dólares, ya sea por Medio Ambiente o el DPA, y tienen una póliza de caución por ese monto, por la cual la empresa se compromete a remediarlos, y en caso de no hacerlo se la ejecuta".