Al menos dos reuniones en 10 días ha mantenido el gobernador de Mendoza, Paco Pérez, con los accionista mayoritarios del consorcio minero que tiene la concesión del yacimiento de cobre San Jorge, en el departamento de Las Heras, cera de la localidad cordillerana de Uspallata.
El interlocutor de Pérez ha sido Taras Nechiporenko, designado CEO de los negocios de lo grupos rusos Solway Investiment y Aterra Capital, que entre ambos ostentan 70% del paquete accionario de San Jorge. La intención es, de a poco y con mucho tacto, ver las posibilidades de explotación del yacimiento de cobre, ya explorado y con la certeza de que allí se encuentra el codiciado mineral.
La mina operativa demandaría una inversión nada menos que de 200 millones de dólares, y debería ocupar, como mínimo, a unos 2.000 trabajadores. Al mismo tiempo, las regalías que cobraría Mendoza comenzarían a entrar en el corto plazo, lo que entusiasma a Pérez en un contexto financieron complejo.
Las conversaciones se han llevado adelante en Buenos Aires y en Mendoza, y en ambas ocasiones no fueron incluídas en la agenda pública del gobernador. Al mismo tiempo, y en paralelo, varios dirigentes oficialistas, entre ellos intendentes, legisladores provinciales y hasta el diputado nacional Alejandro Abraham, han salido a pedir la rediscusión de la ley provincial 7.722 llamada antiminera, que prohíbe el uso de químicas en minería metalífera o megamineria.
La estrategia quedó en claro al trascender las reuniones de Pérez: por un lado dirigentes cercanos al Gobierno provincial piden redebatir la norma y por el otro el gobernador tantea a los inversores de San Jorge para saber de primera mano qué inversiones podrían hacer en el corto plazo.
No obstante, es evidente el cuidado que tiene Pérez a la hora de hablar públicamente de minería. No quiere pagar el costo político de promover una actividad que en Mendoza despierta fuerte rechazo ciudadano, o al menos esa sensación queda por el accionar de los grupos ambienalistas, muy activos y organizados.
El karma de Paco se remonta a la época de la campaña del 2011, previo a su elección como gobernador. Por esos días, le pidió al peronismo que aprobora la ley antiminera para sacarse el mote de “prominero” que le colgaron sus rivales de turno por haber sido socio de un estudio de abogados local que atendió a varias mineras extranjeras hace algunos pocos años atrás.
Las alternativas
El yacimiento San Jorge queda al noroeste de la provincia, en las cercanías de la localidad lasherina de Uspallata, un valle cordillerano bellísimo. La mina está a 22 kilómetros al sur de la frontera de Mendoza con San Juan, por lo que una de las alternativas que analizan los accionistas en conjunto con Pérez y también con las autoridades sanjuaninas, es realizar una operación biprovincial del yacimiento.
Esto sería realizar la extracción del cobre en Mendoza, llevarlo el material en crudo en tren 22 kilómetros al norte, y en territorio sanjuanino llevar adelante el proceso con cianuro que necesita el cobre.
En San Juan, cuyas autoridades, encabezadas por el gobernador José Luis Gioja, han hecho de la minería una actividad prioritaria, estarían encantados con la llegada del cobre mendocino a su suelo para procesarlo, porque se quedarían con una parte de las regalías pero además se generaría mano de obra y servicios sanjuaninos.
Esta es una alternativa “realizable” que analiza Pérez, aunque su idea es poder poner en discusión nuevamente la ley 7.722 y modificarla para que las inversions queden 100% en Mendoza.
El dato que está esperando Paco, es que la Corte provincial falle sobre una demanda de las cámaras mineras en contra de las prohibiciones de la ley, lo que habilitaría al Gobienro a darle vía libre al proyecto San Jorge y a otros menores. La decisión de la Corte se conocerá de un momento a otro, y con ese fallo en la mano, Pérez podrá promover la minería metalífera sin costo político, que será pagado por el máximo tribunal.
Francisco Pérez se reunió con los nuevos dueños rusos del proyecto minero fallido para extraer oro y cobre de Uspallata, Aterra Capital y de Solway Investiment, que quieren ahora extraer la roca de Mendoza y procesarla en San Juan. A pesar de las promesas de inversión privada, el Gobierno no está decidido todavía a dar vía libre.
Los nuevos dueños rusos del frustrado emprendimiento minero San Jorge volvieron a instalar la discusión en Mendoza por el futuro de la minería y, en una reunión con Francisco Pérez que se realizó hace solo unos días, buscaron alguna señal de que la provincia habilitará el desarrollo al menos de una adecuación del proyecto original de extracción de oro y cobre que se cayó en agosto de 2011.
Pérez se reunió el miércoles de la semana pasada con los representantes de Aterra Capital y de Solway Investiment, los grupos rusos que desde marzo controlan el 70% de San Jorge luego de una operación de venta que hizo la canadiense Coro Minning y que habría rondado los U$S 40 millones.
Al frente de los rusos estuvo Taras Nechiporenko, el CEO del proyecto desde hace unos meses, quien a pesar de su origen habla un perfecto castellano producto de varios años de trabajo en Chile.
El propio gobernador blanqueó ayer el encuentro en una ronda de prensa luego de un acto oficial, y se mostró un tanto difuso a la hora de brindar precisiones acerca del encuentro.
“El proyecto todavía no lo analizo, será presentado en el Ministerio de Ambiente, no sé si es una re adecuación del anterior.Tiene que seguir los pasos normales administrativos y llegar a la Legislatura para su aprobación”, respondió, cuando fue consultado. Aunque en Casa de Gobierno se sabe todo con mayor detalle.
Paco habló ante los empresarios asiàticos de un supuesto “cambio de clima” en la provincia en relación a la minería aunque no mencionó nunca la posibilidad de reflotar el viejo proyecto que el mismo sepultó en la campaña electoral de hace ya casi tres años. Y tampoco dejó traslucir qué hará con este nuevo, al que los inversionistas extranjeros denominan “el proyecto posible” de llevar adelante entre las dos provincias.
El minstro de Tierras y Ambiente, Guillermo Elizalde, también fue cauto ante la consulta de este diario. Sostuvo que el expediente no se ha movido más allá del encuentro del gobernador y que se analizará "en su momento y respondiendo a lo que establece la Ley 7.722 que prevee ratificación legislatiuva para este tipo de procedimientos".
Desde mediados de 2012 que San Jorge (cuando todavía estaba en manos canadienses) tiene presentado un proyecto de adaptación del plan original de extracción de minerales en esa zona de Uspallata y solicitó una ampliación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que el gobierno de Celso Jaque firmó y que luego Pérez, cuando era candidato en 2011, ordenó archivar en la Legislatura cuando se debatía su aprobación o rechazo.
En trazos grueso, los mineros plantean un nuevo proyecto biprovincial para extraer la roca del cerro ubicado en la estancia El Yalguaraz y proceder al proceso de lixiviación (el tratamiento para extraer oro y cobre) en San Juan donde este tipo de procedimientos no están prohibidos por ley como aquí.
Lo que la provincia debe autorizar o rechazar, vía una adaptación de la DIA original, es la construcción de una vía férrea de 22 kilómetros entre el cerro y Calingasta (la ciudad sanjuanina más cerca del límite en esa zona) para desarrollar la explotación.
“Los aspectos del estudio de impacto ambiental aprobado relacionados con el proyecto original de flotación San Jorge no se han modificado y se llevarán a cabo en suspenso hasta el momento en que el proyecto es capaz de proceder. La compañía confía en que el proyecto se puede ejecutar de manera responsable con el medio ambiente para el beneficio económico y social duradero de las provincias de Mendoza y San Juan”, exploca Coro en su página web. Un dato: las mineras han iniciado el trámite en Mendoza, pero aún no lo han hecho en San Juan.
Los rusos lograron incomodar a Pérez en un tema que, dentro del propio gabinete, genera divisiones. Y más, si se toma en cuenta que en las última semanas surgieron desde Malargüe nuevos intentos por modificar en la Legislatura la ley 7.722 (conocida como ley antiminera), cambios que el gobernador no respaldará por ahora.
La Corte es quien tiene la palabra sobre el futuro de la minería ya que debe fallar sobre la constitucionalidad o no de la norma, análisis que ya lleva seis años y que justo por estos días entró en una etapa procesal decisiva.
Este martes se cerró la etapa de alegatos en la decena de causas que se tramitan en forma conjunta y el máximo tribunal estaría en condiciones de dictar sentencia tras la feria judicial de julio. Algunas fuentes judiciales sostienen que el fallo podría salir durante el segundo semestre de 2014. Aunque otras voces aseguran que los supremos no se meterán en tamaña definición en el mediano plazo.
Sin dudas que la mejor opción para el gobernador hubiera sido que San Jorge no cambiara de manos ya que, como quedó en claro en la reunión del miércoles pasado, los rusos se mostraron decididos a desarrollar el proyecto y no lo compraron de manera especulativa. Es más, sobre la mesa tiraron la alternativa de una inversión de $200 millones y de la creación de 5.000 puestos de trabajo solo para extraer la roca en Mendoza y procesarla en San Juan.
Aterra es dueño de minas de minas de Uranio en Turquía, de cinc en Kenia, de plata en Rusia y de otros minerales en Colombia, Nueva Guinea e Indonesia. Por su parte Solway Group explota níquel en Guatemala, oro en el este de Rusia y zinc en Macedonia, entre otros.
