Más allá de que la decisión de la justicia de EEUU habilitando al embargo de fondos del Estado argentino provoque irritación, hay que asumir que esta situación no es fruto de una conjura extranjera sino de la propensión a expandir el gasto público muy por encima de las posibilidades de financiamiento. Por eso, en lugar de despotricar contra agentes externos debería primar la autocrítica y los consensos para imponer, de ahora en más, austeridad y calidad en la gestión del Estado.

Cuando un individuo, una empresa o un Estado gastan por encima de sus ingresos tienen que pedir prestado para cubrir el exceso. Por el contrario, cuando los ingresos superan los gastos, es posible cancelar deuda. La generación de deuda es el resultado de la acumulación de déficits.

Por eso, es erróneo dar al conflicto con los fondos “buitres” una connotación externa cuando el origen del problema es interno. No habría “buitres”, si la Argentina no hubiese defaulteado su deuda en el año 2002. Y no habría habido default, si no se hubieran acumulado enormes déficits fiscales que generaron una deuda imposible de honrar. Por eso, más allá de que es fundamental encontrar una salida razonable al planteo de los “buitres”, lo central es evaluar críticamente la forma en que se administra el Estado en la Argentina.

Un testimonio muy ilustrativo es el desempeño del sector público nacional en la última década. Es decir, con posterioridad al default declarado en el año 2002 y donde se declamó con énfasis la estrategia del “desendeudamiento”. Según información oficial publicada por el Ministerio de Economía se observa que:

· Entre los años 2003 y 2008 el Estado nacional generó excedentes que sumados llegan al equivalente de 3,2% del PBI.

· Entre los años 2009 y 2013 los gastos superaron a los ingresos en montos que acumulados representa aproximadamente el 17,3% del PBI.

· Esto significa que en la última década el Estado nacional acumuló desequilibrios fiscales por un equivalente al 14,1% del PBI.

Estos datos demuestran que las mismas conductas que llevaron al default del 2002, se reprodujeron en los años siguientes. Si bien entre los años 2003 y 2008 hubo excedentes, esto no fue el resultado de la frugalidad sino del no pago de deuda pública (porque estaba en default) y la no actualización de las jubilaciones (generando juicios que la contabilidad pública no registra). A partir del año 2009, la continuidad de un vertiginoso crecimiento del gasto público generó una acumulación de déficits fiscales cada vez más grandes, a pesar de que la presión tributaria creció a niveles récords llegando a ser la más alta de América Latina.

Parte de los excesos de gastos no se reflejan en crecimiento de deuda pública porque se financian con inflación y con deudas que no se registran. Pero agotadas estas fuentes espurias de financiamiento la perseverancia del déficit llevó a replantear la estrategia. De aquí que el gobierno esté empeñado en crear condiciones para contraer nuevos créditos en los mercados internacionales. Primero se reconoció la deuda por la estatización de YPF (U$S 10.000 millones). Luego se aceptó un monto adicional (U$S 3.400 millones) de deuda con el Club de París para eludir el monitoreo del Fondo Monetario Internacional. Una estrategia parecida seguramente se aplicará para resolver el conflicto con los “buitres”. Siguiendo la misma lógica, sería deseable que se reconozca la deuda por la no actualización de las jubilaciones entre los años 2003 y 2008.

En lugar de exaltar el nacionalismo, el fallo de la Justicia de EEUU es la oportunidad para promover la autocrítica. La culpa no es de los acreedores sino de la acumulación de déficits derivados de un manejo irresponsable del sector público. Chile y Uruguay, por citar ejemplos cercanos con gobiernos de ideologías diferentes, se desenvuelven en los mismos mercados financieros internacionales que la Argentina y, sin embargo, no están preocupados por sufrir embargos y menos por el accionar de fondos “buitres”.

Despotricar contra los “buitres” tiene tan poco sentido como rechazar el impuesto a las ganancias. Un planeo honesto contra el exceso de impuestos y endeudamiento arranca por reclamar un manejo más profesional y austero del Estado. Por el contrario, si se avalan las estatizaciones, los subsidios y el empleo público espurio corresponde resignarse a pagar más impuestos y sufrir la presión de los acreedores.

Cuando un individuo, una empresa o un Estado gastan por encima de sus ingresos tienen que pedir prestado para cubrir el exceso. Por el contrario, cuando los ingresos superan los gastos, es posible cancelar deuda. La generación de deuda es el resultado de la acumulación de déficits.

Por eso, es erróneo dar al conflicto con los fondos “buitres” una connotación externa cuando el origen del problema es interno. No habría “buitres”, si la Argentina no hubiese defaulteado su deuda en el año 2002. Y no habría habido default, si no se hubieran acumulado enormes déficits fiscales que generaron una deuda imposible de honrar. Por eso, más allá de que es fundamental encontrar una salida razonable al planteo de los “buitres”, lo central es evaluar críticamente la forma en que se administra el Estado en la Argentina.

Un testimonio muy ilustrativo es el desempeño del sector público nacional en la última década. Es decir, con posterioridad al default declarado en el año 2002 y donde se declamó con énfasis la estrategia del “desendeudamiento”. Según información oficial publicada por el Ministerio de Economía se observa que:

> Entre los años 2003 y 2008 el Estado nacional generó excedentes que sumados llegan al equivalente de 3,2% del PBI.

> Entre los años 2009 y 2013 los gastos superaron a los ingresos en montos que acumulados representa aproximadamente el 17,3% del PBI.

> Esto significa que en la última década el Estado nacional acumuló desequilibrios fiscales por un equivalente al 14,1% del PBI.

Estos datos demuestran que las mismas conductas que llevaron al default del 2002, se reprodujeron en los años siguientes. Si bien entre los años 2003 y 2008 hubo excedentes, esto no fue el resultado de la frugalidad sino del no pago de deuda pública (porque estaba en default) y la no actualización de las jubilaciones (generando juicios que la contabilidad pública no registra). A partir del año 2009, la continuidad de un vertiginoso crecimiento del gasto público generó una acumulación de déficits fiscales cada vez más grandes, a pesar de que la presión tributaria creció a niveles récords llegando a ser la más alta de América Latina.

Parte de los excesos de gastos no se reflejan en crecimiento de deuda pública porque se financian con inflación y con deudas que no se registran. Pero agotadas estas fuentes espurias de financiamiento la perseverancia del déficit llevó a replantear la estrategia. De aquí que el gobierno esté empeñado en crear condiciones para contraer nuevos créditos en los mercados internacionales. 

Primero se reconoció la deuda por la estatización de YPF (US$ 10.000 millones). 

Luego se aceptó un monto adicional (US$ 3.400 millones) de deuda con el Club de París para eludir el monitoreo del Fondo Monetario Internacional. Una estrategia parecida seguramente se aplicará para resolver el conflicto con los “buitres”. 

Siguiendo la misma lógica, sería deseable que se reconozca la deuda por la no actualización de las jubilaciones entre los años 2003 y 2008.

En lugar de exaltar el nacionalismo, el fallo de la Justicia de EEUU es la oportunidad para promover la autocrítica. La culpa no es de los acreedores sino de la acumulación de déficits derivados de un manejo irresponsable del sector público. Chile y Uruguay, por citar ejemplos cercanos con gobiernos de ideologías diferentes, se desenvuelven en los mismos mercados financieros internacionales que la Argentina y, sin embargo, no están preocupados por sufrir embargos y menos por el accionar de fondos “buitres”.

Despotricar contra los “buitres” tiene tan poco sentido como rechazar el impuesto a las ganancias. Un planeo honesto contra el exceso de impuestos y endeudamiento arranca por reclamar un manejo más profesional y austero del Estado. Por el contrario, si se avalan las estatizaciones, los subsidios y el empleo público espurio corresponde resignarse a pagar más impuestos y sufrir la presión de los acreedores.