Miguel Galuccio no se da por vencido y prevé esta semana llegar a un acuerdo con los gobernadores para avanzar con la ley convenio de hidrocarburos que regula las inversiones en el sector con restricciones a las provincias, al impedirles participar de las licitaciones con empresas provinciales que no realicen inversiones directas.
“Esperamos novedades para esta semana. Estoy seguro que habrá un acuerdo entre gobernadores y Galuccio para una ley que beneficie a todos”, sostuvo ante LPO Mario Metaza, diputado santacruceño y presidente de la Comisión de Energía de la Cámara baja, cuyos integrantes visitaron la semana pasada el yacimiento Vaca Muerta en Neuquén.
El proyecto que propone el CEO de YPF regula las licitaciones de hidrocarburos con garantías para los inversores pero golpea a las empresas provinciales al impedir el sistema de carring, por el cual los gobernadores se asocian a petroleras con un porcentaje que luego devuelven con parte de las ganancias.
Galuccio está en contra porque sostiene que le quita posibilidades a su petrolera. Y por eso se bajó de una licitación en Mendoza y avanzó en este proyecto que ya recibió el rechazo de varios gobernadores, el principal Jorge Sapag de Neuquén, defensor a ultranza del carring.
Esta tarde el senador neuquino Marcelo Fuentes, uno de los más fieles a Cristina, confió en un acuerdo pero criticó el sistema que su gobernador considera innegociable.
“Hay que saber que el acarreo no es un sistema previsto en la regulación vigente. Ni la Ley corta ni la Ley 17.319 preveía un esquema de ese tipo. Esto lo comenzaron a desarrollar algunas provincias, por fuera de la normativa. Aunque se trate de una empresa estatal no es equitativo que una empresa participe de una concesión sin invertir, se lo mire por donde se lo mire”, atacó.
“Sapag es un hombre responsable que entiende que las inversiones que ha llevado adelante la nueva YPF son las mayores de los últimos tiempos en nuestra provincia. No creo que se oponga a reglas claras y equitativas para todas las empresas que quieran invertir en Neuquén. Cuanto más se invierta, mayores recursos genuinos ingresaran a la provincia. Es más trabajo para los neuquinos y él lo sabe”, agregó.
Los técnicos de YPF que recibieron a los diputados admitieron que hasta ahora sólo el 1% de Vaca Muerta tiene inversiones directas, por lo que es necesario garantizar mejores condiciones. El debate es el rol que cumplirán los gobernadores.
“Es evidente la contradicción entre el modelo de GyP antes de la recuperación de la YPF nacional, con la nueva realidad de una empresa comprometida con las necesidades del país y con participación de las provincias productoras al frente de la empresa. Estamos parados sobre otro escenario en el que la escala de las nuevas explotaciones y el volumen de inversión es determinante. Esto lo explicaba el gobernador el año pasado: sin inversiones Vaca Muerta es solamente un pedazo de roca”, amplió Fuentes.
Lo cierto es que si los gobernadores no están de acuerdo la ley convenio no puede estar efectiva, porque requiere el apoyo de las legislaturas provinciales. Una versión que circuló en los últimos días habla de negociar un mayor precio para el cobro de regalías a cambio de desentenderse de las licitaciones. Pero no hay señas de que los gobernadores estén de acuerdo.
El gobernador Jorge Sapag reclamó un “trato equitativo y justo” para las provincias, que son dueñas de los recursos petroleros, en medio de las negociaciones que definirán el control de los hidrocarburos.
Mediante un mensaje grabado en video, el mandatario señaló que “el desafío es construir un federalismo, no de desintegración, no de subordinación, sino un federalismo construido con provincias fuertes y sólidas, autónomas en el marco de una Nación soberana”. De esa forma, Sapag salió a marcar posición en días en los que se define la reforma de la Ley de Hidrocarburos, que enfrenta a Neuquén y a YPF.
Recordó que en 2007, cuando asumió la Gobernación, “la situación energética era crítica. Teníamos 8 años de reservas de petróleo y de gas”. También hizo énfasis en la creación de la empresa provincial GyP, mediante el cual se realizaron tres rondas licitatorias y pusieron en evidencia “que Vaca Muerta y Los Molles representaban unos de los reservorios más importantes del mundo, que para ponerlos en marcha necesitan mucha tecnología y capitales millonarios”.
Dijo que, junto con la expropiación del 51% de las acciones de YPF, el panorama energético comenzó a cambiar y que hoy el 20% del crudo y el 10% del gas de Neuquén es no convencional.
Reconoció que la petrolera nacional tiene el 50% de la actividad e invirtió 2.800 millones de dólares junto con Chevron en Loma Campana en sólo 14 meses, pero a la vez resaltó que GyP también atrajo a grandes petroleras mundiales y desembolsos por 3.000 millones de dólares en los últimos tres años.
El mensaje de Sapag estuvo dirigido a la confrontación que tiene con Miguel Galuccio por el rol de GyP en las futuras concesiones.
El diputado Darío Mattio (MPN) hizo explícito el pensamiento de la Provincia. Indicó que “en las rondas que se hicieron para atraer inversores YPF se comprometió a realizar las inversiones necesarias para explorar y desarrollar 22 áreas en conjunto con GyP, pero ahora nos dicen que no tienen el dinero necesario para hacerlo y quieren sacar del medio a GyP, que es quien tiene los derechos sobre el área”.
Fuentes de la petrolera nacional respondieron que no solo tiene en marcha “el primer desarrollo masivo sobre Vaca Muerta en Loma Campana, sino que además ha cerrado acuerdos con Dow Chemical, Pampa Energía, Pluspetrol; un MOU con Petronas por La Amarga Chica y un proyecto de exploración en Chihuido de la Sierra Negra, donde están previstas nueve perforaciones”.
Comentaron que solo ese último proyecto tiene previstos más pozos que los anunciados por GyP con Wintershall en Aguada del Chañar. Agregaron que la compra del porcentaje de Petrobras en Puesto Hernández y los activos de Apache son muestra de la magnitud de sus inversiones.
En Viedma, audiencia Pública para analizar el acuerdo de Río Negro con Petrobras: 2/3 de los participantes plantearon dudas sobre el contenido del contrato. Hoy (martes 24/06), los funcionarios buscarán despejar distintos interrogantes decisivos para el aval o rechazo en la próxima sesión legislativa, explicó el diario Río Negro.
El impacto ambiental fue el argumento censor más repetido. La diputada nacional María Emilia Soria alertó con un informe crítico de las consecuencias que dejan los pozos de Petrobras, un trabajo que había requerido Energía a un instituto privado pero que no apareció en el expediente. En un comunicado, esa Secretaría informó, más tarde, que ese análisis privado fue reemplazado por otro más amplio de fuente gubernamental.
El argumento de 15 a favor se vinculó a la necesidad de reactivación económica y los nuevos puestos de trabajo.
El resto fueron críticos, algunos con durísimos cuestionamientos -como los ambientalistas- y otros priorizando sus dudas o requiriendo precisiones.
Este precedente fue recogido por el gobierno de Alberto Weretilneck frente a la necesaria ratificación del acuerdo por parte de la Legislatura. Es cierto, que la Audiencia -que presidió la legisladora Silvia Horne- no es vinculante, pero hablaron 8 legisladores, de los cuales 5 se mostraron muy críticos.
3 de ellos eran del bloque pichettista Eva Perón: Alejandro Marinao, Roberto Vargas y Luis Esquivel.
Vargas exigió respuestas a una auditoría ambiental ya que en la zona de Petrobras "existen cerca de 215 viejas piletas a cielo abierto".
Esquivel advirtió del litigio existente porque "la empresa se niega a pagar los Ingresos Brutos".
En Neuquén
El gobernador Jorge Sapag reclamó un “trato equitativo y justo” para las provincias, que son dueñas de los recursos petroleros, en medio de las negociaciones que definirán el control de los hidrocarburos, explicó el diario La Mañana de Neuquén.
Mediante un mensaje grabado en video, Sapag señaló que “el desafío es construir un federalismo, no de desintegración, no de subordinación, sino un federalismo construido con provincias fuertes y sólidas, autónomas en el marco de una Nación soberana”. De esa forma, el gobernador marcó posición en días en los que se define la reforma de la Ley de Hidrocarburos, que enfrenta a Neuquén y a YPF.
Él recordó que en 2007, cuando asumió la Gobernación, “la situación energética era crítica. Teníamos 8 años de reservas de petróleo y de gas”. También hizo énfasis en la creación de la empresa provincial GyP, mediante el cual se realizaron tres rondas licitatorias y pusieron en evidencia “que Vaca Muerta y Los Molles representaban unos de los reservorios más importantes del mundo, que para ponerlos en marcha necesitan mucha tecnología y capitales millonarios”.
También dijo que, junto con la expropiación del 51% de las acciones de YPF, el panorama energético comenzó a cambiar y que hoy el 20% del crudo y el 10% del gas de Neuquén es no convencional.
Sapag reconoció que YPF tiene el 50% de la actividad e invirtió US$2.800 millones junto con Chevron en Loma Campana en sólo 14 meses, pero a la vez resaltó que GyP también atrajo a grandes petroleras mundiales y desembolsos por US$3.000 millones en los últimos 3 años.
El mensaje de Sapag estuvo dirigido a la confrontación que tiene con Miguel Galuccio por el rol de GyP en las futuras concesiones.
Los gobernadores petroleros presentaron este lunes una contrapropuesta regulatoria para intentar resguardar los intereses de las provincias sobre el negocio hidrocarburífero. El documento, elaborado fundamentalmente por los equipos técnicos de Jorge Sapag (Neuquén), Francisco “Paco” Pérez (Mendoza) y Martín Buzzi (Chubut), consta de ocho carillas y fue entregado en mano al secretario legal y técnico de la Presidencia, Carlos Zannini.
El Inversor Online tuvo acceso al texto a través del que los mandatarios de la Ofephi -la organización que nuclea a los estados productores- propusieron la creación de un “Régimen federal de promoción de inversiones y responsabilidad empresaria para la extracción de gas y petróleo no convencional”. El texto es la respuesta de los gobernador al texto entregado por el propio Zanini a los mandatarios hace 10 días durante una reunión en la Quinta de Olivos con la presidenta Cristina Kirchner. Para descargar el documento, hacer click aquí (regimen federal).
El documento se terminó de definir este lunes en una reunión en Buenos Aires de la que participaron ocho mandatarios petroleros (sólo faltaron Eduardo Fellner, de Jujuy, y Daniel Peralta, de Santa Cruz). Ese mismo día, se lo entregaron a Zanini. El texto, de siete carillas, está acompañado por una nota inicial en la que los representantes provinciales destacan que “la mejor opción es proponer un régimen similar a la Ley de Promoción Industrial”, a fin de incentivar inversiones en “proyectos de hidrocarburos no convencionales, offshore y pesados”.
A su vez, se ratifica “en todos los términos la denominada Ley Corta (Ley 26.197), por la cual asumieron las provincias en forma plena el ejercicio originario y la administración sobre los yacimientos como autoridades concedentes”.
En esa línea, los miembros de la Ofephi llegaron a la conclusión de que en el marco de una política de promoción de inversiones, deberían tratarse un conjunto de temas. A saber: los plazos de los permisionarios y concesionarios; la ampliación de beneficios promocionales a la mayor cantidad de sujetos posibles y no sólo a las grandes empresas; el diseño de tributos a fin de promover inversiones (deducciones, regímenes de amortización acelerada del Impuesto a las Ganacias, y exenciones de derechos y gravámenes a la importación de bienes de capital e insumos”; el régimen cambiario, de modo tal de establecer, además de la libre disponibilidad correspondiente (como fijó el decreto 929/13 del Ejecutivo), la posibilidad de ampliar la libre disponibilidad de divisas y remesas de las utilidades; y el precio para el cálculo y la percepción de regalías tendencialmente convergentes con las referencias internacionales, entre otros punto.
Bajo ese paraguas, el régimen de promoción consensuado por los gobernadores se estructura por medio de cinco puntos (los dos primeros son los más sustanciosos).
El primero busca legislar sobre los plazos de los permisos de exploración y las concesiones de explotación de los hidrocarburos. En esa dirección, propicia la creación de un régimen especial temporario para los proyectos de desarrollo de reservorios no convencionales, offshore, de petróleo pesado, pozos profundos y de frontera en el marco de las leyes 17.319 (de Hidrocarburos), 26.197 (Corta) y 26.741 (de Soberanía Energética). Para eso, el texto advierte sobre la necesidad de definir algunos conceptos básicos como explotación no convencional, proyecto de desarrollo de reservorios no convencionales, superficie destinada a esas iniciativas, plan piloto, reestructuración de áreas, así como también las condiciones, plazos y procedimientos para aprobar los emprendimientos de inversión.
Al mismo tiempo, se suscribe que el organismo encargado de evaluar las características de cada proyecto de inverisión será la Comisión de Planificación de Inversiones Hidrocarburíferas, que funciona bajo la órbita del ministro de Economía, Axel Kicillof. Y se establece que las petroleras podrán solicitar un plazo extraordinario de extensión de la concesión por hasta 35 años contados desde la aprobación del proyecto de desarrollo no convencional, sólo respecto de la superficie destinada al mismo. Las empresas no podrán reclamar una extensión adicional.
El segundo punto del documento está titulado “Promoción y fomento de la actividad” y aboga por la ampliación de los beneficios fiscales e impositivos para la mayor cantidad de sujetos posibles. “Se debería generar un esquema promocional flexible que permita una evaluación integral de los beneficios de cada proyecto y no sólo para los que inviertan más de U$S 1000, tal como prescribe el decreto 929/13″, señala el texto.
La intención de los mandatarios es que los incentivos no alcancen sólo a las petroleras que inviertan en campos no convencionales, sino también en las que apuesten por el offshore, los yacimientos de crudo pesado y en pozos de gran profundidad. Para eso, plantearon la creación de un régimen de amortización acelerada similares a los que contempla la Ley de Promoción Industrial, y otro régimen cambiario, que autorice a las empresas a girar dividendos y utilidades al exterior.
Uno las propuestas más polémicas que incluye el texto redactado por los gobernadoras es la que se refiere a los precios de los hidrocarburos. Por un lado, los mandatarios buscan que el Gobierno asigne a la categoría de “precio” todos los subsidios que paga el Estado a los privados -como por ejemplo las subvenciones que reciben los productores de gas que aumenten su producción-, con el objetivo de incrementar la recaudación de regalías de las provincias.
Por el otro, formulan que no pueda existir en los precios del mercado interno una diferencia mayor al 6% entre los valores de cada tipo de crudo. En los hechos, las provincias aspiran a atar el precio de todos los crudos al Medanito que se extrae en Neuquén, el más caro por su rendimiento en las refinerías.
Los últimos tres puntos del documento versan sobre el cuidado del medio ambiente; la responsabilidad social empresaria; y obras de infraestructura urbana y de transporte, pero su desarrollo es muy exiguo.
El encuentro previsto para ayer, en Buenos Aires, con los gobernadores de las provincias que integran la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI) y con el ministro de Planificación Julio De Vido, se suspendió. Esta reunión estaba enmarcada en el proyecto de la presidenta Cristina Fernández que apunta a conseguir el pacto petrolero nacional con YPF y las diez provincias productoras de hidrocarburos reformando la ley en lo que refiere a petróleo no convencional.
La resistencia del neuquino Jorge Sapag a la nueva ley de hidrocarburos propuesta por Miguel Galuccio tuvo su efecto: en el Gobierno ya admiten que la nueva norma para regular las inversiones en el sector recién podría debatirse en el segundo semestre.
Otra factura que llegó al CEO de YPF fue de las petrolera privadas, que le achacan haber convencido a Cristina de ni siquiera llamarlos para conocer su opinión sobre un marco regulatorio que también los afectará.
Neuquén, punta de lanza
El titular de YPF chocó contra el gobernador de Neuquén, la provincia con mayor cantidad de reservas hidrocarburíferas y territorio del mega yacimiento de Vaca Muerta, quien la semana pasada fue a la quinta de Olivos con una contrapropuesta al proyecto oficial, que de ninguna manera estaba dispuesto a firmar.
Se lo había comunicado a sus colegas gobernadores y llegó a Olivos con su propio proyecto que establece cambios sustanciales: permite que empresas provinciales se asocien a inversores aún sin tener capitales que aportar y reparte las responsabilidades ambientales. Por si fuera poco, también exige mejorar el precio del petróleo, regulado por retenciones que reducen el cobro de las regalías.
De las modificaciones que impulsa el Gobierno, Sapag sólo acepta readecuar las condiciones de inversión establecidas en el decreto que permitió la llegada de Chevrón a Vaca Muerta. Además de incorporar un marco regulador para la explotación de petróleo no convencional.
Límite a petroleras provinciales
La resistencia de los gobernadores se desató cuando comprobaron que el proyecto de Galuccio licuaba casi a la inexistencia la participación de las empresas petroleras provinciales en las inversiones en sus provincias. Sapag se indignó especialmente porque venía avanzando fuerte con su empresa Gas y Petróleo (GyP) para atraer inversiones, luego de una gira de su ministro de Energía, Guillermo Coco, por Houston.
“GyP es complementaria, no competidora de YPF, y para poder lograr el objetivo común de desarrollar los hidrocarburos no convencionales estas empresas no deben pretender ser exclusivas ni monopólicas, ya que necesitamos capitales y tecnología de todo el mundo para concretar este anhelo”, afirmó por ejemplo La Nación.
Poco a poco, los gobernadores aprovecharon su embestida para ponerle pachos fríos a la ley de de Galuccio, que sólo defendió públicamente Fabiana Ríos, de Tierra del Fuego. Daniel Peralta, de Santa Cruz, no asistió, siempre reacio a chocar de frente con Cristina.
Pero el resto se entusiasmó con la rebeldía de Sapag y, sin levantar la voz, lo apoyó. Martín Buzzi (Chubut) y Francisco Paco Pérez lo respaldaron y Oscar Jorge (La Pampa) y Alberto Weretilneck (Río Negro) pidieron resguardar sus inversiones, dan cuenta los medios especializados.
Mirada en Vaca Muerta
Ahora, en YPF creen que la ley podrá negociase en el segundo semestre en el Congreso, pero fuentes de ambas cámaras que están en el tema lo creen improbable.
Sobre todo porque al ser una ley convenio lo primero que tienen que hacer es pasarla por las legislaturas provinciales y la resistencia de Sapag complica ese trámite en Neuquén. Ir al Congreso con esa batalla perdida no tiene sentido.
Obstinado, Galuccio no se detiene y la semana pasada lideró una recorrida por el yacimiento Vaca Muerta de los diputados de la Comisión de Energía, presidida por el santacruceño Mario Metaza.
Sapag ya los invitó para hacer su propio tour junto a otras empresas que invirtieron en Neuquén, asociadas a su compañía provincial. Son las operaciones que el CEO de YPF quiere desterrar y hasta ahora no pudo.
