La Fundación Democracia y Desarrollo, junto a empresarios, políticos, académicos, entregaron este 19 de junio  a la Presidenta Michelle Bachelet y a la Ministra de Minería Aurora Williams, una nueva propuesta de Política Minera, que aseguran contribuye al progreso económico, inclusivo y sostenible del país.

El documento llamado  “Minería y Desarrollo Sostenible en Chile. Hacia una Visión Compartida”, fue desarrollado por el ex Presidente Ricardo Lagos, los ex ministros de Economía Alvaro García y Juan Andrés Fontaine, el presidente de Colbún, Bernardo Larraín, el ex director de Codelco Jorge Bande, el presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC) Raimundo Espinoza, y el presidente de Antofagasta Minerals, Jean Paul Luksic.

El documento propone la creación de una institución público-privada que dirija a los distintos actores hacia una estrategia minera globalizante, sugiere alcanzar un programa de capitalización durante los próximos años para Codelco, e indica que es necesario maximizar su valor patrimonial, resguardando los derechos laborales y el cuidado del medioambiente.

Raimundo Espinoza, Presidente de FTC y Director de Codelco, se refirió a las nuevas medidas explicadas en la propuesta, y dijo que “a pesar de que no podemos decir que Codelco ha sido una solución perfecta, ha sido un modelo en los temas sindicales y ambientales, en cómo los ha ido asumiendo en los últimos veinte años”.

En cuanto a energía, proponen un plan de eficiencia, con metas para el sector minero y la búsqueda de correlaciones entre mineras, regiones, municipios y comunidades locales, para llevar adelante proyectos energéticos no contaminantes.

Finalmente, sugiere realizar cambios en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y en el uso de la Evaluación Ambiental Estratégica, revisar la composición del Consejo de Ministros, fortalecer la institucionalidad y el marco normativo de aguas en el país, legalizar la propiedad indígena y contar con una adecuada reglamentación en los procesos de participación de las comunidades afectadas.

La Ministra Aurora Williams explicó que “existe bastante coincidencia entre esta propuesta y el programa de Gobierno. “Está el tema del desarrollo de proveedores y clúster minero; la necesidad de capitalizar Codelco y que esta capitalización sea plurianual, y la inclusión de los pueblos originarios”.

Rolando Humire, Dirigente del Consejo de Pueblos Atacameños, destacó la oportunidad de que las comunidades indígenas no hayan quedado excluidas de esta determinación, y agregó que “queremos participar de la toma de decisiones en nuestro territorio”.

En tanto, el Observatorio Ciudadano y Chile Sustentable, dieron a conocer su desacuerdo con el proyecto, y  negaron tener relación con el mismo. No obstante, reconocieron haber sido invitados para a participar en una mesa de diálogo sobre los desafíos de la minería en Chile, y que participaron en 5 reuniones temáticas desarrolladas en la Fundación Democracia y Desarrollo, entre agosto y diciembre de 2013, donde se nacieron las divergencias.

Especificaron que las razones del rechazo al documento entregado este 19 de junio por la Fundación Democracia y Desarrollo, no son sólo debido a “diferencias con la metodología  de trabajo”, -como se afirma en el documento-, sino que se debe “a profundas divergencias sobre el desarrollo minero, lo cual queda en evidencia en la propuesta “Chile ¿un país minero? tres prioridades para la transformación”, entregada por las organizaciones en el mes de marzo.

Así lo aseguró Sara Larraín directora de la ONG Chile Sustentable, quien explicó que las diferencias con el proyecto son sustanciales, y tienen que ver con que las organizaciones ciudadanas plantean que se debe “terminar con el extractivismo, pasar a una economía a una economía basada en servicio, pasar a un desarrollo con participación vinculante con las comunidades, y con un respecto a las comunidades indígenas”.

Sara Larraín además explicó que “no optan por una minería tecnologizada que tenga el mismo comportamiento”, ni tampoco estamos de acuerdo con que Chile sea un país solamente minero y que el hegemonía nos impida continuar con la agricultura”. Explicó que “Chile puede tener un Producto Interno Bruto muy alto, pero hay que analizar a quiénes beneficia realmente”. Y finalmente agregó que “los beneficios de las mineras se van al extranjero, no se distribuyen en las regiones y quiénes son las víctimas son las comunidades”.

Ricardo Badilla, experto en minería, dijo no estar de acuerdo con la posición de que la Minería echa a perder todo, pues explicó dicha  actividad es la que otorga recursos para el crecimiento del país. Afirmó además que la actividad minera no necesariamente tiene que oponerse al turismo y otras actividades.

Y dio como ejemplo del país Norteamericano, Canadá, indicando que en dicho lugar hay un buen estándar, y aseguró en Chile las empresas también lo consideran.

Ricardo Badilla, experto en el tema, agregó que los desafíos que enfrenta la minería chilena son que los recursos son cada vez más caros de procesar, el cuidado del entorno, buscar una mayor factibilidad para resolver los problemas de falta de agua y energía, y la lejanía de las mineras con las comunidades.

Explicó también que las modificaciones a la minería, son impulsadas porque hoy existe una sociedad mucho más abierta, “no es que vaya a cambiar el escenario, sino que es un reconocimiento a los nuevos escenarios”.

Y finalizó diciendo que el problema no son las mineras, pues “las empresas del cobre ayudan al desarrollo del país. La discusión es otra, cómo el país reparte los recursos. Yo lo interpretaría por un problema de estructura del desarrollo regional del país.”

Opiniones divergentes que rodean un tema que afecta, favorece y desfavorece, tanto a las comunidades, la vida en las regiones, como a la economía de nuestro país.

El pasado miércoles fue entregada a la Moneda una propuesta de política minera de un grupo de 13 personas, convocadas por Ricardo Lagos (el mismo que en 2001 ratificara a espaldas de la ciudadanía el nefasto Tratado Binacional Minero Chile-Argentina); según se informa en El Mercurio, este grupo trabajó de manera secreta y a puerta cerrada durante un año para definir los lineamientos país en el sector económico que más conflictividad socioambiental ha generado en los últimos 10 años. Frente a esto OLCA declara:

1.       No podemos, porque no conocemos, juzgar las intenciones de quienes aceptan bajo cláusula de silencio participar de este grupo, pero sin duda el solo hecho de integrarlo da cuenta de un pragmatismo inoculado en el sentido común como correcto. Frases como “más vale estar que no estar”, “sino soy yo será otro que lo hará peor”, “hay que sumar y no restar”, y símiles, nos han hecho perder el norte valórico que debiera orientar los destinos y el presente de las comunidades humanas.

2.       En una reunión que tuvimos el sábado con comunidades que luchan por la defensa y recuperación del agua en el país, se planteó el tema de, en el marco de las innumerables reuniones, mesas de trabajo, seminarios y cabildos a los que está invitando la autoridad, cuál debía ser nuestra posición: automarginarnos o participar de todos los espacios. El acuerdo fue “hay que tratar de estar en todos lados, siempre y cuando haya un mínimo de respeto hacia nosotros y nuestros territorios”, parafraseando esto, nos parece que esta política minera pretendida para el país, es ante todo una enorme falta de respeto.

3.      ¿Quién le otorgó a estas 13 personas la autoridad para ir a fabricar confidencialmente políticas que condicionarán irreversiblemente nuestras formas de vida? ¿Cómo pueden seguir legitimando la construcción de un Chile arbitrario y sordo? La política minera actual fue ideada durante la dictadura y ha producido una crisis socioambiental sin precedentes, ya sabemos que no funciona hacer las cosas a espaldas de la gente, ¿para qué contarse el cuento de que ahora será distinto?

4.       Dentro del grupo de los 13 se encontraba Chile Sustentable, el Observatorio Ciudadano, y un dirigente atacameño, quienes después de la noticia en Emol[1], sacaron una declaración pública señalando que ellos se habían restado del proceso en enero, y que en marzo habían entregado una “Memoria Alternativa” que pretendía recoger la postura no escuchada por el resto de los participantes del selecto grupo. A nuestro parecer la disculpa agravó la falta, en primer término, porque luego de una lectura detenida de esta propuesta alternativa, se aprecia que no es más que un salvavidas a la megaminería química, actividad cada vez más deslegitimada a nivel mundial, que en todas partes vulnera los DDHH y que está siendo frenada por la presión territorial en diversas regiones del planeta. Y en segundo, porque no hay ni un comentario sobre la suplantación de representatividad que se arrogan, no cuestionan el inaceptable secretismo y el error de pensar que en esas condiciones se puede gestar algo para el bien común.

5.       Para quienes creemos que el fin no justifica los medios, nos parece urgente avanzar en la deconstrucción de las lógicas de eficiencia y optimización, seguramente la incorporación de las comunidades en los debates lentificará los procesos, supondrá mayor desgaste, no será comprendida por las empresas transnacionales y el mercado que presionan al poder ejecutivo, obligará a destecnificar los discursos, a reencontrarnos con la simpleza, a dulcificar los egos… todas cuestiones que cuestan y para las que no estamos preparados, pero que son imprescindibles para asentar la convicción de que nada ni nadie defenderá mejor nuestros derechos que nosotros mismos.