Si bien prever lo que sucederá en el mercado es una tarea difícil, hacerlo en un contexto como el actual, en el que la incertidumbre de default sigue latente, es imposible. Sin embargo, el rally que vivieron los bonos y las acciones locales en Wall Street el viernes permite apostar al alza, al menos para el arranque de la jornada.

El viernes la plaza porteña estuvo cerrada por el feriado que conmemora el Día de la bandera, pero hoy los activos locales deberían acomodarse a los precios de Nueva York. Los activos locales cerraron con alzas de hasta dos dígitos: el Discount en dólares bajo ley de Nueva York trepó 12,5% mientras que las acciones de Banco Macro saltaron 14,35%.

Los inversores se envalentonaron luego de escuchar un discurso más conciliador de la presidente Cristina Fernández sobre la disputa judicial que tienen los fondos buitres contra el país.

Específicamente, la suba se dio porque dijo tener la intención de pagarle a todos los bonistas, cuando el lunes pasado, tras la negativa de la Corte Suprema de Estados Unidos a tomar la apelación argentina, había aferrado a hacer todo lo contrario. “Queremos cumplir con el cien por cien de los acreedores, con el 92,4% que se acogieron al canje y con los que no”, expresó la presidente.

Cabe aclarar que, aunque el país quiera negociar, llegar a un acuerdo depende tanto de la voluntad de los fondos buitres como del juez neoyorquino que falló a favor de los holdouts, Thomas Griesa. En principio, según el Wall Street Journal, el fondo Elliot manifestó estar dispuesto a conversar. “Esperamos que Argentina sea seria y venga a la mesa a negociar”, indicó una fuente que conoce la estrategia de Elliot. No obstante, aseguró “aún no hay diálogo”. Es que se espera que en estos días finalmente viajen funcionarios del gobierno a Nueva York.

“A todas las partes les conviene llegar a un acuerdo”, recordó el Roberto Drimer, director de la consultora VaTnet. A su vez advirtió: “Wall Street apostó a un avance de las negociaciones, pero todavía falta mucho y el mercado está demasiado sensible, cualquier movimiento en falso será reflejado en las cotizaciones”.

Por otro lado, también hay esperanzas de que el pago a los holdouts se realice con la misma “ingeniera financiera” con la que se le pagó a Repsol: entregar bonos y acordar con un banco internacional que se quede con los papeles y entregue el efectivo. Esta sería una alternativa que, tal como aseguran medios estadounidenses, los fondos aceptarían.

De todas maneras, el stay se levantó y el pago del Discount, el 30 de junio, sigue en peligro, aunque también es cierto hay esperanzas de que las negociaciones se realicen sin llevar al país a un default técnico.

Así, con las “fichas” del mercado puestas en un contexto de cumplimiento del fallo de Griesa sin que el país se hunda en una cesación de pagos, los activos locales volaron en Nueva York.
El Discount se disparó hasta los 84,5 dólares, niveles que no alcanzaba desde agosto de 2011.

Lo acompañó el Par en dólares con ley extranjera, que creció 3,75%. Entre los bonos de corto plazo se destacó el Global 2017, que sumó 6,4%. Por su parte, los cupones crecieron hasta 9,2%.

En cuanto a los Adrs, además de Macro, Edenor aumentó 14%, Grupo Financiero Galicia ganó 12,4% y Banco Francés ascendió 12%. A su vez, Transportadora Gas del Sur, Petrobras, Pampa e Irsa subieron 11%, 9,2%, 7,8% y 7,6% respectivamente. Las únicas bajas fueron las de Tenaris y Ternium, de 0,9% y 1,1% cada uno.

Pese al fantasma del default, ni los bonos ni las acciones perdieron demasiado. Sin ir más lejos, el Merval cayó la semana pasada sin perforar el nivel que registraba a mediados del mes pasado. Lo mismo pasó entre los títulos, aún cuando había dudas sobre el pago del cupón, el Discount tan solo cedió hasta precios que operaban a fines de abril en el terreno local.

El viernes el juez Thomas Griesa reiteró que un cambio de jurisdicción de los bonos hacia la ley argentina sería considerado un desacato a los fallos de su Corte. Junto con el discurso de la presidente, Cristina Fernández, proclive a una negociación con los holdouts, se entiende el fin a una estrategia que se decidió en un día y que derivó en la renuncia de uno de los directores de la Caja de Valores, por la responsabilidad que recaería en la institución y en los directivos entrar en desacato con la corte estadounidense.

Tras el revés en la Corte Suprema de EE.UU., el martes pasado la Caja vivió tiempos frenéticos porque al mediodía tuvo que tomar el pedido de Economía para que lo apoyara en un nuevo canje de deuda. A la tarde, tuvo que decidir si aceptaba esa responsabilidad conociendo las consecuencias de la ley americana y presentar una propuesta a los funcionarios del Ejecutivo antes de la conferencia de prensa del ministro, Axel Kicillof.

La consecuencia fue la renuncia de Guillermo Lolla como director Secretario. Lo reemplazará Víctor Marina, según coincidieron las fuentes consultadas por este diario.

Sucede que la Caja estaba en un dilema por las consecuencias legales de entrar en desacato con la justicia americana, que luego podía embargar los fondos de la Caja en EE.UU. y poner presos a los directores, generarles problemas personales si pisaban ese país o no darles la visa para ingresar. Pero por no acompañar a Economía, el gobierno podía por orden público intervenir la Caja, poner veedores, y generar el mismo daño en la institución, aunque los directores ya no serían afectados.

Así lo explicaron los asesores legales de la Caja en una reunión de unas 15 personas, junto con los accionistas y directores, a las 16. Faltaba la votación de los directores de la Caja. Economía los esperaba a las 17, porque a las 18, Kicillof anunciaría el cambio de jurisdicción.

En hora y media, la Caja decidió armar una propuesta para tratar de hacer el menor daño colateral posible a la institución en EE.UU.: hacer el canje en los mismos términos que en 2013, por los cuales la Caja no era agente pagador, sino que cumplía esa instrucción obligado por Economía por su objeto social. Algo que tampoco lo exoneraba de su responsabilidad ante la justicia americana. Y al país, del default.

Las órdenes de canje entrarían por Economía, pero como no tiene los recursos humanos ni técnicos, la Caja ofrecía su infraestructura. ‘La Caja afrontó y puso a disposición todo lo que había que poner‘, contaron fuentes relacionadas con la propuesta.

En la votación del directorio, Horacio Torres, Alberto Molinari y Claudio Porzio decidieron asumir la responsabilidad de darle una solución al gobierno. Pero Lolla se manifestó en contra por las consecuencias para la Caja y los directivos del desacato ante la justicia americana.

Al día siguiente a Lolla se le pidió la renuncia por votar en contra de la posición de los accionistas. Asumirá uno de los directores suplentes, Marina.

Después de la conferencia de prensa de Kicillof, funcionarios de Economía llamaron a Torres para preguntarle si la Caja seguía en la misma posición. Como la respuesta fue afirmativa, por temas legales y sistémicos, Economía cortó la llamada.

El miércoles a la mañana Economía volvió a llamar para aceptar la vía ofrecida por la Caja reconociendo a todo lo que se la exponía y agradeciendo su acompañamiento.

Luego el tribunal de segunda instancia levantó el stay. Y a la noche salió el comunicado de Economía, que se tomó como una reacción a los dichos de Griesa en la audiencia, que indicaba que el país iba a un default pero ya no mencionaba el canje de deuda.

El ministerio ya no volvió a contactar a la Caja para instrumentar el plan de canje.
El viernes, las palabras de la Presidente el viernes indicaban tomar el camino racional de la negociación

El equipo económico que encabeza Axel Kicillof estuvo el fin de semana estudiando diferentes alternativas tendientes a cumplir con la orden impartida por Cristina de Kirchner el viernes: "Llegar a un acuerdo con el 100% de los acreedores respetando las leyes locales y las de EE.UU.". Seguramente no viajará a Estados Unidos dado que ello implicaría blanquear que la Argentina entra en negociaciones con los fondos buitre. Y negociar ahora puede gatillar una catástrofe económica, mayor que la del juicio perdido el pasado 16 ante la Corte de EE.UU.: hasta el 31 de diciembre rige una cláusula (la RUFO, en la jerga legal, económica y hasta política ahora) por la cual la Argentina no puede hacer una oferta mejor a la ya efectuada en los canjes de 2005 y 2010. Si lo hiciera, automáticamente disparará demandas de tenedores de papeles surgidos en esos canjes (el monto podría ser de hasta u$s 500.000 millones, estimación del abogado Marcelo Etchebarne ayer en un artículo en Clarín).

Por ello es que la RUFO se ha transformado en el nuevo fantasma de funcionarios en la deuda en default. Sorprendentemente, los abogados del estudio Cleary, Gottlieb, Steen and Hamilton, que representan a la Argentina, en la audiencia ante el juez Griesa el miércoles pasado en Nueva York anticiparon que "las autoridades (argentinas) estarán en Nueva York la semana próxima (por la que se inicia hoy) y que el país quiere tener un diálogo y está deseoso de negociar...". La palabra "negociar" es sacrílega: da pie a que se concluya que se les efectúa una mejor oferta a los acreedores con sentencia ante el juez Griesa y active la RUFO. Cristina de Kirchner, abogada, en su discurso del viernes en Rosario en ningún momento utilizó la palabra "negociar". Hay quienes sostienen que en el marco de una resolución en el tribunal de Griesa puede haber negociaciones dado que los términos de los canjes de 2005 y 2010 exceptúan de la cláusula RUFO a las órdenes judiciales al país. De todas maneras, se ingresa en una zona gris, con un costo altísimo en caso de que otro juez valide reclamos por la RUFO.

Por lo pronto, en el Palacio de Hacienda contemplan la posibilidad de efectuar un pago en garantía ante el juez Griesa hasta tanto expire la RUFO, el 31 de diciembre. Dependerá del magistrado la aceptación de ese pago en garantía y al mismo tiempo, permitir que la Argentina cumpla normalmente con los vencimientos de deuda del 30 de junio por los Discount y los que se sucedan hasta fin de año. Los montos para activar ese plan podrían oscilar alrededor de u$s 300 millones. La otra alternativa es la de acordar con el fondo Elliott para que se presente y pida al juez Griesa la reinstalación de la cautelar hasta el "31-D" de manera tal que se pueda cumplir con los pagos de la deuda en Nueva York como se lo venía realizando hasta el momento. Lo difícil en este sendero pasa por las condiciones que impondrá Elliott, seguramente más costosas que las de Griesa, y además, por las dudas de que surjan demandas de abogados por una supuesta violación de la RUFO, con promesas ocultas del país al fondo de Paul Singer.

En ese sentido, fuentes del mercado financiero aseguraron a este diario el viernes que Elliott aún tiene CDS (siglas de los seguros contra un default de la Argentina) en su poder. Si el país entra en default, cobra de su contraparte por ese "siniestro". Esto significa que más allá de las jugosas ganancias que le reportará este diferendo judicial, obtendrá otras provenientes de operaciones financieras con información sobre la marcha de la causa contra el país. De todas maneras, su posición de seguros contra default no es significativa, y oscilaría en torno a los u$s 200 millones por valor nominal de deuda.

En paralelo, se están emprendiendo diferentes alternativas, pero de actores del sector financiero. Ya eran conocidas las presentaciones efectuadas por la argentina Agostina Pechi (Goldman Sachs) sobre toda la deuda aún en default. La ejecutiva es más conocida en Wall Street por el escándalo generado tras su ingreso a Goldman Sachs: su anterior empleador, Credit Suisse, la acusó hace un año, paradójicamente también ante un tribunal de Nueva York, por haber robado información confidencial de esa entidad y utilizarse en Goldman Sachs. Otros movimientos están siendo dados silenciosamente por el JP Morgan, la entidad que exitosamente colocara los bonos entregados a Repsol en pago por la compensación por la expropiación en YPF. Quien estaría actuando aquí como impulsor de este sendero de solución sería el titular de YPF, Miguel Galuccio. El plan es simple: comprar directamente el reclamo y el juicio ganado por los fondos buitre ante el tribunal de Griesa. Obviamente para dar este paso deberían tener alguna pista concreta de que después de la RUFO se gatillará una solución con bonos al país. En igual dirección marcha el suizo UBS, con gestiones en este caso del segundo de Kicillof, Emmanuel Agis (esa entidad habría hecho ya una operación con el BCRA a fin de 2013 por u$s 500 millones).

Una última alternativa, más sinuosa por cierto, es la de buscar acabar con el fantasma de la RUFO. Para ello se requeriría contar con una aprobación del 75% aproximadamente en cada papel emitido en los canjes de 2005 y 2010. Sería una campaña electoral difícil, que requiere la participación de bancos (algo que a lo que el Gobierno tiene alergia) y que el resultado positivo de votos por ese 75% no está garantizado.

Los intereses de los actores en juego son varios. Los fondos buitre y el resto de los acreedores buscan cerrar ya y hasta aceptarían el 85% del reclamo ya avalado por la Justicia norteamericana. Para ello hicieron lobby ante legisladores norteamericanos (tiene Elliott varias denuncias en su contra por ese accionar en otras causas) y en la plaza local tenían contacto con diferentes actores, desde consultores políticos hasta legisladores. Paradójicamente, el estudio Cleary de la Argentina perdería con un acuerdo: dejaría de facturar las costosas horas de su gestión perdiendo a uno de sus mejores clientes de su historia. El final es sabido. Resta saber el camino que se elige.

Por Ernesto Hadida

A pesar de las duras declaraciones del Gobierno y los fondos buitres sobre el futuro de la deuda, los mercados apuestan a una negociación de los abogados argentinos esta semana con los fondos NML Capital Ltd., Blue Angel, Aurelius. Los seguros contra el default argentino, denominados Credit Default Swaps (CDS) retrocedieron fuerte después que el Gobierno bajo el tono y aseguró que quiere negociar con los fondos buitres. Los CDS a seis meses pasaron de casi los 11.000 puntos básicos a cerrar el viernes a menos de la mitad, a 4.100 puntos básicos.

Si bien es cierto que los CDS están muy discutidos por el ministerio de Economía, los contratos suelen ser usados por el mercado financiero como un termómetro del default. Desde principios del año a esta parte, cuando la Argentina devaluó su moneda un 23%, los contratos de CDS casi se cuadriplicaron y el costo de los bancos para asegurar montos a partir de los u$s10 millones de deuda soberana ante un posible default paso de u$s3 millones en enero a casi u$s11 millones poco días después del fallo de la Corte Suprema de Justicia de los EE.UU. Los contratos de cobertura contra la cesación de pagos a 6 meses se redujeron mas de un 50% entre el martes pasado y el viernes, cuando tomo fuerza la vesión del diario Wall Street Journal, que publicó que el fondo que lidera el magnate Paul Singer, NML Elliott Management Corp, está “listo” para negociar con la Argentina y aceptaría recibir “bonos” como parte de pago de los títulos que no entraron a ninguno de los canjes de deuda pero que la Justicia de los Estados Unidos exigió sean cancelados.

De acuerdo con esta publicación, desde Elliott tienen “la esperanza de que Argentina sea seria acerca de venir a la mesa a negociar” y aclara que “no hay diálogo todavía” Según las fuentes, el acuerdo podría tener las mismas características que la negociación que mantuvo la Argentina con el Club de Paris y con Repsol.

Pero en el Gobierno sigue irritando el hecho que los fondos buitres hayan comprado seguros contra el default de Argentina, y al mismo tiempo formen parte del ISDA (International Swaps and Derivatives Association, por sus siglas en inglés), el comité que debe determinar si el país incurre en un default, lo que le permitiría cobrar al menos 2.000 millones de dólares extras al fondo NML.

NEGOCIAN PLAN DE PAGOS EN EFECTIVO Y BONOS

BAE. Por Darío Gannio

El Gobierno negociará con los fondos buitres y para eso tendrá un acercamiento esta semana a través del juez Thomas Griesa para empezar las negociaciones que podrían durar hasta mitad de septiembre. El principal objetivo es evitar la cancelación en efectivo y también se busca prorrogar el pago. El cambio de jurisdicción no se hará por ahora.

En Economía se decidirá hoy si viajará a Estados Unidos el secretario de Finanzas, Pablo López, a acompañar a los abogados que actuarán de interlocutores en las conversaciones con los litigantes.

Según la agencia internacional de noticias Bloomberg, los abogados del fondo demandante Elliot sostienen que a partir del 30 de julio (cuando se vence el mes de gracia para pagar a los bonistas reestructurados), el país tiene seis semanas para empezar las negociaciones.

Eso le daría a la Argentina hasta mitad de agosto y, de tener el visto bueno del juez Griesa, se podría pagar en Nueva York el próximo vencimiento de deuda sin que los u$s900 millones para los bonistas sean embargados.

Para eso, las negociaciones tendrían que empezar y el Gobierno debe dar marcha atrás con el cambio de jurisdicción (el rerruteo), algo que en Economía todavía no confirmaron.

Sin embargo, la intención es que el pago no se realice este año, sino que se extienda hasta 2015. El objetivo, y la orden que tienen los abogados del estudio Cleary Gottlieg Steen & Hamilton, que representa a la Argentina, es que no quede ninguna grieta que pueda activar la cláusula Rights Upon Future Offers (RUFO), que no deja hacer una mejor oferta a los que no entraron al canje.

Si bien una negociación a través de Griesa no pondría en riesgo un pago a todos los reestructurados a través de la RUFO, en Economía no quieren correr el riesgo de que algún estudio de abogados tenga otra mirada y demande al país, un punto que será difícil de evitar en casi cualquier escenario.

Pero también se espera poder cancelar la deuda con los buitres a través de bonos, algo que el capital Elliot sí aceptaría, según le dijo un allegado de ese fondo también a la agencia Bloomberg.

Por ahora, desde el mercado siguen considerando que el Gobierno se sentará a negociar, más aún después de las palabras de la presidenta, Cristina Fernández, del viernes. En Rosario, en la conmemoración del Día de la Bandera, la jefa de Estado dijo que el objetivo es cumplir con el 100% de los acreedores y que no quería dejarle el peso de la deuda al próximo gobierno.

En cuanto al pago al famoso 7% de los holdouts, el Gobierno considera que tiene un techo de u$s15.000 millones, pero también intentará que el fallo Griesa no habilite esas demandas tan rápido. Así y todo, buena parte de esa deuda no es bajo legislación neoyorquina. “El peor escenario es pagar u$s7.000 millones”, dijo ayer Martín Redrado en el programa Economía Política de C5N.

En el ministerio trabajaron todo el fin de semana y esperan dar una señal estos días, luego de las duras palabras de Kicillof y la Presidenta.

La estrategia negociadora de la Argentina

Desembolsos recien a partir del año que viene

Los abogados del estudio jurídico Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, que representan a la Argentina, intentarán que el pago que derive de las negociaciones sea a partir del año que viene.

Para eso, las conversaciones deberán empezar antes de que se cumpla el plazo de seis semanas a partir del 30 de julio, cuando se vencerá el período de gracia que tiene el país para pagar a los bonistas que aceptaron los canjes de 2005 y 2010.

La prioridad es que ya no pueda cumplirse la cláusula RUFO, pese a que el pago sería a través de Griesa.

Cancelación con títulos y evitar el pago en cash

Una de las definiciones que dio la presidenta, Cristina Fernández, en cadena nacional el lunes luego de conocerse el no-fallo de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, fue que Argentina no pagará en efectivo de una vez a los buitres.

Para eso, los litigantes deberían aceptar bonos.

Según la agencia internacional de noticias Bloomberg, un allegado al capital Elliot dijo que ellos aceptarían cobrar en títulos una parte.

El Gobierno podría ofrecer un pago inicial de un tercio de la deuda, para después cancelar el saldo en papeles, como hizo con la compensación a Repsol por la expropiación de YPF

Una nueva misión conjunta de negociación

El ministro de Economía, Axel Kicillof, definirá si viaja su secretario de Finanzas, Pablo López, para acompañar en Nueva York a los abogados de Argentina y a la embajadora en Estados Unidos, Cecilia Nahón.

Uno de los requisitos que fueron explicitados en la audiencia del miércoles por el juez neoyorquino, Thomas Griesa, fue que se de marcha atrás con el re ruteo (el cambio de jurisdicción para empezar a pagar en Buenos Aires a los reestructurados).

En Economía todavía no definieron si lo cancelarán, pero siguen diseñando cómo sería ese cambio.

Del fin de la “Gramercy Solution” al acuerdo con NML

El fondo Gramercy, junto al fondo Fintech del mexicano David Martinez, era hasta hace pocas semanas uno de los impulsores mas fuertes del Exchange Boldholders Group (EBG), quienes intentaron negociar con Paul Singer, dueño del fondo NML, la compra de deuda a un precio mayor que el ofrecido por Argentina con aporte de los tenedores de deuda, lo que en el mercado se conoce como “Gramercy solution”.

El fallo de la Corte suprema de EE.UU de la semana pasada desinfló el EBG.

En los bufetes mas prestigiosos de Manhattan, se corre el rumor que este desarme de posiciones ya habria sido comunicado a los abogados que representan a la argentina en Nueva York.

En los diez días próximos en que el país deberá negociar contrareloj con los fondos buitres para no caer en default técnico, los apoyos a la Argentina y las críticas al fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos sobre el litigio del país con los holdouts se multiplican: el Fondo Monetario Internacional (FMI), aseguró que la decisión de la Corte “dará probablemente a los acreedores, mayor ventaja y hará al proceso de reestructuración de deuda más complicado”. En este sentido, el diario The New York Times dijo ayer en un artículo que el fallo “deja los inversores en una posición de ventaja y perjudica futuras reestructuraciones de deuda de otros países.

Las repercusiones sobre el fallo volvieron a agitar al mercado financiero luego que el gobierno nacional publicara el sábado una solicitada en el diario estadounidense Wall Street Journal, donde explica su posición frente al planteo de los fondos buitre luego de que la Corte Suprema de Estados Unidos decidiera no tomar el caso. El título de la solicitada que lleva la firma de la Presidencia señala que “Argentina wants to continue paying its debts buy they they won`t let it” (Argentina quiere continuar pagando sus deudas pero no lo dejan). La solicitada recuerda que “este fallo busca poner en una situación delicada a la Argentina, pero también a cualquier otro país que intente reestructurar su deuda en un futuro”.

Por su parte, el NY Times señala en su nota que “”la Corte Suprema de los Estados Unidos, ignorando las súplicas de gobiernos de numerosos países, entre ellos Estados Unidos, cambió completamente al mundo de la reestructuración de la deuda soberana y al hacerlo daño el estatus de Nueva York como la capital financiera mundial. Hizo mucho más improbable que los países en problemas puedan reestructurar sus deudas. E incrementó el poder de los inversores -sobre todo pero no sólo de los `hedge funds`- para evitar reestructuraciones necesarias”.

En tanto, el FMI señaló el viernes en el documento “Marco de financiamiento del Fondo y deuda soberana–consideraciones preliminares”, que “al permitir a los holdouts interrumpir el flujo de pagos a los acreedores que participaron de las reestructuraciones, las decisiones desalentarán probablemente a los acreedores, de participar en una reestructuración voluntaria”.

Por Florencia Donovan

Los bancos de inversión no perdieron el tiempo. Incluso antes de que la Presidenta anunciara en Rosario que el Gobierno buscará negociar una salida con los holdouts empezaron a intentar acercarse al equipo económico para poder participar del negocio. Después de todo, sólo la negociación con los fondos NML y Aurelius (más 13 ahorristas argentinos), que tienen un fallo de US$ 1330 millones a su favor, podría representarles comisiones por cerca de US$ 5 millones, según estiman en el mercado.

"Todos quieren llegarle a Axel [Kicillof, el ministro de Economía]", admitió a LA NACION un banquero, que pidió no ser identificado. "Hoy por hoy, nadie se quiere perder la posibilidad de ganarse el mandato para negociar el acuerdo con los holdouts. Pero la realidad es que hasta ahora el Ministerio de Economía se mantiene bastante hermético", confió.

En los bancos no sólo ven atractivo el negocio de financiar los US$ 1330 millones que el Gobierno debería pagarles a los holdouts que ganaron la demanda en el juzgado de Thomas Griesa, sino que saben que ese trato podría abrirles las puertas para una operación aún mayor, y es la estructuración de algún acuerdo con el resto de los tenedores de bonos que todavía están en default y que, según dijo Kicillof, podrían sumar unos US$ 13.000 millones más.

En el mediano plazo, por otro lado, dan por hecho que la Argentina también intentará salir a los mercados a colocar deuda y que probablemente será uno de los países más activos en el circuito internacional en los próximos años.

"Participar de un acuerdo como el de los holdouts es una gran vidriera. Además, tenemos mucho para aportarle al Gobierno", dijo otro banquero.

A comienzos de año, Goldman Sachs había sido uno de los bancos que más cerca estuvieron de cerrar un acuerdo con el Gobierno para financiarlo, entonces mediante la compra de una cartera de bonos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) por 3000 millones de dólares.

En ese momento, ejecutivos del banco le habían hecho saber además al equipo económico que estaban dispuestos a desembolsar hasta 5000 millones de dólares en la Argentina.

Goldman Sachs, sin embargo, no era el único. También UBS había intentado algún acercamiento, para buscar una salida al problema de los holdouts. Y a esta lista ahora se sumarían Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley y JP Morgan.

Una de las alternativas que de hecho estarían barajando en Economía tendría a un banco de inversión como intermediario clave.

La idea, según deslizó a LA NACION una fuente cercana al equipo económico, sería intentar en los próximos días que el juez Griesa reponga el stay -como se denomina la medida cautelar que suspende la ejecución del fallo temporariamente- para así poder negociar con los holdouts sin el temor a sufrir embargos, como los que NML está empezando a gestionar en juzgados de Estados Unidos.

Se trata de algo difícil de lograr, ya que en el exterior advierten que probablemente Griesa buscará que el fondo NML esté de acuerdo en hacerlo.

De otra forma, el país tiene poco menos de 40 días -hasta el 30 de julio- para llegar a un acuerdo sin caer en default. Ya que el 30 de este mes deberá pagar un cupón de 900 millones de dólares del bono Discount y, según las condiciones de emisión del título, cuenta con un período de gracia de 30 días más para hacer el pago.

De conseguir reponer el stay, el Gobierno luego tendría previsto ofrecer un desembolso en efectivo en garantía de su voluntad de pago, que podría ser integrado con reservas del Banco Central, como informó ayer LA NACION. Se habla de unos 300 millones de dólares.

El equivalente al resto de la deuda que está en poder de los buitres podría ser luego adquirido por un banco de inversión, a quien el Gobierno le emitiría bonos como parte de pago.

Así, el Gobierno evitaría también que se dispare la cláusula RUFO (rights upon future offers), que les permite a los bonistas que entraron a los canjes de 2005 y 2010 reclamar si es que alguien recibe una oferta mejor que la que en su momento aceptaron ellos.

La cláusula vence en diciembre de este año. Después de esa fecha, el Gobierno podría buscar arreglar con el resto de los holdouts que aún no participaron de la demanda en el juzgado de Griesa.

"Si un banco emite unos US$ 1000 millones en bonos por los 1500 millones y cobra un fee de 0,5 por ciento, que es lo que se dio en el canje anterior, se lleva cinco millones", ilustra un operador.

El negocio de banca de inversión incluso se volvió en los últimos años cada vez más competitivo. Con la Argentina fuera de los mercados internacionales de deuda y las empresas casi sin hacer emisiones, son muy pocas las operaciones. Y las pocas que había en el último mes quedaron jaqueadas por el conflicto con los holdouts. Son los casos de la ciudad de Buenos Aires (con Merrill Lynch) y de la provincia (con Citi y BNP Paribas).

Consultados al respecto, en Economía mantienen total hermetismo.

CRÍTICA DE LAVAGNA A LOS "BUITRES"

El ex ministro de Economía Roberto Lavagna advirtió ayer que "no es bueno que un pequeño grupo de acreedores recalcitrantes lleve al país al default", tras el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos a favor de los holdouts. Recordó que la Argentina "tiene prácticamente la totalidad de su deuda en orden" y que se paga "puntualmente desde 2005 en adelante", en referencia al 92% de los bonistas que ingresaron al canje, por lo que advirtió que un "pequeño grupo" de acreedores no puede empujar un default. "No es bueno ni para la Argentina ni para el sistema financiero internacional que un pequeño grupo de acreedores muy recalcitrantes bloquee y lleve a decretar un nuevo default", señaló Lavagna.

LA ANSES, CON UN FALLO JUDICIAL A SU FAVOR

Con la sentencia a favor de los fondos buitre en firme, ahora muchos están advirtiendo sobre los bienes que podrían ser pasibles de embargo por parte de los acreedores. Fuentes de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) aclararon, no obstante, que ya en marzo de 2010 el fondo Aurelius Capital Partners había intentado congelar fondos que el organismo tenía en una cuenta custodia en el Citibank no en Nueva York, sino en la Argentina. En ese entonces, el juez Thomas Griesa había ordenado el embargo de miles de millones de dólares depositados en esa entidad. Tras los reclamos de la Anses y del Citi, Griesa revió su decisión algunos días después, pero decidió mantener congelados US$ 801,8 millones hasta que la Corte de Apelaciones lo revisara. La cámara en segunda instancia fue la encargada de revertir el fallo del juez de Nueva York, al considerar que "la evidencia no muestra que sea probable que Aurelius salga airoso al sostener que las cuentas custodia [de la Anses en el Citibank] en discusión sean usadas para actividades comerciales en Estados Unidos". Hoy por hoy, según aseveran en la Anses, el organismo no tiene, por otro lado, activos en el extranjero.

Por Martín Kanenguiser

Manhattan recibió ayer el inicio del verano con sol, bastante humedad y un pronóstico tajante de uno de sus oráculos financieros: sólo si la Argentina les paga a los holdouts podrá acceder a multimillonarias inversiones para que la economía en general y el sector energético en particular vuelvan a crecer.

Con muchas personas disfrutando del Central Park y tantas otras haciendo cola para ingresar en los teatros de la zona de Time Square desde temprano, la ciudad no frenó su ritmo y por eso también fue posible ver cómo algunos ejecutivos de Wall Street ingresaban en sus oficinas a trabajar. Entre ellos circuló el flamante informe de la firma Graham Fisher, reconocida entre los inversores y analistas locales por su trayectoria.

El analista Joshua Rosner indicó en el reporte que "el número de US$ 15.000 millones que invoca la Argentina como obligación para pagarles a los holdouts no existe , pero aun si fuera así, podría manejarlo, por su bajo nivel de endeudamiento". En este sentido, recordó que varias firmas de Wall Street ofrecieron comprar esa deuda para resolver el problema. Y si el Gobierno eligiera ese camino, indicó Rosner, "normalizaría su relación con los mercados internacionales, reduciendo el costo de su fondeo y atrayendo de inmediato los capitales necesarios para financiar su desarrollo". Esto beneficiaría "a industrias clave, como el sector energético y su economía en general", agregó.

Un modelo de Graham Fisher indica que resolver el problema de los holdouts a la Argentina le generaría una baja muy importante en el nivel de tasas de interés que paga el Gobierno y, en particular, una caída de 400 puntos en el costo de los créditos contra default (CDS) del país. "Sin un incremento de su deuda total, sólo refinanciando la existente, un nivel más bajo de tasas implicaría un ahorro de US$ 50.000 a US$ 70.000 millones para la Argentina en la próxima década", indicó la consultora, para marcar el contraste con la suma que el país debería pagarles a los holdouts para resolver todos los juicios en esta plaza financiera.

Esto no sólo beneficiaría al gobierno nacional, sino también a las provincias y al sector privado, aclaró Rosner, quien sigue la situación de la deuda argentina desde hace varios años.

Luego de cuestionar los discursos de principios de la semana pasada de la presidenta Cristina Kirchner y del ministro Axel Kicillof, el analista sostuvo que las recientes negociaciones con Repsol y con el Club de París demuestran que una negociación de buena fe es posible. Pero advirtió que, mientras el Gobierno no la encare, "es recomendable evitar las inversiones en el sector público y privado de la Argentina hasta que queden en claro las intenciones" del Poder Ejecutivo. En este sendero, "la Argentina enfrentaría otra década de problemas económicos y sociales, y el legado de los Kirchner habrá sido colocar la ideología por encima de las necesidades del país", concluyó, tajante.

Al analizar en particular un posible acuerdo, el Bank of America concluyó que, dado el stock de reservas, la Argentina sólo podría pagarles a los holdouts si incluyera en el arreglo un pago mucho mayor con bonos que con las reservas del Banco Central, dados los compromisos adquiridos por el país justamente al regularizar su deuda con Repsol, algunas empresas del Ciadi y el Club de París. Por lo tanto, "es evidente que el país necesita volver al mercado de capitales para financiar estas necesidades" de los próximos cinco años, que rondan unos 45.000 millones de dólares entre capital e intereses. Esto incluye unos 30.000 millones adicionales que estaban en default y que el Gobierno comenzó a comprometerse a pagar en los próximos años.

La consultora Eurasia también dijo que, aunque a la Argentina le falte fuerza para negociar, "es posible que alcance un acuerdo que incluya bonos con una reducción en el valor, que puede ser incluido para el resto de los holdouts" que no ganaron la causa del pari passu, pero que en el futuro podrían tener sentencias firmes.

No todas las opiniones en esta ciudad van en el mismo sentido: para algunos columnistas de The New York Times la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de no tomar el caso del pari passu es un mal precedente para futuras reestructuraciones de deuda, porque otorga a un grupo minoritario de acreedores demasiado poder de fuego frente a las mayorías que aceptan los canjes para salir del default, como ocurrió en el caso de la Argentina.

Desde hoy, más allá de los debates, comenzará a correr el reloj hasta dentro de siete días, cuando la Argentina debe hacer el pago de US$ 900 millones del bono Discount, aunque tenga otro mes para cumplir sin caer en default técnico. Habrá que ver cómo reaccionan esta mañana bonos y acciones en esta plaza, tras el fuerte rebote registrado el viernes pasado luego del discurso en el que la Presidenta se comprometió a pagar al 100% de los bonistas, aunque pidió hacerlo "en términos razonables".

CRÍTICAS A LA CORTE EN THE NEW YORK TIMES

La decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de no revisar la sentencia a favor de los fondos buitre "tiene implicancias profundas e inquietantes para el funcionamiento del sistema financiero internacional", dice una nota de opinión publicada ayer en The New York Times, que advierte que incluso el país norteamericano podría verse afectado.

La nota, titulada "El golpe de los buitres de la deuda", firmada por Mark Weisbrot -codirector del Centro para la Investigación Política y Económica-, resalta que más del 90% de los tenedores de bonos argentinos aceptaron el canje propuesto por el Gobierno y que "el país ha efectuado todos los pagos de los bonos reestructurados a tiempo".

La nota advierte, además, que la decisión vuelve "difícil o imposible" que los gobiernos quebrados puedan llegar a acuerdos con sus acreedores, ya que ninguno de ellos aceptaría un recorte en el monto adeudado. "Un solo tenedor de bonos o fondo buitre podría torpedear un proceso de reestructuración", agrega.

Según Weisbrot, la decisión de la Corte generará daños a la gente común que se conocerán en futuras crisis de deuda.