Tras un largo encuentro y bajo un clima de tensión los gobernadores petroleros que integran la Ofephi llevaron ayer su contrapropuesta a Nación. Esta vez, pusieron el foco en un plan para fomentar inversiones, y buscaron dejar de lado los temas calientes, como el "carry" de las empresas provinciales y las concesiones, con el anhelo de que finalmente nada cambie en la nueva ley petrolera.

Tras el encuentro, reinó el hermetismo y no hubo más detalles de la propuesta. Sólo se envió a los medios un escueto comunicado sin mayores definiciones. La reunión se desarrollo en el despacho que tiene en el Palacio de Hacienda el ministro de Planificación Julio De Vido, quien estuvo acompañado del CEO de YPF, Miguel Galuccio, y el secretario legal y técnico de la Presidencia Carlos Zannini.

El gobernador Jorge Sapag aseguró anoche a "Río Negro" que "se discutieron propuestas para atraer inversores". También indicó que hizo una consulta puntual sobre el polémico párrafo que fomenta la revisión de contratos ya firmados. Aseguró que los ministros "negaron que se vaya a revisar acuerdos hacia atrás".

Por lo pronto, se decidió postergar la negociación en medio de un clima enrarecido por el fallo a favor de los fondos buitres.

Además del tema de fomentar inversiones, un intento por cambiarle el eje a la discusión, otra cuestión que unifica a los gobernadores es poner un límite a las facultades de YPF para no correr el riesgo de perder inversiones de otras empresas, aseguró un asesor que asistió al encuentro.

Puntos de vista

Cuando este medio consultó a Sapag acerca del resultado del encuentro, el mismo dijo que se iba a ceñir al comunicado oficial que envió la Ofephi. Agregó que no iba a salir a responderle "a nadie" cuando un cronista de "Río Negro" lo consultó sobre las acusaciones del senador, Guillermo Pereyra, acerca de que la ley de hidrocarburos que pretende sancionar el gobierno nacional implica una pérdida de los recursos para Neuquén. Un empleado del ministerio de Economía, se interpuso para cortar el diálogo.

Por su parte el mandatario mendocino, Francisco "Paco" Pérez aseguró que los cánones a aplicarse -incluso los diferenciales- seguirán siendo una atribución de las provincias.

Fuentes cercanas a los gobernadores reconocieron que existen realidades diferentes, como la de las empresas provinciales que está muy presente en Neuquén, pero no en Mendoza.

El gobernador rionegrino, Alberto Weretilneck se limitó a manifestar que está "confiado" en que se alcanzará una norma que satisfacerá a todos y generará mayores inversiones.

Fallo que preocupa

El rechazo de la Corte Suprema de Estados Unidos a tomar el caso de Argentina en contra de los fondos buitre preocupó a los gobernadores petroleros. Es que la medida podría afectar la relación del país con los mercados internacionales y ponerle trabas al financiamiento que necesita Vaca Muerta.

El tema se coló en la reunión que mantuvieron los mandatarios con Julio de Vido. Más allá de las referencias concretas, la mala noticia sobrevoló como un fantasma el encuentro y atemperó los ánimos, que se habían calentado durante todo el fin de semana.

Tras el encuentro, los gobernadores difundieron un comunicado donde repudiaron el fallo de la corte estadounidense y expresaron "la voluntad de continuar con la irrestricta defensa de los intereses nacionales frente al avance de estos deudores, cuyo accionar representa un peligro para la economía local".

Esta semana los gobernadores que integran la Organización Federal de los Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi) volverán a verse cara a cara con las autoridades del gobierno nacional para discutir los cambios que plantearon al borrador que hace 15 días les entregó la presidenta Cristina Kirchner para impulsar una nueva ley petrolera.

En el sector no hay muchas expectativas de que en estos días se llegue a un acuerdo definitivo. El texto que confeccionaron las provincias, con Neuquén a la cabeza, propone incentivos fiscales, extender las concesiones para amortizar inversiones en no convencionales, y ampliar la posibilidad de remitir divisas al exterior a todos los actores del mercado petrolero, como una de las formas para atraer más inversiones.

El documento, de unas ocho carillas, no menciona el rol de las empresas provinciales, que es uno de los puntos cruciales de la disputa. El Gobierno, encabezado por la estatizada YPF, quiere eliminar el sistema de carry o acarreo, por el que las empresas provinciales de energía ceden un área a cambio de un porcentaje de la renta sin realizar aportes de capital en la etapa exploratoria. Sin embargo, concedería a las provincias no revisar el esquema en los contratos ya firmados.

Según la Mañana de Neuquén, que cita al portal especializado el Inversor Online, entre los fundamentos, el borrador de los gobernadores incluye un pronunciamiento reivindicatorio de la Ley Corta (Ley 26.197), por la cual asumieron las provincias la administración sobre los yacimientos como autoridades concedentes. Al mismo tiempo, menciona un Régimen Federal de Promoción de Inversiones y Responsabilidad empresaria para la extracción de gas y petróleo no convencional. Entre otras alternativas, las provincias acuerdan en ampliar los plazos de las concesiones (35 años) para que las empresas amorticen sus inversiones.

Reclaman también “la ampliación de los beneficios promocionales a la mayor cantidad de sujetos posibles” y no solo a las grandes empresas, en un apartado en el que se piden deducciones, regímenes de amortización acelerada de ganancias, y cambios en los gravámenes a la importación de bienes de capital, repuestos e insumos. Piden que, además de la posibilidad de exportar el 20% del crudo extraído para determinados proyectos, se amplíe “la libre disponibilidad de divisas y la remesa de utilidades”, según el texto que dio a conocer el sitio especializado.

Se incluye un “cálculo de las regalías tendencialmente convergente con el nivel de precios internacional”; fijar un porcentaje de la renta petrolera de cada proyecto para la responsabilidad social empresaria; y la disposición de las partidas del presupuesto nacional “en cantidad suficiente” para responder al impacto del crecimiento población.

Los mandatarios proponen considerar como “precio” los subsidios que paga el Estado a los privados –como en el caso del incentivo a la producción de gas– para incrementar la recaudación de regalías. Y no mantener diferencias mayores a un 6% en el valor de los precios locales de distintos tipos de crudo.

Además, incorporaron puntos relacionados con el cuidado del medio ambiente; la responsabilidad social empresaria; y obras de infraestructura urbana y de transporte.

El borrador que llevarán las provincias productoras a la reunión del lunes con Nación propone incentivos fiscales, extender las concesiones para amortizar inversiones en no convencionales, y ampliar la posibilidad de remitir divisas al exterior a todos los actores del mercado petrolero, como una de las formas para atraer más inversiones.

El documento, de unas ocho carillas, se cuida muy particularmente de no mencionar el rol de las empresas provinciales. Entre sus fundamentos incluye un pronunciamiento reivindicatorio de la Ley Corta: era casi una obviedad, pero es evidente que, en medio de la disputa con YPF, los gobiernos se sintieron obligados a reclamar a quién pertenecen los recursos.

El texto incluye un Régimen Federal de Promoción de Inversiones y Responsabilidad empresaria para la extracción de Gas y Petróleo No Convencional. Entre otras alternativas, las provincias acuerdan en ampliar los plazos de las concesiones (35 años) para que las empresas amorticen sus inversiones.

Reclaman “la ampliación de los beneficios promocionales a la mayor cantidad de sujetos posibles” y no solo a las grandes empresas, en un apartado en el que se piden deducciones, regímenes de amortización acelerada de Ganancias, y cambios en los gravámenes a la importación de bienes de capital, repuestos e insumos.

Los gobernadores se meten con la disponibilidad de divisas para la empresas. Piden que, además de la posibilidad de exportar el 20% del crudo extraído para determinados proyectos, se amplíe “la libre disponibilidad de divisas y la remesa de utilidades”, según el texto que dio a conocer el portal El Inversor.

Se incluye un “cálculo de las regalías tendencialmente convergente con el nivel de precios internacional”; fijar un porcentaje de la renta petrolera de cada proyecto para la responsabilidad social empresaria; y la disposición de las partidas del presupuesto nacional “en cantidad suficiente” para responder al impacto del crecimiento población.

Los mandatarios proponen considerar como “precio” los subsidios que paga el Estado a los privados -como en el caso del incentivo a la producción de gas- para incrementar la recaudación de regalías. Y no mantener diferencias mayores a un 6% en el valor de los precios locales de distintos tipos de crudo.

El encuentro previsto para esta tarde con los gobernadores de las provincias que integran la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI) y con el ministro de Planificación Julio De Vido, se suspendió, según informaron desde el gobierno provincial.

Esta reunión estaba enmarcada en el proyecto de la presidenta Cristina Fernández que apunta a conseguir el pacto petrolero nacional con YPF y las diez provincias productoras de hidrocarburos reformando la ley.

En cuanto a Mendoza el objetivo de Francisco Pérez es lograr la incorporación de los petróleos pesados, la recuperación terciaria y un punto clave que le interesa a la provincia: el porcentaje de cobro de las regalías. Lo que el gobernador mendocino pretende es que ese monto sea del 15% y no del 12% como es actualmente y además insiste en que se abonen sobre el precio internacional del petróleo, que cotiza actualmente a 100 dólares por barril; y no sobre el valor en boca de pozo, que ronda los 70 dólares, como se cobra hoy.

Lo cierto es que a diferencia de otras provincias como Neuquén, que tiene una postura más férrea, Pérez ahora tendrá una actitud conciliadora y en la próxima reunión intentará bajar el tono a las disidencias que vienen surgiendo para acoplarse a las intenciones de la Nación. El Gobernador intentará que la norma beneficie a todas las provincias pero que no haya rupturas.

Claves para entender el proyecto de reforma de la Ley de Hidrocarburos:

1) Plazos de exploración y explotación diferenciados por tipo de yacimiento. Se reducen los plazos de exploración, se revisan las condiciones para su renovación y se distingue su duración entre convencionales, no convencionales, plataforma continental y mar territorial.

En las concesiones se mantiene el plazo de 25 años para el petróleo convencional, se establecen 35 años para el shale y 30 para en aguas profundas; en los tres casos habrá una prórroga de 10 años.

2) Mantenimiento de las regalías y aportes en concepto de responsabilidad empresaria (RSE) y para infraestructura: las regalías son el único mecanismo de percepción de la renta petrolera.

Aunque no está en la redacción del proyecto, las petroleras aportarían a las provincias el 0,5% de la inversión comprometida en concepto de RSE, y se destinaría el 1% a obras de infraestructura, publicó lmneuquén.com.ar.

3) Mecanismos de adjudicación de áreas por licitación competitiva: se priorizarán las empresas que propongan la mayor inversión y actividad exploratoria. Los pliegos de las licitaciones deben ser uniformes en todas las jurisdicciones y se eliminan las reservas de áreas y el sistema de acarreo.

4) Programas fiscales y tributarios provinciales y municipales homogéneos y estables: se establece un régimen especial para la importación de bienes e insumos.

Además se impide que los municipios dictar impuestos sobre la industria petrolera, se fija la alícuota de Ingresos Brutos en el 3 por ciento, y se quita el impuesto a los sellos en los contratos.

5) Mecanismos promocionales para grandes inversiones: se replican los beneficios del Decreto 929, que posibilitó el acuerdo YPF-Chevron, aunque esta vez el piso de las desembolsos que entran en este esquema será de 250 millones de dólares.

6) Adopción de estándares mínimos comunes en cuidado del medio ambiente.

El senador Alfredo Martínez mostró su preocupación por la reforma que busca introducir el oficialismo en la ley de Hidrocarburos. Aseguró que con estos
cambios “nos jugamos el futuro las provincias petrolera” y a pesar que no hay nada definido, pidió un debate amplio y que se tengan en cuenta los tres proyectos de ley que presentó el bloque de la UCR para mejorar la normativa sobre la actividad petrolera y garantizar una política energética para el país.

Martínez presentó en noviembre pasado, un proyecto que propone realizar ajustes en el marco jurídico que regula la exploración, explotación, industrialización, transporte y comercialización de los hidrocarburos, que en la actualidad tiene como base normativa la ley 17.319, promulgada y sancionada por el gobierno de facto de Juan Carlos Onganía en 1967 y abrir el debate sobre el rumbo que debe tomar la política energética argentina.

La iniciativa del senador santacruceño establece regular los mecanismos contractuales de permisos de exploración y concesión de explotación, en un marco fáctico donde el principal productor, industrializador y comercializador de combustibles sea la empresa estatal YPF S.E. “En los últimos años la actividad hidrocarburífera de nuestro país ha sufrido importantes cambios y retrocesos: La desregulación y privatización del sector a principio de los años noventa; la conversión en 1992 de YPF en una sociedad anónima con una indiscriminada apertura a los capitales privados; la efectiva privatización de YPF S.A. en 1999, con la venta del 97% de las acciones al Grupo Repsol, privando al Estado Argentino de su principal herramienta regulatoria del mercado de hidrocarburos, y dejando sin sustento fáctico el marco jurídico de la ley 17.319. Éstos cambios, que no pudieron ser receptados por la ley 17.319, precisan un marco legal que permita el crecimiento de esta actividad para a hacer frente a la preocupante crisis energética que atraviesa nuestro país”, indicó Martínez durante una exposición que realizó en Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de la Plata.

En este sentido, resaltó que el proyecto propone actualizar la ley de Hidrocarburos, incorporando los principios de la Reforma Constitucional de 1994, en particular, adaptando la ley a la distribución de competencias resultantes del dominio originario de las provincias respecto de los hidrocarburos. Se elimina el techo de regalías del 12 por ciento de la producción de hidrocarburos, el cual quedaría como piso. Mientras que el volumen de producción para el cálculo de regalías debería ser controlado por medios electrónicos, no sólo estimado por declaración jurada.
A su vez, se plantea en este proyecto, que se regulan las cesiones de permisos de exploración y concesiones de explotación, exigiendo requisitos previos de cumplimiento de los planes de inversión y se amplía el régimen contractual, regulando detalladamente las asociaciones con privados a través de contratos de participación en la producción, para áreas marítimas y estratégicas.
Además de aprobarse la ley, se establecerán normas de competencia y de derecho del consumo. Se regula la fijación de precios en situaciones de emergencia, se indicó en un comunicado de prensa.

También se incluye un régimen ambiental para toda la actividad hidrocarburífera. Se exige evaluación de impacto ambiental para: Exploración y extracción de hidrocarburos de origen mineral; la construcción y operación de oleoductos, gasoductos y otros ductos de transporte regulados; La construcción y operación de destilerías, refinerías y depósitos de hidrocarburos líquidos y sus derivados; y la construcción y operación de instalaciones de gasificación, de licuefacción y de almacenamiento de hidrocarburos líquidos.
Por otro lado, se plantea incorporar activamente a la ley de Hidrocarburos a las empresas públicas, YPF S.A. y ENAR S.A., ampliando y regulando sus instancias de participación y el control externo.

Además crear dos nuevas figuras: el Consejo Federal de Hidrocarburos como asesor del Poder Ejecutivo Nacional en la elaboración de la política nacional de hidrocarburos y como coordinador de dicha política e instancia de enlace con las provincias; y la Agencia Federal de Hidrocarburos, organismo autárquico de carácter técnico, ejecutor de la política de hidrocarburos a nivel federal y nacional”.

“Hemos trabajado con la legislación brasilera, donde se ha creado una Agencia Nacional de Petróleo, pero en nuestro caso las provincias van a seguir teniendo la potestad y no se va a tocar absolutamente en nada esta autoridad, pero la agencia estará conformada por la Nación y las provincias. En este organismo se determinaran las políticas generales para llevar adelante en el país en lo que respecta al preciado recurso. Esto nos evitaría que suceda lo de Pan American Energy, que con el poder que tienen, negocien de una forma no saludable con las provincias. Si estas empresas se sientan ante una agencia nacional, será otra cosa que ante una provincia, que puede tener algún inconveniente financiero o necesitar adelantos de regalías, y ante esto cerrar un acuerdo a largo plazo desfavorable”, indicó el senador.

Por otro lado, y en cuanto a la negociación del gobierno nacional con los acreedores, y los fallos en contra del país, Martínez consideró que “era la crónica de un final anunciado” y que ahora el Congreso aguarda la presencia de funcionarios del Ejecutivo para conocer “las idas de cómo se piensa resolver este problema”. No obstante, advirtió que desde la oposición “vemos con mucha preocupación esta situación, porque se había atrasado mucho llegar a un acuerdo con los acreedores. Planteamos buscar una negociación por fuera del ámbito judicial, pero hubo mucha confianza que el fallo nos iba a favorecer. Esperamos que se cuente con una ingeniería financiera para afrontar esta situación desfavorable”.

La resistencia de Jorge Sapag a la nueva ley de hidrocarburos propuesta por Miguel Galuccio tuvo su efecto: en el Gobierno ya admiten que la nueva norma para regular las inversiones en el sector recién podría debatirse en el segundo semestre.

Sobre todo porque el conflicto con los fondos buitres pegó en las proyecciones de la petrolera y dejó a la Presidenta sin atención para otros asuntos.

Fuentes del Gobierno que participaron de la propuesta, acercada a los gobernadores por Cristina el lunes de la semana pasada, admitieron que las gestiones para que la aceptaran fueron infructuosas. “Galuccio no se manejó bien. Habló por los medios y después quiso imponerlo”, admiten en la Casa Rosada.

Otro factura que llegó al CEO de YPF fue de las petrolera privadas, que le achacan haber convencido a Cristina de ni siquiera llamarlos para conocer su opinión sobre un marco regulatorio que también los afectará.

El titular de YPF chocó contra el gobernador de Neuquén, la provincia con mayor cantidad de reservas hidrocarburíferas y territorio del mega yacimiento de Vaca Muerta, quien el lunes fue a la quinta de Olivos con una contrapropuesata al proyecto oficial, que de ninguna manera estaba dispuesto a firmar, como anticipó en su momento LPO.

Se lo había comunicado a sus colegas esa mañana y llegó a Olivos con su propio proyecto que establece cambios sustanciales: permite que empresas provinciales se asocien a inversores aún sin tener capitales que aportar y reparte las responsabilidades ambientales.

Por si fuera poco, también exige mejorar el precio del petróleo, regulado por retenciones que reducen el cobro de las regalías.

De las modificaciones que impulsa el Gobierno, Sapag sólo acepta readecuar las condiciones de inversión establecidas en el decreto que permitió la llegada de Chevrón a Vaca Muerta. Además de incorporar un marco regulador para la explotación de petróleo no convencional.

Resistencias

La resistencia de los gobernadores se desató cuando comprobaron que el proyecto de Galuccio licuaba casi a la inexistencia la participación de las empresas petroleras provinciales en las inversiones en sus provincias. Sapag se indignó especialmente porque venía avanzando fuerte con su empresa Gas y Petróleo (GyP) para atraer inversiones, luego de una gira de su ministro de Energía, Guillermo Coco, por Houston.

“GyP es complementaria, no competidora de YPF, y para poder lograr el objetivo común de desarrollar los hidrocarburos no convencionales estas empresas no deben pretender ser exclusivas ni monopólicas, ya que necesitamos capitales y tecnología de todo el mundo para concretar este anhelo”, escribió hoy en una columna publicada en La Nación.

Poco a poco, los gobernadores aprovecharon su embestida para ponerle pachos fríos a la ley de de Galuccio, que sólo defendió públicamente Fabiana Ríos, de Tierra del Fuego. Daniel Peralta, de Santa Cruz, no asistió al lunes, siempre reacio a chocar de frente con Cristina.

Pero el resto se entusiasmó con la rebeldía de Sapag y, sin levantar la voz, lo apoyó. Martín Buzzi (Chubut) y Francisco Paco Pérez lo respaldaron y Oscar Jorge (La Pampa) y Alberto Weretilneck (Río Negro) pidieron resguardar sus inversiones.

Ahora, en YPF creen que la ley podrá negociase en el segundo semestre en el Congreso, pero fuentes de ambas cámaras que están en el tema lo creen improbable.

Sobre todo porque al ser una ley convenio lo primero que tienen que hacer es pasarla por las legislaturas provinciales y la resistencia de Sapag complica ese trámite en Neuquén. Ir al Congreso con esa batalla perdida no tiene sentido.

Obstinado, Galuccio no se detiene y hoy lideró una recorrida por el yacimiento Vaca Muerta de los diputados de la Comisión de Energía, presidida por el santacruceño Mario Metaza.

Sapag ya los invitó para hacer su propio tour junto a otras empresas que invirtieron en Neuquén, asociadas a su compañía provincial. Son las operaciones que el CEO de YPF quiere desterrar y hasta ahora no pudo.

Esta semana se comenzarán a delinear los lineamientos finales de la reforma petrolera que se enviará al Congreso en el segundo semestre del año.

Si bien se esperaba que hoy hubiera una nueva reunión de la Ofephi en la Casa del Chubut, desde el gobierno neuquino informaron ayer que el encuentro no fue confirmado. De todos modos, el gobernador Jorge Sapag se encuentra en Buenos Aires mientras transcurren las negociaciones.

En la mesa ya está el borrador de la reforma que presentó la Nación, basado en los planes de YPF, y el documento elaborado por la Ofephi.

Ambas propuestas coinciden en la creación de un régimen promocional para las inversiones. Los gobernadores quieren que comprenda los proyectos no convencionales, crudos pesados, off shore y pozos de gran profundidad, y que se analice cada inversión, sin poner un piso para evitar que se beneficie solo a las grandes petroleras.

Pero, por sobre todo, buscan que los beneficios fiscales se centren en la órbita nacional y que no sean las provincias las que resignen la renta petrolera. “No queremos que Neuquén siempre sea la variable de ajuste”, indicaron fuentes de la Gobernación.

La Ofephi también pretende cobrar regalías sobre el precio final que perciben las petroleras por los subsidios que otorga Nación y no sobre los valores en boca de pozo.

Además, proponen que las extensiones de las concesiones se otorguen de acuerdo con la superficie que abarcará cada proyecto no convencional por un máximo de 35 años. El borrador de Nación establece ese mismo período más una prórroga por 10 años.

Ambas propuestas coinciden en que los estados productores deberán recibir fondos en concepto de responsabilidad social empresaria y partidas para obras de infraestructura para paliar el impacto de la actividad petrolera.

Una de las cuestiones principales en juego es el rol de las empresas provinciales. En ese terreno se libra la batalla entre YPF y Neuquén. La petrolera nacional quiere que la reforma de la Ley de Hidrocarburos establezca un mecanismo para la extensión de concesiones que elimine por completo las negociaciones con las provincias. Asegura que el proyecto con Petronas, para iniciar una sociedad en La Amarga Chica del mismo calibre que el de Chevron, está frenado por el costo financiero que significa la presencia de GyP. La empresa provincial tiene el 10% del bloque.

“YPF no tiene plata para desarrollar Vaca Muerta y quiere correr a GyP. (Miguel) Galuccio le erró en los cálculos, y hasta ahora sólo pudo cerrar un acuerdo con Chevron”, indicaron fuentes del gobierno neuquino.

Las provincias aseguran que la reforma no alcanzará a los contratos vigentes. Si se llega a un acuerdo para enviar un proyecto al Senado en las próximas semanas, tampoco será el final del conflicto. Aún quedará por resolver el futuro de las 23 áreas donde están asociadas YPF y GyP, que deberá definirse mano a mano entre Galuccio y Sapag, quienes aún no se pusieron de acuerdo en las negociaciones. Pese a la tregua que acordaron luego de que el enfrentamiento se hiciera público, mantienen una relación cada vez más tensa.

Fondos buitre: YPF dice que sus activos no son embargables
La petrolera asegura que, al ser una un empresa independendiente, está al resguardo del reclamo de los holdouts, que rastrean sus negocios.

Neuquén
El fallo de la Corte de Estados Unidos que favorece al reclamo de los fondos buitre contra la Argentina repercutió en el escenario petrolero local. En principio, dejó en segundo plano las diferencias entre las provincias y la Nación por la reforma petrolera, a la vez que abrió un panorama de incertidumbre para las multimillonarias inversiones que necesita Vaca Muerta.

En ese contexto, se especuló con que YPF, al tener una participación estatal del 51 por ciento de las acciones, podría sufrir embargos.

Sin embargo, la petrolera nacional aseguró que al ser una empresa “independiente” sus activos no pueden ser “embargables” por fondos buitres.

“YPF es una empresa independiente y gobernada como tal, según la legislación vigente. Sus activos no pertenecen a la República Argentina y, por ende, no son embargables, por acreedores de la República Argentina”, dijo la petrolera a Reuters.

Los tenedores de deuda impaga son liderados por NML Capital Ltd, una unidad de Elliott Management Corp, y por Aurelius Capital Management.

Tras el fallo de la Corte, la prensa dio a conocer que el titular del fondo buitre NM, Paul Singer, estaba detrás de YPF, tras recibir autorización para obtener información sobre los activos de Argentina en el exterior.

Según la agencia Bloomberg, en California, Michigan y Texas, el fondo NML solicitó esta semana que se levanten las cautelares que impedían obtener esos informes para así interrogar a energéticas estadounidenses que tuvieron o tienen relaciones con YPF, como Exxon Mobil, Chevron, Apache y Dow Chemical.

De todos modos, la petrolera estaría al resguardo porque, según la ley de expropiación, es una sociedad anónima regida por el derecho privado, más allá de tener mayoría accionaria estatal.

Los gobernadores de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi) y sus equipos técnicos participaron el lunes último de una intensa jornada por la discusión por la reforma de la Ley de Hidrocarburos.

Durante una reunión realizada en la casa del Chubut en Buenos Aires, consensuaron un borrador para resistir el que habían recibido el lunes de la semana anterior, el cual estaba redactado de acuerdo a los lineamientos de YPF.

Por la tarde, se trasladaron al Ministerio de Planificación Federal, donde iniciaron las negociaciones con el titular de esa cartera, Julio De Vido; el secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos Zannini. El presidente de YPF, Miguel Galuccio, no ingresó a la reunión, según confirmó al diario digital Sitio Andino, el ministro de Energía de Mendoza, Marcos Zandomeni.

Entre los puntos que están en discusión para la creación de una ley nacional que regule la actividad de los hidrocarburos no convencionales y que reemplace al actual Decreto 929/2013, se encuentran los porcentajes del cobro de regalías, la alícuota de ingresos brutos, la eliminación del “carry”, el cual permite a las empresas provinciales ingresar en sociedades sin hacer desembolsos a cambio de ofrecer un área para explorar; plazos de concesión por más años para los proyectos no convencionales; presupuestos mínimos de seguridad ambiental; el precio del barril del petróleo, que se cobra sobre el valor en boca de pozo y no a cotización internacional, entre otros.

Si bien los mandatarios habían acordado no divulgar los términos de la reunión para no tener cortocircuitos con Nación en un día muy complicado por el fallo a favor de los fondos buitre, el gobernador de Mendoza, Francisco Pérez, informó que los gobernadores entregaron una “contrapropuesta al borrador del gobierno nacional, que fue bien recibida, hemos avanzado mucho en las negociaciones”, dijo.

Las diferencias vinieron de las provincias productoras más grandes: Pérez aseguró que Mendoza, Santa Cruz, Neuquén y Río Negro van a cobrar tres puntos más por regalías, mientras que también habrá zonas dentro de las provincias que tendrán hasta 4,5 puntos más en ese porcentaje.

Por su parte, Chubut tendrá 4,5 puntos más por regalías respecto de los 12 puntos que reciben hoy en general todas las provincias, sin contar el canon extra a la producción que se aplica en algunos yacimientos neuquinos.

Según fuentes consultadas por LM Neuquén, esa provincia y Mendoza cerraron filas en el resguardo de sus petroleras estatales y hubo una enfática defensa a los contratos en marcha y al sistema de acarreo. “No va haber normas retroactivas”, señaló al matutino el gobernador Jorge Sapag, quien agregó que esa es la posición que comparte con sus pares de la Ofephi.

Por su parte, el gobernador pampeano, Oscar Jorge, se reunió con su par de Río Negro, Alberto Wereltineck conformando un par de provincias con una postura común. Según confirmó a El Diario de La Pampa, advirtieron que no aceptarán la revisión de los contratos, pero de esta manera tomaron distancia de las otras provincias.