“No queríamos llegar a esto. El uso de la fuerza es el último recurso que se utiliza. Vamos a desalojar el lugar”. Las palabras de un comisario de la Policía guatemalteca, al frente de un pelotón de 150 agentes antidisturbios, no amedrentan a 300 pobladores de la autodenominada comunidad en Resistencia Pacífica La Puya, dispuestos a evitar el ingreso de maquinaria pesada a una empresa minera canadiense que se ha instalado en su pueblo, a 30 kilómetros de la ciudad de Guatemala.

El recuento de los daños después de 90 minutos de gases lacrimógenos y golpes, incluyó 16 policías y 25 vecinos heridos, según los cuerpos de socorro. Las autoridades lograron limpiar el camino para el ingreso de la maquinaria, aunque 24 horas más tarde los pobladores volverían a instalar el campamento junto a la orilla de la carretera.

PRODUCCIÓN INDUSTRIAL. La actividad minera en Guatemala está enmarcada dentro de un contexto problemático (el 78 % de los 101 municipios donde operan empresas mineras tienen conflictos sociales), con dilemas ambientales y una política fiscal cuestionada que, de acuerdo a las leyes del país centroamericano, recauda el 1 % de la producción de la industria.

“La minería es una actividad económica que divide al país”, advierte Jonathan Menkos, director del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) con sede en Guatemala.

“Extrae los recursos y los vende. Y que sea una actividad de corto plazo es parte del dilema. Después de 20 años en el mejor de los casos se van y ¿qué le queda a Guatemala?”, se pregunta Menkos.

Defensores. Los defensores de la minería y la cúpula empresarial guatemalteca piensan todo lo contrario y argumentan que la minería le representa beneficios al país en base a la recaudación fiscal, la creación de fuentes de trabajo y la apertura a más inversión extranjera.

Hasta abril de 2014 existían 32 licencias para explotación de minerales metálicos y 133 para no metálicos. De la primera cifra, solamente seis están activas actualmente, en manos de tres empresas canadienses, una estadounidense y una rusa.

Las otras licencias son antiguas, llamadas “de título”, otorgadas por el Ministerio de Energía y Minas a principios del siglo pasado y que nunca caducan, pero que tampoco tienen actividad.

Se encuentran en trámite de aprobación otras 57 para explotación, además de que también están vigentes otras 62 para procesos de exploración.

La industria minera en el país centroamericano se centra en los minerales metálicos (oro, plata y níquel, entre otros), que representan el 95 % de la extracción, según el Ministerio de Energía y Minas (MEM).

La actividad minera significa, además, el 0,3 % de los ingresos fiscales totales del país.

MÁS DE 1.000 MILLONES DE DÓLARES

La minera San Rafael, subsidiaria de la canadiense Tahoe Resources, opera la tercera mina de plata más grande del mundo, denominada El Escobal y ubicada en el departamento de Santa Rosa, en el sureste del país.

Las empresas mineras en Guatemala generaron ingresos en 2012 por 1.002 millones de dólares, de los cuales el país centroamericano recibió el 6 % (62,2 millones de dólares), según el Ministerio de Energía y Minas. De acuerdo al Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, tres municipios adyacentes a la región de El Escobal han llevado a cabo consultas municipales de vecinos durante el 2011: todas se han manifestado en contra de la actividad minera.

La carga tributaria promedio de la industria es del 11 %, de acuerdo al Icefi, los 62,2 millones de dólares están compuestos por impuesto a la renta, regalías obligatorias (1 % de la producción), regalías voluntarias (4 % de la producción), canones, intereses y multas.