La firma de origen indio Zamin Ferrous (Aratirí) accedió a hipotecar a favor del Estado uruguayo la totalidad de sus tierras adquiridas para la extracción de hierro, para sumar a las garantías establecidas en el contrato de explotación. Se trata de una exigencia del gobierno, informaron a El Observador fuentes oficiales.

La ley de minería de gran porte aprobada en 2012 establece que las empresas aspirantes a obtener un permiso de extracción deben demostrar su capacidad económica, además de las garantías ambientales, que también se miden en dinero. La espalda financiera de Aratirí podrá ser demostrada hasta un año después de firmado el contrato con el gobierno. Parte de ese dinero puede estar depositado, y el resto provenir de una línea de crédito. En ese tiempo la compañía, de hecho, tiene previsto conseguir créditos en bancos internacionales para iniciar las obras. En caso de fracasar ese trámite, el gobierno puede llamar a una licitación para adjudicar el permiso, o bien formar una empresa pública que se encargue de la extracción. Si se cumple ese extremo, además, la información adquirida por la firma en este tiempo del suelo en Valentines (Treinta y Tres) queda en manos del gobierno.

El contrato en proceso de negociación establecerá cuál será la inversión total, dato que servirá para determinar garantías y otros detalles como la exigencia de demostrar capital y financiación. En abril de este año el ministro de Industria, Energía y Minería (MIEM), Roberto Kreimerman, dijo a El Observador que la inversión de Aratirí se estima en US$ 2.770 millones.

Para garantizar el mantenimiento fiel del contrato, por ejemplo, la empresa deberá presentar una garantía equivalente a

US$ 139 millones. La ley plantea para ello varias opciones, desde un depósito hasta la presentación de un aval bancario.

Una resolución del MIEM del 4 de diciembre de 2013 clasificó como minería de gran porte al proyecto de Aratirí. Ello inició los plazos establecidos en la ley. A principios de junio se esfumó la mitad del tiempo, y si bien existe la posibilidad de una prórroga de 90 días, a la empresa se le acortan los plazos para lograr el permiso.

De todos modos, según pudo saber El Observador, las negociaciones avanzan a buen ritmo y, si la empresa cumple con lo prometido al gobierno, la firma del contrato podría ser en el verano de 2015.

Desde el Poder Ejecutivo se valora el esfuerzo de Aratirí para cumplir con las nuevas exigencias, ya sea ambientales como económicas. Parte de ese esfuerzo se nota en la llegada de nuevos técnicos de la firma, principalmente de Brasil. Según informó la empresa en su página web, Juarez Saliba de Avelar es el nuevo director ejecutivo para las operaciones de Aratirí en América del Sur.

Los negociadores estiman que los puntos que restan por acordar serán saldados al filo del plazo. Es decir que las negociaciones insumirán todo el año previsto por la ley. Tal vez incluso se use la prórroga.

De forma paralela, la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) aguarda varios informes que Aratirí todavía le debe, producto de nuevas exigencias y cambios en el diseño del proyecto. Entre otros asuntos se encuentra allí el impacto del nuevo trazado del mineroducto desde Valentines al puerto de aguas profundas que se proyecta construir en Rocha. También el nuevo plan de cierre de las cinco minas, así como acuerdos con las intendencias municipales referentes al ordenamiento territorial.

En total, son cinco los puntos que restan por acordar entre el Poder Ejecutivo y la empresa (ver recuadro). Además de las garantías, el MIEM y el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma) esperan documentos que actualicen información. Faltan detalles del proyecto minero, como por ejemplo métodos de extracción de las piedras que contienen concentrado de hierro. Ello, según manifestó la empresa, podría ser entregado al Poder Ejecutivo entre agosto y setiembre.

Fuentes de Aratirí dijeron a El Observador que los técnicos de la empresa trabajan “a full” para cumplir con lo que reclama el gobierno, tanto lo relacionado con el impacto ambiental, como las garantías y la capacidad económica.

Otro punto a definir es el espacio que Aratirí tendrá en el futuro puerto de aguas profundas en Rocha. El gobierno pretende que la minera ocupe la tercera parte de la terminal portuaria. La discusión allí es si paga un canon por el uso, o bien se hace cargo de la construcción de su espacio y aporta un impuesto menor por las obras laterales, como vías de acceso y campos de retiro.

Los negociadores del gobierno y la empresa hacen cuentas y especulan con la posibilidad de que Dinama pueda aprobar el proyecto antes de firmar el contrato que da el permiso de extracción. El gobierno ha dicho estar dispuesto a firmar el contrato con Aratirí aunque no haya conseguido la autorización previa de Dinama. A cambio, anunció que establecerá una cláusula para impedir la extracción hasta tanto ese trámite con el organismo ambiental no otorgue el visto bueno.

“Después de la autorización ambiental, ellos tienen que pedir la toma de posesión, que es el amojonamiento (acto que establece los límites de la propiedad) con escribano. Luego no hay extracción posible porque se inicia la construcción durante tres o cuatro años del complejo minero. Los plazos para demostrar capacidad financiera son entre seis meses y un año, y antes de sacar la primera piedra deben haber demostrado esa capacidad. Así que eso es una tranquilidad”, explicó Kreimerman en la entrevista de abril con El Observador.

De todas maneras los decretos aprobados en la Junta Departamental nunca fueron publicados en el Diario Oficial y por ende no cumplieron con la formalidad para comenzar a regir.

Según supo El País de fuentes políticas, el próximo 9 de julio la Cámara de Representantes impugnará con los votos del Frente Amplio los decretos aprobados en la Junta Departamental de Tacuarembó que prohíben la implementación de proyectos de megaminería a cielo abierto y la práctica de la técnica de fracking en la zona rural.

De todas maneras no se descarta que la Junta apele dicho fallo argumentando que configura un conflicto de poderes entre el Parlamento y el gobierno departamental, defendiendo su posición de autonomía.

Además, se tendrá en cuenta que se impugnará un decreto que no cumplió con toda la formalidad para transformarse en tal, pues faltó la etapa de publicación del mismo por parte del intendente Wilson Ezquerra.

El próximo 14 de julio vencerá el plazo constitucional para que el plenario de diputados se pronuncie.

En caso de que la bancada del Frente Amplio resuelva anular los decretos, la Junta tendrá 10 días para presentar descargos.

En junio de 2013 la comisión "Tacuarembó, por la vida y el agua" entregó en la Junta 13.000 firmas con el objetivo de que se convoque a un plebiscito departamental para que los ciudadanos definan si quieren ese tipo emprendimientos. Dichas firmas fueron derivadas a la Corte Electoral, la cual las validó, pero rechazó la iniciativa argumentando que no era viable jurídicamente.

El edil del Frente Amplio, Jesús Ariel Casco, argumentó que los decretos aprobados en la Junta son "ilegales e inconstitucionales" pues van a contraparte de la Ley de Minería y la Ley de Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, ambas de "competencia nacional".

Previendo esa situación, los ediles nacionalistas Fabricio Herrera y Aldo Rous habían presentado un par de anteproyectos de decreto para declarar libre de mega- minería metalífera a cielo abierto a Tacuarembó, siendo ambos aprobados por mayoría (23 a 6) en noviembre del año pasado por la Junta Departamental.