El próximo año se cumple el plazo que la comunidad internacional, Chile incluido, se dio para cumplir el Objetivo de Desarrollo del Milenio: el compromiso es reducir a la mitad la proporción de personas viviendo en condiciones de pobreza. Para su mejor cumplimiento, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, promueve y apoya que los países desarrollen las capacidades locales y den asesoría técnica con el fin de expandir el acceso a los servicios de energía de las personas en condición de pobreza.
La pobreza en Chile tiene muchas caras. Una de ellas es la que tiene que ver con la inequidad en el acceso a la energía. La otra, con la flagrante violación al derecho fundamental de que las cargas ambientales se repartan de manera justa entre todos los ciudadanos del país.
En la zona que represento, este fenómeno se da con particular rudeza. Las características propias de Illapel, Combarbalá o Salamanca, dificultan en extremo el acceso a electricidad producida por fuentes convencionales –a un costo razonable–, para aquellos que perciben menores ingresos. Por otro lado, Canela debe ser una de las comunas con mayor generación de energía eólica per cápita del mundo. Sin embargo, la electricidad que consumen –y el precio al que la pagan–, procede de fuente térmica o hídrica tradicional. Finalmente, en Caimanes son muy pocos los beneficios o compensaciones que se perciben, pese a que su territorio sufre de manera relevante las externalidades negativas que genera la Gran Minería Privada.
Desde hace poco más de un mes, el ministro de Energía, Máximo Pacheco, se encuentra implementando la denominada Agenda Energética que la Presidenta Bachelet comprometió ante los chilenos en su Programa de Gobierno. Se trata, por cierto, de una tarea titánica que los parlamentarios de gobierno debemos y estamos obligados a respaldar y fortalecer.
Quizás, lo más destacable son los objetivos que declara: construir una matriz energética para la próxima década que sea equilibrada, sustentable y diversificada. Para ello, debemos colocar esfuerzos prioritarios en las necesidades de energía en las zonas rurales, de manera tal, que podamos apoyar las actividades domésticas y productivas y que, a su vez, consideren un enfoque de equidad de género y de etnia.
Me refiero a iniciativas como, por ejemplo, un programa especial de capacitación y entrega de unidades de generación fotoeléctrica a la escala que requieren miles de crianceros y agricultoras en todo Chile, a quienes les resulta prohibitivo acceder a los beneficios que la energía significa. Imaginemos, entre otras ideas, programas que permitan unidades de refrigeración de quesos de cabra, alimentados por células solares comunitarias o el acceso a algo que nos parece tan evidente, como es la televisión, pero que en lugares aislados del país es sencillamente imposible.
La Agenda Energética también debe cerrar las brechas en equidad ambiental que no hemos sido capaces de afrontar. Algo se avanzó en el marco de la reforma tributaria con los denominados impuestos verdes, pero el tema requiere tratarse por separado.
Ventanas, Tocopilla, Mejillones, Huasco y Coronel, entre otras localidades, comparten el hecho de ser zonas altamente industrializadas, saturadas de plantas termoeléctricas a carbón y otras industrias contaminantes. Sin embargo, ellas no perciben, prácticamente, ninguna compensación o reparación por soportar cargas ambientales de tal calibre que se constituyen en verdaderas zonas de sacrificio. “Masacre”, la han denominado otros.
Por ello, propondré en el marco de la discusión parlamentaria de esta agenda, que avancemos en medidas concretas que implementen la igualdad y, en su caso, adecuadas compensaciones a toda la comunidad frente a las cargas que inevitablemente se deban soportar. Si logramos avanzar en estas materias, el desarrollo de la Agenda Energética de la Presidenta Bachelet nos dotará de nuevas y eficaces herramientas para el combate de la pobreza. Nuestro especial objetivo del Milenio.
