Un hecho que destaca en la formulación es la función que le otorga al Estado, luego que a partir del esquema dominante en aplicación se sostuviese que el mercado se autorregularía y el incentivo debía consistir en garantizarles rentabilidades atrayentes. Los mercados eléctricos y del gas son oligopólicos. Se le asigna, en la Agenda, un papel muy activo a la Empresa Nacional de Petróleo, que se le capitalizará en US$400 millones a materializarse cuando se apruebe su ley de gobierno corporativo previsto para el año 2016. Debido a sus dificultades financieras aparece como una fecha lejana. Se establecerán regulaciones en el mercado del gas, nivelándolo con la situación de otros servicios públicos.  Para los consumidores residenciales, afectados por tarifas elevadas la clave reside en como se resuelvan las licitaciones a efectuarse de las empresas distribuidoras durante el presente año y el próximo. Se le concede en el documento importancia al desarrollo de las energías renovables no convencionales, aunque solo se mantiene la meta establecida  con anterioridad de 25% para el 2025, y se considera estratégico el uso de los recursos hídricos.

 El gobierno dio a conocer, cumpliendo con lo que había anunciado, su Agenda de Energía, que busca enfrentar uno de los grandes desafíos que tiene el  país[1]. Los costos energéticos en el país son muy elevados, tanto para el consumo residencial como en los procesos productivos. “(…) nuestra electricidad como nuestro gas –manifestó Michelle Bachelet al dar a conocer la Agenda– están entre los más caros de América Latina (16/05/14). Las cuentas de luz de los hogares aumentaron durante la administración Piñera en un 20%, los llamados clientes libres vieron duplicarse sus tarifas en la última década. Durante los gobiernos de la Concertación con el propósito de estimular la inversión en el sector, luego de una virtual huelga en que la paralizaron, se les garantizó  una rentabilidad muy favorable.  “(…)  las utilidades del sector eléctrico el año pasado –señaló el ministro de Energía, Máximo Pacheco– fueron  más de US$1.000 millones.  Aquí hay empresas grandes –agregó– que en los últimos diez años han invertido solo 23% de su flujo de caja y eso provoca un déficit que impacta el precio de la energía” (19/05/14).

Entre las principales objetivos de la Agenda se estableció disminuir en un 30% los costos energéticos en el Sistema Interconectado Central (SIC) hacia el año 2017, de US$151 por MWh en 2013 a US$105 por MWh, y reducir en un 25% los precios de las licitaciones  en los próximos diez años para hogares, comercio y pequeñas empresas respecto a  la última licitación del año pasado, que alcanzaran a US$ 128,2 MWh, duplicando los US$60 el MW/h de 2007, año en que se inició este sistema, durante la anterior administración de Michelle Bachelet. Cumplir este objetivo constituye un gran desafío, aunque como escribió Alejandro Jadresic, decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez, “(…) dados los altos precios actuales, son metas  mínimas para retomar una senda de desarrollo eficiente que posibilite el crecimiento de la economía” (18/05/14). En ello incidirán también hechos externos, como la evolución de las cotizaciones internacionales y la disponibilidad de recursos. Por ejemplo, en la coyuntura actual si bien el precio del gas se redujo en el mercado norteamericano, en el internacional se ve presionado al alza por los niveles altos en que se está adquiriendo en el asiático, para no hacer mención a la evolución que pueda experimentar por el curso de los acontecimientos ucranianos.  “(…) para enfrentar los precios altísimos que tenemos en Chile en energía y gas –enfatizó Máximo Pacheco–, tenemos que apuntar a la oferta, léase desarrollar infraestructura de transmisión y generación; y la demanda, léase eficiencia energética” (18/05/14).

El desafío se debe empezar a resolver en una fecha no muy lejana. “(…) las reducciones de precios esperados –manifestó Bernardo Larraín, presidente de Colbún– se tendrán que materializarse en las licitaciones de empresas distribuidoras de los años 2014 y 2015 que van a representar el 50% del consumo residencial y comercial de Chile en la próximo década. En los procesos los precios de la energía deberán estar a niveles de 25% más bajas que los de la última licitación. Eso –concluyó– es muy desafiante es complejo lograrlo, pero la virtud de las metas desafiantes es que son movilizadoras de acción” (18/05/14).

La Agenda le otorga un papel muy importante  al sector público. “El Estado debe velar  –señala el documento– por la protección de los usuarios, una efectiva competencia en el mercado y asegurar un desarrollo económico de las inversiones que el país requiere para contar con la energía suficiente y a precios razonables”. La Agenda de Energía es en si mismo una muestra del papel positivo a desempeñar por el Estado. “Durante muchos años –recuerda Carlos Finat, director ejecutivo de la Asociación Chilena de Energías Renovables (Acera)– se ha intentado posicionar al mercado eléctrico como uno capaz de autorregularse y el cual entregaría las señales adecuadas para asegurar su eficiencia y precios competitivos. La evidente realidad indica algo radicalmente distinto: baja inversión, alta concentración y precios al alza” (1/05/14). De allí la importancia del primer eje de la Agenda que sintetiza el papel a desempeñar por el Estado. Es un cambio de óptica trascendente.

En esta dirección se le concede un papel muy importante a Enap, incrementando su presencia en la exploración y explotación de gas natural, otorgándole una prioridad especial a la cuenca  de Magallanes. En particular, se le asignará la tarea de impulsar –dijo Michelle Bachelet– la construcción de un tercer terminal de gas en el país en la zona centro-sur (…)”. El gerente general de la empresa, Marcelo Tokman, manifestó que la iniciativa se encuentra en su fase de estudio.  Transformar a Enap en una empresa en condiciones de cumplir este desafío es grande, ya que como explicitó el ministro Máximo Pacheco “tiene una deuda que muchas veces impide el desarrollo de proyectos de inversión (…)” (16/05/14). Ellas superaban al anunciarse la Agenda los US$4.000 millones. En la asignación de recursos para el sector contemplado para los cuatro años, que suman US$650 millones, se establece una capitalización de la empresa estatal de US$400 millones que se acordará cuando se despache su ley de gobierno corporativo, que se programó  enviar al Congreso durante el primer trimestre de 2016. ¿Por qué esta demora si su situación financiera es aflictiva? Pacheco lo explica por el tiempo requerido para constituir el Gobierno Corporativo, “al que contribuya la empresa, los sindicatos, la experiencia y las ideas que tenemos en el Ministerio de Energía” y los numerosos proyectos de ley que exige el cumplimiento de la Agenda, “pero vamos a hacer todo lo posible por entrar a 2015” (18/05/14). Con todo, se posterga enfrentar una necesidad concreta.

Aportando a disminuir los precios de la energía se proyecta aumentar la utilización de gas natural licuado, disminuyendo el uso del diésel. Además del tercer terminal se considera la ampliación del de Quintero a veinte millones de metros cúbicos diarios. Es un mercado, manifestó el senador Alejando Guillier, presidente de la Comisión de Minería y Energía del Senado, que se requiere transparentar. “Hay distorsiones extrañas –explicitó– (…) pero que son obvias en el mercado del gas” (01/05/14). De allí la necesidad de establecer regulaciones. “Se resolverá el vacío legal para determinar las tarifas de gas de empresas concesionarias que superen el límite de la rentabilidad máxima permitida –afirma el documento– mediante una metodología de tarificación a costo medio, en base a una empresa eficiente similar a otros servicios públicos, basado en estudios externos, con instancias de participación ciudadana (…)”.

“En Chile –expresó Máximo Pacheco– está regulada la generación de energía para los sectores residenciales de pequeños consumidores, la transmisión y la distribución, pero no se reguló el gas y nosotros revisaremos esa situación (…). No conozco ninguna parte del mundo –agregó– donde el gas no está tarificado” (16/05/14). Se trata de un tema que afecta a un porcentaje importante de la población, ya que cuenta con aproximadamente un millón de clientes, alcanzado a cerca de la cuarta parte de los habitantes. La principal empresa distribuidora del sector de gas natural de la zona central es Metrogas, filial de Gasco, que cuenta con unos quinientos mil clientes residenciales y comerciales, colocando cerca de 1.4 millones de metros cúbicos diariamente en el momento de una demanda alta. Gasco es controlado por el holding Compañía General de Electricidad (CGE). Se trata de un mercado oligopólico, al igual que el de distribución del gas licuado, cuyas empresas también tienen posición dominante en Colombia.

El carácter oligopólico se reproduce en la generación de energía  eléctrica tanto en el Sistema Interconectado Central como en el del Norte Grande (SING). En el primero  las tres empresas más grandes y sus relacionadas poseen más de un 76% de la capacidad instalada, la cual sube a 98% en el SING. En el SIC, las dominantes son Endesa Chile, filial del holding eléctrico  Enersis controlado por la italiana Enel; Colbún del grupo Matte; y la norteamericana AES que tiene como filial en el país a AES Gener. Todas ellas figuran entre las empresas de mayor patrimonio bursátil. El 14 de mayo, el día anterior al que se anunciase la Agenda de Energía, el de Enersis era de US$16.239 millones, el de su filial Endesa de US$12.482 millones, el de Chilectra, su empresa de distribución en la región metropolitana de US$3.458 millones y su relacionada Pehuenche de US$3.816 millones; el de AES Gener de US$4.527 millones y el de Colbún de US$4.453 millones. Si se consideran las tres áreas de actividad del sector eléctrico –generación, transmisión y distribución– la mayor empresa del país sin duda es Enersis. A través de Endesa Chile controla GasAtacama, generadora y distribuidora en el Norte Grande, de la cual en el curso del año tomó su control absoluto al venderle su participación el fondo de inversiones Southern Cross con el cual compartía la propiedad.

La Agenda considera “esencial la unión de nuestros mercados eléctricos del Norte Grande y la zona central”. Para concretarlo entregó su apoyo explícito a la iniciativa de interconexión del  consorcio franco belga GDF Suez, a través de su filial E-CL, que proyecta establecer una línea de corriente alterna con una inversión de US$700 millones, para la cual busca un socio que aporte hasta la mitad del capital. Esta iniciativa fue descartada durante la administración Piñera que privilegiaba la tecnología continua.  “(…) de concretarse el desarrollo privado de una línea que interconecte los sistemas, se impulsaría por el gobierno la más pronta materialización de dicha línea”, se expresa en el documento. Según el gerente general del Grupo GDF Suez Chile, Juan Clavería, el proyecto “se encuentra en una fase muy avanzada (…) por lo que Chile podría concretar la interconexión a fines de 2017 de optar por esta vía” (18/05/14), subrayando que cualquier otro proyecto a iniciarse se concretaría cuatro años después. GDF Suez tiene fuerte presencia en los servicios públicos del país. En el sector eléctrico a través de E-CL está presente en el SING;  en el gas concluyó la regasificadora de GNL en Mejillones, cuyo terminal se inauguró una semana antes de darse a conocer la Agenda con la presencia de la presidenta y su ministro de Energía; y en los servicios sanitarios y de agua potable con Aguas Andinas.  GDF Suez es uno de los consorcios mundiales más grandes de servicios públicos.

La reducción de la concentración se visualiza en la Agenda como una consecuencia de que se desarrollen espacios para el aumento de la competencia. En el supuesto que se tenga éxito será un proceso no rápido. Se considera que hasta el año 2025 un 45% de los incrementos de capacidad provendrá de las energías renovables no convencionales (ERNC) alcanzando así un 20% de la matriz energética. Lamentablemente solo se mantiene el mismo objetivo establecido en una ley aprobada el año pasado.  No se plantea un desafío mayor en una forma de generación en que el país presenta ventajas comparativas. En los últimos años se han instalado 1.400 MW de potencia en ERNC y se encuentran otras 1.000 en construcción de fuente solar, eólica, minihidro y biomasa. En 2015 se proyecta dar a conocer la política energética, que establecerá la matriz que se buscará alcanzar, contando con un respaldo técnico, social y político.

El documento constata que el país es importador de un 60% de su energía primaria siendo dependiente de la inestabilidad y la volatilidad de las cotizaciones en los mercados y de posibles restricciones de abastecimiento que se produzcan. Por ello debe privilegiarse las fuentes con que se cuenta y entre ellas la hidroelectricidad que es uno de los recursos renovables importantes existentes. La Agenda constata que el país cuenta con grandes posibilidades hidroeléctricas, a lo menos de 10.000 MW entre las cuencas del Aconcagua y Puelo (X Región), además de 6.000 MW en Aysén. Se compromete en menos de un año a “una zonificación  detallada de seis cuencas priorizadas”.  Estas cuencas se ubican entre las de Aconcagua y Puelo.  Ante esta decisión HidroAysén determinó no seguir avanzando hasta que el gobierno culmine su proceso de planificación.  “Tenemos –ha declarado Máximo Pacheco– una enorme cantidad de proyectos: minihidros, centrales de pasada  y de embalse, tenemos planes pilotos para estudiar algunas cuencas (…). La agenda –recalcó– hace una definición que es muy estratégica: Chile debe usar sus recursos hídricos para generar electricidad” (19/05/14).  Su utilización reclama un gran acuerdo país encabezado por el Estado y con amplia participación ciudadana.