El ministro de Planificación Federal, Julio De Vido y el presidente de YPF, Miguel Galuccio, analizaron la propuesta presentada por las provincias petroleras que integran la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHi), en relación a la modificación de la Ley de Hidrocarburos y el desarrollo de hidrocarburos no convencionales.
“Ambos funcionarios se mostraron optimistas en avanzar rápidamente en este tema fundamental para el autoabastecimiento y la soberanía energética, principales objetivos que trazó la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, cuando recuperó YPF, lo que permitirá la llegada de inversores para desarrollar el potencial energético nacional y la profundización de la actual política petrolera”, destacó un comunicado del Ministerio de Planificación.
Sin normas retroactivas- El día anterior, durante una reunión realizada en la casa de la provincia de Chubut en Buenos Aires, los gobernadores de la OFEPHi y sus equipos técnicos consensuaron un borrador para enriquecer el que habían recibido el lunes, el cual estaba redactado de acuerdo a los lineamientos de YPF.
Por la tarde se trasladaron al Ministerio de Planificación Federal, donde iniciaron las negociaciones con el titular de esa cartera, Julio De Vido; el secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos Zannini, y el presidente de YPF, Miguel Galuccio.
“No va haber normas retroactivas”, ratificó el gobernador neuquino Jorge Sapag, quien agregó que esa es la posición que comparte con sus pares de la OFEPHi.
Si bien los mandatarios habían acordado no divulgar los términos de la reunión para no tener cortocircuitos con nación en un día muy complicado por el fallo a favor de los fondos buitre, el gobernador de Mendoza, Francisco Pérez, informó que los gobernadores entregaron una “contrapropuesta al borrador del Gobierno nacional que fue bien recibida, hemos avanzado mucho en las negociaciones”.
Aseguró que Mendoza, Santa Cruz, Neuquén y Río Negro van a cobrar tres puntos más por regalías, mientras que también habrá zonas dentro de las provincias que tendrán hasta 4,5 puntos más en ese porcentaje.
En tanto, Chubut tendrá 4,5 puntos más por regalías respecto de los 12 puntos que reciben hoy en general todas las provincias, sin contar el canon extra a la producción que se aplica en algunos yacimientos neuquinos. (Fuente: El Patagónico, Télam, TiempoSur).
Comisión de Energía visitará Vaca Muerta
La Comisión de Energía y Combustibles de la Cámara de Diputados, presidida por el diputado nacional Mario Metaza (FPV), viajará el 18 y 19 del corriente a la provincia de Neuquén para visitar el área de Loma Campana, donde serán recibidos por la Gerencia de No Convencional – YPF.
Allí harán un recorrido por locaciones y conocerán un equipo de fractura y un equipo de perforación. La formación de Vaca Muerta de esta zona cuenta bajo la renacionalización de la empresa, con más de 160 pozos de hidrocarburos no convencionales y se espera que para fin de año superase los 300 con una producción diaria actual de 19.000 barriles de petróleo y gas.
El radicalismo anticipó ayer en el Senado su rechazo a la nueva ley de hidrocarburos que discuten la Casa Rosada y las provincias petroleras, y defendió el proyecto presentado en 2013.
Fue durante una conferencia de prensa en el salón Eva Perón de la Cámara Alta, donde estuvieron los senadores radicales Laura Montero y Ernesto Sanz, la legisladora porteña de UNEN María Eugenia Estenssoro y el ex secretario de Energía Daniel Montamat.
Montamat afirmó que el Ejecutivo “piensa mandar un proyecto de seis o siete artículos para agregar a la ley 17.319 (de hidrocarburos), y en este sentido los tres legisladores la consideraron “un parche”.
“Basta de parches”, coincidieron los dirigentes, al tiempo que Montero subrayó que “el desafío hidrocarburífero tiene que ver con una política de largo plazo y reglas estables en términos jurisdiccionales y macroeconómicos para permitir inversiones”. La senadora mendocina destacó que el proyecto que ellos presentaron en 2013 “deroga la ley 17.319, tiene 7 capítulos” y “da pleno dominio de los recursos de hidrocarburos a las provincias”.
Entre sus puntos principales, la propuesta establece un único régimen legal para la toda el país, busca “resguardar” el dominio de las provincias sobre sus recursos petroleros y declara “de interés público” toda la cadena de hidrocarburos y el autoabastecimiento energético.
Además el proyecto establece que las regalías para las provincias tienen un piso de 12%, pero lo fijarán los Estados provinciales.
La iniciativa también fija que los plazos de explotación serán de 25 años con posibilidad de ser prorrogables por otros 10 y se establecen cláusulas de rescisión de las concesiones, además de señalar que YPF deberá ser auditada por la AGN.
Por su parte, Estenssoro consideró que “no se pueden entregar concesiones a personas sin solvencia ni conocimiento” y puso como ejemplo que “las concesiones que se dieron en Santa Cruz fueron la mitad fueron para Lázaro Báez y la otra mitad para Cristóbal López”.
En tanto, Sanz subrayó que el proyecto del radicalismo también establece normas ambientales para la utilización de técnicas de fracking en la explotación de hidrocarburos no convencionales pero que “los gobernadores se resisten a un presupuesto mínimo ambiental nacional”.
►Gobernadores. Los gobernadores de las provincias petroleras se reunieron con el CEO de YPF, Miguel Galuccio, y los ministros de Economía y de Planificación para avanzar en la elaboración del proyecto de ley que diseña el Gobierno nacional.
►El desafío. El desafío hidrocarburífero tiene que ver con una política de largo plazo y reglas estables en términos jurisdiccionales, dijeron los legisladores radicales.
Por Daniel Nallar.
Las cuestiones económicas y productivas en que interviene el Estado siempre tienen por lo menos cuatro actores: el gobierno de turno, el grupo de interés directamente vinculado al caso, los múltiples grupos de interés con expectativas futuras y la sociedad entera que se beneficiará o perjudicará con el resultado.
Lo que sucede en estos días con el proyecto de ley de hidrocarburos muestra a las claras la presencia de esos cuatro actores. El Estado nacional y las provincias, por una parte, las empresas con algún contrato vigente, los inversores del mundo que esperan la nueva ley para decidir si invierten en Argentina o no y la sociedad argentina. ¿Cuál es el panorama de la negociación y qué puede esperarse?.
El Estado nacional es un abusador crónico, que en los últimos años saqueó a las provincias fraguando los números de las regalías. Groseramente inventó cifras y les transfirió menos de lo que correspondía. Frente a esta situación, el temor y la sumisión que muestran los gobernadores oficialistas para con la Presidente y la fuerte dependencia económica en que ellos mismos colocaron a sus provincias, los limita a ser meros “aplaudidores”, aunque intenten mostrar lo contrario.
¿Es prudente invertir en un país cuya institucionalidad depende de voluntades políticas?
La Constitución Nacional tampoco soluciona el tema (por eso se debate la nueva ley). Si bien establece que las provincias son dueñas de sus recursos naturales (artículo 124´), la normativa vigente deja la jurisdicción en la Nación. En criollo: las provincias “administran” el recurso y la Nación contrata y dicta las reglas bajo las cuales debe administrar. Lo lógico sería que decida el dueño y administre un tercero. En este caso es al revés. El texto constitucional no aporta demasiado, especialmente ante gobernadores timoratos y dubitativos que no se atreven a plantarse con firmeza. Si la Constitución otorga el dominio a las provincias, las condiciones para la explotación las deciden las autoridades provinciales. Sin embargo no se atreven a plantearlo porque cedieron tanto y tienen tan poca capacidad de gestión que luego no sabrían qué hacer con los recursos disponibles.
En su temerosa mediocridad prefieren que el problema lo resuelva la Corte Suprema de Justicia. ¿Y qué puede esperarse de la Corte?. En su actual constitución, la Corte Suprema en 2005 (caso Tecpetrol), asumió una postura favorable a las potestades provinciales. Sin embargo, en 2007 (caso Neuquén c/ Capex), la mayoría del Tribunal inclinó la balanza hacia la Nación. Hoy se encuentra pendiente un fallo por un reclamo de Neuquén, pero seguramente la Corte confirmará su última postura, dejando las ilusiones provinciales enterradas. Cuando eso suceda el interior no debe criticar el fallo de la Corte sino a sus mandatarios que, en estos días, negocian financiamiento para las próximas elecciones a cambio de entregar a la Nación el manejo de los recursos naturales provinciales. Sin dudas lamentable y vergonzoso.
Sin embargo, detrás del estado nacional abusador y los gobernadores débiles y de la normativa ambigua, se esconde quizás el motivo que más desalienta la inversión en Argentina: la inseguridad jurídica derivada de la ambigedad constitucional referida (los grandes empresarios no se atreven a invertir en un país donde sus autoridades no se ponen de acuerdo), pero fundamentalmente de una jurisprudencia reciente, tan vetusta como dañina. Se trata de las sentencias emitidas en los casos Cadipsa (2000) y Petroquímica C.R. (2010). En síntesis, nada menos que la Corte Suprema de Justicia de la Nación le dijo a dos grupos inversores que si una provincia objeta judicialmente una concesión otorgada por el Estado nacional y la Justicia falla a favor de la Provincia, todo vuelve atrás y las inversiones realizadas se pierden por revocarse la concesión o se encarecen por un tributo nuevo. Cuando los inversores advierten la existencia de estos fallos, inmediatamente destinan su dinero a otros países o invierten poco y lentamente hasta tener claro el panorama. Ambas cosas perjudican terriblemente al cuarto actor que mencionábamos al principio, es decir, a la totalidad de los argentinos.
Hemos puesto sobre el tapete todos los problemas que afectan actualmente la cuestión de los hidrocarburos. A nuestro entender, el problema es complejo y surge por una suma de factores. La ambigedad constitucional, los polémicos fallos judiciales y la pequeñez y mezquindad de la dirigencia política actual, que sólo piensa en cobrar más tributos, recaudar para las próximas elecciones y pedir al Poder Judicial que resuelva cuestiones netamente políticas. Es hora que los gobernadores asuman con seriedad la defensa de los intereses de sus provincias, que el gobierno nacional respete las soberanías provinciales y que los jueces no castiguen al inversor por los errores y arbitrariedades de los gobernantes. Sólo así, el cuarto actor, los ciudadanos argentinos, podrán recoger frutos nobles y duraderos.
El gobernador Jorge Sapag advirtió que el gas extraído del suelo neuquino será primero para los habitantes de la provincia, y recién luego para el resto del país, al expresar sus diferencias con el proyecto de nueva ley de hidrocarburos que impulsa el gobierno nacional.
"Seguiremos siendo fieles defensores de una Nación soberana, pero constituida bajo la base de provincias fuertes, autónomas y federales", dijo el funcionario en un acto público un día después de reunirse con funcionarios nacionales por el proyecto de ley.
Así, el mandatario neuquino salió a marcarle la cancha al gobierno nacional y su intento por lograr un nuevos marco jurídico para promover mayores inversiones externas en los yacimientos de todo el país.
Desde la localidad de Taquimilán, Sapag dijo que en la iniciativa "hay temas que son conducentes y procedentes" y otros que no lo son "en absoluto", a lo que afirmó que Neuquén "no permitirá cuestiones improcedentes".
Afirmó que acompañará al gobierno nacional "en todos los temas que sean correctos y justos", ayudando a la construcción de una "Nación soberana, que debe tener educación, trabajo, alimentos y energía", publicó lmneuquén.com.ar.
A su vez, se refirió a los derechos que asisten a la Provincia en cuanto a la propiedad de los recursos del subsuelo y, en ese sentido, ratificó que "el gas de los neuquinos primero (es) para los neuquinos y después para toda la República".
Sapag llamó a los neuquinos "a la reflexión para estar unidos, detrás de objetivos que no sean vanos, que tengan contenido y profundidad", porque "cuando no hacemos obras que tengan contenidos, nos confunden con distintas lenguas".
Y resaltó: "Nosotros en la provincia del Neuquén planteamos -junto con las provincias hermanas y a la Nación- unificar el idioma, no confundirnos con idiomas distintos".
Sapag aseguró que la Provincia y los neuquinos "seguiremos siendo fieles defensores de una Nación soberana, pero constituida bajo la base de provincias fuertes, autónomas y federales".
Y subrayó que "no trabajaremos en torres de Babel, sino en contenidos, en calidad de vida de nuestros habitantes y con el debido respeto a todos los poderes, recursos y facultades que poseen los estados provinciales".
El proyecto de la Casa Rosada establece un único régimen legal para la toda el país, busca "resguardar" el dominio de las provincias sobre sus recursos petroleros y declara "de interés público" toda la cadena de hidrocarburos y el autoabastecimiento energético.
Además, la iniciativa establece que las regalías para las provincias tienen un piso de 12%, pero lo fijarán los Estados provinciales.
El texto también fija que los plazos de explotación serán de 25 años con posibilidad de ser prorrogables por otros 10 y se establecen cláusulas de rescisión de las concesiones, además de señalar que YPF deberá ser auditada por la AGN.
El intendente Horacio Quiroga salió a respaldar la postura que viene manteniendo el gobernador Jorge Sapag, en medio de las tensiones entre YPF y la Provincia por el negocio petrolero.
“Si el gobernador Sapag se mantiene en esta postura va a contar con todo mi apoyo”, dijo Quiroga ayer.
El gobernador dejó su acostumbrado tono cauto en los últimos días para defender el rol de la petrolera neuquina (GyP) y reclamar algún tipo de compensación adicional por el cambio de condiciones que plantea Nación. También dejó de lado el borrador que habían recibido las provincias productoras que Ofephi, para elaborar uno propio y someterlo a consideración de otros mandatarios.
“Me parece saludable que los gobernadores se planten con firmeza porque, en definitiva, las provincias son las dueñas del recurso”, dijo el jefe comunal.
El intendente, que durante los últimos meses se mostró con la mayoría de los candidatos presidenciables de la oposición, manifestó su acuerdo con poner en debate la carga impositiva de Nación sobre la actividad hidrocarburífera, considerando, por ejemplo, la devolución del impuesto a las ganancias, aunque insistió con tomar como valores de referencia para la comercialización de los hidrocarburos “los precios del mercado internacional”.
De todas maneras, agregó que le “habría gustado que en su momento (Sapag) se hubiese opuesto al Decreto 1277 de Nación (que reglamentó la Ley de Soberanía Hidrocarburífera) que pasó por encima de la voluntad de las provincias, adjudicándose facultades de concesión de áreas”.
Sapag había planteado sus reservas sobre la propuesta nacional la semana pasada. Una de las propuestas del borrador inicial promovía rever los contratos cerrados por las petroleras provinciales, algo que Neuquén no está dispuesta a hacer. “No debemos permitir que el gobierno nacional avance sobre las facultades de las provincias, no hay dudas de que es necesario fijar reglas de juego claras”, opinó Quiroga.
Entre los puntos que están en discusión se encuentran los porcentajes del cobro de regalías, que las provincias piden que se pase de un 12 a un 15 por ciento, la alícuota de ingresos brutos y la eliminación del “carry”, el cual permite a las empresas provinciales ingresar en sociedades sin hacer desembolsos a cambio de ofrecer un área para explorar.
El Gobierno nacional y las provincias “avanzaron mucho” en la discusión por las modificaciones a la ley de Hidrocarburos, confirmó este lunes el gobernador de Mendoza, Francisco Pérez. Fue en el marco de la reunión que mantuvieron las provincias petroleras con el Gobierno nacional, representado por los ministros de Economía, Axel Kicillof, y de Planificación Federal, Julio De Vido.
Las diez provincias que integran la OFEPHI y la Nación acordaron continuar negociando para definir el proyecto que se enviará al Congreso. En el encuentro también estuvieron el titular de YPF, Miguel Galuccio y el secretario de Legal y Técnica de la Presidencia, Carlos Zannini.
Las negociaciones se habían iniciado por la mañana en la casa de la provincia de Chubut, entre los gobernadores y sus equipos técnicos, y continuaron por la tarde en el Ministerio de Planificación Federal.
Según contó el gobernador “Paco” Pérez, en la reunión se lograron “grandes avances en la redacción de un marco general”, pero se abstuvo de brindar precisiones sobre la norma que se encuentra bajo discusión, porque “no se está trabajando en el detalle, en artículo por artículo, sino más bien en las grandes líneas” del proyecto de ley que el Poder Ejecutivo planea enviar al Congreso.
Pérez informó que los gobernadores entregaron una “contrapropuesta al borrador del gobierno nacional, que fue bien recibida, hemos avanzado mucho en las negociaciones”.
El mandatario mendocino confirmó que las provincias de Mendoza, Santa Cruz, Neuquén y Río Negro van a recibir tres puntos más por regalías, mientras que también habrá zonas dentro de las provincias, que tendrán hasta 4,5 puntos más en ese porcentaje. Chubut tendrá 4,5 puntos más por regalías, respecto de los 12 puntos porcentuales que reciben en general todas las provincias.
Pérez indicó también que “todavía se están discutiendo los grandes temas pero no específicamente el texto del articulado, artículo por artículo, porque todavía el proyecto no fue redactado”.
Entre los puntos que están en discusión se encuentran los porcentajes del cobro de regalías, que las provincias piden que se pase de un 12 a un 15 por ciento, la alícuota de ingresos brutos y la eliminación del “carry”, el cual permite a las empresas provinciales ingresar en sociedades sin hacer desembolsos a cambio de ofrecer un área para explorar.
También se negocia como se definirán en el futuro los plazos de concesión por más años para los proyectos no convencionales y los presupuestos mínimos de seguridad ambiental entre otros temas.
En el encuentro se discutieron modificaciones al borrador que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, sobre las modificaciones que el gobierno propone a la ley que los gobernadores y sus equipos definieron en la reunión realizada por la mañana.
Las modificaciones incluyen también incorporación de los decretos 929 y 927 de promoción de equipos a la ley, que ya tiene 27 años de vigencia.
Fuentes del encuentro señalaron que se “se “está tratando de definir los nuevos tipos de petróleo no convencional y generar un marco general de país para poder traer extraer ese petróleo, garantizar el autoabastecimiento y atraer el flujo de inversiones necesarias.
