Después del default de Argentina en 2001, la mayoría de sus acreedores terminó aceptando una reestructuración. Pero dos hedge funds, Elliott Management y Aureliuos Capital, libraron una larga batalla legal para que le pagaran la totalidad de lo adeudado. El gobierno argentino siempre prometió que nunca arreglaría con ellos, a quienes llama “fondos buitre”.

Una decisión tomada esta semana por la Corte Suprema de Estados Unidos podría forzar el fin de esta guerra de palabras que lleva cerca de una década. Los jueces apoyaron un fallo de un tribunal inferior de 2012 que señala que el tratamiento igualitario exige a Argentina cancelar en su totalidad la deuda con los holdouts cuando pague los bonos reestructurados.

A menos que el gobierno desembolse los u$s 1.500 millones que debe a los hedge funds, será ilegal que la administración – y también los intermediarios– cancelen los compromisos argentinos asumidos con los bonistas que entraron al canje. Eso podría hundir al país en un nuevo default soberano.

El fallo deja a Buenos Aires con opciones nada fáciles. Una cesación de pagos reforzaría la condición de paria que tiene la Argentina en los mercados de capitales, lo que negaría al país la inversión que necesita para renovar su infraestructura y desarrollar sus vastas reservas de hidrocarburos. Buenos Aires trató, tarde, de reparar su castigada reputación con las instituciones internacionales como el Club de París y el Fondo Monetario Internacional. Si desobedece el fallo, tirará por la borda el gran esfuerzo realizado.

Está hasta la humillante posibilidad de que los hedge funds confisquen activos argentinos ubicados en jurisdicciones extranjeras para saldar sus cuentas. El tribunal también falló que los bonistas podían obligar a Buenos Aires a revelar dónde tiene propiedades en todo el mundo.

Sin embargo, arreglar es apenas más aceptable. Si paga a los hedge funds, Argentina queda expuesta a otros reclamos, estimados en u$s 15.000 millones, provenientes de otros tenedores de la deuda defaulteada que se benefician con el juicio pese a no haber sido parte. Luego, está la posibilidad de que los bonistas reestructurados reclamen indemnización adicional basándose en una cláusula del canje de bonos. Esa cláusula expira a fines de este año.

Ésta nunca fue una disputa edificante. Es poco cierta la afirmación de los holdouts de que el gobierno obligó a los acreedores a aceptar una salvaje quita de 75%. En realidad, si se toman en cuenta los cupones atados al crecimiento del PBI, el pago en algunos casos ha sido del 50%. Una preocupación más sistémica tiene que ver con el hecho de que algunos argumentos legales a favor de los hedge funds conducen a una situación en la que su victoria podría llevar a que otros holdouts bloqueen fácilmente futuras reestructuraciones soberanas.

De todos modos, es difícil llorar por Argentina. Los bonos originales podrían haber evitado este resultado. Pero no incluían cláusulas de acción colectiva, que permiten que una mayoría de acreedores obligue a los holdouts a aceptar una reestructuración.

La presidenta Cristina Fernández de Argentina no ayudó en nada convirtiendo la batalla con los hedge funds en una cruzada política personal. Sólo logró ocultar la generosidad del tratamiento que le dio Argentina a los tenedores que aceptaron el canje. Mientras tanto, su histrionismo asustó a los inversores extranjeros. Como resultado, a 13 años de su default por u$s 100.000 millones, Argentina es mucho más pobre de lo que debería.

Esto deja lecciones para los tomadores de crédito internacionales. Las cláusulas de acción colectiva deberían ser un estándar para todos los bonos nuevos. Qué hacer con la deuda existente es más difícil, pero el Congreso podría modificar la ley para lidiar con más sensatez la deuda soberana regida por la legislación estadounidense.

En cuanto a Argentina, tiene poco sentido acusar a EE.UU de colonialismo y a los hedge funds de extorsión. Los jueces están aplicando la ley. Buenos Aires debe taparse la nariz y llegar a un acuerdo con los holdouts que minimice el costo de la derrota para su pueblo. Tras nueve años, el reloj avanza con rapidez.