Por Daniel Fernández Canedo.

Cuando trascendió que el Gobierno iba a enviar una misión a los Estados Unidos para negociar con los fondos buitre, ya parte de la tensión que giraba en torno a la reunión de los abogados de la Argentina y de los “holdouts” se había disipado.

Los mercados se habían adelantado.

Precisamente, de esa reunión de ayer con el juez surgió la información: funcionarios podrían viajar en un intento de negociar directamente con los representantes de los fondos buitre. Pero el sorpresivo comunicado de anoche acerca de la imposibilidad de afrontar el pago de $ 225 millones a bonistas en Nueva York(Pág. 3), sembró dudas sobre si habrá o no una comitiva para verse cara a cara con los fondos buitre. Si finalmente se viajara, ¿qué se negociaría? Parte de la respuesta la adelantó el abogado Robert Cohen, representante de los litigantes, que dejó en claro ante el juez que ellos están dispuestos a “discutir”, pero no a “negociar”.

En otras palabras, esos mismos fondos, que tienen dos fallos de la Justicia estadounidense a su favor, estarían dispuestos a “discutir” una forma de pago perono someterían el monto a negociación alguna.

Además, los representantes de los buitres dejaron en claro que, antes de un cara a cara, prefieren un marco jurídico que les permita poner un paraguas sobre lo ya obtenido: o sea, el cobro de un mínimo de US$ 1.500 millones en el corto plazo. La Argentina tiene el problema del 30 de junio. Ese día le debe pagar US$ 900 millonesa los bonistas que entraron a los canjes de 2005 y 2010 pero, según el fallo de Griesa, antes deberían pagarle los US$ 1.500 millones mencionados a los “holdouts”.

El tema de la fecha fue relativizado también ayer por Cohen, diciendo, a modo de descompresión, que podría postergarse un mes.

Expertos en negociación, mostraban anoche cierto optimismo ante la posible tratativa, porque creen que esa era la señal más clara de que el Gobierno terminará pagándole a los fondos buitre para poder terminar con un problema cuya solución se demoró innecesariamente.

Para la Argentina, será difícil aducir que no tiene fondos ni financiamiento después de que emitió US$ 5.000 millones en bonos para pagarle a Repsol por YPF y emitirá el equivalente a más de US$ 8.000 millones para cancelar la deuda con el Club de París.

Seguramente, habrá fondos de inversión “amigos” de la Argentina (con muchos negocios que cuidar) dispuestos a financiar a un Gobierno que, encima, paga tasas altísimas.

Sin ir más lejos, ayer bastó que trascendiera la posibilidad de que una misión oficial viajase a EE.UU. a negociar para que los precios de los bonos argentinos que venían en picada pegasen un salto que en algún caso rozó el 7%.

Cumpliendo con la histórica premisa de los mercados, y de los especuladores más audaces, de comprar activos en el peor momento de una crisis, los títulos de descuento que serían los más perjudicados por un posible default de la Argentina subían de 73 a 78 dólares en el día. Los bonos argentinos están de regalo y los precios ya habrían descontado, incluso, la posibilidad de que sea salteado algún pago.

La apuesta de esos especuladores era obvia: los abogados argentinos le pedirían a Griesa que mantenga la cautelar hasta fin de junio para poder pagarle US$ 900 millones a los bonistas que entraron en los canjes de 2005 y 2010 y así evitar caer en default. La jugada se basaba, también, en otra creencia: finalmente la Presidenta accedería a pagarle a los fondos buitre y por una razón potente: quiere llegar a fin de su mandato sin cimbronazos financieros.

La decisión de la Corte estadounidense de no tomar el análisis del caso de la Argentina con los fondos buitre dio por tierra con la idea que tenía parte el Gobierno de que las crisis externas habían quedado atrás. Dos semanas antes, el ministro Axel Kicillof había hablado del fin de la crisis cambiaria y de que era el momento de comenzar a bombear nuevamente el consumo en el mercado interno. Con esa visión, el ministro había sepultado en el discurso la inestabilidad cambiaria y volvía a enamorarse del dólar oficial relativamente atrasado para permitir un parate de la inflación y tratar de moderar la caída del poder de compra del salario.

En el ideario oficial, para que la Presidenta complete su período con tranquilidad, lo que se necesitan son dólares contantes y sonantes que eviten la caída de las reservas del Banco Central y, por lo tanto, posibiliten normalizar las importaciones para que el nivel de actividad tenga alguna chance de reactivación.

La decisión de la Corte estadounidense fue un baldazo de agua fría sobre ese sendero de tranquilidad y recuperación que imaginaban los funcionarios, al punto que en Economía se envalentonaban con que una mejora económica en el segundo semestre podría abrir la puerta para que la Presidenta terminara depositando su dedo elector en un Kicillof candidato. Parece de ciencia ficción después de que en las últimas 72 horas se escuchara a la Presidenta y al ministro enojarse con los fondos buitre, intentando transmitir calma y seguridad luego de plantear escenarios de default, que finalmente se decida enviar funcionarios a negociar con lo que se supone sería un mandato: arreglar lo mejor posible, pero arreglar.

En su mensaje del martes, el ministro dijo haber dado instrucciones “para que se inicie un camino” con el fin de establecer un posible cambio de jurisdicción para el pago a los bonistas que entraron a los canjes.

Los expertos creen que ese posible cambio de jurisdicción podría perjudicar más al país que a los fondos buitre (¿otra catarata de juicios?), por lo que su implementación podría perjudicar más que favorecer a la estrategia oficial de la calma cambiaria.

En el fondo, la necesidad de conseguir dólares que tiene el Gobierno para el año y medio que le resta sería la guía para interpretar los próximos pasos de la Presidenta y su ministro. Esto, en un contexto en el que lo que hagan pesará mucho más que lo que digan, aunque la moderación en las palabras, en estas situaciones, suelen ayudar.

Por Diana Mondino Economista.

Es importante distinguir que la Corte de los EE.UU. no admitió tomar el caso, que no es lo mismo que fallar en contra y por lo tanto quedaron vigentes las decisiones anteriores.

No se afectaron las decisiones soberanas argentinas, sino que se mantuvo la sentencia de pagar “pari passu”. Hasta el momento había un equivalente a nuestro recurso de amparo contra la decisión que Argentina debe honrar sus deudas con sus acreedores. Como las más altas autoridades argentinas indicaron que no pagaríamos, entonces los acreedores pidieron un “Discovery”, es decir, poder identificar donde están los activos argentinos que no están protegidos con inmunidad, para poder embargarlos.

Este es un tema diferente al que la Corte no haya considerado el recurso argentino.

Obviamente para Argentina tener que hacer frente al pago será sumamente complicado. Si cuando había más recursos no había voluntad de pago, ahora que hay un creciente déficit fiscal es mucho más difícil.

El fallo más importante concede a NML et al la posibilidad de buscar activos argentinos que no estén protegidos por inmunidad soberana. Si los encontrara, puede embargarlos hasta que se defina cómo y cuánto cobra.

Por ello, sigue abierta una negociación –o una decisión del juez Griesa- sobre qué significa pagar “pari passu”: ¿pagar la totalidad de la deuda?, ¿pagar en forma similar a lo que ya cobraron los que fueron al canje? ¿todo junto o espaciado en el tiempo? La negociación puede incluir un nuevo bono, que tenga un valor presente similar al que tienen los bonistas que entraron al canje, y en ese caso no habría agravio. Las acusaciones varias, ruegos y agravios no modifican la situación. Las decisiones de pagar a Repsol y Club de París iban en la dirección de permitir participar en mercados de capitales.

No pagar significa alejarse nuevamente. Cuesta creer que en la estrategia general esta contradicción no fuera tenida en cuenta. Es lamentable que los argentinos estemos a oscuras sobre esta decisión, dado el nivel de incertidumbre de qué camino escoger, cómo y porqué.

“El interbloque de senadores del Frente Amplio UNEN no va acompañar al Gobierno en la aventura del desendeudamiento. Esta política está en terapia intensiva, y lo más probable que el país entre en default. Ahora, el gobierno pretende que los legisladores lo acompañen solidariamente al funeral del desendeudamiento, que no ha sido otra cosa que una serie de errores y fracasos”, sentenció Fernando “Pino” Solanas, senador nacional de Proyecto Sur-UNEN, tras la reunión en donde el ministro de Economía Axel Kicillof, el jefe de Gabinete Jorge Capitanich, y el secretario de Legal y Técnica Carlos Zannini, informaron sobre el tratamiento que el oficialismo plantea a partir del fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos sobre los fondos buitres.

Solanas dijo que “no vamos a ser cómplices de estas medidas que acciona el kirchnerismo. Esta es la primera vez que convocan a legisladores opositores a tratar los asuntos de la deuda. Siempre reclamamos información y siempre la negaron. El Gobierno negoció en absoluto secretismo, cuando está obligado a comunicar al parlamento, cada tres meses, las medidas de negociación de una deuda que pagaron de manera indiscriminada. Las deudas siempre deben ser pagadas pero también analizadas para constatar su legitimidad”.

El senador nacional de Proyecto Sur-UNEN señaló que “todos deseamos que el conflicto con los fondos buitres se resuelva de la manera más favorable a los intereses del país; por eso le pedimos al Gobierno Nacional que haga todos los esfuerzos para evitar males mayores para Argentina”.

Por Martín Lousteau

Hace un mes describí la decisión que la Suprema Corte de Justicia de los EE.UU. debía tomar en el caso del "fondo buitre" NML contra la Argentina como un meteorito que se nos acercaba peligrosamente, y cuya trayectoria cierta desconocíamos. La comparación no era antojadiza: mientras acá comentábamos la previa del Mundial, allá lejos y a gran distancia de nuestra cotidianidad, se estaría resolviendo una cuestión con fuertes efectos sobre nuestro país.

Fue esa misma preocupación la que, a pesar de las discrepancias generales de política y de las críticas acerca del manejo puntual de esta cuestión, nos llevó a un grupo de diputados de la oposición a acompañar a la comitiva que viajó la semana pasada rumbo a Washington para explicar la posición argentina. Absolutamente nadie sabía qué curso de acción tomaría finalmente la Corte pero casi todos coincidíamos en que, si llegaba a extender los plazos, todo esfuerzo constructivo valía la pena.

Desafortunadamente, ahora ya sabemos que ese margen no existe: la Suprema Corte estadounidense rechazó tomar el caso argentino , dejando firmes los fallos de instancias previas. Quedamos con limitados cursos de acción. Uno es abrir el espacio para una negociación inteligente, que todos -los holdouts, la Justicia y el interés nacional- reclaman. Los yerros previos nos dejaron en una posición de debilidad que debemos intentar revertir. El alarde de intransigencia, la amenaza con un nuevo canje y hasta con un default técnico son, en ese sentido, tácticas válidas.

Sin embargo, es imprescindible actuar con precaución. Todo este proceso -y ayer hemos tenido una nueva muestra- ha demostrado que confundir la política de atril orientada al electorado interno con el diseño riguroso de la acción judicial puede ser sumamente costoso. Al igual que carecer de una visión sistémica: es contradictorio solicitar la cooperación de EE.UU. por este tema, mientras se insiste en el acuerdo con Irán o se dan señales de apoyo a la Rusia de Putin por el conflicto en Crimea. Finalmente, la acumulación de errores deriva en reacciones tardías y excesivamente onerosas cuando nos enfrentamos a la urgencia, tal como fueron los arreglos en el marco del CIADI, la indemnización a Repsol y el acuerdo con el Club de París.

Los fondos que están litigando contra la Argentina aprovechan ese marco de confusión para caracterizar y caricaturizar falsamente no a un gobierno, sino a un Estado y a una sociedad. Y para ello cuentan con abundantes recursos y capacidad de lobby. Por ese motivo han logrado volver irrelevante la verdad: a diferencia de otras crisis de fines de los ´90 (México, Rusia, Corea, Tailandia, etc), la Argentina se recuperó repagando compromisos con el exterior en lugar de recibir fondos; la reestructuración de deuda fue inevitable; los términos de la misma terminaron siendo más generosos que lo que se percibe, y lo serían aún más si nuestro país redujera su costo de financiamiento a niveles cercanos a los que tuvo a comienzos del 2007, antes de la intervención del Indec. En efecto, si el costo de fondeo fuera de 7%, ¡lo otorgado a quienes entraron en el primer canje sería cercano a 77 centavos por cada dólar!

Cuando nuestros adversarios ganan esa batalla dialéctica, comienza a perder peso su clasificación como "buitres" o recordar que esos mismos fondos que avanzan judicialmente contra nuestro país tienen como política ganar dinero buscando oportunidades entre la carroña: obtuvieron 300 millones de dólares con la bancarrota y el rescate público de Chrysler, y más de 1000 millones de dólares relacionados con la caída de Lehman Brothers, mientras intentan seguir exprimiendo esa situación en la justicia de los EE.UU.

Ya está. Todo eso es pasado. Desde el lunes los errores cometidos con anterioridad poco cuentan -salvo como aprendizaje- y sólo cabe concentrarnos en resolver de la mejor manera posible el futuro. Nuestro país está todavía a tiempo de evitar males mayores, pero para ello no puede contentarse sólo con la diatriba, declamando que no cederá a la extorsión, vilipendiando a Griesa y sosteniendo que el fallo es sólo una grieta que los holdouts encontraron en una estrategia por demás sólida. Es tiempo de cuidar las expresiones (¿por qué, por ejemplo, el ministro comete la imprudencia de sostener en una conferencia de prensa que, si se pagara, los que entraron al canje podrían tener derecho a reclamar por la suma de 120 mil millones de dólares?) y -más imprescindible aún- de saber negociar priorizando los intereses nacionales de largo plazo y comprendiendo acabadamente los riesgos.

En momentos de duda, el Gobierno acudió a las demás fuerzas políticas para presentar la cuestión como una política de Estado y recibió sostén. Ayer tuvo lugar una reunión de Capitanich, Kicillof y Zannini con todos los presidentes de bloque , tanto del Senado como de Diputados, solicitada por el PEN y volvió a encontrar la misma predisposición. Pero el Gobierno también tendrá que hacer su parte, abandonando la soberbia, rompiendo la endogamia para adoptar una actitud más abierta y, sobre todo, actuando con rigurosidad. Eso es lo mínimo que reclama -de todos- esta delicada situación..

Por Mariano Grondona.

Es curioso lo que está pasando en los tribunales de Nueva York. Nuestro gobierno está perdiendo en ellos un pleito tras otro frente a los "fondos buitre" porque, aunque parezca mentira, no se empeña en ganarlos, sino en convencer a nuestro propio público de que "merece" ganarlos. Quiere ser algo así como el "vencedor moral" de una contienda mediática que no se resuelve en los tribunales, sino fuera de ellos.

Todo empezó quizá cuando a nuestros acreedores empezamos a llamarlos "fondos buitre". Esto les dio a los pleitos un tono épico, un alcance moral. Ellos eran los "malos" y nosotros, los "buenos". Nuestra eventual derrota dejó de ser entonces un mero incidente judicial para convertirse en un agravio inaceptable. De aquí a imaginar una conspiración internacional contra la Argentina no había más que un paso. En este contexto, parecía apropiado victimizarse para demostrar que nuestro gobierno estaba jugando cuesta arriba, en una cancha inclinada.

Ambos rivales de Nueva York, así, operaban en frentes separados. En los tribunales judiciales y ante la opinión pública argentina. En aquéllos, ganaban los fondos buitre. Ante ésta, ganaba el nacionalismo a un punto tal que resultaría antipático, entre nosotros, hacerles una mínima concesión a nuestros rivales, al menos en público. La cancha estaba, en efecto, inclinada. En el plano judicial estábamos perdiendo. Pero en el plano emocional estábamos ganando. La cancha era de ellos. La tribuna era nuestra. Pasó algo parecido en la Guerra de las Malvinas. Perdimos, pero ganamos. Mientras tanto, por supuesto, los ingleses siguieron en las Malvinas del mismo modo que los fondos buitre están ganando en Nueva York.

Un adagio romano rezaba así: "Suaviter in forma, fortiter in re" ("suaves en la forma, fuertes en la realidad"). Lo cortés no quita lo valiente. Pero tanto en las Malvinas como ante los fondos buitre nosotros fuimos "fortiter in forma, suaviter in re". Ganamos, pero perdimos. Ganamos ante las masas. Perdimos en la realidad.

En general, las cuestiones diplomáticas, de gobierno a gobierno, discurren de otra forma que en la plaza, donde se hace presente el pueblo. Pero también el pueblo, finalmente, cuenta. El arte de gobernar consiste en atraer al pueblo a la plaza, para que refuerce al gobierno. Pero esto no se consigue si son otros los intereses del pueblo. Si la articulación entre los impulsos populares y las metas gubernamentales es adecuada, aumenta la eficacia del Estado. En el caso contrario, se debilita el vínculo entre el pueblo y el Estado.

En sus tramos finales, el gobierno de Cristina atraviesa su fase más débil. No tiene, por otra parte, una tradición a la cual aferrarse. Lo más inquietante es, en esta materia, que aún no se anuncia aquel que debiera reemplazarlo. Cristina, como Kirchner, quiso todo, pero se está quedando casi sin nada. El consuelo es que después de este matrimonio del poder vendrá probablemente un consenso republicano, en cuyo interior varios tendrán algo, pero nadie podrá pretenderlo todo. Será entonces, en medio de esta moderación, que se podrá construir un consenso republicano, pluralista y rotativo, las aguas mansas del poskirchnerismo donde florecerá la normalidad, para beneficio de todos.

La pretensión totalitaria de Cristina, mientras tanto, se apaga sin dejar sucesión. En lugar de su frustrado monopolio vendrán intentos valiosos, pero ninguno de ellos totalitario. Seremos finalmente una república, donde varios contarán, pero ninguno de ellos demasiado. Seremos finalmente lo que queremos ser, una república democrática.

No habría que hacerse demasiadas ilusiones sobre la presunta eficiencia de la inminente república democrática. Como en Chile o Uruguay, lo suyo no será probablemente "brillante", sino apenas "normal". Normal y creciente, por una maduración casi necesaria. Después de tantos sobresaltos, de tantas idas y venidas, ¿no debiéramos contemplar esta perspectiva con satisfacción, casi con entusiasmo?

Otorguémosles a los tiempos que vendrán, de antemano, el beneficio de un moderado optimismo. ¿Qué ha sido la Argentina hasta ahora? Una promesa tan alta como su discontinuidad. Grandes impulsos, grandes baches. ¿Podemos imaginarnos, a cambio, la suma constante, sin prisa y sin pausa, de la continuidad? ¿En lugar de las grandes exaltaciones y las grandes frustraciones, la suma del fecundo día a día que se estire hacia el futuro en la dirección que nos habíamos prometido? La grandeza de la Argentina que todavía esperamos no se anunciará al fin mediante personajes extraordinarios, sino mediante la marcha tranquila de todo un pueblo al cual, finalmente, le habrá llegado la hora porque habrá decidido no resignarse, como San Martín, a no ser nada.

Por Guillermo Kohan

El escenario de una transición no tan ordenada hasta el final del mandato de Cristina Kirchner volvió a la mesa de discusión entre empresarios y banqueros, después de la derrota judicial de la Argentina en Estados Unidos, en el pleito contra los inversores que no aceptaron los canjes de la deuda.

Ya no es novedad para nadie, todos saben que de una u otra manera, se ha complicado y muy seriamente la última bala de plata que tenía el Gobierno para llegar bien a las elecciones de 2015 y entregar el mandato con razonable estabilidad económica y sin temblores financieros en el medio. Básicamente, y como se comentó en esta columna hace 15 días, tomar deuda en el exterior para mantener sin ajuste el gasto público y que la emisión, la devaluación y la inflación hasta el año que viene resulte soportable. Seguir gastando, pero devaluar poco y compensarlo con más deuda externa. A la vez, con supuestos más dólares del exterior, aliviar la recesión con menos cepo a las importaciones y más inversión en YPF y obra pública. El acceso a ese financiamiento externo se ha complicado severamente. Y los dólares voluntarios que los argentinos están ahora dispuestos a soltar son cada vez menos.

Así las cosas, en las últimas horas la ansiedad empresaria escaló varios peldaños. Ahora ya no se discute si habrá o no reactivación en el segundo semestre. O si la devaluación futura será mayor o menor, de a poco o de golpe. El punto en debate es si Argentina podría terminar el año que viene con los parámetros económicos que rigen en Venezuela, y la consecuente radicalización política que suele acompañar estos procesos.

Hace 30 días la brecha cambiaria era 30%. Ayer llegó a 50%. En Caracas supera 500%. La inflación medida por el sector privado ya no baja de 40% anual. Puede llegar al doble, como en Venezuela. El cepo cambiario que aplica el gobierno de Nicolás Maduro es varias veces más restrictivo que el que rige en Argentina. Todavía aquí no se estableció cupo máximo para el consumo en el exterior con tarjeta de crédito. Y no hay límite personal para los gastos que se pueden efectuar en el extranjero. Al dólar oficial, las exportaciones todavía se pueden cobrar y las importaciones, con autorización oficial, se pueden pagar. Y hasta ahora en la administración Kirchner, ningún opositor ni ningún empresario fueron a la cárcel acusado de traición. Apenas aparecieron ayer afiches en la calle y las redes sociales con sello oficialista, proponiendo una reflexión respecto del caso de la deuda: ‘Patria o Buitres’. Está claro que el clima político y económico en Argentina está lejos de Venezuela, pero también es evidente que la perspectiva de un nuevo default acorta las distancias.

Mientras se define si la Argentina vuelve al default o abre una negociación con los holdouts bajo el paraguas del juez Griesa, el dólar escaló otro pesito, y en la calle se vende a $ 12,50. Hace 15 días valía 11,50 y hace 45 días 10,50. Revela el golpe inflacionario que seguirá afectando a los sectores medios y bajos; más el efecto pobreza en los sectores altos por la fuerte caída en el precio de los activos argentinos ante la inminencia de un nuevo conflicto con la deuda. Menos inversiones, menos empleo y cada vez mayor rechazo al Gobierno y su política económica.

Los mercados vuelven a dividirse, entre los que opinan que finalmente se evitará el default porque habría una solución a la Repsol para los holdouts (emitir bonos para cerrar el juicio ya perdido); y quienes opinan que otra vez será todo un fracaso, con default y crisis inevitables.

Tal vez la verdad esté en el medio, lo cual de todos modos confirmaría una economía en retroceso y que no se recupera. Bonos en default, otros que se pagan, negociaciones que van y vienen, más juicios que se abran en EE.UU., alta volatilidad en el mercado de acciones y bonos con la industria financiera más viva que nunca. Dólar blue, tasas blue, economía blue, malvinización interna contra los empresarios y los mercados, acusaciones al periodismo, escenas y declaraciones ridículas, todo lo ya visto y oído desde que Cristina instaló el cepo en 2011. El manual de la estrategia que llevó a la Presidenta a la estrepitosa derrota electoral el año pasado.

Buenas noticias para Sergio Massa, alguna complicación para Mauricio Macri que gestiona, más cuesta arriba para Daniel Scioli. Por algo el Gobernador envió a sus economistas de consulta, Blejer y Bein, a dialogar con Kicillof para convencerlo de que arregle como sea los juicios en Nueva York para salir urgente a emitir deuda. Los gobernadores se juegan su futuro, según la caja que puedan asegurarse hasta fin de 2015. Y la emisiones de deuda que estaban en las gateras, por ahora quedaron congeladas.

Quienes opinan que esta vez la sangre no llegará al río (los mismos que creyeron el cuento de que la Corte Suprema de EE.UU. pediría opinión al Procurador para ganar tiempo), argumentan que Cristina no se va a suicidar, y que comprende lo que significa un nuevo default y no poder colocar deuda para terminar sin crisis financiera su mandato. Apuntan que no tendría sentido pegarse un tiro en la sien por u$s 1500 millones hoy, que es cierto podrían ser más, pero en el futuro y según como y a quien le vayan cayendo los juicios. Qué sentido tuvo arreglar con Repsol y el Club de Paris, para perderlo todo ahora. Sugieren que la solución está a mano, pagando el fallo de Griesa con un bono emitido a 10 años al 87% de paridad como cotiza hoy el Argentina 2024, y realizando de inmediato el canje del Boden 2015 para despejar toda duda de problemas en los pagos de 2015.

Los pesimistas recuerdan que en la era Kirchner nunca se da la lógica. Ni se aceptan las soluciones razonables. Desde la crisis con el campo, un conflicto que desgarró al país por apenas u$s 500 millones, a esta turbulencia financiera auto generada por el inexplicable manejo económico que lidera Axel Kicillof y que deslumbra a la Presidenta, a pesar del gran retroceso verificado desde 2011, el año en que Kicillof comenzó a tomar las riendas de la economía y se profundizó el estatismo, los controles y el intento por planificar y regular cada vez más la producción y la vida económica de las empresas y las familias.

El ministro habló en estas horas de la ‘fiesta neoliberal’ que generó la deuda en default, un recurso conocido para quitarse la responsabilidad por las consecuencias que está generando su gestión al frente de la economía del país. Nada dijo de la fiesta del estatismo y el gasto público que conduce, y cuyos resultados no mejoran precisamente la historia argentina. En el segundo mandato de Cristina, el mandato de Kicillof, el precio del dólar pasó de 4 a 12 pesos. Se profundizó la crisis social a tal punto que la señora de Kirchner entregará el país en 2015 con más de 15 millones de pobres. El doble de lo que recibió de su marido a fin de 2007.

Por P. Andrés Neumeyer

El 23 de diciembre de 2001, el entonces presidente de la Argentina, Adolfo Rodríguez Saá, anunció la suspensión del servicio de la deuda soberana del país, que en su momento ascendía a US$ 100.000 millones. En 2005, la Argentina reestructuró el 76% de estos bonos en default bajo ley extranjera y, en 2010, el país hizo un nuevo canje que llevó la fracción de la deuda normalizada al 93%. Uno de los temas pendientes de la crisis de 2001 es la solución de la situación del 7% de la deuda aún en default.

Los tenedores de esta deuda, holdouts, llevaron al país a la Corte, argumentando que si la Argentina paga los bonos nuevos emitidos en los canjes de 2005 y 2010, debe pagar los bonos en default en los mismos términos. El lunes pasado, la Corte Suprema de los EE.UU. validó las decisiones de cortes inferiores del estado de Nueva York que les dan la razón a los acreedores, obligando a la Argentina a pagar esta deuda (más los intereses corridos).

Según la Corte, la Argentina está obligada a pagarles en las mismas condiciones a los dueños de bonos emitidos en los canjes de 2005 y 2010 bajo la jurisdicción del estado de Nueva York que a las dueños de los bonos aún en default. Es decir, si la Argentina cumple con el compromiso de pagarles a los tenedores de los bonos nuevos, también les debe pagar lo adeudado a las bonistas que no entraron en los canjes. Asimismo, si el país no les pagara a los holdouts toda la deuda emitida en 2005 y 2010 bajo la ley de Nueva York, entraría en un nuevo default. Esto implicaría un nuevo y costoso proceso de negociación y es probable que resultara en la pérdida de muchas oportunidades de inversión y complicara la situación cambiaria y financiera. También se esfumarían los potenciales beneficios de arreglos con el Club de París, con Repsol y con los acreedores del Ciadi.

La Argentina podría normalizar su situación con los tenedores de los bonos en default sin gastar un dólar de las reservas del Banco Central (BCRA). Al igual que en el caso de Repsol, podría ofrecer saldar las deudas con nuevos bonos. Para que la oferta fuera aceptable, el valor de mercado de estos bonos debería ser igual al de la deuda, o sea, US$ 1330 millones para el caso que se acaba de resolver (NML Capital vs. Argentina). La misma fórmula podría ser usada para los demás casos que se presenten. Esto cerraría el default de 2001 y le permitiría al país continuar su reinserción en el mercado internacional.

La dificultad de esta solución radica en cómo valuar los bonos que emita la Argentina. Una vez que la Argentina arregle la situación con los holdouts, el fantasma inmediato de un nuevo default desaparece y el precio de los bonos soberanos argentinos subirá. Los acreedores van a tratar de valuar los instrumentos de pago a los precios de la deuda argentina vigentes hoy.

La Argentina tiene que tratar de que la valuación de los instrumentos de pago sea la que impere después de que toda su deuda esté normalizada. Una fórmula posible para hacerlo es proponerle al juez pagar la deuda con una cantidad de bonos que hoy tengan un valor de mercado de, por ejemplo, US$ 1000 y comprometerse a que si en seis meses (u otro plazo por acordar) el valor de mercado no sube a US$ 1330 millones, la Argentina les entregará nuevos bonos a los acreedores hasta completar el valor adeudado con los precios de mercado vigentes en la fecha acordada.

El país tiene la oportunidad de cerrar la saga del default y estar más cerca de reinsertarse en los mercados internacionales. El valor de esto es inmenso. Facilitar el acceso al crédito aceleraría el desarrollo de los yacimientos de Vaca Muerta, que valen más de 180 veces el valor de toda la deuda aún impaga de 2001. Finalizar el default también bajaría el riesgo país, destrabaría créditos de organismos internacionales y estimularía la inversión y el consumo. Los beneficios de cerrar este capítulo de la historia financiera holgadamente exceden los costos.