POR JEREMY TORDJMAN. NML Capital y Aurelius Management, que lograron una condena que obliga a Argentina a pagarles, tienen una reputación de especuladores sin escrúpulos.
Luego de que Argentina declarara una moratoria de pagos en 2001, estos dos fondos especulativos recompraron la deuda del país a precios de chatarra, rechazaron toda negociación y acudieron a los tribunales para obtener el pago de los títulos al valor original y embolsarse la diferencia.
"Es un modelo de negocios en el mejor de los casos legítimamente cuestionable y en el peor, moralmente corrupto", declara a la agencia AFP Eric LeCompte, director del grupo de ONG Jubilee Network USA, que ha seguido atentamente el caso.
Pionera en la materia, la casa matriz de NML, Elliott Management, se destacó ya en Perú en los años noventa en el medio de dificultades económicas. El fondo recompró 20 millones de dólares en deuda pública y se negó a participar de un programa de reestructuración lanzado por el país, antes de recuperar 58 millones de dólares en la justicia.
Esa cifra representa "centavos" frente a los más de 1.300 millones de dólares que esperan ahora cobrar en efectivo de Argentina, luego de que la Corte Suprema estadounidense confirmara una sentencia de 2012 de un juez neoyorquino.
"Ellos utilizan procedimientos judiciales muy rigurosos y demandan por el valor total (de la deuda) a pesar de que en realidad nunca invirtieron en el país", agrega LeCompte.
Gusto por el secreto. Instalados en Nueva York, los dos fondos comparten un mismo gusto por el secreto sobre el monto y la naturaleza de los activos que manejan. Elliot tendría la mano sobre más de 21.000 millones de dólares, por encima de Aurelius y sus 4.300 millones.
Sus sitios de internet a penas ofrecen un número de teléfono y ninguno quiso responder a las preguntas de AFP.
A pesar de esa discreción, el propietario y fundador de NML y de su casa matriz Elliot Management se permite de vez en cuando desfilar frente a los reflectores.
Dueño de una fortuna personal de 1.500 millones de dólares según la revista Forbes, Paul Singer es un invitado habitual al gran convite de las finanzas mundiales en Davos, donde no duda en compartir sus ideas.
En la última reunión en tierras suizas, en enero, este casi septuagenario de barba arreglada fustigó a Argentina, que era sacudida, como otros países emergentes, por una fuerte volatilidad financiera.
"Lo que pasa en Argentina es consecuencia de las horribles políticas gubernamentales", afirmó entonces, siempre asegurando que su litigio contra Buenos Aires podría arreglarse en una "tarde" de negociaciones.
A finales de 2012, su fondo NML mostró una faceta menos conciliadora al hacer detener un barco militar argentino en Ghana para hacer doblegar a Buenos Aires. La iniciativa se revirtió pero demostró la determinación del inversionista.
Paul Singer está a veces donde no se le espera. Ha criticado los excesos del sistema financiero y hace causa común por el matrimonio gay, deplorando la frivolidad del Partido Republicano en el tema y calificando la unión entre personas del mismo sexo como "refrescante".
Perfil bajo. En contraste, el fundador de Aurelius se beneficia de un bajo perfil. Mark Brodsky, que se formó al lado de Singer, no ha entrado aun a la élite financiera mundial y se mantiene más discreto que su mentor.
En Estados Unidos, su fondo, sin embargo, mantiene una batalla abierta tras la quiebra del grupo editorial Tribune (propietario de los diarios Los Angeles Times y Chicago Tribune), alegando que fue afectado por el plan de reestructuración de ese grupo aprobado en 2012.
Por otra parte, Brodsky tomó la pluma en 2013 para rechazar la idea de que el procedimiento contra Argentina amenazaría las futuros procesos de reestructuración de deuda soberana.
"Argentina es el mejor ejemplo en el mundo de cómo un país no debe amenazar a sus acreedores", escribió en una carta abierta publicada por el Financial Times. "El sistema financiero global se coloca en riesgo al recompensar esa conducta, no al hacer respetar los contratos", señaló.
Desde una salida negociada y con plazos hasta un default total; cuáles son las alternativas que enfrenta el país según el camino que elija para solucionar el caso de los holdouts.
El margen de opciones que manejaba la Argentina para resolver el curso de su deuda en cesación de pago se acotó considerablemente luego de que la Corte Suprema de Estados Unidos decidiera rechazar el análisis de la causa que el país mantiene con los fondos buitre.
El golpe de gracia fue la decisión de la justicia de Nueva York de levantar la medida cautelar que impedía el embargo de activos argentinos como forma de cobro de los litigantes. Esta medida acotó los tiempos de respuesta del país y aumentó los riesgos financieros: el próximo 30 de junio el Gobierno pagaría un servicio de interés de unos 300 millones de dólares que, si es retenido, pondría al país en default técnico.
Para el economista Esteban Domecq, director de la consultora Invecq , el mejor escenario posible es una alternativa negociada que no incluya pagos al contado. De acuerdo con su análisis, estos son los escenarios que enfrenta el país y sus posible derivaciones:
Esquema de posibles soluciones del conflicto con los holdouts. Foto: InvecqLos 1300 millones que el Estado Nacional debe pagar a los fondos buitres que litigaron en el juzgado de Thomas Griesa no son más que la punta del iceberg de 15.000 millones que reclaman los otros holdouts, pero que aún no iniciaron una acción legal.
Es decir, el modo en que se resuelva el pago de este juicio puntual afectará a las consecuencias sobre el resto.
NEGOCIACIÓN PÚBLICA
Si los representantes del Gobierno argentino conducen una negociación pública y voluntaria con los fondos buitre en el juzgado dispararía la clásula RUFO (Rights Upon Future Offers) de los canjes de deuda, por la cual el país no puede ofrecer a otros tenedores mejores condiciones de pago que a quienes aceptaron reestructurar la deuda.
El timing del desenlace de los hechos le jugó una mala pasada al país. La cláusula RUFO vence el 31 de diciembre de 2014. El mayor apuro está dado por el pago de deuda en Nueva York que realizará el Estado el próximo 30 de junio y estaría sujeto a embargo.
ACUERDO PRIVADO
Consistiría en una negociación privada y por fuera de los tribunales con los acreedores a la cual el país se vería obligado a asistir por obligación de una Corte extranjera. Existe la posibilidad de que esta alternativa no active la RUFO, dado que el país se prestaría de modo compulsivo (en vez de voluntario).
"La habilidad de negociación es lo que determinará que la Argentina evite el default. Si el país paga al contado los U$S 1300 millones, los otros U$S 15.000 millones pedirán lo mismo y en estos momentos no hay fondos para afronta esa situación. La mejor alternativa sería un acuerdo de pagos que implique parte de efectivo, plazos e intereses", opina Domecq.
Podrían desprenderse dos subescenarios de esta decisión:
Si la Argentina desoye la sentencia de pago a los fondos buitre y el 30 de junio efectúa el pago de 300 millones de dólares en Nueva York estos fondos podrían ser embargados judicialmente y ocurriría el default técnico.
El Gobierno puede promover un "cambio de legislación" para todos los bonos que se deben pagar en el exterior. Esto quiere decir cambiar el lugar de pago, pasarlo de Nueva York a Buenos Aires, por ejemplo. Si existiera un "canje" de este tipo debería tener una aceptación mínima del 85% para que sea de aceptación compulsiva por la totalidad de los tenedores.
Para Domecq "hacer caer el canje por incumplimiento de la RUFO, un default técnico o un cambio de legislación afecta notablemente la posición argentina en los mercados de deuda. Virtualmente el país podría quedar por completo afuera de los mercados internacionales, con las consecuencias que esto implica".
"La República Argentina lamenta la decisión adoptada en el día de la fecha por la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos, que deja sin efecto la suspensión (“stay”) de las medidas cautelares pari passu dictadas por el Juez Griesa.
Las órdenes pari passu le impiden a la Argentina efectuar el próximo 30 de junio el pago de los cupones de deuda en cumplimiento a sus acreedores reestructurados a menos que, en simultáneo, pague la totalidad de lo reclamado por los fondos buitres (que podría ascender a U$D 15 mil millones)
El levantamiento del “stay” por parte del Segundo Circuito imposibilita así el pago en Nueva York del próximo vencimiento de la deuda reestructurada y muestra la inexistencia de voluntad de negociación en condiciones distintas a las obtenidas en la sentencia dictada por el Juez Griesa.
Por último, Argentina reitera la voluntad de pago a sus acreedores reestructurados, ya que siempre ha ofrecido pagar bajo las mismas condiciones y en concordancia con la ley del país".
Infobae
El Ministerio de Economía sostuvo este miércoles por la noche que la suspensión de las medidas cautelares dictadas por el juez de Nueva York Thomas Griesa "impiden" el pago de los u$s900 millones por el bono Discount de la deuda reestructurada que vence el 30 de junio próximo en la jurisdicción de Nueva York.
Ocurre que el levantamiento del stay implica que los holdouts pueden pedir el embargo de cualquier giro monetario que haga la Argentina hacia EEUU.
La cartera conducida por Axel Kicillof lamentó anoche, a última hora, la decisión adoptada ayer por la Corte de Apelaciones neoyorquina y consideró que esa actitud "muestra la inexistencia de voluntad de negociación en condiciones distintas a las obtenidas en la sentencia dictada por el juez Griesa".
En un breve comunicado, donde nada se informó sobre lo discutido y resuelto ayer a la tarde entre los abogados del país y Griesa entorno al pago a los holdouts, se reiteró, por el contrario, lo dicho los últimos días por la presidente Cristina Kirchner y Kicillof: "Las órdenes pari passu le impiden a la Argentina efectuar el próximo 30 de junio el pago de los cupones de deuda en cumplimiento a sus acreedores reestructurados a menos que, en simultáneo, pague la totalidad de lo reclamado por los fondos buitres (que podría ascender a u$s15 mil millones)".
"El levantamiento del 'stay' por parte del Segundo Circuito imposibilita así el pago en Nueva York del próximo vencimiento de la deuda reestructurada y muestra la inexistencia de voluntad de negociación en condiciones distintas a las obtenidas en la sentencia dictada por el Juez Griesa", añadió.
El comunicado cierra indicando que "Argentina reitera la voluntad de pago a sus acreedores reestructurados" ya que "siempre ha ofrecido pagar bajo las mismas condiciones y en concordancia con la ley del país", por lo que deja abierta la posibilidad de avanzar con el cambio de jurisdicción para cancelar en Buenos Aires las obligaciones con los bonistas que aceptaron los canjes en 2005 y 2010 pese al rechazo de esa acción por parte de Griesa y de quedar al borde del "desacato".
El mensaje llegó horas después de que los representantes legales de Argentina y los holdouts comparecieran ante Griesa en Nueva York tras el rechazo de la apelación presentada por Argentina ante la Corte Suprema de EEUU.
Más temprano, la Corte de Apelaciones de Nueva York anunció el levantamiento de la suspensión cautelar que pesaba para concretar la ejecución de los pagos a los denominados fondos buitre.
El juez Thomas Griesa citó para la próxima semana a una nueva reunión entre Argentina y el fondo NML Capital, en la que el país deberá explicitar su voluntad de negociación a través de la presentación de una propuesta a los holdouts.
iEco.
Una delegación del Gobierno argentino viajará a Nueva York la semana próxima para conversar con los fondos buitre, dijeron fuentes judiciales en Manhattan esta tarde.
Hoy, el juez Thomas Griesa mantuvo un encuentro con representantes de las dos partes que se enfrentaron en el Juicio del Siglo: Argentina vs Fondos buitre. Ocurrió luego de que la Corte Suprema de Justicia de EE.UU. decidiera el lunes pasado, no tomar una apelación argentina para rechazar un fallo del juez Griesa que obliga a la Argentina a pagar US$ 1.330 millones a los holdouts.
Argentina, para evitar un default, deberá pagar los buitres en el mismo momento que desembolse sus obligaciones a los tenedores de deuda reestructurada. Ello podría ocurrir el 30 próximo cuando venzan US$ 900 millones: US$ 225 millones corresponden a tenedores de la plaza de Nueva York. Hoy la Cámara de Apelaciones levantó la medida de innovar que había sobre el fallo Griesa.
"Argentina negociará con los holdouts", dijo una fuente en Nueva York. Robert Cohen, un abogado que representa a NML dijo: "Si ellos (por Argentina) quieren conversar sobre el pago, saben cómo encontrarnos".
La Corte de Apelaciones de EE.UU. levantó la medida cautelar en litigio por bonos de Argentina. Así lo publicó en Twitter la cuenta oficial del servicio en español de Reuters para América Latina de @ReutersLatam.
Esta decisión de la Justicia de los Estados Unidos dejó sin efecto la medida que suspendía el pago a los holdouts. Ahora, los fondos buitres quedaron habilitados a exigir el pago de u$s 1.300 millones.
Se esperaba una decisión de esta índole, luego de que la Corte Suprema de Estados Unidos rechazara tomar el caso que enfrenta a la Argentina con los fondos buitre, y dejara firmes las resoluciones previas del juez Griesa.
Se especula con que los abogados de la Argentina, que esta tarde se juntarán con Griesa, podrían pedirle al juez vuelva a suspender el pago, si es que se abre una instancia de negociación con los holdouts.
El ministro de Economía, Axel Kicillof, ya dejó en claro que, de no lograr un amparo de este tipo, la Argentina caerá en un default técnico, ya que, según argumentó, el país no tiene capacidad de pago para afrontar los vencimientos con los bonistas que accedieron a ingresar a los canjes y los fondos buitre que acaban de ganar el pleito judicial.
La próxima fecha clave es el 30 de junio, el próximo vencimiento.
"No está confirmado que vaya una misión negociadora a Nueva York a sentarse con los fondos buitre". Un alto funcionario del Gobierno relativizaba de esta manera que se estuviera cerca de un acuerdo con el grupo de acreedores que logró sentencia definitiva recientemente en la Justicia norteamericana contra la Argentina. Y fue por más: "No está tampoco descartada la operación de canje de deuda para cambiar el domicilio de pago de los bonos, de Nueva York, a la Argentina". Aún así, que se hable de un posible viaje de funcionarios argentinos a EE.UU. fue suficiente como para súbitamente pasar del infierno al cielo en los mercados.
Como sucedió con la resolución de la Corte de EE.UU. el lunes, ayer se repitieron las mismas críticas oficiales pero contra otro actor principal de esta saga: el juez Thomas Griesa. Concretamente se habló de que la Justicia norteamericana pulverizó el acuerdo logrado con bonistas por casi el 93% de la deuda caída en default en 2001. Y sobre Griesa puntualmente, se refirieron a su edad, 85 años; para el Gobierno, una suerte de Fayt, "legislación Nueva York". Las críticas se canalizaron con conversaciones con funcionarios norteamericanos, puntualmente con Kevin Sullivan, encargado de negocios de la embajada de EE.UU. en Buenos Aires. Los propios diplomáticos estadounidenses se mostaron sorprendidos por la decisión de la Corte Suprema de su país. Mucho más por hacer o decir, no tenían a mano.
Festejo buitre
En Nueva York, en simultáneo, los ejecutivos del fondo buitre Elliot tenían sobrados motivos para festejar. Ya se les levantó la medida cautelar que impedía el bloqueo de los pagos, el juez Griesa se mostró previsiblemente muy crítico de las declaraciones de Cristina de Kirchner y Axel Kicillof, y fundamentalmente por primera vez en los casi 13 años que transcurrieron desde la cesación de pagos de 2001, (y desde que empezaron a atesorar bonos argentinos), ven posibilidades ciertas de cobro. Un elemento trascendental que se debe tomar en cuenta para la eventual negociación con la Argentina es que los acreedores que lograron sentencia definitiva en el juicio por el "pari passu" el lunes, pondrán en la mesa de negociación -eventual- con funcionarios argentinos, no sólo los u$s 1500 millones aproximadamente involucrados en esa causa, sino otros u$s 4.500 millones que tienen en cartera. Es decir, que el monto en esta etapa negociadora arrancará con u$s 6.000 millones como máximo. Según fuentes que tienen fluído diálogo con ejecutivos de fondos buitre en Nueva York, "difícilmente en esta instancia se logre un acuerdo por menos del 90% de ese total".
Anoche el Ministerio de Economía difundía un comunicado advirtiendo que tras el levantamiento de la medida cautelar, el pago en Nueva York del Discount no iba a ser posible (ver pág.2). Esto va en línea con el anuncio del ministro Kicillof de poner sobre la mesa la posibilidad de lanzar un canje de la deuda y de manera tal canalizar pagos en Buenos Aires. Esa posibilidad, de difícil concreción dado que el juez Griesa bloqueará a todos los intermediarios que participen, implicaría entrar ya en desacato de las órdenes judiciales norteamericanas. Una muestra del temor existente al respecto en abogados norteamericanos es que, consultados sobre este escenario, se niegan a responder. Hay varios mecanismos en danza, como que sea el Banco Nación el que compre a tenedores de bonos con legislación NY sus tenencias, creación de "trustees" o ingenierías contables o financieras para el no cumplimiento. Atrás quedaría así la promesa lanzada hace un mes en el último escrito presentado ante la Corte norteamericana previo a su resolución en el que el Gobierno argentino aseguraba que "se cumplirá con lo que se resuelva". Mercados y las palabras, con alta volatilidad.
Todo cambió en un minuto. Hasta anoche, el Gobierno preparaba una misión de funcionarios de alto nivel para ir por primera vez a negociar con los fondos buitre la semana próxima. Pero cerca de las 22, el escenario cambió. En un comunicado oficial, el Ministerio de Economía desautorizó a sus abogados y remarcó que no negociaría con los holdouts en estas condiciones. Supeditó las tratativas a que la Justicia de Estados Unidos garantice el pago de los vencimientos de deuda reestructurada en Nueva York, que quedaron sujetos a embargo porque la Corte de Apelaciones de ese distrito levantó ayer mismo la medida cautelar que los resguardaba. Esto dejó a Argentina al borde del default, mientras el Gobierno trabaja contrarreloj para pagar la deuda reestructurada en Buenos Aires el próximo lunes 30.
La Corte de Apelaciones de Nueva York levantó ayer a las 13.30 la medida cautelar que protegía los pagos de deuda del embargo que había dispuesto el juez de distrito Thomas Griesa. El fallo de Griesa a favor de los holdouts, ratificado el lunes por la Corte Suprema de Estados Unidos, obliga al país a pagar a los litigantes u$s 1.500 millones en efectivo antes de continuar honrando los compromisos reestructurados. Poco después, a las 15, los abogados de Argentina y del NML Capital tuvieron una audiencia con Griesa.
En esa corte, según se desprende de la versión taquigráfica a la que accedió El Cronista, el representante de Argentina prometió que funcionarios irían a Estados Unidos a negociar.
He sido informado por Argentina que las autoridades estarán en Nueva York la próxima semana, y que el país quiere tener un diálogo y anhela negociar con los acreedores holdout, incluyendo a los litigantes en este caso y aquí ante su Señoría, dijo Carmine Boccuzzi, uno de los abogados del estudio Cleary & Gottlieb, que representa al país.
Por la mañana, el ministro de Economía, Axel Kicillof, había mencionado la posibilidad de buscar los caminos para trabajar con los fondos buitre en una salida negociada en una reunión reservada con legisladores de distintos bloques, según fuentes de Hacienda. Estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y el secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini.
A última hora de anoche, ese viaje, que era casi un hecho hasta las 20, quedó en suspenso. No confirmarmos ni desmentimos nada del viaje, dijeron cerca de Kicillof. En un día pasó de todo y no sabemos qué va a pasar con el juez mañana, se excusaron.
El comunicado oficial supeditó las negociaciones a un nuevo stay o cautelar y amenazó con el default. Las órdenes pari passu le impiden a la Argentina efectuar el próximo 30 de junio el pago de los cupones de deuda en cumplimiento a sus acreedores reestructurados a menos que, en simultáneo, pague la totalidad de lo reclamado por los fondos buitres (que podría ascender a u$s 15.000 millones), afirmó Economía. El levantamiento del stay (...) imposibilita así el pago en Nueva York del próximo vencimiento de la deuda reestructurada y muestra la inexistencia de voluntad de negociación en condiciones distintas a las obtenidas en la sentencia dictada por el juez Griesa prosiguió, al tiempo que reiteró voluntad de pago a los acreedores del canje.
La posibilidad de negociar con los fondos buitre una forma de pago que evite embargos esperanzaba al mercado, espantado con el fantasma del default. Hasta NML Capital, el fondo de Paul Singer, había confirmado la instancia de negociaciones y, según Bloomberg, hasta la posibilidad de cobrar en bonos.
Funcionarios y legisladores discutieron además sobre el canje voluntario de bonos para cambiar la jurisdicción y pagar la deuda reestructurada en Buenos Aires, algo que ayer avanzó con firmeza. Según una fuente que participa en la operatoria, la Caja de Valores dio su visto bueno para colaborar en el canje, que debería concretarse la semana próxima, tres días hábiles antes del pago de deuda. En concreto, si funcionarios de Economía viajan a negociar con los holdouts lo harán con el canje voluntario a punto de concretarse.
Griesa reiteró que considera esa operación como violatoria de su sentencia. El swap de Kicillof viola las sentencias previas, dijo el magistrado en la audiencia con las partes. El lunes 30, Argentina debe pagar u$s 900 millones. Si no paga parte de esos vencimientos en Nueva York, incurrirá en default técnico. El tiempo corre.
Los abogados argentinos mantuvieron esta tarde una reunión con el juez Thomas Griesa y los abogados del fondo NML, luego del fallo adverso por los fondos buitre.
"No quiero que Argentina se vuelva a reír de una sentencia judicial", habría dicho Griesa en el encuentro realizado en Nueva York, según Infobae.
En la reunión, los representantes legales de Argentina, los abogados Hamilton y Jonathan Blackman le habrían dicho a Griesa que gente del Gobierno negociaría la deuda en forma directa con los acreedores y que para ello, funcionarios argentinos viajarían la semana próxima a Nueva York.
De la otra vereda, los abogados del fondo NML le exigieron a los letrados argentinos que expliquen cuál será su propuesta y que paguen a los holdouts, como lo hicieron con el Club de París y Repsol.
"Aquí hay que encontrar un mecanismo legal para que esto funcione. Argentina en los últimos doce años se ha reído de las sentencias judiciales, no quiero que Argentina se vuelva a reír de una sentencia judicial", habría dicho el juez Griesa en la reunión.
Una exposición informativa y por momentos “exasperante”, sin una estrategia clara y con contradicciones, con “sabor a poco” para los legisladores opositores que a grandes rasgos coincidieron en las conclusiones. En una reunión cerrada en el Salón de Honor de Diputados, el ministro de Economía Axel Kicillof dominó la presentación en el Congreso luego del revés de la Corte Suprema de Estados Unidos en la disputa con los fondos buitre, secundado por el secretario Legal y Técnico Carlos Zannini y el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich. La mayor parte de los diputados y senadores opositores expresaron su respaldo a la posición argentina, aunque se diferenciaron del Gobierno y se mostraron disconformes con los resultados de la reunión.
Luego de una introducción protocolar de Capitanich, Kicillof insistió con los conceptos que había expresado el día anterior: que cumplimiento el fallo empujaría a la Argentina al default, que la intención es “voltear” la reestructuración de la deuda y que se tomarán las medidas para garantizar el pago a los bonistas que entraron al canje, entre otros puntos. También, aunque sin la vehemencia del martes, cargó la responsabilidad en los gobiernos que precedieron al kirchnerismo, lo que generó fastidio entre los opositores. Cuando su exposición iba por los 45 minutos, el massista Mario Das Neves y Martín Lousteau (UNEN) reclamaron que hablara de la estrategia hacia delante.
“No nos vengan a contar lo que ya sabemos”, se quejó el ex gobernador de Chubut. Zannini pronunció después un discurso con fuerte contenido ideológico (contra el capitalismo y el sistema financiero internacional) y a la vez “más realista sobre la posición argentina”, coincidieron varios legisladores. Al final Capitanich remarcó el respaldo de los bloques, con “distintas aristas”.
Julián Domínguez –titular de Diputados- y Gerardo Zamora –presidente provisional del Senado- oficiaron de anfitriones. Trascendió que Amado Boudou no apareció para evitar mayores roces con los opositores. Domínguez dio el pie para que se formularan unas doce preguntas.
Los más duros fueron los senadores Adolfo Rodríguez Saá -remarcó la responsabilidad del Gobierno, y desde el kirchnerismo recordaron que había declarado el default- y Pino Solanas, que criticó el pago de la deuda de manera “indiscriminada” sin constatar su legitimidad.
El radical Mario Negri preguntó cómo harán para cumplir con los bonistas que entraron al canje sin pagar en Nueva York y que eso no implique entrar en default.
Los funcionarios no descartaron enviar un proyecto para cambiar la jurisdicción, aunque dejaron abierta la puerta a una eventual negociación y la reunión convocada para la tarde por el juez Thomas Griesa limitó mayores precisiones ante las consultas de los legisladores.
Néstor Pitrola -del FIT- pidió la convocatoria a un referendo. “Dio la impresión de que pretenden ganar tiempo, negociar y comprometer pagos para el año próximo”, consideró un diputado.
“Fue un informe superficial, con contradicciones y sabor a poco”, resumió otro legislador de la oposición luego de las dos horas y media que duró la reunión.
El ministro de Economía, Axel Kicillof, el secretario legal y técnico, Carlos Zannini, y el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, se reunieron con los jefes de bloque del Senado y de la Cámara Diputados para repasar la situación de Argentina frente al litigio con los fondos buitre.
Según Capitanich, del cónclave resultó un fuerte respaldo de los legisladores a la postura del Gobierno “en su defensa de los intereses del país”, aunque “con distintas aristas”.
El encuentro se desarrolló a puertas cerradas en el Salón de Honor de la Cámara de Diputados durante dos horas y media, por iniciativa del propio oficialismo.
Allí Kicillof explicó los pasos a seguir luego de que el lunes la Corte Suprema de los Estados Unidos rechazara la apelación argentina del fallo del juez Thomas Griesa que condena al país a pagarle 1.330 millones de dólares en efectivo a los holdouts.
“Simplemente trajeron un diagnóstico de la situación, que ya conocíamos", contó el jefe del Frente Renovador en la Cámara de Diputados, Darío Giustozzi.
En efecto, Capitanich ratificó que el Gobierno tiene “voluntad de pago, pero en base a su capacidad de pago”. Es que según la Casa Rosada, el pago inmediato en efectivo que exigen los buitres implicaría que el país entre en default, ya que el total de la deuda pública externa involucra la totalidad de las reservas internacionales del Banco Central.
Sin embargo, mientras se desarrollaba el encuentro los funcionarios fueron sorprendidos con la convocatoria de Griesa a los abogados argentinos y los holdouts para una reunión a las 15. De allí podría salir un nuevo acuerdo para evitar que el país suma este pago o posibles embargos.
Las posturas de la oposición
Al finalizar el encuentro, pasadas las 13, Capitanich ofició de vocero del Gobierno ante los medios y aseguró que “el Congreso ha brindado pleno respaldo a la posición argentina en su defensa de los intereses del país, con sus distintas aristas”.
En efecto, mientras que la UCR y el Frente Renovador respaldaron en líneas generales la postura de la Casa Rosada ante la Justicia estadounidense, otro sector de la oposición insistió en que parte de la deuda es “ilegítima” por haber sido contraída durante la última dictadura.
Esta postura, representada por el senador Fernando “Pino” Solanas, el Frente de Izquierda y el diputado Claudio Lozano, entre otros, considera que no debería acatarse el fallo del juez Griesa y que debería iniciarse una auditoría interna para determinar la legitimidad de la deuda, tal como lo hizo Ecuador.
De hecho la izquierda redobló la apuesta y pidió una consulta popular, tal como se hizo en Islandia, para que sea el pueblo quien determine cómo resuelve el tema. “Rechazamos todo pago y toda negociación con los fondos buitre, a diferencia de lo que sostiene el oficialismo y la mayoría de las bancadas de la oposición. Hoy quisieron esconder cómo se pactaba entre todos estos ‘pagadores seriales’ de la deuda externa”, manifestó Nicolás Del Caño (PTS-FIT).
Con la misma postura, Solanas puso en aprietos a sus colegas radicales. “Unen no los acompaña al entierro”, manifestó en diálogo con la prensa y acusó al kirchnerismo de no haber hecho nada para “recuperar la soberanía de los tribunales argentinos”, por cuando el litigio se resuelve en Estados Unidos.
Sin embargo, minutos después el senador Ernesto Sanz adelantó que “vamos a acompañar todas las decisiones que sean prudentes" y reafirmó que para la UCR "hay que respetar la reestructuración de la deuda y no entrar en default". No obstante, cuestionó las posturas "soberbias y buscando responsabilidades en el pasado" por parte de Cristina Kirchner.
"La posición del Gobierno hasta ahora parece frágil”, evaluó Giustozzi y se quejó de que la gestión kirchnerista "cometió errores" ante el caso de los holdouts. "Propusimos crear una bicameral con la incorporación de especialistas, uno por cada fuerza política", insistió.
La exposición de Kicillof irritó a algunos opositores. Según confiaron a la prensa parlamentaria, el ministro de Economía ahondó demasiado en el origen de la deuda en una reunión en la que se esperaba más detalles sobre la nueva estrategia judicial.
Legisladores presentes
Participaron de la reunión los presidentes del Frente para la Victoria en Diputados y el Senado, Juliana Di Tullio y Miguel Pichetto, respectivamente, así como los titulares de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto de la Cámara alta, los kirchneristas Marcelo Fuentes y Aníbal Fernández.
También acompañaron a los funcionarios el titular de la Cámara baja, Julián Domínguez, y el presidente provisional del Senado, Gerardo Zamora. No se encuentra el vicepresidente Amado Boudou.
Entre los jefes de bloque de la Cámara de Diputados se los pudo ver a Mario Negri (UCR), Martín Lousteau (Suma +), Francisco de Narváez (Unión Celeste y Blanco), Alberto Asseff (UNIR), Juan Carlos Zabalza (Partido Socialista), Darío Giustozzi (Frente Renovador), Victoria Donda (Libres del Sur), Federico Pinedo (Pro), Mario Das Neves (Trabajo) y Jorge Valinotto (Frente Cívico Córdoba).
Néstor Pitrola (Partido Obrero), Nicolás del Caño (PTS), Carlos Brown (Fe), Ramona Pucheta (FIS), Graciela Boyadjian (Mov. Popular Fueguino), Alicia Comelli (MPN), Oscar Anselmo Martínez (Mov. Solidario Popular), Carlos Heller (Nuevo Encuentro), Lino Aguillar (Compromiso Federal), Omar Plaini (Cultura, Educación y Trabajo), Gustavo Fernández Mendía (PJ La Pampa), Guillermo Durán Cornejo (Conservador Popular), Eduardo Brizuela del Moral (Fte. Cívico Catamarca) y Claudio Lozano (Unidad Popular), también asistieron al encuentro.
Por el Senado participaron Adolfo Rodríguez Saá (Compromiso Federal), Gabriela Michetti (Pro), Gerardo Morales (UCR), Rubén Giustiniani (Partido Socialista) y Fernando “Pino” Solanas (Proyecto Sur), Guillermo Pereyra (MPN), José María Roldán (Frente de Todos) y Roxana Latorre (Santa Fe Federal), entre otros.
El diputado Fernando Sánchez (CC) concurrió en reemplazo de Elisa Carrió. Aunque no son jefes de bloque también asistieron el diputado Julio Cobos y el senador Ernesto Sanz, ambos del radicalismo, así como el senador oficialista José Mayans, el presidente de la Comisión de Presupuesto de Diputados, Roberto Feletti (FpV), y la secretaria parlamentaria del bloque de diputados kirchneristas, Teresa García, entre otros.
