La presidenta de la República, Michelle Bachelet, recibió de parte de un grupo encabezado por el ex presidente Ricardo Lagos, el documento "Minería y Desarrollo Sostenible de Chile, Hacia una Nueva Visión Compartida".

Dicho informe fue elaborado de manera reservada por el lapso de un año, entre otros, por Jean Paul Luksic, Bernardo Larraín, Juan Andrés Fontaine y el dirigente de la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC), Raimundo Espinoza. Junto a ellos, Jorge Bande, Rolando Carmona, Álvaro García, Rolando Humire, Gianni López y Patricio Meller.

Tras la reunión de carácter privada en el Palacio de La Moneda, el ex mandatario resaltó que "el espíritu que reunió al grupo de personas que elaboró este documento fue contribuir a que Chile cuenta con una visión compartida sobre lo que se requiere para compatibilizar su gran potencial minero con el desarrollo sostenible del país".

En ese sentido, señaló que "creemos que ello debe ser fruto de un consenso nacional. Por eso el grupo ha querido ser una pequeña expresión de la diversidad nacional. Somos testigos de que el diálogo entre personas que piensan distinto es posible y muy enriquecedor. Además confiamos en que un acuerdo que integre diversas visiones e intereses aumenta su posibilidad de producir cambios que el país requiere".

"Si lo hemos hecho ha sido también porque vemos una cierta preocupación por cuando no somos capaces de resolver los temas, terminar todos en los tribunales y la judicialización no es el camino adecuado para resolver estos temas, es una carga que cae sobre el poder judicial porque los chilenos no somos capaces de entendernos entre nosotros mismos. En ese sentido creemos que este documento apunta a esa dirección", aseguró el ex mandatario.

"No pretendemos refundar nada con este documentos, simplemente es entregarlo para la discusión de todos", finalizó.

De esta manera, los miembros solicitarán reuniones con diversos actores para presentarles estas ideas; con más integrantes del gobierno, con autoridades del parlamento, actores del sector minero, empresarios, proveedores, trabajadores, dirigentes de las comunidades que alojan a la minería y centro de estudios.

"Promoveremos que la minería se proyecte al futuro con un estilo de desarrollo virtuoso, sostenible e inclusivo", asegura el documento.

Por su parte, la ministra de minería, Aurora Williams, resaltó la iniciativa y aseguró que "ahora comienza el análisis y la conversación con los integrantes de la comisión para poder efectivamente llevarlo a la concreción em ámbito donde prácticamente tenemos coincidencias". 

Los ejes

El informe sugiere que "el foco de la estrategia sea el desarrollo de proveedores de la minería intensivos en conocimiento. Para ello se requiere de una institucionalidad pública con la participación de los diversos actores que deben recurrir a implementarla".

Asimismo, destacan la importancia de una política energética que dé seguridad a los inversionistas y ciudadanos, que de cuenta de la interdependencia entre la minería (ubicación, tamaño y temporalidad de los proyectos) y la generación y transmisión eléctrica y de estas con su entorno ambiental, social y cultural.

Con respecto a Codelco, la comisión estableció que "visualizamos un importante rol para la estatal, como empresa modelo de desarrollo virtuoso, sostenible e inclusivo".

Impactos ambientales

El informe también señala que la minería debe proyectarse a futuro con una mirada sostenible, ya que "previene y mitiga los impactos ambientales sociales y culturales".

Para lograr este objetivo, proponen "múltiples cambios institucionales, entre los que destacan: utilizar la evaluación ambiental estratégica como instrumento de ordenamiento territorial, fortalecer y anticipar los procesos de participación de las comunidades afectadas, proveyendo información fidedigna, suficiente y comprensible, contar con una adecuada reglamentación de la consulta libre, previa e informada a los pueblos indígenas, así como crear un fondo que permita habilitar a las organizaciones sociales y comunidades indígenas para que participen en igualdad de condiciones en esos procesos".

Inclusivo

Una tercera propuesta establece que la minería sea inclusiva, al garantizar que las comunidades afectadas y todos los ciudadanos participen de los beneficios que genera la minería.

En ese sentido, proponen que un porcentaje de los ingresos públicos generados por los proyectos mineros queden en las regiones mineras.

Finalmente, se sugiere que Chile suscriba el Acuerdo Eiti (por sus siglas en inglés, Extractive Industry Transparency Initiative) que requiere a los gobiernos transparentar las licencias y contratos mineros, la recaudación de impuestos que estos generan y la forma en que estos se distribuyen territorialmente.

Un extenso documento que engloba una propuesta basada en la concepción del desarrollo de una industria virtuosa, sustentable e inclusiva, entregó este miércoles a la Presidenta Michelle Bachelet elaborado por una comisión conformada por actores del mundo político, económico y laboral, vinculados al tema.

Junto a la ministra de Minería, Aurora Williams, la jefa de Estado recibió de manos del ex Mandatario,Ricardo Lagos, el informe “Minería y Desarrollo Sostenible de Chile, Hacia una Nueva Visión Compartida”.

Éste fue elaborado en conjunto por él, el presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC),Raimundo Espinoza;  el empresario minero Jean Paul Luksic; el ex titular de Economía del gobierno anterior, Juan Andrés Fontaine; el ingeniero civil Rolando Carmona; el ex director de Codelco y actual director de Corfo, Jorge Bande; el presidente de la Sociedad Naturalista San Pedro de Atacama, Rolando Humire, y el ministro de Economía de Eduardo Frei, Álvaro García.

Tras la cita con la jefa de Estado y la titular de Minería, Lagos destacó que “lo que planteamos es una mirada del importante rol que juega la minería en Chile, por eso hablamos a ratos de un verdadero país minero, y donde lo que nos preocupa es cómo esa riqueza que tenemos se puede explotar de una manera virtuosa, sustentable e inclusiva”.

Al respecto explicó que apunta a darle el carácter de virtuosa porque a partir de allí se puede generar recursos importantes para el crecimiento del país y hacerlo de tal manera que sea sustentable.

Con respecto al medio ambiente, añadió, la idea es hacer el trabajo de una manera que no afecte el resto de la vida de los chilenos, en el ámbito de la inclusión, en tanto ser capaces que ese valor que crea la actividad minera pueda ser compartido, tanto por las comunidades en las cuales la actividad minera está enclavada, por las localidades y las regiones donde ellos están, y también por el resto de Chile.

Asimismo, destacó el trabajo mancomunado de los miembros del grupo, sobre todo los la diversidad de visiones y pensamientos.

“El plantear una política con estas tres características creo que convoca a sectores muy amplios. Si algo ha tenido importante este grupo, de pensamientos muy distintos y muy diversos, es que hemos demostrado que es posible tener políticas con principios de largo plazo, que interpretan a las grandes mayorías de la sociedad chilena”.

Destacó que “vemos una cierta preocupación, cuando no somos capaces de resolver los temas, terminar todos en los tribunales, y la jucidialización no es el camino adecuado para resolver estos temas, es una carga que cae sobre el Poder Judicial porque los chilenos no somos capaces de entendernos entre nosotros mismos”.

Este martes la Presidenta Michelle Bachelet recibió el documento "Minería y Desarrollo Sostenible de Chile, Hacia una Nueva Visión Compartida" por parte del ex Mandatario Ricardo Lagos, en el que detalla los pasos que debe seguir el país para mejorar la competitividad del sector.

El documento fue elaborado durante un año por el ex mandatario, además de Jean Paul Luksic, Bernardo Larraín, Juan Andrés Fontaine y el dirigente de la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC), Raimundo Espinoza. Junto a ellos, Jorge Bande, Rolando Carmona, Álvaro García, Rolando Humire, Gianni López y Patricio Meller.

Según indica el escrito de 16 páginas, lo que se busca es que "Chile se convierta en un ejemplo a nivel internacional y en un  orgullo nacional, por su aporte al crecimiento económico sostenible, por su contribución a un desarrollo con mayor equidad social y solidaridad regional e inter-generacional del país y de sus regiones mineras".

En el documento se proponen tres ejes. El primero se refiere al desarrollo de una minería "virtuosa", lo que consiste en una visión estratégica que estimula la inversión en conocimiento y maximiza la generación de valor del recurso que se extrae, con el fin de mantener la industria competitiva y rentable en el largo plazo. 

Respecto al rol del estado expresa que debe ser planificador, regulador y ser un articulador entre los actores. En este marco, sugiere la creación de una "institución público-privada" que coordine, entregue información y otorgue una visión a largo plazo.

El segundo eje que se plantea es que la minería debe ser "sostenible", es decir, que mitigue los impactos ambientales, sociales y culturales, haciéndolos coherentes con la preservación y fortalecimiento del entorno.
    
Frente a ellos propone un rol activo del Estado en el ordenamiento del territorio y en la regulación de las externalidades de la industria.

El último punto es que la minería debe ser "inclusiva", garantizando a las comunidades afectadas el disfrute de los beneficios de la minería, además de generar instancia para el diálogos con las comunidades indígenas.

Codelco

Sobre la estatal Codelco el el grupo expresó que "nos preocupa que la política pública hacia Codelco y su gestión, haya privilegiado objetivos distintos a su competitividad de largo plazo, poniendo en peligro su permanencia y la de los significativos recursos que aporta al país".

Añade es que "imperativo" invertir en sus reformas estructurales, además de contar con un gobierno corporativo con "capacidad y autonomía" para que pueda "competir en igualdad con condiciones en el mercado global".

Energía

El documento se refiere a la materia energética como uno de los pilares para el desarrollo de la minería. Actualmente esta industria consume el 35% de la energía nacional.

En este contexto propone; un Plan de Eficiencia Energética que establezca metas verificables para el sector minero, tener metas de energía limpia, realizar auditorías energéticas independientes y fomentar alianzas entre empresas mineras, regiones, municipios, comunidades locales para llevar adelante proyectos energéticos no contaminantes.

Fortalecimiento institucional

Otro de los planteamientos a los que se refiere es a la necesidad de cambios en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Para esto solicita al estado un mejoramiento del marco normativo para hacerlo más eficiente, eficaz, confiable y transparente.

En concreto, propone revisar la composición de la instancia administrativa resolutiva superior en materia ambiental (actualmente el Consejo de Ministros) de manera de que en su composición adquiera un rol más importante la opinión técnica independiente.

Además propone utilizar la Evaluación Ambiental Estratégica como instrumento de ordenamiento territorial, contar con resoluciones de calificación ambiental claras y objetivas, avanzar hacia una mayor especialización y coordinación entre los servicios públicos que concurren al proceso de evaluación ambiental, entre otros.

Lograr que la minería se proyecte al futuro contribuyendo al progreso económico, inclusivo y sostenible del país. Ese es el objetivo de una propuesta que actores transversales entregaron ayer a la Presidenta Michelle Bachelet y a la ministra de Minería, Aurora Williams.

Las ideas -que consideran el desarrollo virtuoso, sostenible e inclusivo de la actividad- fueron plasmadas en el documento “Minería y Desarrollo Sostenible en Chile. Hacia una Visión Compartida”, desarrollado por 11 personas, entre los cuales destacan el ex Presidente Ricardo Lagos; los ex ministros de Economía Alvaro García y Juan Andrés Fontaine; el presidente de Colbún, Bernardo Larraín; el presidente del Consejo de Pueblos Atacameños, Rolando Humire; el ex director de Codelco Jorge Bande; el presidente de la FTC, Raimundo Espinoza; y el presidente de Antofagasta Minerals, Jean Paul Luksic.

El documento propone que el Estado asuma un rol central como planificador, regulador y articulador de una estrategia que lleve a la minería del país a ser parte de las cadenas globales de valor. Para ello, sugieren la creación de una institución público-privada que coordine y motive a los distintos actores a moverse de acuerdo a dicha estrategia. En ese ámbito, proponen que el foco sea el desarrollo de proveedores de la minería intensivos en conocimiento.

En otro punto, se sugiere alcanzar un programa de capitalización durante los próximos años para Codelco, que incluya financiamiento plurianual con flexibilidad de gestión y acceso a recursos de diversas fuentes. También, dice que es necesario maximizar su valor patrimonial, resguardando los derechos laborales y el cuidado del medioambiente. 

En cuanto a energía, si bien reconocen el avance a través de la agenda energética que impulsa el gobierno,  proponen considerar un plan de eficiencia energética, con metas para el sector minero y la búsqueda de sinergías entre mineras, regiones, municipios y comunidades locales, para llevar adelante proyectos energéticos no contaminantes.

COMUNIDADES

En vista de la judicialización de iniciativas, uno de los focos dentro de la propuesta tiene que ver con el tema medioambiental y de comunidades. Frente a esto, se sugiere -entre otras cosas- realizar cambios en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y en el uso de la Evaluación Ambiental Estratégica, para utilizarla como instrumento de ordenamiento territorial. También, se pide revisar la composición del Consejo de Ministros, de manera que la opinión técnica adquiera un rol más importante.

El documento, asimismo, sugiere fortalecer la institucionalidad y el marco normativo de aguas en el país; legalizar la propiedad indígena, considerando el régimen legal que ampara las tierras de los pueblos y comunidades indígenas y contar con una adecuada reglamentación en los procesos de participación de las comunidades afectadas. 

A eso, se añade la idea de que las firmas inviertan en el entorno físico en donde emplazan proyectos, por lo que sugieren que un porcentaje de los ingresos públicos generados por los proyectos mineros queden en regiones mineras, para que beneficien obras de infraestructura o desarrollo social de las comunidades donde se localizan.