Mediante la Resolución Ministerial N° 167-2014-MINAM, publicada el sábado 14 de junio en El Peruano, se estableció el Régimen de Incentivos en el ámbito de la fiscalización ambiental. Esta medida busca promover las prácticas empresariales que prevengan y reduzcan los impactos negativos en el ambiente.
Tal como indica la norma, son dos las conductas objeto de incentivo. Por un lado, las medidas o procesos implementados voluntariamente por las empresas para prevenir o reducir la contaminación ambiental y la degradación de los recursos naturales en mayor medida a lo exigido por la normatividad vigente; y, por el otro, las medidas de producción limpia implementadas por las empresas para incrementar la eficiencia ecológica, manejar racionalmente los recursos naturales y reducir los riesgos sobre la población y el ambiente.
Dicha resolución plantea un tipo de incentivo económico a través de la posibilidad de obtener descuentos sobre multas. Asimismo, se plantean otros incentivos como la incorporación en el ranking de empresas que lograron una mayor prevención o reducción de impactos negativos en el ambiente, así como el otorgamiento de certificaciones a aquellos administrados que estén inscritos en el Registro de Buenas Prácticas Ambientales e introduzcan mejoras en su desempeño ambiental. Los incentivos económicos listados en la resolución no son excluyentes. El OEFA podrá establecer, a través de disposiciones reglamentarias, otras modalidades de incentivos económicos.
El Registro de Buenas Prácticas Ambientales reconocerá a toda persona, natural o jurídica, que cumpla a cabalidad con sus obligaciones ambientales fiscalizables, siendo difundido a través del Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA) y del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). El OEFA será el encargado de elaborar y aprobar el reglamento de dicho registro en un plazo no mayor de 90 días hábiles.
Esta medida contribuye a prevenir los impactos ambientales negativos como parte del proceso de fiscalización llevado a cabo por OEFA y destaca a las empresas con prácticas que superan lo exigido por la normatividad.
