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POLÍTICA
Buitres: "No pasarán" (porque pagaremos). Argentina prepara la negociación con Griesa
18/06/2014

¿Hay plan B?: el Gobierno, urgido por la falta de créditos y frente al problema de tener que "volver a empezar"

Iprofesional

La decisión de la Corte de Estados Unidos de no aceptar el caso argentino -pasándole la "pelota" al juez Thomas Griesa, que ya había convalidado el pago a los fondos buitres- puso en jaque la estrategia en la que venía avanzando el Gobierno argentino.

Esta era, ni más ni menos, la de "hacer bien los deberes" con la idea de volver a los mercados internacionales de crédito para así llegar a fines de 2015 con una situación económica y financiera menos apremiante.

El acuerdo con el Club de París, la indemnización a Repsol, la presentación de un nuevo índice de inflación y el pago de los juicios en el Ciadi fueron todos pasos tendientes a acercarse a este objetivo.

Para los analistas, estos avances sufrieron unduro revés, luego de que el Máximo Tribunal norteamericano desestimara la apelación en el caso contra los holdouts y dejara abierta laposibilidad de embargos de activos argentinos.

"El fallo de la Corte marca un quiebre en la ideadel Gobierno de recomponer la situación del paísen el mercado internacional", afirma Marcos Novaro.

Para este analista, el problema del Ejecutivo es que "empezó a mostrarse más conciliador, pero tarde. La sentencia también ha sido resultado de la política de guerra por la que optó el kirchnerismo". Y sostuvo que "nadie cree que Cristina Kirchner pueda liderar una rebelión contra la Corte Suprema de los Estados Unidos".

En diálogo con iProfesional, Sergio Berensztein coincidió con la postura de Novaro sobre el "timing" de la Rosada. Pero aclaró que, dentro de todo lo malo que trae consigo el fallo, si el Gobierno "opta por resolver el problema de manera razonable, se despeja una incertidumbreque iba estar presente mucho más tiempo".

Así las cosas, el primer impacto muestra que la Argentina quedó vulnerable ante el mundo, ya que hasta los compromisos que tenga que cerrar en el exterior -como lo acordado en París- ahora se verán más condicionados

"El acuerdo con el club de París ahora encuentra mayores limitaciones, porque el Gobierno no sólo va a tener que realizar pagos sino además encontrar la forma de hacerlos sin que sean embargados", señala a iProfesional el analista Diego Dillenberger.

Los expertos coinciden en señalar que la "heroica" negociación de Kicillof ya no resultará tan funcional al "relato". Y aclaran que el principal impacto para lo que resta del mandato de Cristina Kirchner recaerá en las fuertes complicaciones que deberá afrontar la administración K en materia económica.

"El Gobierno apuntaba a ganar algo de tiempo para llegar a diciembre del 2015", afirma Dillenberger, para que así un eventual acuerdo con los fondos buitres no abra la puerta a que otros bonistas reclamen una cifra del orden de los u$s15.000 millones.

"La continuidad del plan económico entra en un mar de interrogantes", asevera.

El economista Roberto Chachanosky es más duro en sus apreciaciones: "Quisieron dejarle el problema al próximo gobierno, pateando la pelota afuera y esa estrategia no resultó".

¿Hay plan B?
La pregunta que queda por responder es si el Gobierno cuenta con margen de acción para sortear este duro traspié.

"El plan de Kicillof era el ‘plan A'. Hay que ver si existe un plan B", señala Dillenberger, quien considera como una posibilidad que desde la Rosada se opte por "profundizar la verborragia contra los buitres y que no se resuelva el conflicto de fondo".

Para el politólogo Rosendo Fraga, "ahora se requiere de una mayor prudencia más que discursos encendidos".

En coincidencia con Dillemberger, Novaro advierte: "El problema es que no veo que haya unplan B para resolver este tema. Daría la impresión de que el Gobierno aún no tiene resueltocómo hacer para llegar a buen puerto".

Fraga coincide en este punto: "Las crisis suelen escalar por error de cálculo. El Gobierno había apostado a que, por uno u otro camino, iba a haber una postergación de la sentencia, queevitaría la posible extensión a los acreedores que entraron el canje, del pago que se deberá hacer a los que quedaron fuera".

En este contexto, para los especialistas quedó en evidencia que la negativa de la Corte era unaalternativa que pocos habían barajado en profundidad.

Destacan que el equipo económico se tuvo que reunir de urgencia no emitió ningún comunicado durante la jornada para calmar los ánimos y apaciguar un desplome de los mercados.

Otra arma que impuso el Gobierno -y que a ojos de los expertos no funcionó- ha sido elargumento de que una sentencia en contra de Argentina iba a sentar un precedente negativopara otras naciones a la hora de renegociar sus deudas.

"En los argumentos dice bien claro que la Argentina no merece que la Corte intervenga, porque lo que los jueces ya han declarado es correcto. Esto le quita valor al argumento de que un fallo a favor de los buitres condiciona las futuras reestructuraciones. El tribunal en este sentido fue contundente al aclarar que el caso argentino no va a contagiar", agrega Novaro.

Que pague el que sigue 
Con respecto a la postura que debería tomar la oposición, para los especialistas no es conveniente que los "presidenciables" salgan a vapulear al Gobierno.

"No es momento para demoler con facilidad las improvisaciones estratégicas del Gobierno argentino. El drama es nacional. Se hereda", subraya Jorge Asís.

La sentencia adversa también complica los planes de varias provincias que apuntaban a tomar deuda para reordenar su situación financiera. 

Un ejemplo claro es el de Buenos Aires. El gobernador Daniel Scioli necesita hacerse de fondos para afrontar el pago de salarios de empleados públicos y aguinaldos.

Dado el mayor distanciamiento del kirchnerismo, es poco probable que reciba dinero de la Nación, por lo que endeudarse era una alternativa a la que apuntaba. 

Scioli, consciente de este panorama, llamó a "a que todos los sectores se encolumnen detrás de la estrategia argentina".

"Todo el tablero político hay que volver a dibujarlo. Con el fallo de la Corte, Scioli y varios gobernadores se verán más limitados en sus planes", señala Dillenberguer.

Bajo su óptica, esta situación favorece indirectamente a Massa, que "no tiene problemas de gestión", y puede obtener rédito político, ante un panorama de caja más complicado que deba enfrentar el gobernador bonaerense. 

"La oposición tratará de sacar rédito de este traspié del Gobierno, porque puede hacer una política razonable de planteos y dejar de hacer ‘nacionalismo retórico", que termina resultando muy caro. El discurso cuesta y se termina pagando mucho más a todos los que se critica", sentencia Novaro.

Berensztein destaca que la Argentina no puede seguir aislada del mundo, "porque ningún país está en condiciones de sobrevivir sin contactos efectivos".

Sin embargo, cree que la decisión de la Corte, en parte puede ser positiva para terminar de una vez la reestructuración de la deuda que se inició a fines del 2001, algo que tarde o temprano iba a terminar sucediendo.

"Tratará de liberarse de la negociación y que esa reestructuración la pague el próximo Gobierno", apuntó.

Por lo pronto, la verdadera misión para la próxima gestión será, como subraya Asís: "Heredar el desastre que queda y reconstruir la credibilidad".

Axel Kicillof, a los fondos buitre: "No pasarán"

La Nación

El ministro de Economía, Axel Kicillof, aseguró hoy que la Argentina está "iniciando los pasos para iniciar el canje de deuda bajo ley argentina" , en una conferencia de prensa tras el fallo de la Corte Suprema contra el Estado argentino por el reclamo de los fondos buitre.

Estas fueron las frases más fuertes de Kicillof:

 

  • "Algunos no quieren dejar a Argentina pagar la deuda"

  • "Este no es el gobierno del default y el megacanje, vinimos a regularizar las finanzas del país"

  • "No estamos dispuestos a hacer cualquier cosa ni a aceptar cualquier tasa de interés o plazo"

  • "Mi impresión es que quieren tirar abajo la reestructuración de la deuda"

  • "La reestructuración de la deuda fue uno de los pilares del modelo".

  • "Si se aplicara la sentencia de Griesa y Argentina se viera obligada a pagar a los buitres, el país caería en default"

  • "Vamos a tomar todos los recaudos para pagar la deuda reestructurada"

  • "Algunos candidatos proponen el modelo de sobreendeudamiento"

  • "Este gobierno no endeudó al país, pagó la fiesta neoliberal"

  • "Los fondos buitre no eran acreedores de la Argentina, nunca le prestaron plata"

  • "Compraron en 2008 títulos que estaban por fuera de la reestructuración"

  • "El negocio es encontrar una falla judicial y obtener beneficios económicos"

  • "Esta no es la primera vez que lo hacen, porque estos fondos hace 12 años que están litigando contra la Argentina"

  • "No pasarán"

  • "Si todos los buitres reclaman son 15 mil millones de dólares"

  • "Este fallo dice que para pagar los bonos tenemos que pagarles también a los fondos buitre, esto empujaría a Argentina a un default"

  • "Los buitres son buitres porque no negocian"

  • "Si nosotros queremos pagar los 900, deberíamos pagar los 1500 y esto significa 15 mil"

  • "Si les ofrecemos a los buitres más que a los bonistas, estos van a ir a un juez, no son solo los 15 mil, después vienen 120 mil millones de dólares"

  • "El hobby de todo el mundo va a ser comprar bonos en default. Lo hicieron con Panamá y Ecuador"

  • "Si una sentencia nos dice que nos suicidemos, no podemos aceptarlo"

  • "Vamos a hacer un canje con legislación local y vamos a mandar a nuestros abogados a hablar con el juez Griesa"

  • "No podemos estar de nuevo en una situación donde, por pagar la deuda, reine el hambre".

Fondos buitre

Ambito

Por: Liliana Franco


"Si la Argentina se viera obligada a pagar a los fondos buitres, el país sería empujado a un default", dijo el ministro de Economía, Axel Kicillof al tiempo que aclaró: "No estamos dispuestos a negociar bajo cualquier condición". Sin embargo, la estrategia del Gobierno consiste en que los abogados que defienden al país pedirán una audiencia "para hablar" con el juez neoyorkino Thomas Griesa para que no "empuje al default" al país. Asimismo, el titular de Hacienda dijo que se está comenzando los pasos para "instrumentar un nuevo canje de deuda con legislación Argentina y domicilio de pago".

"No podemos permitir" que no nos dejen "cumplir con nuestros compromisos con los bonistas" aseveró y por esta causa es que se hará "un nuevo canje". Así lo señaló el titular del Palacio de Hacienda en la presentación que llevo a cabo de la estrategia del Gobierno frente al rechazo de la Corte Suprema de los Estados Unidos de atender un reclamo de nuestro país, que deja firme un fallo de primera instancia a favor de los fondos buitres.

El ministro se explayó sobre la forma en que Argentina enfrenta este problema, siguiendo los lineamientos trazados por la presidente Cristina de Kirchner por cadena nacional. Al respecto, Kicillof realizó otros dos anuncios. Uno es que los abogados del país pedirán una audiencia "para hablar" con el juez neoyorkino Thomas Griesa ya que, según el ministro, lo declarado por el magistrado en cuanto a que no quiere empujar a la Argentina al default, no es coincidente con lo que dice el fallo.

Por otra parte, adelantó que este miércoles a las 10 horas se reunirá con los presidentes de los bloques de las cámaras de Diputados y Senadores para comentar los puntos de vista del Poder Ejecutivo en la materia y las alternativas que se presentan.

Las primeras reacciones que se produjeron en medios financieros tras el discurso del ministro, hacen referencia a una posición compleja por parte del país. El anuncio de la apertura de un canje con legislación argentina es observado como una respuesta dura a la decisión tomada por la justicia norteamericana. Cabe recordar que la posibilidad de reabrir el canje y reprogramar el lugar de pago a los bonistas ya había sido anunciado por Cristina Fernández de Kirchner en 2012 pero luego, cuando el juez Thomas Griesa dijo que modificar el lugar de pago equivalía a un desacato, la iniciativa oficial se redujo a la reapertura de canje.

Pero, al mismo tiempo, el envío de abogados a conversar con el juez Griesa plantea un camino de negociación. Asimismo, las reuniones con los legisladores son interpretadas como formas de buscar consenso en una causa de alcance nacional, en momentos en que se tornan particularmente complejas las relaciones del país con las finanzas internacionales.

Precisamente, la agencia Standard & Poor's bajó la calificación de crédito soberano argentino desde CCC+ a CCC- como consecuencia de lo que considera el mayor riesgo de un incumplimiento de pagos de la deuda en moneda extranjera. S&P dijo que el Gobierno tiene una "capacidad limitada" para pagar a los acreedores demandantes mientras cumple con el servicio de su deuda actual.

En lo inmediato, en fuentes de los abogados se especula con que el país ya debe haber pedido una reconsideración a la Corte Suprema de los Estados Unidos, circunstancia que daría un plazo de unos 25 días antes de que el juez pueda hacer efectiva su sentencia.

Por otra parte, analistas financieros ponen en duda el grado de aceptación por parte de los tenedores de bonos de la nueva oferta a instrumentar con legislación argentina y con pagos en el país, estimando que las cifras de adhesión podrían ser tan bajas como el 40%. Al respecto, consideran que la ausencia de entidades financieras norteamericanas, las limitaciones estatutarias o la expectativa del nuevo gobierno son razones que debilitarían la aceptación del nuevo canje. Al respecto, cabe recordar que el juez Griesa ya advirtió que caerá con todo el peso de la ley sobre aquellos bancos que ayuden a evitar lo dispuesto por su tribunal.

• Denuncia

El ministro denunció que "quieren tirar abajo la reestructuración de la deuda argentina" y consideró que de aplicarse el fallo de la Justicia norteamericana "se estaría empujando a la Argentina a un default". Frente a esta circunstancia, Kicillof aseguró que el país "tomará todos los recaudos para pagar la deuda reestructurada".

"De aplicarse el fallo del juez (Thomas) Griesa y la Argentina se viera obligada a pagar, eso empujaría al país a un default", afirmó el ministro y aclaró que "desde el Gobierno no estamos dispuestos a hacer cualquier cosa, que se queden tranquilos, pero no vamos a arreglar con cualquier condición".

El ministro, al hablar en el Ministerio de Economía, explicó que esto ocurriría porque lo que está en juego no "es una deuda de 1.300 millones de dólares, sino de una total de 15.000 millones de dólares" de aquellos tenedores de títulos que están en la misma condición de los que apelaron ante el juez norteamericano, equivalentes a más de las mitad de las reservas del Banco Central. Y refutó a quienes plantean que debe haber negociaciones señalando que "los buitres son buitres porque no negocian".

Más aún, advirtió que si el Gobierno le ofreciera a los fondos buitres más que a los bonistas que entraron en reestructuración, éstos podrían ir a la Justicia para reclamar las mismas condiciones. En este caso, el ministro estimó que la cifra en juego podría rondar los 120.000 millones de dólares y anticipó que "no dudo que puede haber un juez como Griesa o argentino que imponga una cautelar que impida pagar la deuda".

En el Microcine del Palacio de Hacienda, agregó que el problema es que "algunos lo que quieren es que Argentina deje de pagar", tras lo cual subrayó que "este no es el gobierno del endeudamiento".

El ministro explicó que se trata de "fondos buitres" porque no son quienes le prestaron en su momento a la argentina, sino especuladores que en 2008 o antes, fueron a comprar títulos que estaban fuera de la renegociación deuda con el propósito de litigar contra el país "como los caranchos". Así, identificó que un fondo compró deuda por 48 millones de dólares y ahora obtuvo por la decisión judicial, 832 millones de dólares.

No obstante, el ministro señaló que los fondos buitres encontraron "una fisura por la que lograron filtrarse para derribar trabajo todos argentinos" en cuanto a la reestructuración de la deuda externa. Consideró también que se trata de un problema del mundo, porque si con sólo un 1% de los acreedores se impide pagar la deuda de un país "entonces son imposibles las reestructuraciones". Desde este punto de vista, reconoció el acompañamiento de la posición argentina que hicieron gobiernos como el de México o Francia, economistas, parlamentarios británicos, fondos, el Grupo de los 77. Pero afirmó que "no pasarán" no van a voltear nuestras reestructuraciones".

Es que, según aseveró el ministro, "esa reestructuración que ahora está en juego es uno de los pilares centrales del crecimiento que ha tenido el país estos años". Para concluir señalando "quédense tranquilos, esto está todo estudiado en profundidad. Se tomaron las medidas para impedir que la reconstrucción de la situación financiera de la Argentina esté en riesgo por pequeños grupos que no buscan otra cosa que jaquear a los países".

Los abogados del país empiezan hoy las gestiones en Nueva York

infonews

Los abogados del estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton empezarán hoy mismo las gestiones para ver cuál es la disposición del juez Thomas Griesapara abrir una negociación que evite un default y permita cancelar sin problemas el vencimiento de U$S 900 millones del próximo 30 de junio. Al mismo tiempo, desde la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía avanzarán con los primeros pasos paraestructurar un nuevo canje de deuda para hacer los pagos futuros de bonos en Argentina y con ley local.

Fuentes oficiales consultadas sobre los detalles de este proceso no pudieron aclarar si será optativo o compulsivo ni si la concreción dependerá de lo que pase en el diálogo en el tribunal.

Ante el rechazo de la última apelación por parte de la Corte Suprema estadounidense, el gobierno nacional le dio relevancia a una frase que Griesa pronunció el pasado 30 de mayo en una audiencia con el estudio que representa al país y el fondo NML. La intención es ver si existe voluntad real para lograr que los holdouts se sienten a la mesa en condiciones que permitan evitar un efecto dominó de nuevos juicios. Un acuerdo extrajudicial antes de enero de 2015 dispararía demandas protagonizadas tanto por el 7% que no entró a los canjes como por el 92% que sí lo hizo y que reaccionaría si un acreedor recibe mejores condiciones que ellos.

"Si de hecho están en una situación financiera en la que no pueden pagar la totalidad de estas obligaciones, podrían venir al tribunal y generar algún tipo de negociación, nunca ofrecieron ni sugirieron nada así", dijo el magistrado según la transcripción que se difundió del encuentro de hace dos semanas. "Si la República actuara de buena fe podría haber una negociación sobre cualquier tema. Se hace todos los días en los tribunales de este país (EE UU), y es la forma en la que se puede hacer acá. No hay necesidad de hablar del tipo de cosas que están hablando", agregó queriendo mostrar que si no hubo negociación fue porque el gobierno todavía no la buscó.

La clave estará en los plazos de mantención de la cautelar que hoy en día contiene la aplicación del fallo, ya que el próximo pago –junto al que se deberían depositar los U$S 1500 millones para los holdouts– está agendado para dentro de 12 días. Además entra en escenario la interpretación sobre la cláusula Rights Upon Future Offers (RUFO), que hasta enero del año que viene permite que terceros reclamen en caso de que exista un mejor ofrecimiento voluntario por parte del país.

Las opciones legales en ese costado estarían en lograr estirar una definición hasta el verano del año que viene, demostrar que la Argentina no actúa de forma voluntaria sino forzada por un fallo judicial adverso, o recurrir a la cláusula conocida como Most Favored Creditor (MFC). Esta última es señalada en el ámbito legal como una puerta entreabierta que puede poner un límite a la obligación de replicar los términos de un nuevo acuerdo en los papeles de los bonistas que entraron a los canjes.

En tanto, la posibilidad de un nuevo canje será un obstáculo a superar por los negociadores del país al ser una estrategia que ya levantó el pronunciamiento negativo de Griesa. Luego del cambio de jurisdicción que anunció el gobierno en agosto del año pasado –y que finalmente no aplicó– el juez neyorquino reaccionó con una órden en la que subrayó la imposibilidad del país de evadir el fallo original.


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