Con el conflicto limítrofe entre Andalgalá y Belén por la ubicación de la mina Bajo El Durazno, se reactiva la discusión por la sanción de una ley de límites. El administrador de Catastro, Mario David Richard, consideró que "es necesario implementar una ley" y dijo que si bien su administración hará el estudio técnico, "la decisión política puede no coincidir" con la propuesta técnica.

Ayer, Catastro pidió a la Dirección de Minería que le brinde las coordenadas de la mina para comenzar con el estudio.

"Con una ley de límites, se resolverían muchas cosas. Es lo que se está pidiendo. Para establecer un límite hay que hacer un estudio de títulos de los propietarios colindantes al límite. Se trazaría una línea divisoria en el límite entre los títulos que vienen de Andalgalá y los títulos que vienen de Belén. Esos títulos van a marcar el límite legal. Y aclaro 'legal', porque las escrituras públicas tienen legalidad. Se hace ese estudio y se hace un estudio histórico para ver a quién correspondía cada título. Con esto queda establecida una línea divisoria de acuerdo con los títulos, que no necesariamente deben coincidir con un límite político", explicó Richard sobre la particular disputa por Bajo El Durazno.

Según pudo averiguar El Ancasti, algunos títulos de Andalgalá llegarían hasta la zona de conflicto. Fuentes cercanas a la administración de Catastro determinaron que, desde el punto de vista técnico, Bajo El Durazno está en Andalgalá, pero de todas formas el administrador Richard no quiso apurarse a confirmar esa información. "No puedo afirmarlo hasta tanto no tenga las coordenadas geográficas de la mina para ubicarla en la cartografía y opinar con mayores datos", dijo.

Richard expresó que habrá que hacer los estudios correspondientes y tomar una determinación, para que no ocurra como en Alumbrera: "Cuando se dijo que la mina pertenecía en mitades iguales a los dos departamentos, fue la manera limpia y fácil de resolver la cosa".

Por otra parte, el administrador confirmó que el viernes pasado mantuvo una reunión con el intendente de Andalgalá, Alejandro Páez, quien pidió asesoramiento pero no obtuvo demasiadas respuestas. "Nosotros no somos el organismo que va a tomar la determinación. Como máximo podemos explicar hasta dónde llegan los títulos de Andalgalá y hasta dónde los de Belén. Los legisladores verán si van a respetar eso o no. Para nosotros lo ideal sería que se respete lo técnico, geográfico e histórico, pero la decisión política puede no coincidir, eso depende de quién gane la pulseada, de los intereses que estén en juego o lo que quieras dejar para un lado y para el otro", opinó.

Por último, Richard insistió con la ley provincial de límites para resolver cuestiones internas. "Es necesario el tratamiento de una ley de límites tanto interprovinciales como internos. El Instituto Geográfico Nacional es un organismo que tiene jurisdicción sobre los límites interprovinciales, pero no se mete en las cuestiones internas de cada provincia. Catastro hace un estudio técnico, pero la decisión política no depende de esta administración. Hay algunos límites interdepartamentales que todavía no están del todo determinados y siguen en litigio", argumentó.