Por Alejandro Navarro

La decisión del directorio de Codelco de sacar de la Presidencia Ejecutiva a Thomas Keller; los decrecientes excedentes que esta empresa generó durante la administración de este y de Diego Hernández –ambos nombrados por el Directorio designado por el presidente Piñera-; el gigantesco robo en el mineral El Salvador; y las denuncias de pérdidas por ventas en los mercados a futuro, han puesto nuevamente a Codelco en el centro del debate.

Para poder abordar estos problemas correctamente es necesario hacer un diagnóstico certero y transparentar las intenciones que se tienen con esta empresa. Porque hay quienes hacen una crítica destructiva que apunta a desmantelar Codelco y entregarla -con minerales incluidos- a las grandes trasnacionales mineras.

Desde nuestra perspectiva, lo que hay que hacer es proponer un camino para ayudar a que esta empresa sea efectivamente la principal palanca de desarrollo del país.

Para entender el problema es imprescindible visualizar en qué estado se encuentra esta Corporación a poco de haber terminado el gobierno de la Derecha.

Los números no mienten y son muy malos: en 2013 los excedentes de Codelco fueron de US$ 3.889 millones, con un precio del cobre de 3,32 dólares la libra. En 2006 los excedentes habían sido de US$ 9.215 millones, en circunstancias que el valor del cobre era entonces un 10% menor: 3 dólares la libra.

Es decir, el 2013 los excedentes fueron la tercera parte del 2006 (y del 2007) en circunstancias que el precio era mayor. Atribuir este descalabro a una supuesta mejoría de las condiciones laborales de los trabajadores –como algunos grandes medios han sostenido estos días- es una falsedad que no se sostiene por ninguna parte.

Pero ¿cómo se origina esta baja tan radical en el rendimiento económico de Codelco? Hasta ahora esto no se sabe. Ni siquiera ha sido tema de debate.

Hay que decirlo: los mismos números sugieren la existencia de un fraude de marca mayor. Bajo esta suposición es que el economista y presidente de la ONG Chile-Cobre, Julián Alcayaga, presentó -28 de octubre de 2013- un escrito al Consejo de Defensa del Estado (CDE) en que denunció la existencia “de estafa y fraude al Fisco, por efectos de operaciones y actuaciones (…) por varios miles de millones de dólares”.

En su presentación Alcayaga subrayó que en el Gobierno de Piñera se originan “inexplicables caídas de los ingresos por venta de Codelco durante los ejercicios 2010, 2011, 2012 y primer semestre de 2013”, las que se deberían a ventas de cobre, plata y molibdeno a precios bajo el valor de mercado. Estas operaciones habrían implicado –según Alcayaga- una defraudación que alcanzaría los 15 mil millones de dólares.

En noviembre de 2013 Alcayaga explicó a revista Proceso, de México (N° 1931) como llegó a esa conclusión: “Observando las injustificadas e inexplicables caídas de los ingresos por ventas, en cerca de 14 mil millones de dólares, ocurridas desde 2010 hasta el primer semestre de 2013”.

Agregó: “en 2006 los ingresos por ventas de Codelco fueron de 17 mil millones de dólares, y en 2010, con una producción similar, fueron de 15 mil 860 millones de dólares”. Alcayaga resalta que otros productos comercializados por la Codelco –oro, plata y ácido sulfúrico– tuvieron en esos años fuertes alzas de precios, por lo que los ingresos debieron haber reflejado ese aumento, pero ocurrió todo lo contrario.

“Entonces”, sostiene, “los ingresos de Codelco por venta debían haber superado en 2010 largamente los 20 mil millones de dólares y resulta que no alcanzaron los 16 mil millones”.

Alcayaga afirmó que necesariamente Codelco debió haber vendido parte de su producción a precios inferiores a los del mercado. Por lo mismo, solicitó al CDE que investigue: ¿A quién le está vendiendo Codelco minerales a menor precio que el establecido por el mercado?

El CDE designó para sondear estas denuncias al abogado Marcelo Oyharcabal, quien aún no emite su informe del caso.

Pero ¿Cómo pudo suceder esto bajo el Gobierno de Piñera quien supuestamente instaló en los puestos claves de la minera estatal a ejecutivos que fueron presentados como de “clase mundial”?

La respuesta puede encontrarse justamente en este hecho. Piñera nombró como directores a ejecutivos con visión neoliberal y/o que derechamente trabajaban para trasnacionales mineras: Fernando Porcile, ex Presidente de Minera Collahuasi y ex vicepresidente de Proyectos de Desarrollo de BHP Billiton; Juan Luis Ossa, abogado de la Sonami; Andrés Tagle, dirigente de la UDI. Como presidente del directorio nombró a Gerardo Jofré, ex asesor del Ministro de Hacienda de Pinochet, Hernán Buchi.

Estos directores nombraron a Diego Hernández como Presidente Ejecutivo (ex ejecutivo de Mantos Blancos, Collahuasi y BHP Billiton) y este, a su vez, designó a Thomas Keller como Vicepresidente de Finanzas. En 2012 Keller –que venía de ser alto ejecutivo de Cencosud, Collahuasi y Shell- asumió la Presidencia Ejecutiva de Codelco tras la sorpresiva renuncia de Hernández.

La administración Keller-Hernández endeudó a Codelco a altas tasas de interés con bancos internacionales y diseñó un plan estratégico que considera algunas inversiones absolutamente inconducentes y cuyo costo global es de 25 mil millones de dólares.

Este plan –que ha contado fuerte respaldo de sectores neoliberales- considera la ampliación de Andina (Andina 244) con el aparente fin de aumentar la producción de este yacimiento en 340 mil toneladas anuales. Andina 244 tiene un costo estimado de 6 mil 800 millones de dólares. La gran deficiencia de este proyecto es que no considera la producción de cobre refinado sino que sólo de concentrado de cobre.

Esto es absurdo: es pretender volver al desarrollo minero del siglo XIX cuando no refinábamos en Chile. Lo mismo se quiere hacer al implementar el proyecto Radomiro Tomic Sulfuros –que supone una inversión de unos 5 mil 300 millones de dólares- por medio del cual se aumentaría en 200 mil toneladas la producción de cobre, pero para exportar concentrados.

Producir concentrado de cobre, en vez de cobre refinado, es garantizar la generación de pérdidas. Esto, porque no se puede controlar el contenido de los concentrados que se exportan en los que, además de cobre, hay oro, plata y molibdeno, entre otros minerales. Es lo que ha sucedido con las exportaciones de todas las grandes mineras privadas que operan en Chile y que exportan concentrado, generando un saco roto en nuestra economía.

Además, la refinación y fundición de cobre chileno se tiene que hacer en Chile, para generar trabajo y valor agregado en el país.

Andina 244 es poco recomendable por otra importante razón: supone la destrucción de un gran número de glaciares y, por lo mismo, es una amenaza para la provisión futura de agua en las cercanías de la zona más poblada y con mejores tierras agrícolas del país.

Es muy importante que todo Chile lo sepa: ¡Codelco no necesita 25 mil millones de dólares para su plan de inversiones! Con la mitad de ese dinero alcanzaría para lo fundamental que es mantener la producción en Chuquicamata y El Teniente. Apostar por tal alto e innecesario endeudamiento es promover la pronta destrucción de esta estratégica empresa estatal.

Por otra parte, es necesario señalar que es una muy buena idea que, sea cual sea el monto del plan de inversiones de Codelco, este pueda ser financiado con fondos soberanos tal como ha propuesto el Gobierno de la presidenta Bachelet.

Hay que considerar que estos fondos soberanos –que en gran parte han sido generados por la propia Codelco- están en bancos extranjeros, los que pagan una tasa anual de un 4 por ciento de interés. Y Codelco, para financiar sus proyectos, está recurriendo a endeudamientos a tasas que alcanzan el doble de este valor. ¿Quién en su sano juicio puede defender continuar con esta política que está mermando tan significativamente el capital de la principal empresa del país?

Por otra parte, es necesario modificar o derogar la ley 20.392 –de 2009- que estableció un nuevo gobierno corporativo de Codelco. Hay que hacer un Estatuto Corporativo que viabilice que Codelco pueda reinvertir sus utilidades y recuperar su rol competitivo.

Además, esta normativa estableció que el presidente ejecutivo no sea nombrado por el Presidente (a) de la República sino por el directorio, y, a su vez, de ese Directorio se sacó a los ministros de Minería y Hacienda y al representante de las Fuerzas Armadas.

También se definió que tres miembros del Directorio fuesen nombrados por la Alta Dirección Pública, y que estos, para postular, debían cumplir con el requisito de haber trabajado en empresas mineras. Por estas y otras razones este estatuto es un traje que le queda incómodo a Codelco y que favorece el nombramiento de ejecutivos de mineras privadas en su plana directiva.

Es necesario que el país retome el control de esta empresa que pertenece a la nación toda. Para ello es indispensable designar en su cabeza a personas con un alto nivel de capacidad profesional, comprometidas con el país y que no hayan trabajado para mineras extranjeras.

Por supuesto que para implementar una nueva política minera en Chile es necesario que las mineras extranjeras paguen lo que verdaderamente vale el cobre –y el agua- que están extrayendo.

Es decir, es necesario cobrarles un verdadero royalty por el cobre que se llevan. Ese es sin duda uno de los principales desafíos que tenemos como país y que no quedarán resueltos con la puesta en marcha de la reforma tributaria que hoy se discute en el Parlamento.

Cabe tener presente que Codelco ha aportado al fisco chileno -desde que fue nacionalizada en 1971- alrededor de 110mil millones de dólares. Es decir, ha sido la principal fuente de ingresos de nuestro país en todos estos años.

Las empresas privadas de cobre se llevaron entre 1990 y 2003, treinta millones de toneladas de cobre, sin embargo, y no pagaron por ello prácticamente nada de impuestos. La Comisión Especial sobre Tributación de las Empresas Mineras, en su informe final -aprobado por el Senado en enero de 2004- reveló que 45 de las 47 grandes empresas mineras que operaban en Chile ocuparon diversos subterfugios con objeto de declarar pérdidas operacionales y así no tributar en Chile. A partir de esa revelación, se generó una gran polémica nacional que decantó en la Ley 20.026 de “royalty minero”.

Sin embargo, esa normativa no fue un verdadero royalty sino un impuesto específico a la minería, que en la práctica no elevó mayormente los impuestos a estas empresas. No obstante, dado el alza en el precio del cobre, la mayor parte de las grandes mineras comenzaron a partir de los años 2005-2006 a pagar algo de impuestos, pero este aporte es sólo un tercio de lo que contribuye Codelco al fisco. Esto no se condice con la cada vez mayor proporción de cobre que extraen las mineras privadas y que hoy representa el 72% de la producción chilena.

Cabe considerar que entre 1990 y 2003 se produjo un demencial aumento de la producción chilena de cobre (270 mil toneladas anuales en promedio) lo que determinó una baja del precio del cobre bajó de 1,5 dólares la libra a la mitad de este valor. Este crecimiento de la producción se explica casi exclusivamente por el incremento de la producción privada dado que Codelco ha aumentado muy levemente su producción.

El 2004, año en que la producción privada chilena se estancó en 5,4 millones de toneladas hasta el 2012, empezó a subir el precio del cobre. Y esto no es causalidad dado que Chile es por muy lejos el principal exportador mundial, por lo que el nivel de su producción incide directamente en el valor final de este metal.

Es necesario que como país definamos una nueva política minera cuyo horizonte sea el interés de la nación toda. En el cobre está el alimento, la salud, la educación, la previsión y la esperanza de un mejor porvenir de millones de chilenas y chilenos. Por eso, sabiamente, hace algunas décadas, el cobre fue bautizado como “el sueldo de Chile”. Es urgente que vuelva a serlo. Y para conseguirlo, es imprescindible que se respete el medio ambiente y a las comunidades.