Por Fernández Canedo.
En el Ministerio de Economía los funcionarios tenían caras demudadas y no alcanzaban ni a preguntarse por qué la Corte Suprema de EE.UU.
había decidido darle la razón al juez Griesa, que era dárselas a los bonistas que no entraron a los canjes de deuda y litigaron contra el país.
Dentro del Gobierno apostaban que la Corte iba a desairar a la justicia neoyorquina para avalar a la Argentina.
El fallo de ayer abre muchos interrogantes, pero cierra uno: Olivos no puede ahora culpar al gobierno de Obama ni a la oposición local por no haberlo defendido. La equivocada estrategia que llevó adelante el Gobierno no tiene otro responsable que la autoridad política del país, que sólo en el último tiempo, y por consejo de un nuevo abogado, entendió que debía anticipar que acataría el fallo, fuese cual fuese.
La decisión de la Corte implica un golpe a la política de acercamiento a los mercados, lo reconoció anoche la Presidenta, que se tradujo en arreglos y pagos para cumplir con juicios que ganaron las empresas en el tribunal del Banco Mundial, para pagarle a Repsol por YPF y al Club de París.
La tranquilidad que mostraban los funcionarios durante el fin de semana hacía pensar que el Gobierno había considerado que el haber hecho aquellos “deberes”, costosos en términos políticos y económicos, era suficiente para que la Corte de EE.UU. tomase el análisis del juicio de los bonistas.
Pero la realidad es otra. Ahora, el Gobierno debería girarles antes de fin de mes US$ 900 millones a los bonistas que entraron a los canjes y unos US$ 1.500 millones para cumplir con el pago a los fondos buitre. Si no media una negociación o un período de gracia, a fin de mes los fondos buitre pasarían a cobrar antes que el resto. Pero anoche la Presidenta dijo que eso no sera así.
Desde un punto de vista conceptual no tendría sentido que la Argentina ingrese en default por unos US$ 15.000 millones, que representarían el equivalente a 3% del PBI. Pero Cristina sostuvo que pagar esa cifra sería extorsivo, ya que equivalen a la mitad de las reservas. El fallo implica también un serio retroceso en la política frente a los mercados que vino desarrollando en los últimos tiempos ante la necesidad imperiosa de dólares que tiene, un dato que conocen los bonistas a la perfección.
Ahora se le hará más difícil al Gobierno conseguir divisas, tanto porque, según la Presidenta, se tomó la decisión de eludir el fallo de la justicia de EE.UU. como porque, con un tuit posterior a su discurso, sostuvo que el compromiso oficial es pagarles todo a los bonistas que entraron a los canjes y que se implementará lo que se podría interpretar como un cambio de lugar de pago.
Ahora habrá que esperar a que las negociaciones avancen para evitar más golpes como los que ayer soportaron las acciones y los bonos argentinos, el reflejo más claro de que la Argentina pierde crédito y, por lo tanto, posibilidades de crecimiento. Y esto es más allá del discurso político con que se trate de envolver a la decisión de la Corte.
El hecho de no cumplir con el fallo implica iniciar un nuevo camino, más difícil, y seguramente mucho más trabajoso para que la Argentina pueda conseguir el financiamiento necesario para aumentar la inversión y posibilitar el crecimiento.
Por Alcadio Oña.
Si el Gobierno esperaba que la Corte Suprema de Estados Unidos le tirase una cuerda, y verdaderamente eso esperaba, el desenlace fue uno bien distinto que entraba rigurosamente en el cálculo de posibilidades. Y lo ha puesto ante el peor de los escenarios: una victoria sonora de los fondos buitre con derivaciones impredecibles, el riesgo de default y embargos y un financiamiento externo que en lugar de acercarse se aleja.
Anoche la Presidenta se comprometió a pagarles al 92% de los acreedores que entraron a los canjes de 2005 y 2010. El problema está en el cómo y el dónde van a hacerlo, pues la titularidad del grueso de esos bonos está registrada en bancos de Nueva York y por lo tanto pueden ser presa de embargos. Para los buitres quedaría la impensable vía de que se acerquen a un nuevo canje, justo cuando todo juega a su favor.
Con el crédito que le da haber previsto un aterrizaje semejante antes de ahora, dice un especialista que siguió cada capítulo de la película: “Los jueces siempre están algo influidos por la política, aunque no tanto como aquí. Pero los del tribunal norteamericano hicieron prevalecer la cuestión jurídica por sobre el resto y no se salieron del libreto”.
Así esté por verse si el respaldo del gobierno de Barack Obama a la posición argentina era todo el que se decía, lo cierto es que cualquiera haya sido fue insuficiente para torcer la decisión de la Corte. Que ni siquiera abrió la posibilidad de otra instancia, lo cual habría significado darle algún tiempo a la Presidenta: volvió el caso al campo del juez Thomas Griesa, donde existe cosa juzgada a favor de los fondos buitre.
EE.UU. ya había intercedido por la Argentina ante la Cámara de Apelaciones, pero el efecto fue el mismo. El tribunal dio dos pasos a la vez: ratificó la sentencia de Griesa y precisó que el tema se cerraba en si mismo, o sea, que no podía ser considerado un antecedente para la restructuración de la deuda de ningún país, al contrario de lo que alegaba el Gobierno.
Según ciertos especialistas, hubiera sido una rareza que la Corte Suprema desoyera dos fallos, uno de primera instancia, el de Griessa, y otro se segunda, el de la Cámara, y dejara pedaleando en el aire a la propia Justicia norteamericana.
Quedó en evidencia, además, que resultaron inútiles los acuerdos en el Ciadi, Repsol y el Club de París si buscaban influir en el ánimo de los jueces. Fueron arregloshechos a las apuradas y, encima, carísimos.
Tampoco sirvieron de nada las gestiones de un grupo de legisladores en Washington, encabezadas por el presidente de la Cámara de Diputados, el kirchnerista Julián Domínguez. O sólo sirvieron para que la oposición no le diera pasto al oficialismo en un tema que ha escalado a las alturas de una cuestión nacional, cruzado por errores que el propio Gobierno cometió durante todo el proceso.
Cristina Kirchner llegó a decir que jamás les pagaría un sólo dólar a los buitres. Pero eso que lució como una bandera políticamente atractiva, fue igual a sostener que estaba dispuesta a desacatar un fallo de la Corte Suprema, el máximo tribunal de Estados Unidos. Debiera saberse que aquello que es útil para consumo interno no lo es en cualquier circunstancia.
Hay algo que convendría precisar, entre tanto barullo que se armó. Los fondos que entraron a los canjes de bonos en default por bonos nuevos cobrarán el 100% de la deuda, claro que en los términos que aceptaron: con quita sobre el capital, más intereses y cláusulas de diversos colores que al final del recorrido nunca significarán la quita del 70% que pregonó Néstor Kirchner.
Los holdouts, que no admitieron bonos nuevos ni tales condiciones, también pretenden cobrar el 100% de la deuda, con la diferencia de que se trata de una deuda ya vencida. Por eso es que el 100% apareció en la categoría de cash .
Griesa ya invitó al Gobierno a negociar con los buitres, un calificativo que obviamente él no acompaña así para muchos les caiga redondo, porque compraron títulos de la deuda defaulteada al 30% de su valor nominal y ahora pretenden recibir el 100%. El punto es que si negocian lo harán con tres ases en la mano: el primer fallo del juez, el de la Cámara y la decisión de la Corte de convalidar, en los hechos, las dos sentencias previas.
La demanda está limitada a US$ 1.330 millones, pero el paquete completo puede trepar a unos 15.000 millones si, con estos precedentes, otros bonistas que tampoco aceptaron los canjes también resuelven ir por el camino de los juicios.
Está probado que algo falló en la estrategia del kirchnerismo y que no fueron sólo los fallos de EE.UU., sino creer que su visión de las cosas debía ser compartida por todo el mundo.
Tan es así que en Olivos ni siquiera escucharon consejos de abogados que cobran miles y miles de dólares, justamente por aconsejarlos. A veces llegaron a pensar que jugaban para el bando enemigo y hasta contraron a otro, con supuestos contactos fuertes en la Corte, y que desde luego también cobró en grande por sus servicios. Obvio, las facturas siempre fueron a la cuenta del Estado argentino.
Finalmente, las cosas están en lugar donde están. Y el Gobierno se quedó sin el oxígeno que esperaba conseguir ayer.
Apremiado todo el tiempo por los pagos de la deuda y la montaña de divisas que consumen las importaciones de gas y combustibles y más ahora, en el invierno, cierto guiño de la Corte era la puerta de entrada al crédito externo. A tasas no mucho menores al 11% que iba a tocarles, pero al menos de un dígito.
Esa puerta acaba de cerrarse.
Por lo mismo, la de ayer tampoco fue una buena noticia para YPF, forzada a afrontar un financiamiento oneroso aún con la chapa de Vaca Muerta. Ni para empresas privadas que aspiraban a salir al mercado internacional de crédito.
Por Ezequiel Burgo
“Volver a hacer un canje como en 2010 para pagarle a los buitres no alcanza”, dice Miguel Kiguel, director de Econviews, tras el doble revés que sufrió esta mañana Argentina: la Corte Suprema de Justicia de EE.UU. rechazó una apelación y falló en contra de una familia de juicios 'primos-hermanos' de la deuda en default 2001 y los canjes 2005/2010.
El ex secretario de Finanzas cree que pasó el momento para Argentina de cerrar su disputa con los buitres a través de un nuevo (y tercer) canje. En marzo de 2013, el Gobienro ofreció un paquete similar al de 2010: para los minoristas un bono que respetaba el 100% del capital, que vencía en 2038 (par) y, por otro lado, un papel con descuento para los fondos grandes.
En ambos casos recibirían, además, un cupón PBI. “Todo esto ya no va”, dice Kiguel. Este esquema fue rechazado permanentemente por los buitres desde 2005 y hoy, según cálculos de Nicolás Dujovne, un canje así tendría un valor de mercado de US$ 66 por cada US$ 100 de bonos en default. ¿Por qué los buitres aceptarian cobrar menos si la justicia les da la razón por el 100%?
El peor resultado sería pagar la sentencia Griesa en efectivo. Según cálculos de Dujovne, teniendo el efecto multiplicador del fallo, podría disparar desembolsos porUS$ 20.000 millones. Algo que, a priori, no sería aceptable por el Gobierno. ¿Y entonces?
Griesa habilitó unos dias atrás la via negociadora. Esto es bueno porque bajan las chances de una solución binaria. Propuestas intermedias señalan, por ejemplo, la posibilidad de entregar un Bonar 2024 (los mismos que se dieron para saldar la deuda con Repsol) por el monto adeudado. Pero habrá que aguardar a cómo se negocia si es que el Gobierno decide tal paso luego de que la via judicial no prosperara. La Argentina viene de dos negociaciones: Repsol y Club de Paris. Las dos se cerraron. ¿Se viene la tercera?
Finalmente luego de tantas idas y vueltas la Corte de EE.UU. no aceptó el caso argentino y, señores y señoras, habrá que pagar. Es decir, volvimos a Griesa, con lo cual ahora se debe decidir cómo pagar y no ya si hay o no que hacerlo. Hay dos formas de ver el fallo de la Corte. El lado malo de la historia: perdimos un juicio y ahora debemos pagar. Pero también está el lado bueno: un tema menos a resolver en el ámbito económico.
En un país que tiende a patear los problemas hacia adelante, que finalmente uno tenga un final, no es mala noticia.
Frentes que se cierran
Lentamente se están cerrando todos los frentes externos. No de la manera ideal, pero es lo que hay. Tampoco tiene mucho sentido suponer otros escenarios.
CIADI: Se cerraron varios acuerdos contra la entrega de bonos por u$s 500 millones. Siguen algunos juicios pendientes, pero definitivamente se fue viendo una voluntad del gobierno de ir resolviendo los juicios abiertos con las empresas internacionales.
Repsol: se pagaron unos u$s 5.000 millones en bonos, tanto nuevos como ya emitidos. Esto terminó con la retirada definitiva de Repsol de YPF vendiendo su participación dentro de la empresa.
Club de Paris: Se llegó a un acuerdo para pagar los u$s 9.700 millones en un plazo de 5 o 7 años con una tasa del 3% y pagos en efectivo.
Holdouts: Se terminó resolviendo con un fallo adverso en la Corte Suprema y hay que pagar. Resta ver qué bonos se emiten para pagar la deuda, no sólo de este fondo buitre, sino de los otros juicios que tiene la Argentina abiertos.
Lo cierto es que este breve resumen nos muestra cómo el tema de la deuda ha cerrado sus frentes y es una buena noticia. Son menos temas abiertos con finales inciertos. Es cierto que sí empieza un pequeño problema: Ahora, para volver a crecer, hay que pagar. Pero no es un problema de este gobierno solamente, sino del gobierno que viene y del que viene y del que viene.
Los pasos a seguir
El Congreso debería hacerse cargo de la negociación final de la deuda como corresponde y marca la Constitución. No es potestad del Ejecutivo. De hecho, así como el Congreso tuvo que votar la indemnización de Repsol, seguramente deberá aprobar los bonos que usará la Argentina para cumplir el fallo de los tribunales de Nueva York.
Lo que se perdió y hay que ganar
¿Qué se perdió con el fallo de la Corte? El sueño de que fácilmente la Argentina podía conseguir dólares en el mercado de capitales internacional. Primero, lo que se debe hacer, es cerrar lo más ordenadamente la forma de pagar y luego ver qué se podrá conseguir.
Es decir, aquellos que apuntaban a que el gobierno iba a conseguir financiar parte de su déficit fiscal con ingresos de deuda externa, deberán repensarlo. No es así, o al menos será mucho menos de lo esperado.
Por lo tanto, la única forma de financiar el creciente déficit que se profundiza a partir de julio de este año continuará siendo más emisión monetaria. Mientras por otro lado para poder mantener lo dólares de las reservas implicará una mayor restricción a las importaciones.
En resumen, un poco más de inflación y un poco más de recesión.
Ahora sí, la política fiscal deberá entrar en la agenda de la política económica y no solamente el ajuste del sector privado. Si se sigue con la política de estimular la demanda interna sin resolver el ingreso de dólares sólo se logrará aumentar la inflación y, por lo tanto, el conflicto social.
El corto plazo
El Gobierno debe confirmar con gestos concretos lo que estuvo haciendo hasta ahora. Es decir, quejarse todo el tiempo de la maldad internacional pero cerrar acuerdos para pagar. Al mejor estilo Néstor Kirchner, no escuchen lo que digo, miren lo que hago.
El Gobierno deberá concentrarse en negociar la mejor forma de pagar. Tiene la ventaja que ya Griessa abrió el paraguas que puede no ser todo en efectivo y dejar como antecedente al resto de los que iniciaron el juicio.
Es momento de no tirar por la borda lo avanzado y aceptar con disgusto el resultado del juicio. Negociar y lograr pagar con bonos que permitan financiar el pago.
El mediano plazo
Hay que tener una política macroeconómica más consistente, con una administración fiscal más ordenada. Seguramente la inflación volverá a subir y las reservas a bajar. Pero si se hace un esfuerzo por ordenar las cuentas, puede ser que las expectativas lentamente tiendan a mejorar.
Si el Gobierno no toma este camino de orden de las cuentas macroeconómicas, se puede dar una de las últimas paradojas: que para evitar una crisis mayor, Argentina deba recurrir al FMI para conseguir fondos a mayor plazo y a menor tasa de interés.
Así las cosas. No es tan malo, solo se trata de pagar. Es necesario darle un sentido a ese esfuerzo: que la Argentina vuelva a conseguir inversiones que le permitan crecer.
Por Carlos Pagni.
Como todo presidente expuesto a una crisis de reservas, Cristina Kirchner está de nuevo ante una opción molesta: debe elegir entre preservar su identidad o mantener la gobernabilidad.
Preservar su identidad significa ser fiel a su discurso. En este caso, no negociar con los fondos buitre o "depredadores seriales", como ella llama a los tenedores de bonos en default. Muchas veces la Presidenta sugirió lo que ocurriría si la justicia de Estados Unidos satisfacía el reclamo de los holdouts embargando los fondos que el país deposita en el Bank of New York para pagar los bonos reestructurados en 2005 y 2010: "No pueden obligar a un país a no cumplir sus compromisos", repitió.
Traducido: no soy yo quien decidió la cesación de pagos; fueron los jueces.
Alineados con esta posición, algunos interlocutores de Carlos Zannini y Kicillof les hacen ver que es el peor momento para negociar con el fondo Elliott y los demás holdouts beneficiados por la Corte. "Esos tipos quedaron en una posición inmejorable; sentarse hoy significa darles todo", explicaba uno de esos especialistas ayer. Es verdad: el fondo Elliott y los demás tenedores de bonos en default consiguieron ayer dos pronunciamientos de la Corte en su favor. Además de no tratar la apelación de la Argentina, el tribunal rechazó un pedido del Departamento de Estado para que, en nombre de la ley de inmunidad soberana, se prohíba embargar o pedir información sobre activos del país ( http://www.law.cornell.edu/supct/pdf/12-842.pdf ).
¿Qué proponen los consejeros de Zannini y Kicillof? Ignorar los fallos y ofrecer a los tenedores de bonos reestructurados que cobren sus acreencias en Buenos Aires. El Gobierno duda muchísimo en aceptar esa "solución". En varios bancos de inversión también son escépticos. Dicen que "reunir a todos los bonistas detrás de ese programa es imposible".
Si se descarta una negociación con los holdouts, que es la vía que la mayoría de los expertos considera más sensata, se podría abrir otra perspectiva turbulenta: que el Gobierno resuelva volver a reestructurar toda la deuda.
Estos enfoques suponen, desde el punto de vista político, que Cristina Kirchner se atará a su palabra: no negocio con los "buitres". No es lo que hizo cada vez que quedó al borde del abismo. Ella se cansó de repetir que "los que quieren una devaluación, que esperen otro gobierno". O que "los que pretenden subir la tasa de interés buscan enfriar la economía". También negaba la inflación porque era un argumento de los tenedores de bonos actualizados por CER. Sin embargo, devaluó, subió las tasas y sinceró la inflación. No debería sorprender, entonces, que Axel Kicillof se sentara con Paul Singer, el titular del fondo Elliott, para negociar la heroica fase final del "desendeudamiento".
La intransigencia en las consignas activará una mayor caída de reservas monetarias. Ayer hubo un ensayo general de ese drama. El precio de los bonos se derrumbó y comenzó la presión sobre el dólar a través de operaciones de contado con liquidación. Los expertos vaticinan que la brecha entre la cotización oficial de la divisa y la paralela tenderá a agigantarse. Para seducir a los ahorristas a conservar sus pesos habrá que aumentar la tasa de interés. La actual, de 27%, es elevadísima. Pero en el nuevo contexto es muy barata. Las consecuencias de esta dinámica se sentirán en el nivel de actividad, que seguirá cayendo, con la consiguiente destrucción de puestos de trabajo. El termómetro político indicará más tensión social y sindical. Este camino desemboca en el lugar que se quería evitar cuando se lo tomó: con una economía que se contrae ya no 1 sino 4%, que es lo que prevén los economistas más serios, la pretensión presidencial de abandonar el poder envuelta en la bandera de la distribución del ingreso será una quimera.
Los votantes que prefieren al kirchnerismo porque garantiza las fuentes de trabajo buscarán otras opciones.
La alternativa es resignar otra consigna y negociar con los holdouts. En una audiencia que se celebró el 31 de mayo, Thomas Griesa ofreció su juzgado como marco para esa transacción. Existe un argumento que la desalienta: los bonos reestructurados en 2005 y 2010 llevan una cláusula RUFO (rights upon future offer), por la cual el Estado se obliga a extender a sus tenedores las ventajas que conceda en un eventual convenio con los holdouts. La validez de ese requisito es discutible, porque en este caso no habría un acuerdo voluntario, sino el cumplimiento de un imperativo judicial. Así se entiende la respuesta, en principio escandalosa, que dieron los abogados de la Argentina cuando los jueces de la Cámara de Apelaciones de Nueva York les preguntaron si acatarían sus sentencias: "Voluntariamente, no". Estaban fijando posición para un eventual reclamo de los bonistas que se amparan en la cláusula RUFO. Esas demandas se realizarían ante el propio Griesa, que obligó a pagar a los holdouts.
La Presidenta pasó ayer el día envuelta en llamas. A su lado, sólo Jorge Capitanich aconsejaría negociar con los holdouts. Zannini y Kicillof son más inflexibles. Pero nadie ofrece una hoja de ruta clara. En las últimas semanas hubo una extraña coincidencia: el gobierno argentino, la oposición, los abogados del fondo Elliott y el mercado financiero coincidieron en que, antes de rechazar la apelación, los jueces consultarían al solicitor general, el abogado de la Casa Blanca, para que emita un dictamen sobre el caso. Muchos banqueros, a veces en contra de lo que opinaban sus asesores jurídicos, supusieron que los magistrados serían sensibles a la carga política del pleito. Después de todo, Francia, Brasil, México y el Fondo Monetario se habían presentado como amicus curiae respaldando a la Argentina. La señal más clara de este consenso fue que los bonos del país no paraban de subir.
CONTEXTO
El optimismo casi religioso del Gobierno, de la oposición y del mercado se basaba en el error de considerar que la Corte evaluaría el caso pensando en su contexto. No lo hizo. Las dos decisiones que el máximo tribunal norteamericano adoptó ayer fueron de una asepsia jurídica rigurosa. Ya habían aparecido señales de ese estilo. En una audiencia celebrada por el denominado caso Discovery, un abogado de los holdouts argumentó que la Argentina no cumplía con muchos compromisos: "¿Y eso qué tiene que ver con el pleito que estamos considerando?", le respondió el presidente del tribunal.
Para Cristina Kirchner las novedades de ayer son difíciles de asimilar. Ella cultiva un reduccionismo político que le impide pensar que existen decisiones autónomas de la voluntad del que manda. Los jueces estadounidenses siguieron otro criterio. Las obligaciones asumidas en un contrato pueden ser más coercitivas que la razón de Estado. O, dicho de otro modo, cabe imaginar que el poder se incline ante un derecho. Para el kirchnerismo se trata de un choque cultural.
Por Joaquín Morales Solá
Cristina Kirchner se irá como su dinastía llegó al poder: con serios problemas con la deuda pública. Seguramente, esos problemas tendrán menor intensidad que los de 2003, pero la Argentina tampoco será el paraíso desendeudado del que se habló, con más palabras que consistencia, durante más de una década.
La decisión de ayer de la Corte Suprema de Estados Unidos , que ratificó la derrota del gobierno argentino en las dos instancias inferiores, puede leerse en clave económica y también con signos políticos. Cuestiona la estrategia de la conducción económica sobre la deuda e interpela el manejo (y la dirección) de la política exterior argentina.
En resumen, la decisión de los jueces supremos de los Estados Unidos condena al gobierno local a pagar 1330 millones de dólares a los fondos buitre que tienen bonos que no entraron en los dos canjes de deuda que hubo después del default, en 2005 y en 2010. El pago debería ser perentorio, porque el juez de primera instancia, Thomas Griesa, les ordenó a los bancos que no pagaran los bonos argentinos en circulación hasta que no tuvieran la garantía de que se había saldado la deuda con los que están en default.
El próximo pago corriente de la Argentina, de unos 400 millones de dólares, debería hacerse a fin de mes. Si se obedeciera literalmente la resolución de Griesa, la administración de Cristina Kirchner debería pagar aquellos 1330 millones de dólares junto con los 400 millones de deuda concertada. Si no lo hiciera, o si no empezara antes una negociación con los holdouts, los bancos no pagarán a sus tenedores los 400 millones de dólares. Arribaría el temido escenario del default técnico.
El tamaño del problema es más grande aún. Unos 15.000 millones de dólares no entraron a ninguno de los dos canjes propuestos por el gobierno argentino. Los tenedores de esos bonos podrían insistir en el mismo camino de los que acaban de ganar en la Justicia norteamericana. Es decir, no aceptar ninguna negociación con los argentinos. ¿Lo harán? Es probable. Nadie se resigna a perder parte de lo que es suyo si tiene la posibilidad de conseguirlo todo. También es previsible que aquellos 15.000 millones de dólares agranden la carga de la herencia que el gobierno actual le dejará al próximo presidente.
En su momento, el Gobierno cometió el error político de desafiar a la Justicia norteamericana. Dijo que no la obedecería, aunque luego atenuó su embestida y señaló que cumpliría con sus sentencias. También adelantó que podría evitar a los bancos norteamericanos, obligados a cumplir la sentencia de la Justicia de su país, y que les pagaría en Buenos Aires a los bonistas que aceptaron los canjes. Un ejemplo: pagaría en Buenos Aires, en tal caso, los próximos 400 millones de deuda corriente, pero no pagaría los 1330 millones de dólares de los fondos buitre.
El Gobierno debería reflexionar sobre esa idea, porque lo colocaría directamente en desacato frente a la justicia norteamericana. Fue el Estado argentino el que propuso, en las diversas emisiones de deuda pública, a la justicia de Nueva York como el árbitro final de cualquier conflicto. Uno de los argumentos más usados por la administración argentina fue que la justicia norteamericana sentaría un pésimo precedente en el sistema financiero internacional. Derrumbaría, decía, toda la reestructuración de una deuda soberana por la persistencia de apenas el 8% de los acreedores. No habría en adelante, dramatizaba, la posibilidad de nuevas reestructuraciones de deudas soberanas en un mundo donde muchos países están sobreendeudados. Esa posición fue, de algún modo, acompañada por el gobierno de Washington en sus presentaciones ante la Corte Suprema de EE.UU. En verdad, el riesgo a futuro es ya menor: todas las emisiones de deudas nuevas se hicieron con una cláusula que obliga a los bonistas a aceptar la decisión de la mayoría.
Otra afirmación que el gobierno argentino hizo, incluso ante los tribunales norteamericanos, es que se vería obligado a renegociar el 100% de su deuda si los jueces estadounidenses les daban la razón a los holdouts. Sería la conclusión de una cláusula escrita en los bonos reestructurados que obliga al Gobierno a trasladar a la totalidad de los bonos cualquier mejora que hiciera a algunos. Para peor, esa cláusula vencerá en diciembre. Por eso, se esperaba, más que un triunfo de la posición argentina, la postergación de la decisión de la Corte Suprema hasta después de diciembre.
El caso es menos dramático de lo que parece. Esa cláusula existe, pero su espíritu señala que el traslado de eventuales mejoras deberán hacerse en caso de que el gobierno argentino las ofrezca a algunos bonistas. Dicho de otra manera, en caso de que el Gobierno cambiara voluntariamente las condiciones de algunos bonos. No es la situación actual, cuando los jueces norteamericanos están obligando al gobierno argentino a modificar las condiciones de un porcentaje menor de bonos.
Desde ya, una parte de los bonistas que entraron en los canjes buscará la interpretación de la Justicia sobre esa cláusula. Decidirá la justicia de Nueva York, otra vez. El período que se abre es necesariamente complicado en los estrados de la justicia norteamericana. Cristina Kirchner dejará el poder con muchas de esas cosas irresueltas. La herencia económica es cada vez peor.
POLÍTICA AUTORITARIA
La Argentina no puede desobedecer la orden que ayer le dio indirectamente la Corte norteamericana, pero cumplirla significará una nueva hemorragia para la escasas reservas de dólares del Banco Central. Es la consecuencia de la autoritaria política del cepo al dólar y de la prohibición de repatriar utilidades para las empresas multinacionales. Ni se liquidan dólares en el mercado oficial de cambios ni se han hecho inversiones significativas. Los dólares que entran al Banco Central son siempre muy pocos. La resolución judicial de ayer agravará aún más la situación, porque el acceso argentino al crédito internacional será ahora más caro. La primera víctima será YPF, seguramente, empresa que está imposibilitada de financiarse en el mercado local.
El gobierno norteamericano hizo lo imprescindible, pero no fue suficiente. ¿Existió la voluntad de Washington de hacer más? No parece. Es más que evidente que el gobierno de Cristina Kirchner no hizo ningún intento coherente para establecer una relación normal con la administración de Barack Obama durante sus seis años de poder. La Presidenta es la única mandataria latinoamericana de un país importante que jamás fue invitada a la Casa Blanca. Siempre se supo que el alicate de Timerman tenía su precio y que también tenían un costo los encendidos discursos presidenciales. Debe subrayarse, además, que las posibilidades de la Casa Blanca de influir en la Corte Suprema son muy limitadas. Cierta lejanía entre los gobiernos y la independencia de poderes en Washington condenaron a la presidenta argentina.
En los últimos meses, Cristina Kirchner se dio cuenta de que debía cambiar. Acordó con el Club de París, con condiciones tan malas que todavía no se conocen; arregló algunas deudas con empresas que habían ganado en los tribunales internacionales del Ciadi, y formalizó un plan para indemnizar a Repsol por su violenta confiscación. No fue suficiente. Su política exterior es pobre o inexistente. Su embajadora en Washington, Cecilia Nahon, no reunió nunca las condiciones para estar donde está.
En Washington, ya sea en su gobierno o en sus jueces, existe cierto cansancio con el caso argentino. El propio el juez Griesa, en su última sentencia, previó la posibilidad de que el gobierno argentino no pudiera pagar tal como él sentenció. Abrió la puerta de una negociación con los holdouts, pero le ordenó al Gobierno que actuara de "buena fe". No sólo hay cansancio, entonces, sino también desconfianza. Distancia, cansancio, desconfianza. ¿Cómo esperar que las cosas hubieran sido mejores en los meses finales de un gobierno, cuando lo más preciado son las noticias buenas que nunca llegan?
