En el número anterior de La Vanguardia escribimos acerca de la peligrosa construcción de un relato mistificador sobre el fracking por parte del gobierno nacional, a través de YPF, y de los involucrados provinciales (sobre todo el gobierno neuquino). Hicimos hincapié en la intensa estrategia comunicacional, que busca transformar la “necesidad” en ”virtud”, rechazando de plano cualquier crítica o restando carácter controversial a la metodología de la fractura hidráulica. En rigor, el gobierno, los medios de comunicación y las operadoras petroleras han ido más lejos, pues hoy debemos hablar cada vez más de la instalación de un Consenso del fracking.

Como afirma la periodista Laura Rocha, especializada en cuestiones ambientales, “el fracking se lleva todos los títulos cuando se habla de industria petrolera”, además de todos los suplementos económicos y de energía de los medios oficialistas, nacionales y provinciales, así como aquellos medios opositores. Detrás de Vaca Muerta se observa así un alineamiento que encuentra al gobierno y la oposición detrás de una visión “eldoradista”, que recrea la idea de la Argentina potencia, identificando sin más abastecimiento hidrocarburífero con soberanía energética y clausurando el camino hacia la búsqueda de otras energías, limpias y renovables.

El Consenso del fracking une en una misma visión a progresistas y neoliberales acerca de lo que debe ser YPF modelo 2012. A través de la figura de la sociedad mixta se colocó en el centro del nuevo paradigma la búsqueda y otorgamiento de grandes concesiones a los capitales extranjeros, tal como ya se hizo con Chevron. Esta vuelta de tuerca privatista dejó muy lejos el modelo nacional-estatal que fuera reivindicado –al menos retóricamente- a la hora de la intervención de Repsol-YPF.

El caso es que Chevron impuso sus términos para desembarcar en Vaca Muerta. Éstos quedaron reflejados en el decreto 929 que creó un régimen especial de promoción hidrocarburífero para los no convencionales que beneficia a las compañías que inviertan más de mil millones de dólares. A la manera de la legislación minera de los 90, se estableció que, a partir del quinto año de comenzado el proyecto, el 20% de lo extraído estará sujeto a cotización internacional (muy superior al precio local), sea para la exportación o para el mercado interno, si es que éste no se encuentra debidamente abastecido.

En el primer caso, se quitará todo gravamen aduanero (retenciones) y en ambos se permitirá la libre disponibilidad de las divisas obtenidas. Estas prerrogativas, violatorias de la ley nacional de Hidrocarburos, limitan los alcances de la ley de Soberanía Energética al tiempo que contravienen la ley general del Ambiente y el art. 41 de la Constitución Nacional. El Decreto Presidencial 929/13 fue publicado un día antes de que se firmara el acuerdo con Chevron. Lo que se dice “un traje a medida” que respondió a exigencias de la empresa norteamericana.

Pero este decreto no son las únicas liberalidades que posee Chevron en nuestro país. El Diario New York Times reveló parte de las cláusulas firmadas con YPF que increíblemente siguen siendo secretas. Chevron continuaría recibiendo parte de las regalías de aquellos pozos que alcance a poner en marcha aún si la empresa se retira del país, en concreto obtendría “los beneficios netos del 50% de la producción de los pozos iniciales a perpetuidad”. Asimismo la ley aplicable del Acuerdo, en caso de incumplimiento o disputas, no es la de Argentina sino la que rige en la ciudad de Nueva York y la jurisdicción no serían los tribunales argentinos, sino la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI), con sede en Francia.

La reciente ratificación de la Cámara Federal porteña, que estableció que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner puede ser investigada por la firma del decreto 929/13, rompió el silencio y la aquiescencia en torno al pacto YPF-Chevron, sentando un nuevo llamado de atención sobre lo que puede deparar al elenco gubernamental la existencia de una Justicia independiente… Pero el impacto político y mediático que esto tuvo fue muy efímero. Incluso los medios considerados “opositores” encapsularon la problemática en la imputación a la Presidenta y trataron de evitar el debate sobre la cuestionada técnica de la fractura hidráulica.

En la demanda en contra de la presidenta (como firmante del decreto) denunciábamos no sólo el incumplimiento de sus deberes como funcionaria pública y el abuso de autoridad en la firma de ese Decreto, publicado un día antes de que se rubricara el acuerdo entre YPF y Chevron, sino que también nos referíamos al daño ambiental que implica la utilización del fracking y la permanente violación del Derecho Indígena que supone el incontrolado avance de las petroleras sobre comunidades mapuches. Pero el avance de la explotación de los hidrocarburos no convencionales también se realiza mediante una flagrante violación del Convenio 169 de la OIT, ratificado por leyes nacionales, que exige la consulta libre, previa e informado de las comunidades Mapuches sobre lo que pueda ocurrir en sus territorios.

Por otro lado, la influencia cada vez mayor de EE.UU. detrás del Consenso del fracking se torna cada vez más evidente. No olvidemos que es el país del norte el principal productor mundial de no convencionales y verdadero motor de su extracción. El pasado 22 de mayo, el subsecretario de Energía de los Estados Unidos, Daniel Poneman, estuvo en nuestro país. “Visita inédita”, titularon algunos medios. Visita proconsular, debería decirse en rigor… El emisario del gobierno estadounidense se reunió con todos; gobierno y oposición. Además de la propia Presidenta y el gobernador de Neuquén, agasajaron al emisario norteamericano Jorge Capitanich, Julio de Vido, Axel Kiciloff, Guillermo Pereyra y los opositores Ernesto Sanz y Jesús Rodríguez. También el Presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, lo recibió junto a Miguel Angel Pichetto, los presidentes de las comisiones de Energía de las dos cámaras, el sindicalista neuquino Guillermo Pereyra y el santacruceño Mario Metaza y un grupo entre quienes estaban los diputados Omar Perotti, Mario Das Neves, Dante González, entre otros.

Ratificando esta nueva vuelta de tuerca del Colonialismo del Siglo XXI, el subsecretario de Energía de Estados Unidos exigió -sin tapujos- reglas claras, un régimen fiscal especial y “seguridad para los contratos, porque hay empresas que van a invertir miles de millones de dólares”. No está sola Chevron, también tienen una fuerte presencia en Vaca Muerta otras petroleras norteamericanas como Exxon y EOG Resources.

En suma, el Consenso del Fracking reafirma la dependencia de los combustibles fósiles, pero también el de la dependencia con las grandes empresas trasnacionales, embarcándonos ciegamente en la explotación de hidrocarburos no convencionales, que no sólo requieren de zonas de sacrificio sino que presentan mayores costes operativos, son más difíciles de extraer, más contaminantes y sus yacimientos presentan una vida útil inferior respecto de otros tipos de energías. Asimismo, el Consenso del fracking no permite las disidencias ni tolera tampoco el pensamiento crítico. No sólo clausura el camino para pensar en otras matrices energéticas, basadas en las energías limpias y renovables, sino también obtura el doble camino del debate societal y el de la democratización de las decisiones.

(*) Maristella Svampa es socióloga y escritora, profesora de la UNLP, Investigadora Principal del Conicet y miembro de Plataforma 2012. Columna firmada también por Enrique Viale, que es el Presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas. www.sinpermiso.info.