Por Carlos Pagni.

La discusión sobre un nuevo régimen legal para la explotación de hidrocarburos encierra, como pocas, la clave del destino de la Argentina para los próximos diez años.

Con su extraviada política energética, el kirchnerismo ha convertido una inconsistencia sectorial en un enorme desequilibrio macroeconómico: las importaciones de combustibles son tan caudalosas que han provocado una crisis de las reservas. Como en tantas otras materias, también en ésta la Presidenta ha tenido que volver sobre sus pasos.

El presidente de YPF, Miguel Galuccio , convenció a la Presidenta de la necesidad de fijar un nuevo marco regulatorio especial para la extracción de petróleo y gas no convencionales. Galuccio sabe que los principales límites que enfrenta ese negocio no se pueden modificar: están determinados por la política macroeconómica del oficialismo. Por lo tanto, avanzó sobre las prerrogativas provinciales, desatando una tormenta. Ya se sabe: cuando discuten por petróleo, los seres humanos suelen ponerse agresivos.

El 21 de septiembre de 2012, Jude Webber detalló en el Financial Times ocho requisitos que debía satisfacer la economía nacional para atraer inversiones energéticas. No era un catecismo nac&pop. Sin embargo, Galuccio ha conseguido que la Presidenta cumpliera algunas de esas condiciones. Celebró un acuerdo con Repsol. Saldó las deudas con el Club de París y las fijadas por el Ciadi. Mejoró el precio del petróleo y el gas subsidiando a las empresas que mejoren su producción. Y permitió una suba notoria en el precio de las naftas.

La plataforma conceptual sobre la que Axel Kicillof justificó la estatización de YPF fue dinamitada por Galuccio. Sobre todo la premisa según la cual se podría desarrollar el negocio sin aumentar los precios.

Vaca Muerta sigue siendo El Dorado de los buscadores de petróleo. Y aun así los inversores no aparecen. Exxon, Total y Shell esperan a que llegue el próximo gobierno para apostar algo más que una moneda. La malaya Petronas demora su llegada. La única compañía relevante que se interesó fue Chevron, con la que Galuccio selló un acuerdo para el que hubo que crear sociedades en paraísos fiscales y en el que la inversión se remunera con crudo que se entrega fuera del país. Analizar ese texto sería un buen ejercicio para el hermeneuta Forster y su Secretaría del Pensamiento Nacional. El problema es que es secreto.

Balance provisional: desde que se estatizó YPF la producción total de petróleo y gas ha decaído. Y la de la estatizada subió muy poco, sobre todo en crudo, a pesar del importante endeudamiento.

Los grandes jugadores de la industria se demoran en llegar por motivos comprensibles. Los que extraen gas del subsuelo están expuestos a que el Gobierno los obligue a entregarlo al mercado domiciliario a precio vil. Para girar dividendos hace falta una autorización especial del Banco Central. Y la importación de equipos o de insumos depende de la buena voluntad de la Secretaría de Comercio.

La economía nacional está atrapada en un círculo vicioso. Como las importaciones de energía se llevan gran parte de las reservas, se establecen restricciones cambiarias. Y esas restricciones desalientan la inversión que podría aumentar la oferta local de hidrocarburos.

Galuccio sabe que para desatar ese nudo hace falta otro gobierno. Como no puede conseguir que la Presidenta remueva los obstáculos principales, decidió mejorar las condiciones del negocio reduciendo la participación de las provincias. Es el primer defecto de la reforma elaborada por YPF: corrige distorsiones marginales porque no puede atacar el centro del problema.

La Nación aporta al nuevo marco poco y nada. Promete a los que inviertan US$ 250 millones que, al cabo de 5 años, tendrán la disponibilidad del 20% del producto. También les augura menos inconvenientes para importar equipos e insumos que no se produzcan en el país.

Las mayores ventajas que se ofrecen a las petroleras en la reforma de Galuccio son provistas por las provincias. Por ejemplo: el plazo de 25 años de las concesiones se extendería a 30 para las explotaciones en aguas profundas y a 35 para las de hidrocarburos no convencionales. Todas se prorrogarán por 10 años.

El proyecto prohíbe los contratos de carry, o acarreo, que beneficia a las empresas provinciales de energía. Esos convenios establecen que cada concesionario debe entregar entre 10 y 15% de su negocio a la compañía provincial, que pagará la inversión con el producto que se extraiga. Los gobernadores entendieron que el sistema sería suspendido en el futuro. Pero la intención del Gobierno es anular los acuerdos existentes.

El proyecto de Galuccio desató una guerra inédita con las provincias que administran hidrocarburos. Es lógico que Jorge Sapag se haya puesto a la cabeza: Neuquén es la dueña del 90% de Vaca Muerta.

El principal argumento de los gobernadores es que la Casa Rosada pretende renovar las licencias sin que las empresas hagan aporte alguno a las provincias. Sapag tuvo un brote de sinceridad: dijo que por haber aceptado esa condición en el caso de Chevron perdió la interna del MPN. Es verdad: le ganó el sindicalista petrolero Guillermo Pereyra, denunciando que Neuquén recibió US$ 60 millones de impuesto a los sellos por un área que YPF le cedió a Chevron en US$ 500 millones. Para Sapag vale la sentencia latina: "Nadie puede alegar su propia torpeza".

El gobernador también arguye que el carry es irrelevante a la hora de determinar una inversión. La prueba, dice, es que Neuquén atrajo a muchísimas empresas que aceptaron esa condición.

Desde las oficinas de YPF se vitupera a los gobernadores petroleros, diciendo que el 50% de las concesiones que se han dado en los últimos 10 años beneficiaron a compañías sin antecedentes. Nadie se atreve a decir que entre esos beneficiarios figuran amigos del poder como el constructor Lázaro Báez, el aeroportuario Eduardo Eurnekian, el ex diputado José Luis Manzano o el impresor Raúl Moneta.

Los gobernadores pagan cara su miopía. Era previsible que la estatización de YPF significaría la desprovincialización de los recursos del subsuelo. Desde que la adquirió el sector público, esa compañía tiene más derechos que cualquier competidora, con independencia de lo que opinen las provincias.

El segundo defecto de la reforma de Galuccio es que la hace Galuccio. En otras palabras: el Estado resigna en una petrolera el extraordinario beneficio de diseñar la política de petróleo. Y lo hace porque esta petrolera es estatal. Quiere decir que en el sector de hidrocarburos se reproduce el vicio que domina la aeronavegación, donde las reglas se elaboran a la medida de Aerolíneas. Se olvida de este modo un criterio saludable: si una compañía está obligada a competir, que sea estatal o privada es anecdótico. La ventaja que obtiene YPF es más aberrante porque 49% de las acciones son de particulares. La propuesta de Galuccio tal vez sea pro negocios. Pero no por eso es pro mercado.

Hay que reconocer, sin embargo, que las habilidades de este ingeniero para la magia se están demostrando más en la política que en la extracción de hidrocarburos. No sólo esterilizó los ideologemas de Kicillof. También se llevó puesto a Julio De Vido. Ya le había arruinado el negocio de la licuefacción de gas, un contrato multimillonario que José Roberto Dromi administraba en un departamento de la avenida Velázquez, en Madrid. Ahora le anuló los privilegios de Enarsa en la explotación offshore, a pesar de los cuales esa empresa no obtuvo una gota de petróleo.

Galuccio también extiende su pericia hacia la oposición. Consiguió la aquiescencia del radicalismo para su proyecto. Y Ernesto Sanz admitió que, más adelante, UNEN podría considerar su continuidad en YPF. Galuccio también logró que Mauricio Macri fuera hasta la sede de la compañía para considerar un proyecto que, en rigor, debería elaborarse en la Secretaría de Energía. Milagros de la ética de la responsabilidad: de dos candidatos a la Presidencia los consumidores acaso esperaban una queja por la extraordinaria suba de las naftas. Mientras tanto, el ambicioso Galuccio se abre paso para permanecer en YPF cuando la señora de Kirchner haya dejado el poder. Su único obstáculo sería Sergio Massa.

Los problemas de Galuccio no están en el campo electoral. Tampoco en las provincias, a pesar de que Neuquén propondrá hoy su propio "pacto petrolero". El desafío es sindical: en una orgullosa demostración de arbitrariedad, Pereyra adelantó que tal vez exija a YPF un plus por zona desfavorable de 60%, como el de las demás empresas, y no de 42%, como él toleró hasta ahora. También se preguntó si sus afiliados no deberían trabajar 8 horas y no 12. Aquí sí Galuccio deberá hacer magia. Porque el carry de Pereyra es más costoso que el de todas las provincias.