El destino de HidroAysén hoy está rodeado de incertidumbres. Tras el rechazo que esta semana materializó el Comité de Ministros sobre el megaproyecto de Endesa y Colbún, las dudas sobre las cinco centrales hidroeléctricas que se planeaban ejecutar en la XI Región no sólo provienen de las opciones que actualmente los socios evalúan para apelar al dictamen del gobierno.   

Además de las definiciones pendientes de la estrategia legal, un factor que hoy es determinante para el rumbo que seguirá el proyecto es la propia Endesa Chile, dueña del 51% de la iniciativa.  

Uno de los frentes de incertidumbre viene dado por los cambios que se han gestado en la cúpula de la eléctrica italiana Enel. Endesa Chile, filial del grupo Enersis, el brazo inversor en Latinoamérica de Endesa España, es controlada en un 92% por el grupo itálico. En abril pasado, el gobierno italiano, que posee el 31,5% de la compañía, designó a Francesco Starace como nuevo director general del grupo eléctrico.                         

La llegada de Starace podría generar cambios en Endesa España y, por consiguiente, en Enersis y Endesa Chile, reconocen al interior de la operación chilena. Ello, porque el relevo en el gobierno corporativo de En el se produce en momentos en que la compañía enfrenta un desafío de proporciones: reducir la deuda que ronda los US$ 67.000 millones.Para cumplir esa tarea, al interior del holding señalan que el máximo ejecutivo de la italiana estaría trazando una  hoja de ruta que deberían seguir los futuros desarrollos que impulse la compañía.                   

Starace ha dado algunas señales públicas que van en esa dirección. “Tenemos que elevar la eficiencia de nuestras operaciones y la forma de gestionar nuestras plantas”, señaló hace unos días a medios de prensa. En la ocasión, el ejecutivo también adelantó que impulsará eficiencias que liberen recursos para hacer nuevos proyectos, especialmente en base a gas, así como eólicos y solares. Esto va de la mano con un plan de desinversión que tendría pensado implementar.      

Ejecutivos vinculados a la firma aseguran que para la italiana Latinoamérica es clave y que el crecimiento de la compañía seguirá viniendo de esta región. Por eso, se espera que su plan estratégico refuerce la presencia y la inversión del grupo en esta parte del orbe. Esta visión es ratificada en Enersis. “Sudamérica está muy bien evaluada. En 2013, el aporte de Enersis al Ebitda de Endesa España representó más del 50%. Uno de los principales focos de crecimiento del grupo es Sudamérica”, destacan en el holding.             

En el grupo detallan que las prioridades para el período 2014-2018 buscan sumar más de 800 MW de nueva capacidad en Sudamérica, con foco en Chile y Colombia. En nuestro país, destacan la construcción de la hídrica de pasada Los Cóndores (150 MW) que partirá durante este año y el cierre a ciclo combinado de la central Taltal (agregando 120 MW adicionales a los 245 MW que ya posee), este último en pleno proceso de evaluación ambiental. Además, mencionan,  la línea de transmisión de la termoeléctrica Punta Alcalde (740 MW) se encuentra en evaluación ambiental.    

Lo que no está del todo claro es la dirección que la nueva administración de la italiana le dará a HidroAysén tras el freno del gobierno. Fuentes ligadas a la compañía europea reconocen que para la empresa impulsar HidroAysén no ha sido un buen negocio. “En el proyecto se gastaron US$ 320 millones y después de un extenso proceso de tramitación y judicialización, finalmente los recursos y tiempo destinados culminaron en un rechazo político. A cambio, el proyecto tuvo un costo en imagen pública importante para la firma europea”, sostienen.  

Esa percepción alimenta las interrogantes sobre las decisiones que el máximo ejecutivo de Enel podría tomar sobre el futuro del complejo hidroeléctrico. “Francesco Starace es más pragmático que su antecesor Fulvio Conti. Si detecta una buena oportunidad, la va a tomar, pero si se da cuenta de lo contrario, va a cerrar el capítulo”, señala un director del grupo que ha compartido con él.    

Junto con lo anterior, Endesa mantiene abiertos algunos flancos a nivel local que también preocupan a la matriz italiana, admiten al interior del grupo. Es el caso, por ejemplo, de las dificultades ambientales que han enfrentado las termoeléctricas Bocamina 1 y 2 -de unos 500 MW en total y emplazadas en la VIII Región-, esta última paralizada por una orden judicial. A ello se suma el rechazo de las comunidades indígenas a otro proyecto crucial en la cartera de inversión de la eléctrica: la central Neltume, de 490 MW en  la XIV Región , el mayor desarrollo hidroeléctrico de Endesa después de Ralco, sin considerar HidroAysén.                           

El frente político que ha debido  sortear la generadora es otro motivo de inquietud en Europa. En la eléctrica recuerdan que el ministro de Energía, Máximo Pacheco, ha sido muy crítico con el rol de las eléctricas, apuntando a la falta de políticas de crecimiento por parte de las compañías del sector. Así lo planteó a principios de mayo ante la Comisión de Minería y Energía del Senado, instancia en la que Pacheco señaló que esto las ha llevado a no invertir una parte suficiente de los “importantes flujos de caja que han generado en los últimos años”. En su opinión, esta es una de las causas principales de los altos costos de la energía en el país.  

“Falta dinamismo en la inversión y las empresas eléctricas hablan de factores externos, de la judicialización y de los problemas con las comunidades, pero este país es el mismo para las mineras, que invierten gran parte de su flujo de caja, pero vemos que la mayor empresa del sector eléctrico -señaló el ministro, aludiendo directamente a Endesa- destina en promedio sólo un 23% de su flujo de caja a inversión”.       

Los cambios en la organización de la matriz en Roma, sumado a los focos de conflicto que tiene en Chile Endesa, generan dudas también sobre la continuidad de la alianza que mantiene desde 2006 con la chilena Colbún, del grupo Matte.                        

A partir de 2009, cuando Enel tomó el control de Endesa España, las decisiones más relevantes que debía tomar la generadora local sobre el proyecto en Aysén tenían que contar previamente con la aprobación de Roma, “haciendo más lento la toma de decisiones e incorporando una cuota de dificultad a la convivencia entre los socios”, afirma un ejecutivo ligado a los dueños del megaproyecto. Esa condición, agrega, ha jugado en contra cuando las eléctricas han necesitado dirimir con celeridad diferencias de opinión respecto del plan de desarrollo del complejo en la Patagonia.       

En Enersis descartan que por ahora la sociedad se disuelva. “Hay derechos de agua, terrenos, estudios y otro tipo de activos que están comprometidos en la propiedad de la sociedad”, indican. Otras fuentes ligadas a los accionistas estiman que se podrían buscar nuevas formas de operar esos activos y configurar un modelo de participación distinto.        

¿QUÉ HACER CON HIDROAYSÉN?

HidroAysén está a la espera de ser   notificada de la resolución del Comité de Ministros. La vía más probable que se evalúa para apelar a la decisión del gobierno es recurrir al Tribunal Ambiental.         

Aunque ejecutivos ligados a los accionistas reconocen que las relaciones entre Endesa y Colbún no atraviesan por el mejor momento,  los socios han comenzado a delinear -aunque en una etapa muy preliminar- caminos que permitan mantener con vida el proyecto. Eso sí, no con el diseño actual, que considera cinco centrales y 2.750 MW de capacidad instalada. El gobierno ha dejado abierta la posibilidad para futuros desarrollos en la Patagonia.     

Horas después de frenar el proyecto, el titular de Energía señaló que el gobierno no ha renunciado a desarrollar el potencial hidroeléctrico de Aysén, “respetando a las comunidades y al medioambiente”, y aclaró que el rechazo al proyecto “no implica un veto a las hidroeléctricas de gran tamaño”.         

Un eventual desarrollo eléctrico en la zona también sería viable desde el punto de vista de la comunidad. Según encuestas que maneja HidroAysén, el 70% de la población de Capitán Prat y Cochrane está a favor de materializar alguna iniciativa en esas localidades.                  

La idea que existe en los socios es “ir avanzando de a poco para viabilizar algún proyecto en la zona”. Una opción a explorar es eliminar la central Baker 2, que representa sólo un 14% de la potencia total del megaproyecto y equivale al 60% del área de inundación.       

Otra alternativa posible que visualizan las eléctricas es separar la construcción y operación de las futuras centrales, de las empresas que serían dueñas de los bloques de energía. “Dividir las distintas funciones para que haya más partícipes en los proyectos”, indica un ejecutivo de una de las eléctricas. 

Si se reduce de manera relevante el tamaño de la iniciativa, no sería necesario construir una línea de transmisión hasta Santiago, aseguran en Enersis. El tendido, explican, recorrería sólo hasta Puerto Montt, dado que transportaría un volumen menor de energía. En ese punto, el trazado se conectaría al Sistema Interconectado Central (SIC).

Tras celebrar el rechazo al megaproyecto hidroeléctrico en la Patagonia, los activistas centrarán sus esfuerzos en regularizar el uso del agua como un bien público.

Para fines de mes, los ambientalistas y activistas del Consejo de Defensa de la Patagonia preparan una gran cena de celebración por el término del proyecto HidroAysén.

La convocatoria incluye a Robert Kennedy Jr. y el equipo de la estadounidense Natural Resource Defense Council (NRDC); a Douglas Tompkins, a su esposa, Kristine McDvitt, y a los directivos de su fundación Conservation Land Trust, que pusieron buena parte de los más de US$ 4 millones que costó la campaña contra el megaproyecto hidroeléctrico. Pero también a los publicistas, intelectuales y colaboradores que participaron en la pelea que se prolongó por ocho años y que se ha convertido en el mayor triunfo en la historia del movimiento medioambiental chileno.

La batalla tuvo su punto cúlmine el martes 10, cuando -de manera unánime- el Comité de Ministros del Medioambiente del gobierno de Michelle Bachelet acogió las 34 reclamaciones que pesaban sobre la iniciativa que pretendía construir cinco represas en la Patagonia, invalidando de paso su Resolución de Calificación Ambiental (RCA).

En la práctica, la instancia firmó el acta de defunción del megaproyecto tras seis años de tramitación y cerca de US$ 320 millones de inversión de Endesa y Colbún.

Entre los dirigentes del Consejo de Defensa de la Patagonia -movimiento que logró reunir a 80 ONG medioambientalistas y organizaciones sociales en contra de HidroAysén- están conscientes de que resultará casi imposible volver a levantar una campaña a nivel nacional e internacional de la magnitud que tuvo la pelea contra el megaproyecto hidroeléctrico. No sólo por los recursos financieros que dispusieron para su embestida, impensables para los pequeños movimientos ecologistas chilenos, sino también por el apoyo ciudadano que logró Patagonia sin Represas.

La presión de las expectativas -en todo caso- no es exclusiva de los activistas, sino que también recae en La Moneda, respecto de futuros proyectos energéticos y batallas medioambientales. El gobierno de Bachelet, a diferencia del de su antecesor, Sebastián Piñera, mantiene fuertes vínculos con los grupos ecologistas y un sector no menor de la Nueva Mayoría -la coalición oficialista- no sólo simpatiza, sino que también impulsa algunas de sus causas.

“Este triunfo potencia al movimiento ambiental, porque HidroAysén se había convertido en un proyecto emblemático, pero también tiene efectos prácticos, pues se acaban los gigantes energéticos. Con la resolución se dio una señal muy potente en contra de un modelo y una política energética que había permitido la concentración de la generación eléctrica en muy pocos actores”, señaló Manuel Baquedano, director del Instituto de Ecología Política y dirigente del movimiento contra HidroAysén.

Por lo pronto, el Consejo de Defensa de la Patagonia ya decidió que no se va a disolver tras la resolución del Comité de Ministros del martes 10. ¿Las razones? Aún mantiene temas pendientes.

El más urgente es esperar la decisión que tomen los accionistas de Endesa y Colbún frente a la determinación del gobierno de Bachelet, ya que luego del rechazo del Comité de Ministros tienen 30 días -desde el momento en que son notificados formalmente- para definir si optan o no por la vía judicial. Una alternativa que se evalúa en HidroAysén es recurrir al Tercer Tribunal Medioambiental, con sede en Valdivia, para tratar de revertir la medida.

“Patagonia sin Represas no se disuelve. Además de seguir oponiéndonos a los proyectos hidroeléctricos que siguen pendientes, vamos a participar en la creación del Estatuto de la Patagonia, que ordene y establezca el desarrollo territorial de la región”, afirmó Patricio Rodrigo, secretario ejecutivo del Consejo de Defensa de la Patagonia.

Más allá del futuro de HidroAysén, megaproyecto que pretendía construir cinco represas en los ríos Baker y Pascua, con una inversión cercana a los US$ 10.000 millones para producir 2.750 megawatts, en la región de Aysén hay otros tres proyectos hidroeléctricos que están en distintas fases de tramitación para obtener la autorización medioambiental: Puelo, Manso y Río Cuervo, este último está paralizado porque los ambientalistas presentaron recursos en tribunales, pues el proyecto no incluyó estudios geológicos, pese a que la represa estaría emplazada sobre una falla geológica activa.

A fines de enero, durante un encuentro de los líderes del Consejo de Defensa de la Patagonia que se realizó en el fundo que el matrimonio Tompkins tiene en Cochrane, ya sabían con un 90% de certeza que el proyecto de HidroAysén estaba muerto.

Bajo esas expectativas, los líderes ambientalistas definieron los pasos siguientes al fin del megaproyecto hidroeléctrico. “Vamos a ir tras las aguas de Endesa”, resolvieron los más de 30 dirigentes reunidos.

La premisa que los convenció de la embestida apuntaba a que “mientras Endesa esté preocupado de defender sus derechos de agua no seguirá pensando en construir represas”, explicó uno de los ambientalistas que estuvo en esa reunión.

Endesa tiene cerca del 80% de los derechos de aguas no consuntivos en Chile, los que recibió gratis tras la privatización de la empresa. A pesar de que HidroAysén no pueda construirse en los próximos años, Endesa seguirá teniendo los derechos de agua en las cuencas de los ríos Baker y Pascua, por lo que en el futuro podría presentar nuevos proyectos hidroeléctricos en esa zona.

El primer paso de los ambientalistas es lograr que se cambie el Código de Aguas chileno, que data de 1981, para que se consagre el agua como un derecho humano y por ende, le otorgue al Estado la potestad de definir las prioridades en el uso del agua. Primero para consumo humano de agua potable, para la agricultura y la producción de alimentos, después para la industria, primero hidroeléctrica y en último término, para la minería.

Este es sólo un primer paso. El segundo es que en la nueva Constitución planteada por Bachelet se consagre el agua como un bien de uso público y se le den las potestades al Estado para fiscalizar e intervenir en las concesiones.

El anuncio lo hizo la Mandataria en la cuenta pública del 21 de mayo, tras lo cual se constituyó el Comité Hídrico, que se abocará a implementar la estrategia del gobierno respecto del uso de este recurso.

La semana pasada, los ministros Ximena Rincón (Segpres) y Alberto Undurraga (Obras Públicas) se presentaron en la Comisión del Agua de la Cámara de Diputados, que preside Denise Pascal, y pidieron detener la tramitación del proyecto de ley para cambiar el Código de Aguas que se estaba trabajando desde el 2008. En la comisión faltaban por votar sólo tres artículos; sin embargo, el gobierno les pidió esperar el envío de una moción sustitutiva. Fijaron un plazo de ocho semanas.

La decisión sobre HidroAysén generó inquietud en el empresariado y en sectores que consideran que la señal del Comité de Ministros podría poner en jaque proyectos de inversión similares, con el impacto que tendría una situación de esa naturaleza en la política energética del país.

Apenas tomada la resolución, el ministro de Energía, Máximo Pacheco, se apresuró a explicar que el gobierno no ha renunciado a desarrollar el potencial hidroeléctrico de la zona de Aysén, respetando a las comunidades y el medioambiente, e hizo hincapié en que el rechazo al proyecto de Endesa y Colbún no implicaba un “veto” a las hidroeléctricas de gran tamaño.

Ahora, uno de los desafíos de La Moneda es lograr compatibilizar las expectativas que generó en los medioambientalistas la decisión de los secretarios de Estado con agenda energética comprometida por el propio gobierno.

Desde el mundo medioambiental le han enviado señales al ministro Pacheco de que no pondrán obstáculos a una mayor gasificación de la matriz energética en los próximos años, siempre y cuando cumplan las termoeléctricas con las normas medioambientales y exista un manejo territorial adecuado. La condición es que estas termoeléctricas a gas sean sólo una medida de transición mientras se desarrollan proyectos de ERNC. Al gas, además, no le quedan más de 20 años de explotación industrial antes de que las reservas se agoten y sus precios se disparen, por lo que será obligatorio emigrar hacia otras fuentes de generación.

“Una mayor gasificación ahora nos da el respiro para el desarrollo de la matriz energética con ERNC”, dice Baquedano.

Pero todos están convencidos de ese camino. Y con los ojos puestos en lograr el 100% de ERNC en la matriz energética, apuestan a potenciar las políticas de eficiencia en el sector.

Con todo, en el gobierno deben lidiar con las expectativas generadas tras HidroAysén y la incertidumbre que se generó en el sector privado respecto de la agenda energética, en especial luego del portazo al emblemático proyecto.