La sacudida que experimenta la industria del crudo y gas en México y que permitirá el ingreso de compañías extranjeras en el sector ha creado una rivalidad que pocos esperaban: la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) contra los reguladores del gobierno que quieren tener más voz y voto en la forma en la que el país explota sus hidrocarburos.
Ante la amenaza de un declive en la producción, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto consiguió la aprobación en el Congreso de los cambios constitucionales necesarios para permitir la participación de firmas foráneas con capital y tecnología.
Los cambios plantean uno de los desafíos más grandes hasta hora para Pemex, quien enfrentará competencia externa por primera vez en sus 76 años de historia.
Pero los detalles de la reforma, que los comités legislativos empezaron a debatir esta semana en una serie de leyes secundarias, han puesto en esquinas contrarias a Pemex y al Secretario de Energía, según funcionarios y observadores.
A Pemex le preocupa en particular que uno de sus reguladores, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, tenga la potestad de decidir con quién se asocia en proyectos conjuntos.
El gigante petrolero estatal quiere ser capaz de elegir un grupo de socios aceptables para cualquier proyecto determinado y que luego la comisión tenga la última palabra, ya que la alternativa sería como un matrimonio arreglado, dijo Gustavo Hernández, director general de Pemex Exploración y Producción, una subsidiaria de Pemex. "Y algunos matrimonios obligados no termina bien", concluye.
Como fuente de un tercio de los ingresos del gobierno federal, Pemex ha manejado por años la industria petrolera con poca regulación externa, con la libertad de escoger proyectos y su desarrollo. Sin embargo, la ley que se debate en el Congreso pone en manos de los reguladores buena parte de la toma de decisiones.
"Pemex ya no puede ser un estado dentro del estado", dijo Lourdes Melgar, subsecretaria de Hidrocarburos.
Como señal de que estaba hablando en serio sobre la necesidad de una regulación independiente, Peña Nieto nominó en abril al actual presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, Juan Carlos Zepeda, a otro periodo de cinco años por pedido del secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell.
"Mire, señor presidente, no podemos permitirnos desperdiciar la experiencia de este señor. El estado mexicano ha invertido cinco años de dinero y esfuerzo en él y no haría sentido desprenderse de él", le dijo Coldwell al mandatario, según altos funcionarios del gobierno con conocimiento directo del tema.
Funcionarios del gobierno dijeron que Zepeda, un economista, se ganó la confianza de Coldwell cuando los dos trabajaron hombro a hombro en la redacción de los cambios constitucionales en el sector energético que el Congreso aprobó en diciembre.
La decisión fue difícil para el presidente. Zepeda era mal visto por algunos al interior del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y por directivos de Pemex porque había sido nombrado en 2009 por el Partido Acción Nacional (PAN) y había criticado proyectos de Pemex en el pasado. Zepeda declinó comentar.
"El ambiente dentro de la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos es muy anti-Pemex", dijo John Padilla de la firma de consultoría IPD Latin America, en referencia a los dos reguladores. "Le guste o no, Pemex sigue siendo la gallina de los huevos de oro", añadió.
Las nuevas reglas ponen fin al monopolio de Pemex y permiten que las firmas privadas exploten el petróleo o gas de México a través de diferentes tipos de contratos, que serán firmados con la comisión y no con la petrolera estatal.
De todas formas, Pemex se prepara para competir con las empresas privadas. "Cuando se compite con los mejores, va a mejorar. Eso es un hecho", dijo Hernández.
José Valera, socio de la firma de abogados Mayer Brown, dijo que a las empresas petroleras generalmente se les permite elegir sus propios socios, y que el único lugar en América Latina donde los reguladores pueden obligar una sociedad es en Brasil, donde Petrobras, empresa en su mayoría de participación estatal, debe tener una participación mínima en algunos campos.
Los estrategas políticos creen que la reforma le da a Pemex la autonomía necesaria para competir y que esto mejorará su eficiencia.
Otros no están tan seguros. "Hay un riesgo real de que Pemex se paralice y no reaccione con suficiente rapidez a los cambios, y de que permanezca en el pasado", dijo Antonio Juárez, un consultor de energía y ex funcionario de la Secretaria de Energía.