La Legislatura unicameral de Córdoba aprobó anoche el proyecto de ley de Política Ambiental provincial, que complementa la legislación nacional de ambiente, con el voto de la mayoría de los bloques parlamentarios y algunos incidentes de ambientalistas esta tarde, previo al tratamiento parlamentario que terminó con una veintena de detenidos y policías heridos. 

El proyecto fue impulsado por el Poder Ejecutivo Provincial y se incluyeron varios aportes sugeridos por los restantes bloques opositores al oficialismo de Unión por Córdoba (UPC), en tanto la aprobación fue acompañada por la mayoría del cuerpo legislativo,  salvo por el Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) y otros legisladores que no adhieron a la posición de sus bloques. 

El proyecto provincial sancionado complementa el marco normativo de la Ley Nacional de Ambiente 25.675, sancionada en noviembre de 2002 y con vigencia en Córdoba, que establece los presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable.

¿Qué dice?

El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo sufrió modificaciones en el texto original y fue aprobado con los votos de todos los bloques parlamentarios excepto del Frente de Izquierda y de los Trabajadores. El legislador De Lucca, del Frente para la Victoria, se abstuvo.

Sintéticamente, la normativa aprobada establece los siguientes puntos:

• Un ordenamiento ambiental de territorio que asegure el uso adecuado de los recursos ambientales, posibilite la producción armónica y la utilización de los diferentes ecosistemas, garantizando la mínima degradación.

• La realización de una evaluación de impacto ambiental que tendrá carácter obligatorio y previo al otorgamiento de la licencia ambiental. Esta evaluación es un procedimiento técnico-administrativo que deberá contener un estudio de impacto, un dictamen técnico, estudios y opiniones surgidas de las audiencias públicas.

• La realización de audiencias públicas como procedimiento obligatorio para los proyectos o actividades que estén sometidas obligatoriamente a la evaluación de impacto ambiental. Se realizarán en forma previa a cualquier resolución, con carácter no vinculante pero obligatoria.

• La implementación de la evaluación ambiental estratégica que  incorpore criterios ambientales a la formulación de políticas, programas y planes de carácter normativo general.

• La generación de planes de gestión ambiental, como instrumentos que permitan orientar a quienes impacten en el ambiente con el propósito de que su actividad propenda a la sostenibilidad en el territorio provincial.

• La implementación de sistemas de gestión ambiental, que establecen las responsabilidades, prácticas, procedimientos, procesos y recursos para llevar a cabo la política ambiental de una organización.

• El control y fiscalización de las actividades antrópicas mediante la vigilancia, inspecciones, controles con motivo de denuncias, fiscalización de actividades y auditorías ambientales, entre otras.

• La educación ambiental mediante el inclusión de temáticas ambientales en la currícula de la educación formal en los distintos niveles.

• Profundización del acceso de cualquier persona a la información ambiental provincial.

• La participación ciudadana para la convivencia en materia ambientalopinando acerca de las acciones, obras o actividades que puedan afectar el ambiente.

• La contratación de un seguro ambiental por quienes realicen actividades que entrañen riesgo para el ambiente por el daño que se pudiera producir.

• La implementación de medidas de autogestión, incentivos y alicientes ambientales para aquellos que realicen acciones tendientes a preservar, proteger, defender o mejorar el ambiente.

• La realización de acciones de salud ambiental para aquellas actividades que pudieran generar efectos negativos significativos sobre la salud.

• La elaboración de un diagnóstico ambiental provincial que deberá ser elevado al Poder Legislativo antes del día treinta de noviembre de cada año.

• La recepción de denuncias sobre pasivos ambientales o impactos ambientales negativos e irreversibles que impliquen el deterioro de los recursos naturales y de los ecosistemas, producidos por cualquier tipo de actividad.

• Establecimiento de parámetros de idoneidad al personal que aplique los criterios de la ley.

El texto aprobado contiene además 3 anexos con:

•- Listado de proyectos sujetos obligatoriamente a presentación de estudio de impacto ambiental y audiencia pública 

•- Listado de proyectos obligatoriamente sujetos a presentación de aviso de proyecto y condicionalmente sujetos a presentación de estudio de impacto ambiental 

•- Guía para la confección del resumen de la obra y/o acción propuesta (aviso de proyecto)

Cabe recordar que, desde el mes de marzo, la Legislatura invitó a las reuniones de comisión a expertos, organizaciones ambientalistas, universidades, intendentes, productores agropecuarios e industriales, entre otros con la finalidad de aportar su opinión respecto al proyecto de política ambiental provincial. El turno de exposiciones la abrió el propio Ministro de Agua, Energía y Servicios Públicos, Fabián López.

Díaz precisó que se había montado un "operativo de seguridad, acorde con la cantidad de negocios y de personas que circulan por las inmediaciones de la Legislatura", ubicada en el centro de la capital cordobesa.

"Tiraron todo tipo de elementos contundentes, además de pintura", aseveró Díaz y explicó que manifestantes con la "cara tapada" derribaron las vallas colocadas en el lugar.

Si bien en un primer momento la policía no actuó, luego siguió a los manifestantes hasta el shopping del Patio Olmos, ubicado a tres cuadras de la sede legislativa.

El legislador radical Luis Brouwer de Koning aseveró a la prensa que plantearán una cuestión de privilegio contra la parlamentaria Cintia Frencia, del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), sindicada como la que señaló a los manifestantes cuando los legisladores ingresaban al recinto.

"Nosotros vamos a apoyar este proyecto de ley. No sé qué tipo de ambientalistas son con la cara tapada. Tenían por misión atacarnos a los legisladores cuando entrábamos y, según algunas versiones, una parlamentaria nos señaló cuando ingresábamos al recinto,presuntamente para que nos atacaran", manifestó el radical.

Brouwer de Koning anticipó que su bloque planteará "una cuestión de privilegio contra la legisladora Frencia", una de las que se opone al proyecto de ley ambiental, que "tendrá su derecho a defensa y la oportunidad de expresarse sobre lo sucedido".

Miembros de Malvinas Lucha por la Vida, Vecinos Autoconvocados y Madres de Barrio Ituzaingó Anexo permanecían desde la mañana en cercanías de la sede legislativa, donde la presencia policial se incrementó por la tarde, ante el inicio de la sesión.

Como consecuencia de los enfrentamientos, varios vidrios del edificio legislativo resultaron rotos por las piedras arrojadas por los manifestantes, y las cosas se calmaron cuando mujeres del colectivo Malvinas Lucha por la Vida armaron un "cordón" delante de la guardia de infantería para mantener la tranquilidad.

"El proyecto de nueva ley de ambiente está hecho a medida de Monsanto y de los mega emprendimientos", se quejó a la prensa Esther Quispe, integrante de los colectivos ambientalistas que convocaron a la manifestación.

En cambio, el legislador Santiago Clavijo (Frente Cívico y Social) dijo que "gracias a los cambios que la oposición introdujo al proyecto", del que "quedó sólo la numeración", la ley "refuerza los controles para impedir radicaciones indiscriminadas" de empresas.

Esta mañana, un grupo de ambientalistas encabezado por la militante Sofía Gatica ya se habían encadenado en el lugar para manifestar el "desacuerdo" del proyecto de ley.

"No hemos tenido acceso al proyecto. No sabemos de qué se trata, pero sí estamos convencidos de que es una ley hecha a la medida de Monsanto", manifestó Gatica.

El proyecto busca complementar la Ley Nacional de Ambiente 25.675, sancionada en noviembre de 2002, que establece los presupuestos mínimos para lograr el desarrollo en el marco de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, que preserve y proteja la diversidad biológica.