Por Cristian Navazo.
La confrontación entre la Provincia e YPF por el control del negocio del petróleo está en su punto más álgido, a pocos días de la cumbre del lunes en la que los gobernadores plantearán cambios al borrador que les entregó Cristina Fernández.
El documento de la reforma de la Ley de Hidrocarburos es un compendio de límites a todos los aspectos que YPF considera un obstáculo. Las provincias preparan su proyecto paralelo para disputarle el terreno a la petrolera conducida por Miguel Galuccio. En medio, arrecian las críticas desde todo el arco político doméstico.
En este contexto, el gobernador Jorge Sapag advirtió que “no hay marco para el fracaso”.
“Los neuquinos tenemos la obligación de captar inversiones y de cuidar el medio ambiente”, dijo ayer durante el cierre de la jornada que realizó la SPE, el club de los ingenieros petroleros, en el Espacio Duam.
El mandatario provincial mencionó que “en materia de ampliación de los plazos de las concesiones a empresas estamos conversando con la Nación para encontrar las normas más adecuadas”.
Y subrayó que, además “de resolver problemas de soberanía hidrocarburífera, están las expectativas que se crean en torno a la renta”.
Ese es el gran tema que está en discusión entre YPF y las provincias: cómo se reparte el negocio. Según el famoso borrador, la “única renta” para las provincias serán las regalías. Mendoza, por ejemplo quiere subirlas al 15%, lo cual no está en los planes de Galuccio.
Tironeo por el canon
También se discute al cobro de un canon de ingreso a las áreas. Las provincias plantean que deben recibir esos fondos a cambio de quitar del camino el acarreo que aplican las empresas como GyP. Para la petrolera nacional todo ese dinero debe ir a los yacimientos.
“Es falso que el acuerdo con Chevron haya contemplado el cobro de un canon de ingreso, como se intenta decir”, señalaron fuentes de la empresa, en respuesta a la Gobernación neuquina. Y aseguraron que la norteamericana pagó la mitad de lo que YPF ya había invertido en el área, a modo de compensación.
Para la petrolera nacional, Neuquén recibirá más ingresos a medida que aumenten las inversiones, de modo tal que debe conformarse con el cobro de regalías. Creen que las facultades que les otorga la Ley Corta son otorgar, controlar y revocar permisos y concesiones. Pero para buena parte de la dirigencia neuquina, tanto de la oposición como del oficialismo, la norma abre un abanico de posibilidades para captar mayor parte de la renta, y eso justifica la presencia de GyP.
Desde la compañía nacional aseguran que el acarreo ya “ha demostrado su fracaso”. Para Neuquén, las 57 sociedades que tiene GyP con compañías grandes como Exxon, Shell y EOG demuestran el éxito del modelo. Incluso destacan que en 23 de esas UTE participa la propia YPF.
Sin embargo, en la compañía nacional ven todo lo contrario. Comentan que ya pasaron seis años desde que las empresas provinciales recibieron áreas y “todavía no han entrado en producción”. Y relucen que YPF fue la única que aumentó sus curvas, mientras que el resto de la industria declina.
Aseguran que el borrador difundido el lunes no va contra las empresas provinciales, sino que ahora deberán competir en igualdad de condiciones al quitar “privilegios” como las reservas de áreas o la participación en los proyectos sin realizar inversiones.
“YPF hizo por Neuquén en los últimos dos años más de los que cualquier otra empresa en los últimos diez”, remarcan en relación con el aumento de los desembolsos, regalías y puestos de trabajo.
Con diferentes lecturas de la Ley Corta, todos tironean de la Vaca Muerta.
Reclamo de las empresas locales
NEUQUÉN
Las cámaras locales empresariales salieron ayer a fijar su postura en torno al debate de la renta petrolera. Reclamaron una “justa distribución”, y destacaron las tensiones desatadas entre Nación, las provincias y los municipios.
Mediante un comunicado, resaltaron que se debe resolver “el desequilibrio que genera la actividad hidrocarburífera con el resto de la actividad económica provincial”.
También reclamaron que Nación y las provincias “deben aportar lo necesario para solucionar el problema de las rutas, la infraestructura social y educativa, las desigualdades macroeconómicas y la pérdida de productividad de las otras actividades”.
Además pidieron que se priorice la contratación local y se termine la política de “exclusión de las empresas neuquinas”.
“Deseamos el mayor y mejor de los éxitos a YPF como empresa líder en el sector, pero debemos señalar que la distribución de la renta debe ser “justa”, que la titular de dominio es la Provincia de Neuquén, que no existen fundamentos excluyentes para las empresas provinciales ni tampoco se puede aceptar que una empresa determine la política en el sector”, indicaron. Y agregaron: “No nos motiva una provincia rentística”.
El comunicado fue firmado por entidades industriales, empresariales, infotecnológicos, hoteleros, expendedores de combustibles, fruticultores, bodegueros, turísticos, comerciantes y autotransportes de cargas de Neuquén, Añelo, Cutral Co, Plaza Huincul, Centenario y Vista Alegre.
La Política Online
Aunque todo indica que los gobernadores de las provincias petroleras aceptarán sin mayores quejas el proyecto del Gobierno nacional para quitarles el poder de asociarse con empresas privadas para explotar sus yacimientos, Jorge Sapag ensayó ayer un intento de resistencia contra el avance ideado por Miguel Galuccio.
El gobernador de Neuquén evitó una declaración rimbombante, pero igual le marcó la cancha a Nación con un mensaje indirecto. "Los neuquinos no construimos islas, pero tampoco queremos colonias", advirtió Sapag en un acto realizado en su provincia.
"Queremos provincias autónomas en una República soberana", continuó el gobernador, quien agregó que es necesaria una democracia "con absoluto respeto a cada una de las provincias y los municipios". "Ni de rodillas, ni tampoco con soberbia", completó el líder del MPN.
Pero como durante toda esta discusión por el proyecto de la Casa Rosada para modificar la Ley de Hidrocarburos, el encargado de mandar los mensajes directos de Sapag fue su ministro de Energía, Guillermo Coco.
"No vamos a dejar que destruyan GyP, que ya está en el corazón de todos los neuquinos", advirtió Coco en referencia a la empresa provincial de energía "Gas y Petróleo del Neuquén", presidida hasta hace poco por el funcionario.
Justamente es GyP el principal motivo de la guerra entre Galuccio y las provincias petroleras, particularmente con Neuquén. Sapag y Coco han emprendido una fuerte campaña internacional para asociarse con empresas interesadas en invertir en Vaca Muerta, pasando por alto a YPF.
Es por eso que Galuccio pidió a la Rosada una herramienta que impida a los gobernadores asociarse a esas firmas mediante el sistema "carry" (acarreo), que les permite a las empresas provinciales ingresar a esas inversiones sin poner un peso.
El lunes pasado, Cristina recibió a los gobernadores y, como se preveía, los amansó. A la salida del encuentro en Olivos, Sapag admitió que el proyecto presidencial golpea su estrategia para que GyP se asocie a empresas extranjeras, pero no ofreció mayor resistencia.
Ahora, se supo que el próximo lunes los gobernadores presentarán una contrapropuesta en la que plantearían modificaciones a otros puntos conflictivos del proyecto oficial como el porcentaje de las regalías (pretenden elevarlo), y mantener el cobro de impuesto a los sellos y del canon de ingreso. Pero poco podrán hacer para mantener el "carry".
Mientras tanto, ayer se alzó otra voz fuerte contra el proyecto del kircherismo. Se trata del líder del gremio de los petroleros y senador nacional Guillermo Pereyra, que también es el mejor posicionado para ser el próximo gobernador de Neuquén.
"Claramente proponen una ley que no toca la Ley Corta, no la toca porque directamente la barre. Se avasalla la autonomía de las provincias, cómo puede ser que Nación nos diga qué porcentaje de regalías o ingresos brutos cobrar", se indignó el sindicalista.
"Así es imposible que se apruebe en el recinto (del Congreso)", adelantó Pereyra, presidente de la Comisión de Energía del Senado. El petrolero anticipó también que se reunirá con Coco y Sapag para elaborar una nueva propuesta.
José Brillo, uno de los dirigentes del MPN con expectativa de competencia en su partido, actualmente trabajando con el sector de Guillermo Pereyra para la interna del 24 de agosto, advirtió que las provincias “no pueden ser variable de ajuste de YPF”, y señaló que no son las empresas provinciales las que desalientan inversiones.
En una charla que brindó en el Colegio de Abogados y Procuradores de Neuquén, como presidente de la fundación FESOL, Brillo –un especialista desde la política en cuestiones energéticas- sostuvo que las provincias productoras de hidrocarburos, como Neuquén, no pueden “estar sujetas a los caprichos de la petrolera (YPF) ni del gobierno Nacional”.
“No puede ser que como dueños del recurso nos hagan competir en un plano de igualdad con empresas líderes, y además nos digiten donde va el dinero de las concesiones”, afirmó Brillo, y refutó la inconveniencia del sistema de acarreo al momento de generar inversiones como lo plantea YPF y lo propone el gobierno nacional.
“Cómo es posible – se preguntó- que mediante ésta modalidad G&P haya logrado 57 asociaciones con empresas líderes en la industria a nivel mundial, entre ellas 23 con YPF”.
“He tenido muchas diferencias con la política energética del Gobernador Sapag – continuó – pero siempre resalté la concepción de G&P como una herramienta que pone valor agregado a nuestra condición de dueños del recurso”, destacó el ex diputado nacional.
Reafirmó además un concepto que es firmemente sostenido por muchos especialistas en política energética, que resalta que lo importante no es la discusión entre YPF y G&P, sino lo que hace rentable o inviable una inversión, que “son aspectos como el precio del gas y del petróleo y su previsibilidad”.
“El Gobierno Nacional y, en particular sus autoridades económicas, han demostrado en la última década una gran incapacidad e incompetencia para resolver esta encrucijada energética”, enfatizó Brillo.
“Que no nos quieran engañar o confundir, no son las provincias productoras ni sus empresas las que desalientan inversiones, hay que generar certidumbre en los precios en las cuencas productoras, en la política cambiaria, el comercio exterior en materia energética, la remisión de utilidades, las facilidades aduaneras de manera previsible y de largo plazo”, sostuvo.dIARIAME
Diariamente Neuquén
Los empresarios de Neuquén emitieron un documento político en el que reivindican la prioridad de la renta petrolera para la provincia, señalan tensiones entre los niveles del Estado, y advierten una perjudicial centralización del manejo del recurso, que perjudica los intereses regionales.
El documento, firmado por las principales cámaras empresarias, señala claramente que históricamente ha sido el Estado nacional el que ha captado lo grueso de la renta petrolera neuquina; y que no existen argumentos para excluir a las empresas provinciales de energía, en alusión directa a G&P respecto de YPF.
“Debemos señalar que existen claros indicadores y situaciones que demuestran un proceso de exclusión de empresas neuquinas y una política de concentración que expulsa a las pymes de las contrataciones. Esperamos que se trate de errores circunstanciales que serán corregidos”, advierten los empresarios.
También indican que las futuras leyes (como la que se prepara de hidrocarburos) deberán ser instrumentos “idóneos” que contribuyan al crecimiento regional. “No queremos que el centralismo histórico nos lleve a un camino que desemboque en un páramo desierto o a disfrutar de los agujeros del queso”, dice el documento empresario.
El siguiente es el texto completo:
Las Cámaras empresariales abajo firmantes, reunidas en la sede de la Asociación de Comercio, Industria, Producción y Afines del Neuquén (ACIPAN), reclaman justa distribución de la renta petrolera. Por ello, sostienen que:
I. La situación energética argentina es grave. El déficit de la producción en relación a la demanda genera serios problemas en la balanza de pagos, la comercial y las reservas del Banco Central.
II. Los recursos para resolver el problema existen y, están precisa e históricamente en nuestra Provincia. Vaca Muerta y otros yacimientos no convencionales son factores esenciales del desarrollo nacional. En este contexto observamos que han surgido “tensiones” entre los tres niveles políticos del Estado: Nación, Provincias y Municipios.
III. Debemos tener en cuenta los problemas existentes en Neuquén por el desequilibrio que genera la actividad hidrocarburífera y el resto de la actividad económica provincial, desequilibrios estos que deben ser resueltos por aquellos que se han beneficiado siempre por la explotación de nuestros recursos. Los gobiernos Nacional y provinciales deben aportar lo necesario para solucionar el problema de las rutas, la infraestructura social y educativa, las desigualdades macroeconómicas y la pérdida de productividad de las otras actividades.-
IV. Como organizaciones empresarias de Neuquén, profundamente defensoras del carácter federal de la Constitución Provincial, sin desconocer nuestra pertenencia a la Nación y con un estricto sentido de justicia, demandamos que la economía del sector hidrocarburífero priorice, en el contexto de su aporte a la Nación, el desarrollo de la cadena de valor en nuestro territorio, mejorando la trama empresaria local e incrementando la inversión y el empleo locales.-
V. Es fundamental que la Nación, la Provincia, los Municipios y todas las empresas que participan en este extraordinario proyecto, apuesten al crecimiento de la actividad económica de Neuquén con carácter de permanente, lo cual implica el desarrollo de radicación, contrataciones locales, financiamiento, capacitación en Neuquén y para Neuquén. La distribución de la renta del sector ha tenido un proceso absolutamente inverso a esas finalidades concentrando en la Nación el grueso de la renta petrolera.
VI. Deseamos el mayor y mejor de los éxitos a YPF como empresa líder en el sector, pero debemos señalar que la distribución de la renta debe ser “justa”, que la titular de dominio es la Provincia de Neuquén, que no existen fundamentos excluyentes para las empresas provinciales ni tampoco se puede aceptar que una empresa determine la política en el sector. Necesitamos a YPF, pero con un sentido integrador y de apoyo a la actividad local. Debemos señalar que existen claros indicadores y situaciones que demuestran un proceso de exclusión de empresas neuquinas y una política de concentración que expulsa a las pymes de las contrataciones. Esperamos que se trate de errores circunstanciales que serán corregidos.
VII. Si generamos una infraestructura industrial, comercial y de servicios que tenga relación con el producto que surgirá de nuestra tierra, dotándola de los elementos de flexibilidad necesarios a la evolución de la tecnología, del mercado, de los precios y de la situación geopolítica, habremos logrado el tan mentado deseo de cambio de la matriz productiva. No nos motiva una provincia “rentística”. Tampoco queremos que, como está ocurriendo, se menosprecie nuestra potencialidad empresaria, con reuniones en todo el país, incluida Neuquén, en un “remate” de posibilidades de trabajo, sin una política que incluya necesariamente a nuestro crecimiento y desarrollo sustentable.-
VIII. La legislación existente y la que en el futuro se establezca deberán ser instrumentos idóneos y perfectibles para lograr que toda esta riqueza se traduzca en un sustancial crecimiento de las unidades económicas radicadas en Neuquén y con características de permanencia y fortaleza. No queremos que el centralismo histórico nos lleve a un camino que desemboque en un páramo desierto o a disfrutar de “los agujeros del queso”. Ya hemos demostrado con creces nuestra generosidad y el aporte concreto realizado durante muchos años. Apoyamos los instrumentos que prioricen a las empresas locales y la gestión que el Centro PyME-ADENEU viene llevando a cabo en procura de los objetivos señalados. Es fundamental que todas las jurisdicciones: Nación, Provincia y Municipios internalicen y apliquen este concepto en la práctica.-
IX. No callaremos nuestra concepción en el libre debate de ideas y propuestas que permitan a la opinión conocer nuestra posición y adoptaremos todas las medidas necesarias a nuestro alcance para evitar que se nos genere una crisis en el medio de la abundancia.-
Firmado : Cámara Empresarial Industria Petrolera y Afines de Neuquén (CEIPA) – INFOTECH Clúster de Empresas de Infotecnología de Neuquén – Asociación Empresaria Hotelera y Gastronómica de Neuquén (AHEGN) – Cámara de Expendedores de Combustibles – Cámara Patagónica de Autotransportes de Cargas (CAPEAC) – Cámara Empresaria Bodegas de Neuquén – Cámara Neuquina de Fruticultores Integrados (CANEFI) – Asociación de Industriales de Neuquén (ADINeu) – Cámara de Comercio, Industria, Producción y Afines de Añelo – Federación Entidades Empresarias Neuquén (FEEN) Cámara de Comercio, industria, Producción y Turismo de Centenario y Vista Alegre – Centro de Comerciantes de Cutral Co y Plaza Huincul – Cámara de Comercio, Industria y Producción de Rincón de los Sauces – Asociación de Comercio, Industria, Producción y Afines de Neuquén (ACIPAN)
Por Mario Fiore.
La licitación de las 8 nuevas áreas hidrocarburíferas a la que llamó Emesa, la empresa provincial de energía creada por Francisco Pérez en 2013, quedó virtualmente en suspenso, aunque por ahora el Gobierno mantiene la fecha de la apertura del sobre B con la oferta económica para el próximo 25 mientras espera a ver cómo se resuelven las negociaciones entre los gobernadores y la Rosada.
Sucede que el acuerdo entre la Nación y las provincias petroleras en el que están trabajando el Ejecutivo nacional, los mandatarios provinciales e YPF para avanzar en una ley que atraiga inversiones para los yacimientos de combustibles no convencionales, puso en jaque el proceso licitatorio mendocino debido a que postula una serie de reglas radicalmente opuestas a las que están contempladas en los pliegos diseñados por Emesa.
Detalles del borrador
El borrador que la presidenta Cristina Fernández dio a los gobernadores el lunes elimina dos elementos centrales sobre los que se basó Emesa para llamar a concurso. El primero es el acarreo, puesto que el texto dice expresamente que “las provincias actuarán en cuanto titulares del dominio sobre los hidrocarburos y en su carácter de autoridades concedentes en los términos de la Ley 26.197, reconociéndose a las regalías como único mecanismo de percepción de la renta petrolera”.
Esto significa que no podrá cobrar, a través de sus empresas de energía, una intermediación para quedarse con otra tajada de la renta. Éste es el punto que más disenso genera entre los gobernadores y la Rosada, debido a que el mecanismo del acarreo fue utilizado por las provincias para recuperar algo del dinero que la Nación les quita al liquidarles las regalías petrolíferas al valor de boca de pozo y no al precio al cual se exportan los barriles de crudo, haciéndose así de una diferencia que oscila entre los 30 y los 35 dólares por unidad.
Disconformes, los mandatarios señalaron en la Quinta de Olivos que las empresas provinciales de energía, si bien no podrían cobrar el acarreo en la etapa exploratoria, sí podrían cobrar una participación en la explotación. Sin embargo, esta lectura no se desprende del borrador que les dio la Presidenta y será tema central de debate el próximo lunes, cuando se reúnan los gobernadores y los ministros nacionales para redactar el proyecto de ley que enviará el Ejecutivo al Congreso.
El segundo impedimento para la marcha de la licitación de Emesa está escrito en otro de los ejes del borrador que la Presidenta dio a los gobernadores el lunes. “Con relación a las reservas de áreas a nivel provincial y nacional, se tenderá a su eliminación en el futuro, mientras que las existentes serán concursadas mediante procesos públicos y competitivos”, dice la primera parte de este párrafo.
¿Qué significa? Que las áreas que la Legislatura provincial cedió a Emesa cuando aprobó la norma que creó la empresa de energía, deberán ser concursadas y que no podrán persistir en poder de la firma estatal. El término jurídico “reserva de área” hace referencia justamente la cesión que hizo la Legislatura a Emesa de dichas áreas, lo cual le dio la potestad de llamar luego a concurso de las mismas.
Pero este párrafo tiene una segunda parte tan o más importante. “Las participaciones de empresas en las que los firmantes (las provincias) tuvieran el control, en áreas reservadas o en los contratos de explotación o exploración referidos a tales áreas, serán renegociados de forma bilateral por las empresas participantes y/o socias y las empresas titulares de las áreas reservadas, de modo tal de lograr una reasignación recíproca de participaciones proporcional a las inversiones efectivamente a cargo de cada una de las partes”.
Según técnicos y funcionarios nacionales a los que consultó Los Andes, esto tiene una sola interpretación posible: que las empresas provinciales deberán sentarse con sus socias en las distintas áreas (como puede ser YPF o Shell en el caso de la neuquina GyP) para renegociar los contratos de modo que cada una de las firmas, las provinciales y las privadas, tengan una participación de acuerdo a la inversión realmente hecha por cada una de ellas.
Así, se elimina por esta otra vía el acarreo, que significa para una empresa provincial participar del negocio exploratorio sin poner un peso inicialmente ya que son las “dueñas” de las áreas concedidas. “Nadie sabe cómo se puede colocar en la futura ley la obligación de que se renegocien estos contratos. Va a ser complicado, porque habrá resistencia en las Legislaturas provinciales para adherir”, confió un funcionario nacional.
“Si pasa esta licitación (la de Emesa), será un milagro y seguramente será la última”, dijo otro funcionario consultado por este diario respecto al concurso que lleva adelante la empresa provincial y que dio origen a la fuerte pelea de Pérez con YPF (que incluyó la reversión del 50% del área de Chachahuén, un tema que no está terminado ya que el Gobernador se sentará a negociar con el CEO Miguel Galuccio en las próximas semanas).
Menos recursos por Ingresos Brutos y Sellos
Un último aspecto a tener en cuenta es la unificación de los regímenes tributarios nacionales, provinciales y municipales, también enarbolado como objetivo por el borrador. Según se desprende del mismo, es un hecho que las provincias aceptaron dejar en 3% la alícuota que cobran a las petroleras por Ingresos Brutos, un tema que significará a algunas jurisdicciones, en especial a Mendoza que cobra 5%, una baja en su recaudación.
Además, el mismo texto impulsado por la Casa Rosada exige a las provincias no cobrar el impuesto a los Sellos a los contratos relacionados a la actividad hidrocarburífera. De este modo, también habrá una merma para el fisco mendocino.
Sin embargo, en el Gobierno provincial hacen un buen balance de la futura legislación porque en ella se incluyó no sólo los combustibles no convencionales, shale gas y shale oil, sino también los combustibles pesados, de difícil extracción, que abundan en el subsuelo mendocino y cuya operación demanda un gran costo.
Así, las empresas interesadas en extraer este tipo de crudos arenosos, podrán tener los mismos beneficios que las que quieran sumarse al negocio de Vaca Muerta, por ejemplo. Por ello, Pérez sostiene como un gran logro suyo y de sus pares, que se reduzca de 1.000 millones a 250 millones de dólares la inversión -en 5 años- que deben hacer las petroleras para acceder a las ventajas establecidas en el decreto 929/2013 que permitió la asociación de YPF con Chevron en una pequeña área de Vaca Muerta.
Al reducirse el requisito de dólares a invertir, empresas foráneas y nacionales podrían interesarse en los crudos pesados mendocinos y generar un círculo positivo de flujo de dólares, explotación y cobro de regalías.
Fuentes de YPF señalaron que el tope de regalías que podrá cobrar una provincia es 12% y contradijeron así a Pérez, quien señaló, luego del encuentro en Olivos, que éstas ascenderán al 15% porque se añade al 12% un 3% de canon extraordinario. “Ese canon no está previsto en el borrador y además se aclara que el único modo de acceder a la renta petrolera son las regalías”, dijeron en YPF.
Señaló que la misma es “beneficiosa para nosotros porque contribuye a que operadoras que están bajas en niveles de inversión se pongan a tono con lo que la ley instruye”. Dichas declaraciones fueron formuladas, ayer, en rueda de prensa, tras el acto de lanzamiento del programa “Conectados con el Progreso”, llevado a cabo en el Salón Blanco de Casa de Gobierno.
En relación a la situación de la nueva Ley de Hidrocarburos en el marco de la reunión entre la Presidenta y los gobernadores de las provincias productoras, el mandatario provincial declaró que “el llamado tope a las regalías está dentro de nuestra ley” y que “después está la fórmula polinómica que tiene la Ley de Extensión de las Áreas, lo que a nosotros no nos afecta porque la modificación de la ley está orientada a los petróleos no convencionales”. “Por lo demás, esta es una ley beneficiosa para nosotros porque contribuye a que operadoras que están bajas en niveles de inversión se pongan a tono con lo que la ley instruye”, expresó al añadir que “nosotros hicimos un fuerte reclamo ante Petrobras que espero sea debidamente atendido porque, de no ser así, la misma ley obligará a la operadora a definir la situación y, en este aspecto, la palabra de la Presidenta en la reunión, nos sirve de mucho”, dijo.
Entrega de bloques a YPF
Por esto mismo, garantizó que “próximamente, avanzaremos con la entrega de los siete bloques a YPF, que están ubicados en zona norte, y en los que tenemos expectativas de hallar gas y petróleo” y que tal medida “es para un nuevo proceso de exploración e implica una reactivación de YPF, y este acuerdo que irá al Congreso Nacional es lo que nosotros hicimos cuando le quitamos las áreas a Repsol para entregarlas a YPF”.
Y adelantó que “una vez que entremos en ese proceso, pediremos en los proyectos de gas el precio de 7,50 dólares, teniendo en cuenta que en la actualidad, nuestro gas se está pagando a menos de un dólar porque va al consumo domiciliario”, y recalcó que “si hay mejor producción, queremos mejores precios, no para las operadoras, sino más bien para la Provincia en el marco de las liquidaciones de nuestras regalías.”
“También es bueno destacar que la exigencia del Gobierno nacional a las operadoras en inversión e incremento a la producción, obligará a una negociación de los valores y en especial de los proyectos nuevos”, manifestó al indicar que “por nuestra parte, nosotros no resignamos nada porque Santa Cruz tiene su propia ley y la mayoría de las concesiones están ya entregadas y no contamos con áreas nuevas”.
Certificado de acciones
Acerca de los avances para que Santa Cruz posea un certificado de acciones en YPF, Peralta puntualizó que “hay que ver, existen provincias como la nuestra que tienen su propio punto de vista” y que “hay que observar cómo pagan sus acciones en YPF las demás provincias que forman parte de la OFEPHI”, y que “nosotros tenemos cómo pagar porque contamos con quinientos millones de dólares en acciones como producto de la cesión de las áreas”. En otro orden y con respecto a los reclamos docentes sobre infraestructura escolar, Peralta dijo que “este año tuvimos menos problemas que el año anterior” y que “sabemos que los problemas edilicios pueden existir porque hay establecimientos de mucha antigüedad” por lo que garantizó que “la Presidenta del Consejo Provincial de Educación está avocada a tratar las problemáticas existentes y siempre estamos dispuestos al diálogo”.
Docentes rurales
En lo tendiente a la solicitud de un transporte para docentes rurales, el Gobernador precisó que “los docentes rurales no solo solicitan eso, sino además viáticos, así que este tema es algo que está siendo observado por el Tribunal de Cuentas y que deben tratarse en el marco de las paritarias” y que “sobre eso está instruida la titular del CPE se reunirá con ellos”, aclarando que el tema transporte es “un tema que está en evaluación financiera” donde en días más tendrá respuesta. En cuanto al edificio de Educación, declaró que “el edificio incendiado debe ser adaptado en distintos aspectos para lo que estamos trabajando intensamente” pero observó que “hay cosas que no se pueden solucionar de un día para otro pero está toda nuestra predisposición para lograrlo”, finalizó diciendo Daniel Peralta.
El borrador que la presidenta Cristina Kirchner dejó a los gobernadores para comenzar a debatir la nueva ley de hidrocarburos contiene un párrafo que preocupa especialmente al gobierno neuquino. Una vez leído con detenimiento el documento, que fue revelado ayer por "Río Negro", descubrieron que podrían afectarse los 54 contratos que mantiene GyP.
Es que el borrador abre la puerta a que puedan revisarse los acuerdos firmados, obligando a la petrolera provincial a desprenderse de su participación en los mismos. El gobernador Jorge Sapag advirtió que no va a firmar "nada que afecte derechos adquiridos". (Ver aparte)
Concretamente, el texto sostiene que las participaciones en este tipo de contratos "serán renegociados bilateralmente por las empresas participantes y/o socias y las empresas titulares de las áreas reservadas, de modo tal de lograr una reasignación recíproca de participaciones proporcional a las inversiones efectivamente a cargo de cada una de las partes".
No las menciona, pero el párrafo está dedicado a las empresas provinciales. Ordena revisar los contratos donde las firmas como GyP tienen una participación (que en general oscila entre el 10 y el 15%) y redistribuir los porcentajes en función del dinero real volcado a las mismas. En otras palabras, busca destruir "hacia atrás" el carry, mecanismo por el cual las empresas se suben a los contratos sin aportar efectivo.
La idea del borrador, impulsado por el CEO de YPF, Miguel Galuccio, es que toda empresa que tenga un contrato aporte dinero. Si no lo aporta, debe vender su participación. Es lo que YPF está haciendo en la práctica con GyP en las áreas donde aspira a iniciar pilotos shale en el corto plazo.
El anhelo de Sapag es que los contratos ya firmados no se toquen. Así lo planteó a la salida de la reunión en Olivos el lunes pasado.
