La diputada nacional kirchnerista Marcia Ortiz Correa ha tenido la deferencia de responder a través de su página de "facebook" la opinión que este espacio editorial expuso sobre un proyecto de ley que presentó para modificar el régimen nacional de inversiones mineras. Se queja porque, a su criterio, no se explicaron las "inconsistencias" de la iniciativa que indujeron a considerarla una "incompetente". La ignorancia supina es la surgida de la desidia del ignorante, y lamentablemente se confirma que la ofendida legisladora incurre en ella, puesto que las inconsistencias referidas fueron desarrolladas en detalle en el artículo que informó sobre su estrafalaria propuesta, en la página 4 de El Ancasti del lunes 9 de junio. Habrá leído sólo los títulos, pero al que quiere se le da: si reclama detalles sobre sus inconsistencias, no hay por qué negarle el favor.
El punto central de su proyecto establece que en ningún caso las provincias percibirán menos del 35% de las "utilidades" de los proyectos, lo cual se deduce del hecho que las empresas mineras no podrán percibir más del 65% de tales utilidades. Está en el artículo 7 del proyecto de Ortiz Correa, que pretende reformar el 22 de la ley de Inversiones Mineras.
Las "utilidades" de cualquier emprendimiento es lo que queda tras restarle a lo obtenido lo que se ha gastado. Es decir, se logra una suma, y a tal suma se le restan los costos en insumos, en servicios, en sueldos, en impuestos, etc. En el caso de la minería, también se resta lo que se paga a las provincias en concepto de regalías, concepto que la diputada, con palmario desconocimiento del régimen que objeta, considera como si se tratara de la participación de las provincias en las utilidades de las explotaciones mineras.
De ahí que en los fundamentos de su proyecto sostenga que a Catamarca la explotación de Bajo La Alumbrera "no le deparó el menor aporte económico que tan siquiera le resultara útil para poner en marcha al menos un incipiente desarrollo, elocuente situación que imprime de absoluta legitimidad a los populares reclamos para que la nación lleve adelante la reforma legal que se propone". Bajo La Alumbrera es el peor ejemplo que Ortiz Correa podía esgrimir, puesto que contradice toda su argumentación: Catamarca recibe por la explotación de este yacimiento no sólo las regalías sino también parte de las utilidades que tanto inquietan a la parlamentaria.
Es extraño que no lo sepa, ya que el generoso Gobierno que le regaló la poltrona en el Congreso tiene representantes en el directorio de Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD), firma que es socia en la explotación de Bajo La Alumbrera, percibe el 20% de las utilidades que arroja el emprendimiento y periódicamente liquida la parte que le corresponde a Catamarca, que es el 60% de ese 20%. Ya puede ver la diputada donde radican las inconsistencias de su propuesta, inconsistencias devenidas de una confusión conceptual que la conduce a mezclar regalías con participación en las utilidades, para desde ahí largar su diatriba. Seguramente es sincera cuando dice en su "facebook" que "defender los intereses del pueblo en su conjunto es la máxima" que la guía, con su corazón puesto en "el pueblo, Perón, Evita, Néstor y Cristina", pero esto no tiene nada que ver con la incertidumbre que su precaria iniciativa introduce en un escenario minero paralizado a la espera de condiciones más propicias para la inversión. Es una gran colaboración a generar estas condiciones que para el cálculo de sus utilidades los eventuales inversores tengan también que restarles un 35%. Lloverán los interesados.
Debido a sus confusiones, sostiene también Marcia que las protestas antimineras se deben al "régimen" cuando en realidad son consecuencia de que los gobernantes malversaron regalías y utilidades de la minería -la renta minera catamarqueña- para satisfacer antojos clientelares y corruptelas. En lugar de mejoras en su calidad de vida y expansión de sus horizontes de progreso, el pueblo -no Perón, Evita, Néstor o Cristina- asistió a la prosperidad repentina de muchos de los que administraban los recursos de la minería y a la dilapidación de tales recursos, factor que para la diputada no parece tener mayor importancia.
Tampoco considera, cuando habla de los "grandilocuentes" perjuicios ambientales provocados por la minería que un estudio científico de FUNCEI descartó cualquier incidencia de la actividad sobre la salud de las poblaciones ubicadas en inmediaciones de Bajo La Alumbrera, estudio para cuya confección fueron convocados los antimineros sin que pudieran aportar un solo caso que demostrara la relación que por todos los medios difunden, ahora con el invalorable aporte de la doctora Ortiz Correa; estudio jamás desmentido, que el Gobierno que benefició a la diputada, incluso con el silencio ante sus desmesuras, podría aprovechar muy bien si no hubiera dejado la política minera en manos de punteros e improvisados como ella.
