Algunos incidentes confirmaron en los últimos días la escasa importancia que se le asigna a la minería en el Gobierno. El grotesco, el tráfico de influencias y las sospechas de corruptelas se combinan en la constatación que la minería ha dejado de ser una política de Estado para desbarrancar en política clientelar, manejada con los mismos criterios con que se reparten bolsones.
Semejante desjerarquización no podría ser más preocupante para una provincia cuyo equilibrio financiero depende de la renta minera, renta que se reduce y tiende a desaparecer mientras los responsables de promover la actividad se entretienen en la persecución de metas personales. Y no sólo afectan a Catamarca. La diputada nacional Marcia Ortiz Correa, agraciada con una poltrona del kirchno-peronismo no se sabe en base a qué méritos, se dio el lujo de presentar un proyecto de ley para derogar todo el régimen nacional minero, fundado en un fuerte ataque a la minería. Se informó sobre la iniciativa el lunes pasado.
La insólita propuesta abunda en inconsistencias, contradicciones y errores conceptuales que exhiben un desconocimiento mayúsculo del tema por parte de la legisladora, que parece haber elegido el momento justo para su estrafalario planteo: la minería está paralizada en la Argentina a la espera de horizontes más estables en lo que se refiere al sistema cambiario y las posibilidades de reportar utilidades a los inversores externos. Se trata de una irresponsabilidad mayúscula que ya no cabe atribuir a la diputada Ortiz, que no cuenta a la mesura entre sus virtudes. La culpa del perjudicial exabrupto la tienen los que pusieron en el Congreso a semejante incompetente, estén vivos o muertos. Habla la legisladora de las protestas sociales y las atribuye al régimen minero, cuando son consecuencia del despilfarro que de los millonarios ingresos mineros hicieron los gobernantes.
Menciona un "gravísimo daño" por el impacto ambiental, al que califica de "grandilocuente" (sic). Ignorancia supina al margen, el papelón resulta más lamentable en la representante de un Gobierno y una provincia que declaman condición minera. Pero nadie le ha dicho nada a la diputada Ortiz Correa, ni la desautorizaron, ni han salido a decir lo que corresponde: que su proyecto es absurdo y nocivo en la coyuntura que atraviesa la actividad minera.
No cabe extrañarse por el patético rol de Ortiz Correa y el silencioso aval que le prestan quienes le regalaron la banca del Congreso. También el silencio sucedió al secuestro de 60 kilogramos de rodocrosita lista para contrabandearse en el Aeropuerto Felipe Varela, la semana pasada ¿No tiene nada para decir al respecto la CAMYEN, que explota y administra este mineral? Eran 60 kilos, nada menos. Cómo se saca esto sin una cobertura es algo que alguien debería explicar. Pero en la empresa estatal están más preocupados en acomodar a amigos y parientes con elevados salarios que en el destino de la rodocrosita y, por ende, de la CAMYEN misma, como ocurre con todas estas sociedades del Estado que se han creado para no tener que lidiar con los incómodos controles del resto de la administración pública.
Para no dejar flanco sin cubrir y que no queden dudas acerca del concepto que se tiene sobre la minería en el Gobierno, el secretario de la Vivienda Octavio Gutiérrez se preocupó por gestionar financiamiento de las mineras para que el plantel de Unión Aconquija, club del que es presidente, viajara en avión a cumplir un compromiso deportivo en Mendoza en el marco del Torneo Argentino "B". Una palmaria demostración del criterio clientelar endémico en la clase dirigente. Gutiérrez utiliza su incidencia política como funcionario para tratar de obtener recursos para una actividad particular como es presidir un club de fútbol.
La diputada Ortiz Correa y su grotesco arranque antiminero, el tráfico de la rodocrosita cuya comercialización debería en teoría monopolizar la CAMYEN, un funcionario de alta exposición que presiona sobre las mineras para fondear a su club. Habría que sondear cómo caen estas conductas entre los inversores mineros. Si la intención es tentarlos para sostener la actividad en Catamarca, alguien podría interrogarse en Casa de Gobierno sobre la inconveniencia de haber dejado la política minera en manos de punteros.
