La diputada nacional Marcia Ortiz  Correa presentó un proyecto para reformar la ley nacional de Inversiones Mineras. En su fundamentación, la iniciativa está llena de contradicciones, vacíos conceptuales y críticas desmedidas contra la actividad. Pero los párrafos más insólitos son en los que realiza fuertes ataques a la política minera del Gobierno nacional y provincial, proyecto político al que pertenece y por el que fue electa. 

El proyecto de ley fue presentado en la Cámara de Diputados de la Nación el pasado 20 de mayo y quedó registrado como expediente Nro 3759- D- 2014 referente a la explotación minera. El proyecto de ley es una reforma nacional a la ley Nro 24. 196/93 – Régimen de Inversiones Mineras. 

De la  lectura del proyecto surge que la intención de la legisladora es modificar el régimen vigente para que la Provincia tenga mayor ingerencia en la discusión por los beneficios que la minería debería dejar a Catamarca. Sin embargo, la redacción del proyecto es confusa, a tal punto que no está clara la propuesta que tiene para la percepción de las regalías mineras -que la Provincia obtiene como beneficio por la explotación de los yacimientos- y las utilidades que son los beneficios por la sociedad que la Provincia  tiene con la Nación y la Universidad Nacional de Tucumán en la empresa Ymad . "En lo referente a la distribución de las utilidades, necesariamente deberán resultar convenidas por el Estado provincial interviniente y las empresas contratistas que correspondan que en ningún caso podrá exceder del 65% en favor de estas (por las empresas) y considerado en relación con el último acto de comercialización del o los productos terminados" (sic). 

 Al referirse al régimen vigente sostiene: "Desde su primera aplicación fue causa detonante de las reiteradas protestas sociales y múltiples peticiones de los estados provinciales instando su reforma debido a los nefastos efectos padecidos”. En realidad, los conflictos sociales fueron por la resistencia de esos pueblos a la actividad minera y no por el régimen.  Y añade: "Puede citarse el caso de la provincia de Catamarca que durante el año 1997 contrató la explotación de una de sus valiosas minas (de Bajo de la Alumbrera) con ajuste a dicho "régimen” que aparejó un gravísimo daño para sus habitantes por el grandilocuente y nocivo impacto ambiental, en tanto que, no le deparó el menor aporte económico que tan siquiera le resultara útil para poner en marcha al menos un incipiente desarrollo”. 

La legisladora propone la eliminación del artículo 22  de la  ley mencionada en el que se establece que "las provincias que adhieran al régimen ley y que perciban regalías o decidan percibir, no podrán cobrar un porcentaje superior al tres por ciento (3%) sobre el valor "boca mina" del mineral extraído”.  En esta línea  critica "los unilaterales informes empresariales” y propone que a partir de la vigencia de la nueva ley a sancionarse "la participación provincial en las ganancias deberá ser materia de negociación entre los estados interesados y las empresas contratistas, en razón de tratarse de la principal cuestión a dirimir y que aquellos son los que se desprenden de sus valiosos minerales”. En la misma línea argumental, realiza duras críticas a las empresas mineras al señalar que "apenas brindan simples declaraciones juradas, todo lo que termina por colocar a las provincia en un crítico estado de indefensión con relación a sus legítimos intereses económicos, mientras que el sector empresarial acumula ciclópeos y desproporcionados réditos con relación a la inversión que realizan y que luego se traducen en centenares de miles de millones de dólares”. 

Al referirse a la actividad minera  insta a "una correcta ponderación de la grave afección social que tiene su origen en las pésimas condiciones de las explotaciones mineras conforme al actual régimen nacional. Se trata de la principal razón del desmadre de la paz interna en ciudades y pueblos involucrados, cuyas reacciones terminan por conmocionar y dividir a las comunidades, produciendo permanentes conflictos que culminan en enfrentamientos de bandos constituidos por sectores de quienes están a favor de la actividad minera y otros que se oponen a la misma", manifiesta. 

En la argumentación se opone también a la minería a cielo abierto  pero acota el supuesto daño ambiental que produjo en Catamarca  y  asegura que el proyecto minero no significó la creación de nuevas fuentes de trabajo: "Explotación minera "a cielo abierto” que en el caso de la mencionada provincia (por Catamarca) tampoco significó creación de nuevos puestos de empleo en proporción incidente a la oferta de mano de obra de los habitantes que circundan sus asentamientos y que por lo general se destacan por tratarse de ciudades o poblaciones demográficamente reducidas".