Más de 1500 son las familias que se encuentran en riesgo ambiental y social, por vivir cerca del Polo Petroquímico de Dock Sud, en Avellaneda
Las casas de madera y chapa (aunque algunas parecen de cartón por su fragilidad) se erigen sobre montañas de basura, algunas casi cayéndose dentro de ese líquido espeso, verde e inmóvil que llaman Riachuelo, conformando la villa Inflamable, en Dock Sud, Avellaneda, una de las zonas más amenazadas del Gran Buenos Aires.
A lo lejos, las inmensas chimeneas de las 42 empresas y fábricas que integran el Polo Petroquímico siguen siendo las amas y señoras de la postal, y las responsables de los tóxicos niveles de contaminación del aire, la tierra y el agua, en este territorio en el que habitan 1600 familias, en constantes riesgos para su salud y su bienestar general. Los problemas respiratorios, dérmicos y de contaminación en sangre son generalizados.
En la villa no hay una adecuada recolección de residuos y la acumulación de basura a cielo abierto ha generado microbasurales que se localizan en diversas partes del barrio, incluyendo dos lagunas. A su vez, la falta de pavimentación y de calles transitables trae como consecuencia no sólo inundaciones y problemas para el tránsito en general, sino que en algunos sectores impide el ingreso de las ambulancias. No hay conexiones eléctricas adecuadas ni redes de agua seguras, lo que genera nuevamente riesgos a la salud. Tampoco hay un sistema de cloacas. Las familias están rodeadas de areneras e industrias que continúan desarrollando sus actividades, con el consecuente perjuicio que eso les trae a los vecinos de villa Inflamable.
Florencia Galeano (17) persigue a sus hermanas Jasmín (4) y Lucila (5), que caminan descalzas por el barro y los charcos que rodean su casa. Allí, en las orillas del Riachuelo sobreviven junto a su grupo familiar de 15 personas en construcciones precarias, y sumamente inestables. Galeano, que acaba de tener una beba hace unos meses, dejó en primer año la secundaria, y hoy está haciendo los trámites para poder cobrar la Asignación Universal por Hijo (AUH). "Nos queremos ir cuanto antes. A los nenes les salen granos por la tierra. Cuando se inunda el pantano, se llena de agua fea la casa y nos afecta la piel. Cuando sale humo de las antorchas de las fábricas sentimos un olor feo a azufre. La mayoría de la gente se quiere ir, pero a nosotros no nos vino a ver nadie para hablar del tema", dice Galeano.
Según un reciente estudio realizado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) en la villa -entidad que trabaja codo a codo con las familias de la zona para mejorar su calidad de vida y aceitar el proceso de relocalización-, el 14,1% de la población tiene sus necesidades básicas insatisfechas, y el 49% de los hogares tiene al menos un miembro de la familia con problemas de salud potencial o comprobadamente asociados a condiciones ambientales. De ese universo, el 81% cree que esos problemas están vinculados a la contaminación.
"Las nubes tóxicas de las fábricas las vemos todo el tiempo. En la respiración nomás ya te das cuenta. Continuamente tengo dolor de garganta. Hay muchas familias con problemas respiratorios, de motricidad, con alergias en la piel, granos, bebes con broncoespasmos y neumonía. También demasiados casos de gente que se muere de cáncer o leucemia. El proceso de reconversión de algunas empresas se está dando de a poco, pero generalmente seguimos sintiendo olores fuertes. Cuando dejás la ropa colgada a la noche, al otro día le encontrás manchitas negras como de hollín. Todo eso respiramos nosotros. Y nos acostumbramos a convivir con una especie de neblina permanente que es producto de la contaminación. Son las empresas las que se tendrían que ir de acá y no nosotros. Porque ellas van a seguir contaminando", dice Claudia Espínola, integrante de la Junta Vecinal Sembrando Juntos, mientras realiza un recorrido en el que muestra cuáles son las principales amenazas cotidianas: falta de agua potable, cloacas desbordadas, contaminación de todo tipo, enfermedades, y viviendas y servicios precarios.
Para paliar que estas familias tomen agua con altos niveles de plomo y nitratos, la Acumar y el municipio reparten dos litros de agua mineral por día por persona en el barrio. "Con eso no podés cocinar ni tomar mate", dice Espínola, quien junto a su marido son los encargados de repartir 12.000 bidones de agua por mes en el barrio. Y agrega: "Las cloacas que tenemos son pantanos a cielo abierto al fondo de nuestras casas. Cada familia hizo sus caños de cloacas para que desemboquen ahí. Cuando hay fuertes lluvias se desbordan e invaden todas las viviendas. Necesitamos que hagan algo para purificar el agua de los pantanos y tener agua potable. La gente sigue rellenando los pantanos para instalarse encima, generando más desperdicios de cloacas".
Uno de los principales problemas que enfrentan es que el plomo se sigue filtrando en el agua y la tierra con la que están en permanente contacto los niños, que son los más afectados por las altas concentraciones en sangre. En el grupo familiar de Nora Pavón -compuesto por 15 personas- son 3 los niños que han tenido que ser internados por tener niveles de plomo de 55 µg/dl (cuando la OMS dice que hasta 5 µg/dl es considerado seguro). Si el grado de exposición es elevado ataca al cerebro y al sistema nervioso central, pudiendo provocar coma, convulsiones e incluso la muerte. Los niños que sobreviven a una intoxicación grave pueden padecer diversas secuelas, como retraso mental o trastornos del comportamiento.
"Los nenes se quejan y lloran porque les duelen los huesos, algunos están perdiendo el pelo. Mi nieta Fiorella, de 10 años, se despierta a la noche con la nariz sangrando y hay días que se tiene que volver de la escuela porque le duele la cabeza. Acá el agua no sirve ni para bañarse", dice Pavón, a la cual le ofrecieron relocalizarse en una casa con sólo 4 habitaciones, en la que deberían repartirse 15 personas. Su respuesta fue negativa.
"Los problemas de salud que tienen los chicos ligados a la concentración de plomo en sangre no se pueden solucionar solos. Tienen que tener una dieta especial, pero las familias no pueden acceder a ese tipo de alimentos por un tema de costos. Además, la única solución es que no estén más expuestos a esta sustancia y para eso deberían relocalizarlos", sostiene Laura Tarbuch, coordinadora del programa Derechos y Construcción Comunitaria en villas de ACIJ.
Son muchos los vecinos que se quejan por falta de información en el proceso de relocalización y reclaman poder tener más participación e injerencia en la toma de decisiones, y la discusión sobre los lugares en los que se instalarán las nuevas viviendas. "Nos quieren relocalizar en Isla Maciel y villa Tranquila en Barracas, frente al Riachuelo. Pero además de ser zonas en las que se matan entre pandillas, son muy inseguras. Acá el barrio es muy tranquilo y nos conocemos entre todos", explica Espínola. En este sentido, Tarbuch agrega: "Hace 40 años que les están diciendo que los van a sacar y es una situación desgastante. Hay gente que participa y otra que no, pero todos quieren una solución. Hasta ahora sólo se relocalizaron a 5 de 1500 familias en riesgo y los plazos establecidos ya se vencieron"..
"Estamos tomando agua con mierda", se lamenta con vehemencia María Alfaro, delegada vecinal de la manzana 25 de la villa 21-24, una zona lindera al Riachuelo en Barracas. Lo dice mientras muestra los caños rotos de las cloacas en el piso de la zona denominada Meandro de Brian -una de las más afectadas-, de donde se relocalizaron a 59 familias.
"Tomamos, nos bañamos y cocinamos con agua servida. Hace 9 meses que hicieron la primera relocalización y nos prometieron que iban a dejar todo esto en buenas condiciones, y no sanearon nada. Cuando tiraron abajo las casas de los que se fueron, dejaron los caños de agua y de cloacas sin conectar, y ésta es el agua que sale de la tierra y nos contamina todo", dice Alfaro.
Este es uno de los tantos padecimientos con los que tienen que convivir las 3 millones de personas asentadas en las orillas del Riachuelo, uno de los 10 lugares más contaminados del mundo, según el reciente estudio publicado por la organización Blacksmith Institute, y difundido junto con la Cruz Verde Suiza. Sobre la cuenca Matanza-Riachuelo, el informe señala que unas "15.000 industrias lanzan efluentes en el río y que los fabricantes de químicos son responsables de más de un tercio de la contaminación. En 2008, el suelo en las orillas del río contenía niveles de cinc, plomo, cobre, níquel y cromo por encima de los niveles recomendados".
Basurales, pantanos, cloacas desbordadas, humo tóxico, viviendas precarias, falta de servicios básicos, riesgos a la salud y agua contaminada son parte del único paisaje que pueden ver, oler y sufrir.
Duele en el alma, en la conciencia social, en la propia humanidad, recorrer las calles inundadas de villa Inflamable en Avellaneda, o las de la villa 21-24, dos de las zonas más afectadas por los embates del Riachuelo. El agua no filtra, las cloacas se rebalsan inundando las casas, la basura hace las veces de patio de las casas y hasta se cuela por sus ventanas; el olor nauseabundo llegó para quedarse y las casas -de madera y chapas- tienen casi tantas hendijas como la esperanza de que algún día se van a poder mudar a un lugar mejor.
Entretanto, las familias pasan sus días atrapadas en este infierno. Los niños se enferman, se les cae el pelo, les sangra la nariz, les duelen los huesos. Y mientras tanto, los reclamos no tienen eco, los plazos se estiran y como los esfuerzos están puestos en reubicarlos, invertir en estos barrios para mejorar su situación actual, no pareciera ser una prioridad.
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La cuenca Matanza-Riachuelo tiene una longitud aproximada de 60 km y está conformada por la ciudad de Buenos Aires (CABA) y 14 municipios, entre los cuales se encuentran La Matanza, Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora, Esteban Echeverría, Ezeiza, Gral. Las Heras, Marcos Paz, Merlo, Morón, San Vicente, Pte. Perón, Almirante Brown y Cañuelas.
Para hacerle frente al enorme grado de contaminación presente en la cuenca, en 2006 se crea la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar), un comité autónomo, autárquico e interjurisdiccional que conjuga el trabajo con los tres gobiernos que tienen competencia en el territorio: Nación, provincia de Buenos Aires y de la ciudad. En 2008, la Corte Suprema de Justicia exigió en un fallo histórico la puesta en marcha de acciones que mejoren la calidad de vida de los habitantes de la cuenca, recompongan el ambiente en agua, aire y suelos, y prevengan "daños con suficiente y razonable grado de predicción". A su vez se conformó un cuerpo colegiado para el control del Plan de Saneamiento, liderado por el defensor del pueblo de la Nación e integrado por un grupo de ONG (al estar vacante el puesto de defensor del pueblo de la Nación, el organismo se encuentra acéfalo).
En este proceso, las jurisdicciones plantearon un plan de relocalización para todas las familias que están en riesgo a zonas en buen estado ambiental, habitacional y de servicios públicos. Si bien se han reubicado a algunas familias, todavía quedan relocalizar a 1334 en la villa 21-24 de Barracas, a 206 en la villa 26 y a 1600 en villa Inflamable, en Dock Sud, Avellaneda.
La gran concentración de industrias ha provocado, entre otros factores, la contaminación del río con metales pesados como mercurio, cinc, plomo y cromo, entre otros, y las aguas servidas provenientes de las napas saturadas de toda la cuenca. Dicha contaminación conduce a enfermedades que afectan a la población asentada a lo largo del río, como patologías broncopulmonares, asma, enfermedades de la piel, problemas intestinales, altos niveles de plomo en sangre y hasta casos de cáncer o leucemia.
"Nosotros planteamos la necesidad de una vigilancia epistemológica y de hacer un mapa de riesgo, que incluya situaciones de vulnerabilidad y factores de riesgo ambiental de toda la cuenca para poder determinar cuáles son las zonas más amenazadas. Estos estudios, además de determinar patologías individuales, sirven para detectar patrones generales de riesgo, para identificar las fuentes del problema y proponer posibles soluciones", explica Javier García Espil, coordinador del equipo Matanza-Riachuelo del Área de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Defensoría del Pueblo de la Nación.
En términos de salud, según el último informe de la Acumar de 2013, existieron 88.470 casos de diarreas durante ese lapso y 65.044 de bronquiolitis en menos de 2 años. En cuanto a los niveles de contaminación, de los 25 pozos relevados, 6 tenían límites de nitratos superiores al límite permitido; existen 61 microbasurales, 17 basurales y 5 macrobasurales, y el 50% de las empresas opera fuera de los parámetros de vuelco definidos por la normativa ambiental vigente.
Otra mala noticia es que pese al plan de limpieza, el agua del Riachuelo sigue sin oxígeno. A casi seis años del fallo de la Corte Suprema de Justicia sólo siguen vigentes el saneamiento de las márgenes en la Capital y en algunos tramos de la costa bonaerense del río. Y con significativo retraso se realizan las relocalizaciones de población, el diagnóstico de las personas contaminadas y las discontinuas mediciones de contaminación del río.
"Nuestro planteo es que a diferencia de lo que pasaba en años anteriores, se están haciendo cosas en el Riachuelo. En la zona de La Boca se ve mucha menos basura en el cuerpo del agua y se está abriendo el camino costero que se llama de Sirga. Esto sirve para mejorar los controles porque muchas empresas tenían paredones que iban hasta el río y no se podía ver qué vertían. En las márgenes se está trabajando mucho en la limpieza de basura. Se sacaron muchos barcos hundidos que eran la imagen del olvido y la dejadez del gobierno en relación al Riachuelo", explica Lorena Pujo, coordinadora de la Campaña de Tóxicos de Greenpeace.
Sin embargo, Pujo sostiene que a pesar de estos avances, los cursos de agua del Matanza-Riachuelo mantienen niveles de contaminación medios y altos en toda su extensión. ¿Cómo puede ser esto? "El problema está en el fondo de la cuestión, y es que se plantean estándares muy bajos en términos ambientales para los desechos de las empresas. Se empezó con un plan de reconversión de industrias, que le pone límites que son bajos y con los cuales no van a dejar de contaminar ni llegar al límite de la capacidad de depuración del río. Hay 500 industrias reconvertidas y no mejoró para nada la situación del agua", concluye Pujo.
Los riesgos ambientales para los vecinos de la zona son variados y numerosos, como cercanía a basurales, a industrias riesgosas y a cursos de agua contaminados. A este cuadro se suman situaciones de vulnerabilidad social, como la falta de acceso a servicios de agua y cloacas, viviendas precarias y muchas otras necesidades básicas insatisfechas.
"Los que están expuestos a cuestiones más problemáticas, para nosotros son los que deberían tener más prioridad. Se están haciendo trabajos de remoción de residuos, pero la reconversión de las industrias viene muy lento, y la mejora de la red de agua y cloacas en general se omite en estos barrios informales. Mientras se decide si una familia va a ser relocalizada también hay que tomar medidas de mitigación de riesgo. Si se detecta que hay problemas con el agua, hay que entregar agua segura, y lo mismo con temas de cloacas o de salud. En relación con la calidad de la vivienda también se pueden tomar medidas intermedias, ya que hay muchas patologías que tienen que ver con el contacto con el suelo directo", agrega García Espil.
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Al caminar por los barrios se siente la incertidumbre de la gente frente al proceso de relocalización y su angustia ante las condiciones precarias en las que viven. Pero su principal miedo siempre es la salud de los más chicos, que son los que más se ven afectados por afecciones pulmonares, problemas en la piel o altos niveles de plomo en sangre.
"Los que viven en condiciones más precarias o encima de fuentes de contaminación se quieren ir. Otros que viven en barrios hace muchos años y están arraigados se quieren quedar. Lo que más complica no es la voluntad individual, sino la incertidumbre: muchos no saben por qué los van a relocalizar, adónde ni en qué plazos. Por eso pedimos la formación de mesas de vecinos en cada barrio, para que los puedan informar sobre estos procesos. También hubo problemas con complejos de viviendas que se entregaban en malas condiciones; algunos no tenían gas, casas que se rajaban, que no tenían las instalaciones apropiadas. Entonces hay muchas familias que no se quieren ir en estas condiciones. Por eso lo que pedimos es que se le exija a la Acumar el desarrollo de indicadores que permitan dar por aprobada la entrega de una vivienda sólo en condiciones dignas", propone García Espil.
Los actores involucrados en este difícil y engorroso proceso señalan que no se ha generado un actuar articulado entre las entidades participantes en temas como el control industrial, la prioridad de obra pública y el saneamiento de basurales.
Definitivamente hace falta acelerar los plazos para salvar a las miles de familias que tienen comprometido su futuro y su presente.
A Victoria Soledad Rodríguez se le nota en el semblante la preocupación por la salud de sus hijos. Con su nena Luana, de 1 año y 10 meses en brazos, muestra cómo es vivir con la casa inundada y con el fondo atiborrado de kilos de basura acumulada durante años.
"Luana estuvo internada dos veces por problemas en los bronquios y ahora le estoy aplicando el puf. Ian, que nació con 7 meses y bajo peso, ahora también empezó con problemas respiratorios", dice esta mujer que vive con su marido y sus 6 hijos, a sólo 10 metros del Riachuelo, en el área denominada Meandro de Brian, en la villa 21-24 de Barracas, la zona más contaminada por su cercanía con el Riachuelo.
Rodríguez cobra el plan Ciudadanía Porteña y su marido, que es panadero, trabaja de noche. Con el asesoramiento del Ministerio Público Tutelar de la ciudad de Buenos Aires, presentaron todos los papeles para que le dieran prioridad, pero no tuvo suerte ni en la primera ni en la segunda tanda de relocalización. "Se llena de agua el patio y la casa cuando llueve. Y eso le hace mal a los chicos. La basura está llena de ratas. Si no nos vamos por lo menos que nos arreglen un poco la casa para vivir mejor", agrega Rodríguez.
Allí son cerca de 1300 las familias -llegando a 5000 personas- que aún esperan poder mudarse a un destino más sano y más próspero. Según estudios realizados por la Acumar, el 19,4% de los niños menores a 6 años tiene cuadros de anemia, el 25% presenta problemas en el desarrollo psicomotriz y el 24,5% presentó resultados de plomo en sangre superiores a los valores de referencia. Por otro lado, en la villa 26, otras 200 familias también se encuentran en la misma situación de riesgo y tienen pendiente su reubicación.
A modo de diagnóstico, un informe del Ministerio de Salud del gobierno de la ciudad de Buenos Aires en el sector del Meandro de Brian de 2013, señala que la zona se caracteriza por viviendas precarias y situaciones de hacinamiento; que las conexiones de agua de red no son reglamentarias y presentan filtraciones. "Las excretas son volcadas directamente al Riachuelo; existe acumulación de agua de precipitaciones y servidas; hay presencia de plagas como ratas y cucarachas; basura acumulada en gran volumen, y la población utiliza garrafa porque no cuentan con gas de red. También utilizan brasero, leña, carbón y kerosén. Humo proveniente de actividad fabril, olores característicos por la proximidad al Riachuelo", explica el documento.
Este contexto lleva inevitablemente a que las familias estén expuestas a enfermedades ligadas al agua (infecciones gastrointestinales como diarreas, parasitosis, hepatitis, cólera, dengue, fiebre tifoidea y otras) por las condiciones de la red de agua, excretas y aguas estancadas. Además, enfermedades ligadas a la basura y plagas, fiebre amarilla y enfermedades transmitidas por roedores (leptospirosis, hantavirus). Por último, enfermedades de la piel y alergias (eccema, dermatitis, piojos).
Rosana Zárate vive con su marido y sus 9 hijos en una vivienda sobre un basural que nadie le ayuda a limpiar. Rodeada de basura y excrementos cuenta: "Cada dos por tres tenemos que llevar a Gastón, de 5 años, al hospital por problemas en los bronquios y en la piel", dice Zárate.
Es que la exposición a metales pesados provenientes del uso anterior de la tierra como basural y la proximidad al Riachuelo puede afectar el neurodesarrollo de las poblaciones infantiles, trastornos neuroconductuales y problemas en el aprendizaje.
En este proceso de relocalización, también existen riesgo de accidentes por desprendimiento de alguna parte edilicia, quemaduras y electrocución.
"Acá tiraron abajo las viviendas, hicieron una vereda y pusieron alambre. Pero no taparon ni conectaron bien los caños de agua ni de desagüe de cloacas. Ese terreno se convirtió en un barrial nauseabundo, que es el que alimenta de agua a las casas", se queja María Alfaro, delegada vecinal de la manzana 25 de la villa 21-24.
De conformidad con la manda judicial de la Corte Suprema de Justicia, la totalidad de las familias debieron estar realojadas para enero de 2013. Al día de la fecha, de la villa 21-24 sólo han sido relocalizados 107 grupos familiares en el complejo Padre Mugica. Emilio Basavilbaso, titular del Instituto de Vivienda de la ciudad de Buenos Aires (IVC), reconoce los atrasos por problemas jurisdiccionales, a la vez que aclara que "para relocalizar a la gente tenés que tener una solución y ese es el principal motivo de velocidad. Tuvimos serias dificultades para cobrar los certificados de obras, porque los fondos no llegan en tiempo y forma de parte de la Nación. A futuro llegamos a un acuerdo con la gente de la Nación en el que nosotros compramos más terrenos y ellos nos saldan las deudas de la construcción. También sucedió que teníamos terrenos disponibles para la construcción de viviendas cerca de la villa, pero no adentro. Y como los vecinos quieren vivir cerca de su zona de pertenencia, se bloqueó la posibilidad de mudarlos a esta u otras zonas de la ciudad".
Otro de los principales reclamos de los vecinos es que la calidad de las casas en el Barrio Mugica, construidas por la Fundación Sueños Compartidos de las Abuelas de Plaza de Mayo, deja mucho que desear.
"La gente se queja de problemas en la construcción, de que no tienen vacantes escolares ni comedores ni centros de salud, de que no tienen todos los servicios y no están en zonas seguras. Muchos vecinos son cartoneros y tienen que prever lugares de acopio para ellos. No hay una lógica de trabajo para prever estas necesidades", sostiene Irene Marcó, Secretaria de la Asesoría Tutelar porteña.
Frente a estos reclamos, Basavilbaso explica: "Hubo problemas en el barrio Padre Mugica porque por varios meses la obra quedó parada y al tratarse de un sistema constructivo rápido, cuando se finalizó vimos que había filtraciones de agua. El juzgado ordenó a la Nación que repare esos defectos constructivos. Como había algún defecto de obra en estas casas, no estamos cobrando nada ni por las casas ni por los servicios. En el barrio se está haciendo una escuela y en el mientras tanto pusimos micros para llevar a los chicos a la escuela de origen".
En relación a los plazos de relocalización, Basavilbaso sostiene que en 2016 van a estar mudadas todas las familias de la villa 21-24 y la 26, aunque aclara: "Las fechas están condicionadas al ingreso del dinero. Yo soy optimista de que este dinero va a venir".
Sobre el Meandro de Brian, el titular del IVC sostiene que era una de las zonas más vulnerables de la ciudad y hoy se encuentra en mejores condiciones al estar despejada y con acceso al río. "Estamos planteando soluciones para poder hacer un parque costero lineal en ese tramo junto con Nación, que vaya desde la provincia hasta el fin del Riachuelo en La Boca. Decidimos sacar el a,ambre y hacer el parque, aunque eso implique un riesgo frente a la usurpación. Hoy no vamos a hacer toda una obra de cloacas en las viviendas que vamos a retirar, pero sí tengo entendido que desde la Secretaría de Hábitat e Inclusión van a hacer cloacas para transformar el barrio", dice Basavilbaso.
Por Andrés Napoli.
El saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo constituye uno de los principales desafíos en materia de gestión ambiental en la Argentina. Se trata del curso hídrico más degradado del país y donde conviven más de 3 millones de personas, que durante décadas han soportado las consecuencias de la contaminación.
La intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación -que en un fallo histórico condenó al Estado nacional, a la ciudad de Buenos Aires y a la provincia de Buenos Aires a sanear el Riachuelo- logró romper la inercia de decadencia y desamparo en que se encontraba esta zona neurálgica del Área Metropolitana de Buenos Aires.
A partir de la sentencia de la Corte se pusieron en marcha, por primera vez, algunas acciones y programas de gobierno tendientes a revertir el escenario de conflictividad, vulneración de derechos y población en riesgo que caracterizan a esta región.
Lógicamente lo realizado todavía es poco en relación a todo lo que queda por hacer, más aún en una cuenca tan compleja porque atraviesa 14 municipios.
Por ello existe un conjunto de temas que son de fundamental importancia y que todavía continúan pendientes, entre los que se destacan:
Implementación de las obras de infraestructura que impidan el libre vertido de líquidos cloacales en el Riachuelo, cuestión que cuenta ya con el financiamiento del Banco Mundial por 840 millones de dólares.
Acelerar y mejorar las acciones de relocalización de la población en las márgenes del río.
Establecer un nuevo sistema que permita el control de los vertidos de líquidos industriales, para lo cual se debe modificar de manera urgente y prioritaria la legislación de vertidos, que es sumamente permisiva.
Implementar una política integral para la gestión de residuos en toda la cuenca.
Elaborar un plan de reurbanización de villas y asentamientos.
Garantizar de manera urgente el acceso a agua segura a la población que se encuentra en situación de riesgo.
Elaborar un estudio integral de riesgo para el Polo Petroquímico de Dock Sud.
La tarea de sanear una cuenca tan compleja demanda una acción integral que apunte a mejorar la calidad de vida de las personas que padecen las consecuencias de la contaminación.