En las últimas horas, se dio a conocer que el estado provincial revirtió el 50% del área petrolera de Chachahuén en Malargüe, zona que actualmente explora y explota YPF pero que también pertenece al grupo Vila-Manzano. Ahora, esta situación podría repetirse en otras dos áreas pertenecientes a importantes grupos económicos, quienes podrían perder la concesión y hasta ser multados por abandonarlas.

Según pudo saber Diario San Rafael, el proceso se está analizando en dos áreas petroleras del sur provincial. Una de ellas es la polémica Río Diamante, que fue otorgada a la petrolera Oil de Cristóbal López, y que salió a la luz luego de que se conociera que pretendía extraer petróleo mediante la técnica de fracking. La otra zona en conflicto es Río Atuel, donde el gobierno ejecutaría tanto a Oil como a Ketsal (del Grupo Vila-Manzano) por renunciar a hacerse cargo de la zona.

Tanto el Área Río Diamante como el Área Río Atuel se encuentran al oeste de San Rafael, y son compartidas con los departamentos de San Carlos y Malargüe, y corresponden a la cuenca neuquina.

En la zona en cuestión funcionan varios pozos que producen actualmente, como Vega Grande, Loma de La Mina, El Sosneado, Atuel Norte, Lindero de la Piedra, Cerro Mollar y La Brea.

En lo que respecta a la zona Río Diamante, la firma Oil del Grupo Indalo prometía inversión allá por 2008 y, al no llegar lo prometido, la concesión estaría por caer. Ya hay un expediente abierto y, en las próximas horas, podría haber importantes novedades.

Por otra parte, en Río Atuel, Oil renunció a la concesión, por lo que le podrían caber multas, que ejecutarían la garantía de cientos de miles de dólares con la que se presentó a la licitación. La misma situación correría para Ketsal, que había quedado primero en orden de prioridad en la compulsa, desistió y también se le aplicaría la ejecución de una garantía de un importante valor en dólares.

Hay que recordar que, recientemente, el estado provincial les pidió a YPF y a sus socios (grupo Vila-Manzano) que devuelvan la mitad de Cachahuén, una de las áreas más productivas de Malargüe y de Mendoza. 

PEDIDO DE INFORMES

Ante la supuesta decisión de revertir las concesiones otorgadas sobre las áreas Río Diamante y Río Atuel, desde la Cámara de Diputados piden un informe al Gobierno.

En el documento, se solicita que la Empresa Mendocina de Energía informe la razón social de las entidades que poseen las concesiones de las áreas Río Diamante y Río Atuel; detalle la inversión comprometida y la ejecutada hasta ahora; en caso de registrar retrasos en las inversiones acordadas en la adjudicación, explique causas de la demora y las nuevas condiciones; y detalle los pagos efectuados por las entidades en cumplimiento de canon de exploración, aporte fondo escolar y tasa de control.

En otros puntos, se pide que “el presidente de la Empresa Mendocina de Energía adjunte copia del marco regulatorio de las concesiones otorgadas y cualquier otro convenio suscripto en relación a las mismas”, y que “en caso de incumplimiento de las obligaciones del concesionario”, informe qué medidas se tomarán, sumando toda la información que pueda ser relevante en el tema.