Luego que se confirmara que Indecopi inició un procedimiento administrativo sancionador contra 19 empresas por presuntamente haber concertado el precio deGLP vehicular en Chimbote y Chiclayo; el secretario técnico de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia, Jesús Espinoza, informó que el proceso de investigación podría tomar un año y medio, lo que significa que para noviembre del próximo año recién se conocería el fallo el primera instancia.

Indicó que el proceso se inició el 23 de mayo, y a la fecha se encuentran en la etapa de descargo de las empresas, las cuales tienen hasta la segunda quincena de julio para enviar su posición respecto a la notificación remitida.

“Luego de esto hay siete meses de etapa aprobatoria, para luego darse un dictamen. En algunos casos, cuando amerita se puede convocar a una audiencia pública, luego de la cual ya se emite la decisión de la comisión”, detalló.

Según Espinoza, las empresas involucradas en esta investigación estarían demostrando conductas muy lesivas contra los consumidores por lo que Indecopi va ser muy firme en las sanciones.

“No obstante, se le va permitir a las empresas defenderse y hasta colaborar si tienen alguna información que pueda ser de gran valía”, subrayó

Nuevas bombas
El funcionario también informó de otros casos de presunta concertación de precios, como el del pan en Piura, el proceso se inició en diciembre del 2013.

“Existen 14 personas naturales y jurídicas involucradas y el período investigado es el 2011”, anotó.

De otro lado, en cuanto a la concertación de precios en el servicio de taxi colectivo entre Tacna y Arica, informó que hay 132 empresas involucradas, de las cuales 31 son peruanos y 109 chilenos.

“En este caso, los precios se incrementaron en 50%. Allí la sanción no solo será para las empresas peruanas sino también para las chilenas”, dijo.

Respecto a nuevas investigaciones en las que trabaja su comisión evitó dar detalles sobre si alguna apunta a los combustibles.

EN CORTO

No se salvarán. Indecopi adelantó que si las empresas investigadas no están conformes con el fallo (multa) que pudiera emitir la comisión, pueden llevarlo al Poder Judicial pero antes deben pagar una carta fianza que equivale al monto de la multa. Es decir, igual tienen que pagar.