Diversas agrupaciones civiles preparan un amparo colectivo contra las disposiciones del Congreso de la Unión en caso de que la legislación secundaria apruebe la práctica de fractura hidráulica o fracking, para la explotación de hidrocarburos no convencionales en el país.

El argumento central de este posicionamiento, con el cual pretenden llegar a la Corte, es la violación al derecho fundamental de la salud de los mexicanos, puesto que al fracturar las rocas a presión se utilizan hasta 27,000 litros de agua por pozo, cuando una persona consume 100 litros de agua al año.

El senador Benjamín Robles aseguró que los legisladores del PAN y del PRI en la Cámara alta han manifestado que la nueva Ley de Hidrocarburos atraerá capitales para la perforación de hasta 20,000 pozos no convencionales en los próximos tres años; con ello, se quitarán hasta 16 millones de litros de agua a las personas, particularmente en entidades con altos grados de sequía, como Coahuila y San Luis Potosí, manifestó.

“La experiencia internacional ha probado que esta práctica sólo genera daños, todos perdemos, y en caso de que se integre en el nuevo esquema de la reforma energética, sólo va a beneficiar a unos cuantos, los que exploten el recurso, y dañará la salud y el acceso a agua limpia de millones de mexicanos”, dijo.

El legislador del PRD coordinó la publicación del libro Impacto social y ambiental del fracking, en el que especialistas en el tema exponen los peligros a los que se enfrenta un país cuando masifica esta práctica. “Está el cáncer por contaminación a mantos freáticos, los sismos y el uso de químicos cuya toxicidad todavía no se ha probado”, dijo el legislador.

Benjamín Robles aseguró que si bien con la mayoría simple en el Congreso será suficiente para aprobar la legislación secundaria energética este mes, mediante la vinculación de la sociedad civil se podrá, por lo menos, prohibir que se lleve a cabo esta práctica en el país.