El ministro de Planificación, Julio De Vido, aprovechó la tensión entre los gobernadores petroleros y Miguel Galuccio para hacer su juego y tratar de contener a los mandatarios provinciales, mientras desgasta la gestión del presidente de YPF, quien lo corrió del manejo del negocio petrolero.

La pelea de Galuccio y los gobernadores por el manejo de las áreas petroleras viene creciendo y el pico de mayor tensión se dio el mes pasado cuando YPF se retiró de la licitación de ocho áreas petroleras en Mendoza, tras una fuerte discusión entre Francisco "Paco" Pérez y directivos de la compañía.

El fondo de la pelea es el intento de Galuccio por modificar la Ley de Hidrocarburos y limitar el accionar de las provincias petroleras (con Neuquén, Mendoza, Chubut y Santa Cruz a la cabeza), que a través de sus empresas estatales ingresan al negocio sin poner dinero y perciben enormes sumas, en lo que se conoce como “sistema de acarreo”.

En ese contexto, y en la previa de un encuentro que Cristina mantendrá la semana que viene con los gobernadores petroleros (Pérez ya advirtió que defenderá el esquema de negocios que impulsan las provincias), De Vido intervino y les adelantó que se buscará un equilibrio.

El ministro tiene una relación de confianza de larga data con los mandatarios provinciales y la aprovecha para volver a ganar poder en el manejo del negocio petrolero, donde fue corrido por Galuccio y Axel Kicillof tras la expropiación de YPF. De Vido ha demostrado su muñeca para recuperar poder ante escenarios turbulentos, tal como hizo con intendentes o más recientemente con los gremios del transporte público.

“Yo estuve con el ministro De Vido y le conté la posición nuestra, que la situación de Emesa (la empresa provincial de energía) es similar a la que está viviendo Neuquén, Chubut o Santa Cruz. Son empresas que vienen a facilitar la tarea de inversión y de atracción de inversiones, que es lo que hoy más necesita YPF. En ningún momento se obstaculiza ni provoca ningún tipo de intervención en la operación, que es lo que hace básicamente YPF”, dijo ayer Pérez, dando a entender que no hubo posibilidad de resolver el conflicto con Galuccio.

Pero por otro lado, Pérez adelantó que planteará la necesidad de que el decreto nacional 929/13 por el cual se regula el negocio del shale (petróleo y gas no convencional) se convierta en ley para dar previsibilidad a los inversores.

El dato no es menor, ya que se trata del decreto que establece la alianza de YPF con Chevron y que fue duramente criticado por la oposición. Incluso es motivo de investigación contra Cristina por parte de la Justicia federal.

Así, Pérez está decidido a pelear con Galuccio cuestiones clave para los intereses, según el gobernador de Mendoza, pese a los deseos del CEO de acotar lo máximo posible la injerencia de las provincias en los negocios petroleros y que la rentabilidad para los Estados provinciales sólo venga vía regalías petrolíferas, y no por participación de las empresas provinciales. Ayer, el ministro mendocino de Energía, Marcos Zandomeni, advirtió que “cualquier política energética a largo plazo es inviable si no se toman en cuenta los intereses provinciales”.

El borrador de la nueva Ley

En paralelo a la intervención de De Vido, los gobernadores de provincias petroleras recibieron ayer un borrador con los cambios a la Ley de Hidrocarburos que la Casa Rosada busca imponer a pedido de Galuccio, y que habían sido desmentidos incluso por el propio De Vido.

Aunque el borrador que envió Carlos Zannini es bastante amplio en sus conceptos confirma las intenciones del CEO de YPF, que pretende congelar las regalías que cobran las provincias y limitar el “acarreo”, entre otros puntos.

El texto, adelantado por el portal MDZ Online y publicado completo por el diario Río Negro, sostiene que Nación y las provincias del OFEPHI propondrán al Congreso un complemento normativo de las Leyes 17.319 y 26.197 con la finalidad de reglar la explotación no convencional de hidrocarburos, la exploración y explotación off shore y en zonas de riesgo; el establecimiento de presupuestos mínimos para un ejercicio regulado, previsible y homogéneo de los mecanismos de selección de los concesionarios; el establecimiento conjunto de mecanismos de promoción fiscal a esas actividades”.

Aunque aclara que se trata de un “borrador base para su discusión”, la Rosada adelanta sus intenciones en varios de los puntos que propone para debate.

El primer punto establece que se debatirán los “plazos para explotación y explotación diferenciados conforme las nuevas tecnologías”. Esto es una exigencia de las empresas inversoras que pretenden concesiones a plazos más largos que los que ofrecen las provincias, como en el caso de Chevron que se aseguró la explotación de una zona de Vaca Muerta por 35 años.

El texto también señala que el gobierno pretende congelar las regalías a las explotaciones no convencionales, con lo que echa por tierra las intenciones de las administraciones provinciales de aumentar el canon que cobran.

En otro punto, exige “programas fiscales y tributarios” que sean “homogéneos y estables”. Esto estaría relacionado con la intención de la Rosada de igualar las tasas de Ingresos Brutos que cobras las provincias. Este punto agrega que se debatirán los “beneficios a conceder una vez logrado el autoabastecimiento”, abriendo la puerta a que las provincias puedan tener más beneficios pero a futuro.

Finalmente, el punto 3 del borrador es el que podría poner fin al “acarreo”. “Mecanismos de adjudicación de áreas por licitación competitiva, buscando la mayor concurrencia y priorizando ofertas que propongan la mayor inversión/actividad exploratoria”, establece. Esto dejaría afuera a las empresas estatales de las provincias, que ingresan a las explotaciones sin poner dinero y seguramente será el punto que más tensión generará con los gobernadores.