Por Pablo Fernández Blanco.

El borrador de un proyecto de ley para regular el negocio petrolero está desde principios de esta semana sobre el escritorio de Carlos Zannini. El secretario legal y técnico es uno de los últimos filtros para avanzar en la iniciativa, que comenzó a discutirse en diciembre del año pasado a pedido del CEO de YPF, Miguel Galuccio. El ejecutivo convenció a la presidenta Cristina Kirchner de que era necesario un cambio regulatorio para facilitar la llegada de inversiones y recuperar el autoabastecimiento energético.

La norma obligará a las provincias a resignar una parte sustancial de su control sobre la actividad.

En los próximos días, el ministro de Planificación, Julio De Vido, que no participó directamente de la redacción del proyecto, pero fue elegido para reunir el consenso de los gobernadores, se encontrará con algunos mandatarios provinciales para tratar de allanar el camino. Si sus gestiones prosperan, la Presidenta será la anfitriona, el lunes próximo, a las 18, en la quinta de Olivos, de una reunión con los gobernadores. Allí se firmaría un texto de tres páginas, la luz verde para avanzar en una nueva ley de hidrocarburos.

El borrador que circula les impide a las provincias aumentar las regalías petroleras (hoy son del 12%, pero muchas subieron ese porcentaje en los últimos años) y las obliga a organizar licitaciones en las que se dará prioridad al compromiso de inversión de las empresas a la hora de adjudicar yacimientos. Además, restringe la participación de las empresas provinciales de energía, que proliferaron con el padrinazgo del ex presidente Néstor Kirchner.

También les pide a los gobernadores que otorguen estabilidad fiscal a los proyectos de explotación.

Sobre la promoción de inversiones, contempla una extensión de los plazos de concesión para la exploración y producción de recursos no convencionales (como Vaca Muerta), así como mayor flexibilidad cambiaria.

Si la reunión en Olivos sale de acuerdo con lo previsto y los gobernadores firman el denominado Acuerdo Federal para el Autoabastecimiento de Hidrocarburos, el Gobierno se apurará para enviar este mes el proyecto al Congreso, donde ya inició los contactos con vistas a movilizar la discusión.

La senadora Lucila Crexell (del oficialista Movimiento Popular Neuquino, pero opositora al gobernador Jorge Sapag) será una de las encargadas de promoverlo. Fuentes oficiales sostienen que el proyecto en general tiene el visto bueno de su par radical Ernesto Sanz, uno de los referentes del frente opositor Unen.

Desde el principio, la iniciativa oficial cayó mal entre los gobernadores. Sapag, de Neuquén, la principal provincia productora de hidrocarburos y dueña de Vaca Muerta, la formación no convencional a partir de la cual YPF intenta atraer inversiones, fue uno de los que mostraron con mayor vehemencia su disgusto. Él mismo había irritado a Galuccio a mediados de abril con su iniciativa para enviar a la Legislatura provincial un proyecto de ley.

Según la mirada de YPF, esa norma abría la puerta a que, una vez caducadas, las concesiones petroleras vuelvan a la jurisdicción de Gas y Petróleo del Neuquén (GyP), la empresa provincial. Ésa es la clave para que la compañía pueda realizar asociaciones bajo la modalidad carry (acarreo), que permite a las empresas provinciales ingresar en sociedades sin hacer desembolsos a cambio de ofrecer un área para explorar, algo similar a lo que intentó hacer Enarsa a nivel nacional.

Galuccio criticó con dureza ese esquema a fines del mes pasado. "El acarreo es un sistema que va a dejar proyectos por debajo de su viabilidad. En iniciativas difíciles con retornos de inversión bajos, por ejemplo", explicó el presidente de YPF. "Esto genera un efecto regresivo sobre el proyecto. La discusión puede ser incómoda, pero hay que darla", completó. A su derecha estaba Martín Buzzi, gobernador de Chubut y presidente de la Ofephi, la organización que reúne a las estados productores de petróleo.

En las últimas semanas, sin embargo, Sapag acordó una especie de paz petrolera con Galuccio e intentó avanzar en las negociaciones. En su entorno sostienen que el gobernador está dispuesto a acompañar el proyecto siempre que la ley no regule hacia atrás (eso mantendría en funcionamiento a Gas y Petróleo del Neuquén) y confirme que las provincias son las dueñas de los recursos del subsuelo, como indica la Constitución reformada en 1994.

Este viernes, o a más tardar el lunes, se reunirá a discutirlo con De Vido, quien ya anticipó a algunos gobernadores que esos puntos están asegurados. El ministro se iba a reunir ayer, a las 9 de la mañana, con varios líderes provinciales para avanzar en las discusiones, pero postergó el encuentro la noche anterior.

Al igual que los otros distritos petroleros importantes, como Chubut y Mendoza (donde gobierna Francisco "Paco" Pérez), Sapag cree que habrá espacio para que las empresas provinciales se asocien con otras compañías, pese a la negativa de YPF.

Todos parecen estar de acuerdo, además, en que el desarrollo de los recursos no convencionales requiere una nueva normativa que haga homogénea la regulación, hasta ahora parcialmente en cabeza de las provincias.

Los gobernadores, además, intentarán colar en el texto sus propias inquietudes. Por ejemplo, quieren que el Gobierno les asegure un tránsito fluido a los equipos petroleros en su paso por la Aduana, algo que hoy no ocurre debido a las restricciones a las importaciones.

También pedirán el involucramiento de la Nación en la disuasión de piquetes y manifestaciones sociales o gremiales que en ocasiones traban la actividad petrolera.

12.800 Millones de dólares

Se gastaron en importación de energía en el país el año pasado.

El Gobierno espera que una nueva ley de hidrocarburos favorezca las inversiones y permita reducir el déficit energético.

La caída en la producción petrolera es una de las grandes responsables de la crisis cambiaria.

Ante un concurrido marco de público en el auditorio del MNBA el gobernador Jorge Sapag, el exsecretario de Energía Daniel Montamat y el consultor Nicolás Gadano trazaron las líneas que deberán tenerse en cuenta para el debate de la nueva ley petrolera que ya trabaja Nación y que marcará el destino de la formación de hidrocarburos estrella del país, Vaca Muerta. 

Antes del debate, que duró más de dos horas e tuvo varias preguntas del público, el intendente Horacio Quiroga dio las palabras de apertura y alertó sobre los "riesgos" de no incorporar una visión correcta para desarrollar los hidrocarburos no convencionales. Cargó contra la política del gobierno nacional y ante las discusiones por la nueva ley se refirió a Sapag y le recordó que "representa a un partido que enfrentó el centralismo, por lo que no tengo dudas que seguirá en la misma senda". 

La moderación estuvo a cargo del vicedirector de "Río Negro", Aleandro Laría, quien apuntaló a cada invitado antes de su alocución para abonar el debate. 

Acá algunas de las principales textuales del debate: 

Nicolás Gadano:

"Neuquén es el centro del futuro y el presente de la industria energética"

"Argentina arranca su historia petrolera con inseguridad jurídica podríamos decir"

"Estamos en una etapa de piloto, donde hay que evaluar cómo dan los pozos. Necesitamos muchas inversiones porque los pozos no convencionales son mucho más caros y los plazos de recuperación son más largos".

"Creo que hay que partir de la base de que el dominio es provincial y la Ley Corta. Hay una visión de la necesidad de coordinar esfuerzos roles y responsabilidades entre quienes ejercen el dominio y el gobierno federal. Quizá es difícil pero tiene un premio muy grande". 

Daniel Montamat:

"En el negocio petrolero aquí o en cualquier punto del mundo se discute apropiación y distribución de la renta. Si no hay renta los recursos siguen durmiendo".

"Desarrollando un poco la potencialidad de Vaca Muerta el país estaría en condiciones de recuperar el autoabastecimiento. Pero esto de Vaca Muerta está bastante muerto por ahora".

"En 2023 y 2024 hay que producir cerca de un 60% más para recuperar el autoabastecimiento".

Consideró que es necesaria una ley nueva, con un "régimen diferencial ambiental". Que la explotación tiene que estar a cargo de YPF, también de empresas mixtas y privadas, donde entran las provinciales, dijo que "no tengo problemas con los actores". Planteó una "producción compartida en las concesiones", "precios de referencia internacional para el petróleo y para el gas un precio mayorista único regulado y ajustado".

Solicitó "previsibilidad en la apropiación y distribución de la renta" y la creación de "un fondo intergeneracional, donde se apropie parte de la renta del gobierno nacional y provincial". 

Jorge Sapag:

"La decisión de la provincia fue abordar distintos puntos. Fue con GyP y también con YPF apuntalándola. Nos jugamos enteros aprobado el convenio YPF-Chevron".

"Tenemos que ponernos de acuerdo en las reglas de juego. Es un tema de política de Estado. Hay que dialogar democráticamente. Tenemos que encontrar una armonía entre todos los aspectos".

"No es un reunión donde vayamos a debatir todo. Es para que los temas que ya debatimos vayan tomando forma. Estoy tranquilo por la densa de la presidenta de la Ley Corta. Pero hay que discutir la letra chica de cada artículo. Los plazos. El "leading case" (caso testigo) es lo que hicimos con Chevron. Otro es Wintershall.

"El (contrato) carry no es parasitario ni una mochila. Hay un costo financiero. Nos hemos asociado con casi todas las empresas que trabajan en la provincia".

"En el caso de GyP pusimos como condición el 10% de acarreo porque no cobramos canon de ingreso como si le cobró YPF a Chevron".

El pacto petrolero que impulsa el gobierno de Cristina Fernández, alrededor del cual se busca alinear a las provincias productoras, no hará más que dar fuerza a través del Congreso Nacional al régimen que tienen YPF y Chevron en Vaca Muerta.

Según el borrador, que ya está en manos de los gobernadores y que se dejó trascender desde Mendoza, la reforma está hecha a imagen y semejanza del contrato que está en marcha en Loma Campana. Además, se buscará incorporar en la legislación hidrocarburífera los aspectos centrales del Decreto 929, que firmó la Presidenta y que habilitó la sociedad YPF-Chevron.

Los puntos centrales de ese acuerdo, y que se replican en el borrador del nuevo pacto hidrocarburífero, son cuatro:

1- La conformación de una nueva concesión durante 35 años, plazo suficiente como para garantizar el retorno de las intensivas inversiones que necesita Vaca Muerta.

2- Regalías: mantener el 12% sobre el valor en boca de pozo que se establece por ley nacional. En Loma Campana, por tratarse de un régimen promocional, no se incluyó el canon extra del 3% que introdujo la Provincia cuando renegoció las áreas en 2008.

3- Estímulos fiscales y tributarios: Neuquén otorgó la disminución de un 0,5% en el impuesto de Ingresos Brutos. Además, según establece del Decreto 929, a los 5 años de iniciado el proyecto, las petroleras podrán exportar el 20 por ciento de la producción y girar utilidades al exterior.

4.- Participación de la Provincia. Si bien no se incluyó a GyP en la sociedad, en 2027, cuando el desarrollo comience a dar ganancias, el Estado provincial percibirá un 5% sobre la renta.
Sobre este último punto, el borrador establece la creación de un modelo de licitación de áreas que da por tierra con el sistema de “acarreo” que implementa GyP y que es cuestionado por YPF.

Pechi volvió a cuestionar la política del gobierno nacional

NEUQUÉN
El intendente Horacio Quiroga consideró que “no hace falta una nueva ley” de hidrocarburos específica para el petróleo y el gas no convencional.

En una rueda de prensa, el jefe comunal, enrolado en la oposición al gobierno nacional, remarcó que las provincias productoras “no debemos dar un paso atrás en el reconocimiento de nuestros derechos sobre los recursos”.

Por otra parte, dijo que hay un “intento de un gobierno ya en retirada de renacionalizar el manejo de los hidrocarburos en detrimento de las provincias, a contramano de lo que fijó la reforma constitucional del '94 y la sanción de la Ley Corta”.

Quiroga sostuvo que “se pretende confundir a la opinión pública diciendo que la falta de inversiones se debe a que hay que adecuar la legislación”.

Agregó que ya hay un “claro antecedente de estas intenciones del gobierno kirchnerista cuando se dictó el Decreto 1277, creando la comisión de soberanía hidrocarburífera, sin respetar en lo más mínimo las facultades y las autonomías provinciales en el manejo de sus recursos.

Francisco Pérez está buscando armar un frente común de gobernadores ante la discusión del nuevo “pacto petrolero” que se avecina, en dónde las provincias podrían resignar recursos en pos de beneficios para la Nación y para la empresa YPF.

En los últimos días el mandatario mendocino comenzó una serie de consultas con sus pares de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI), sobre todo con el neuquino Jorge Sapag, para unificar criterios y para intentar fijar una postura común a llevar al encuentro con la presidenta Cristina Kirchner el próximo lunes 9.

En el Gobierno, el encuentro del lunes ya generó una postura: Paco irá con ánimo de acordar, aunque ya fijó con el resto de los mandatarios que su límite será “que no se vean afectados los derechos jurídicos y económicos de la provincia”.

En términos generales, el gobierno no tiene más información a la mano que un documento que circula desde principios de esta semana y que abarca una serie de puntos que apuntan a regular la explotación del petróleo y del gas no convencional.

Una de las pocas precisiones con las que cuentan en Peltier 351, es que lo que se negociará es una ampliación del decreto 929/13, firmado por la presidenta y que le dio marco al acuerdo rubricado con la empresa Chevrón para la explotación de Vaca Muerta. Y también que luego de ello se buscará sancionar un proyecto de ley que pondría en discusión la potestad total que hoy tienen las provincias sobre sus recursos hidrocarburíferos, apuntando directamente al denominado “shale oil”.

En trazos gruesos, el gobierno no dispone de mucha más información de la que trascendió en los medios hasta el momento. “Nuestra expectativa es saber qué nos plantearán el lunes y allí veremos. Nosotros vamos a ir con la postura de acordar”, relató a este diario uno de los hombres cercanos a Pérez que está al tanto de la negociación, aunque la información de la que dispone la provincia sea poca.

Para Pérez el único límite será que no se afecten los derechos jurídicos y económicos provinciales. O como sinceró un funcionario: “Nosotros no vamos a confrontar, siempre y cando se resguarden los derechos de la provincia. Si no, van a ser los mendocinos los que nos pateen las puertas de la Casa de Gobierno”.

Sobre sus recursos ya algo tienen en claro: las decisiones que se tomen, no afectarán a las concesiones ya realizadas como las que se lanzaron a mediados de mayo y que fueron el puntapié inicial de la controversia entre YPF y las provincias.

La afectación de los derechos provinciales es un tema a resolver. Lo que se sabe hasta aquí es que se establecería que las regalías no podrán superar el 12%, tal como está fijado en la Ley de Hidrocarburos, que se buscará fijar un parámetro común para el Impuesto a los Ingresos Brutos que hoy tiene alícuotas diferentes de acuerdo a la decisión de cada provincia y, entre otras cuestiones más, que también se exigirán estándares mínimos en materia de medio ambiente.

Pero sobre todo, Miguel Galuccio con el aval de Cristina, pretende restringir el modelo de “acarreo” que se aplica en varias provincias con empresas provinciales de energía (Mendoza es una de ellas) en dónde los riesgos de inversión en materia exploratoria corren por cuenta del sector privado y no de su socio estatal.

Este dato es clave para Pérez que tiene a EMESA como uno de los bastiones de gestión y que ya licitó, el 15 de mayo, las primeras áreas bajo el método que Galuccio cuestiona.

Aquí surge uno de los primeros interrogantes acerca de este conflicto. ¿Por qué el problema de las inversiones afecta solo a YPF y no al resto de las empresas privadas que sí se presentaron afrontando incluso los costos de exploración y sin objetar el “acarreo”?

Y el otro: la Nación descarga sobre las provincias la exclusividad de la responsabilidad de la posible caída de inversiones, sin reparar que medidas económicas como la aplicación de retenciones al petróleo o los cuestionamientos a la seguridad jurídica también jugaron en estos últimos años un papel importante.

Hace poco menos de quince días quedó en claro que Mendoza resultó atrapada en medio de la pelea entre YPF y Neuquén, cuando la petrolera decidió no presentarse en el proceso a través del cual la provincia licitaba 8 áreas para explorar en Malargüe. Esto a pesar de que hasta días antes la empresa era uno de los principales interesados en el negocio.

Esa puja se desató porque el gobernador Sapag, una vez vencidas las concesiones actuales, planea destinar las áreas que hoy están en explotación a la empresa Gas y Petróleo del Neuquén (G&P), la empresa estatal de energía neuquina, que pasará a ser la concesionaria y negociará contratos de servicio con las operadoras. Esto, según entiende Galuccio, sería un golpe letal para el crecimiento de YPF sobre todo pensando en la explotación del yacimiento de Vaca Muerta.

El mismo día del plantón a Pérez, Galuccio emitió un comunciado a través del cual explicaba que “YPF defiende enfáticamente la potestad de las provincias sobre sus recursos hidrocarburíferos. Pero, al mismo tiempo, trabaja para que grandes inversiones de importantes petroleras internacionales lleguen al país y a cada territorio provincial”. Y allí se desató la pelea.

Mendoza pedirá que el shale se regule por ley y no por decreto

El Sol Online. Por Edwards Gajardo

El Gobierno provincial está trabajando en la postura que presentará el lunes en la reunión que sostendrá con Cristina y la cúpula de YPF. En el encuentro, Mendoza apuntará a la necesidad de que la reglamentación las inversiones hidrocarburíferas no convencionales (o shale) estén contenidas en una ley, no en un decreto, y, además, insistirá en la defensa de los modelos de negocios de las empresas provinciales.

Después de la polémica que se generó por la intención que tendría el Gobierno nacional de avanzar sobre los intereses de las provincias y la molestia de YPF por el tipo de licitación que llevó adelante Mendoza en el último proceso, desde la Nación apuntarían a acercar posiciones en un asunto en el que nadie quiere ceder, especialmente porque las provincias verían complicadas sus ganancias con la aplicación de un modelo hidrocarburífero uniforme en todo el país.

Consultado por el tema, el gobernador Francisco Pérez insistió en defender el modelo de negocios de la Empresa Provincial de Energía y Petróleo, Emesa. “Yo estuve con el ministro (Julio) de Vido antes de ir al Reino Unido, le conté la posición nuestra, cuál es la situación de Emesa, que es similar a la que están viviendo Neuquén, Chubut o Santa Cruz. Son empresas que vienen a facilitar la tarea de inversión y de atracción de inversiones, que es lo que hoy más necesita YPF. En ningún momento se obstaculiza ni provoca ningún tipo de intervención en la operación, que es lo que hace, básicamente, YPF”, dijo.

De esta forma, el lunes, esta posición se mantendría en la mesa nacional. Por ahora, en el Estado provincial trabajan en el borrador que envió la Nación para el encuentro del lunes En el Ejecutivo mendocino descartaron “roces” con Miguel Galuccio, CEO de YPF, y recalcaron el valor que tiene para la Provincia la petrolera de bandera, ya que es la tercera zona en importancia para la compañía.

DECRETO O LEY. Mientras se espera la cita, el presidente de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi), el gobernador de Chubut, Martín Buzzi, se refirió al cuestionado decreto 929/13, que reglamenta el Régimen de Promoción de Inversiones Hidrocarburíferas no Convencionales.

El decreto es un asunto sensible para el Gobierno nacional porque es a través de esa norma que la oposición cuestiona el acuerdo entre YPF y Chevron por Vaca Muerta. Según consigna la agencia Télam, Buzzi señaló: “Con el intento de poner en cuestión el decreto firmado por la presidenta de la Nación, que es totalmente constitucional, algunos sectores intentan poner palos en la rueda y evitar que Argentina avance decididamente en la explotación de sus recursos”.

Sin embargo, el gobernador Pérez, miembro de la Ofephi, se mostró partidario que la situación de los hidrocarburos no convencionales o shale, sea una cuestión que esté regulada por ley, algo que manifestaría en la reunión del lunes.

En ese sentido dijo que es un asunto que se irá acordando con las provincias, el Ministerio de Planificación y la misma YPF, pero considera que es necesaria una ley que incorpore el decreto que regula hoy los hidrocarburos no convencionales.

Al respecto, el gobernador manifestó: “La legislación vigente en Argentina no contempla al amparo de una ley, sí al amparo de un decreto, este tipo de inversiones. Creemos que hay que darle seguridad jurídica a cualquier inversión de esta envergadura que se piensa a 20 o 30 años”. De esta forma, entró en una zona sensible para la Nación a poco menos de una semana clave para el negocio petrolero.

El presidente y CEO de YPF, Miguel Galuccio, abogó este martes por el desarrollo "a futuro" de las energías alternativas, aunque debe priorizarse el gas en el corto plazo, en el marco de "una apuesta hacia lo medioambiental".

"Hay que hacer una gran apuesta a futuro por las energías alternativas, pero en el corto plazo hay que apostar por el gas. Si queremos evitar el calentamiento global lo mejor que podemos hacer es explorar el gas y hacer una apuesta hacia lo medioambiental", señaló Galuccio en una disertación ofrecida en la Universidad de San Andrés.

En su exposición, el titular de la petrolera reiteró que "el gran desafío es poder reemplazar lo que importamos con la producción local" y al respecto previó que podría alcanzarse el autoabastecimiento en hidrocarburos "en un lapso de diez años".

Galuccio participó del ciclo "1 Líder X mes" que la Universidad de San Andrés organiza y para el que convoca a personalidades del mundo empresario y de la cultura argentina.

En el acto, opinó que la soberanía energética de la Argentina "pasa por desarrollar lo nuestro con YPF y con los que quieran acompañar" en la tarea.

En ese sentido, destacó el ímpetu "agresivo" que tuvo la empresa estadounidense Chevron para decidir invertir en el proyecto de exploración y explotación del yacimiento de Vaca Muerta, en Neuquén.

"Chevron fue agresivo al entrar el país porque vio una oportunidad. Necesitaba tener un buen socio como YPF, condiciones económicas macro y previsibilidad legal. Una serie de condiciones que se han dado. Siempre se puede mejorar", indicó.

Galuccio resaltó que "Argentina y el mundo viven un momento de quiebre en materia de energía", en un escenario donde "el 60 por ciento de los yacimientos en explotación están en declive". Por otra parte, aseguró que el acuerdo que alcanzó días atrás el gobierno argentino con el Club de París "es un paso correcto en la dirección correcta" y que podría acercar inversionistas de países europeos y de Japón.