La grave sequía que atraviesa el país y, en particular, algunos valles de la zona norte y centro, han acentuado la necesidad de potenciar el tema de la infraestructura en la agenda política para, entre otros frentes, incentivar la agricultura y continuar con el desarrollo de los proyectos mineros. Lo anterior, al mismo tiempo que el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet anunció su plan de modificar el código de aguas para reconocer el agua como un bien nacional de uso público.

La mandataria afirmó también en su cuenta pública que priorizará la construcción de 16 embalses en las zonas con mayores problemas (continuando con el plan del gobierno anterior, con un horizonte al año 2021) cuya inversión sumaría US$ 3.024 millones, según datos del informe de infraestructura necesaria para el desarrollo que presentó en mayo la Cámara Chilena de la Construcción (CChC).

Sin embargo, el déficit de infraestructura sólo en obras de regulación (embalses y modernización de canales) de 2014 a 2023 alcanzaría US$ 4.900 millones, según cálculos de la CChC y la certeza de que se materialicen estos 16 proyectos no parece del todo clara teniendo en cuenta la suma que representa su inversión y que la construcción de embalses el país promedia los 2,5 en un periodo de cuatro años.

Humberto Peña, autor del artículo sobre infraestructura hídrica de dicho informe y director general de la Dirección General de Aguas entre 1994 y 2006 pone en duda que la rentabilidad de estos embalses priorizados permita que éstos puedan llegar a materializarse.

“Tengo muchísimas dudas respecto a que se concreten varios de ellos”, señala. Además, explica que el incremento de la capacidad que propone el plan priorizado a algunas zonas del país, como la que discurre entre la región de Coquimbo y la de Los Ríos resulta marginal.

“La construcción de embalses en ese sector pasa del 82% al 92%. Si uno ve estas cifras llega a la conclusión de que el aporte a la infraestructura en estos valles más críticos, que son los del norte, es bastante limitada en la parte de la regulación. Hay mucho campo que avanzar más que en este ámbito en el de la modernización de los sistemas de riego”, asegura.

Con todo, de efectuarse el conjunto de obras expuestas, la capacidad de almacenamiento de agua se incrementaría en un 30% dando seguridad de riego a 173 mil hectáreas. Pese a ello, dos tercios de esta superficie corresponde a los dos proyectos principales, esto es, al embalse Punilla (región del Biobío) y el Proyecto Aconcagua, y el 46% del almacenamiento proviene de la primera obra, lo que pone de manifiesto la disminución de las zonas adecuadas para construir infraestructuras de esta coyuntura en el país, señala el estudio.

Ulrike Broschek, subgerente de gestión hídrica de Fundación Chile, apunta a este mismo detalle y defiende que en el caso de Chile sería más sensato que las autoridades implementen medidas para infiltrar agua en los acuíferos dado que los niveles de evaporación en el país son demasiado elevados.

“Los israelitas, que son expertos en eficiencia hídrica, señalan que en Chile no conviene el uso de muchos embalses. Hoy se está discutiendo seguir fuertemente con los proyectos que estaban pensados, pero hay muchos países que tienen una lección aprendida que nosotros deberíamos tomar”, explica.

“Quizá no convienen los embalses y hoy de lo único que se habla es de tenerlos. Hay que evaluar cómo han funcionado en Chile porque en Coquimbo, por ejemplo, hay muchos, pero están vacíos. Tampoco son la solución al problema”, agrega al respecto.

La respuesta, por tanto, para la escasez hídrica en las regiones delm centro y norte de Chile aún está por resolverse. En este proceso de búsqueda de iniciativas que mitiguen la situación, la Fundación Chile presentó a Corfo un proyecto que evalúa el impacto de los proyectos en este tipo de infarestructura que cuyo déficit, incluyendo la necesidad para agua potable, saneamiento y defensa contra inundaciones y aguas de lluvia, totaliza US$ 11.750 millones en los próximos nueve años y US$ 3.025 millones hasta el 2018.