La normativa preocupa a varios sectores. Sin embargo, los cooperativistas están felices.
Tras la promulgación de la Ley de Minería y Metalurgia, el Gobierno busca seleccionar las mejores vetas del país para el Estado y sueña con industrializar el sector hasta 2025. Empero, expertos del sector y algunas autoridades ven más amenazas para la inversión extranjera y alertan que es inviable la industrialización. A ello se agrega q ue el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qollasuyu de Bolivia (Conamaq) advierte con una resistencia a la nueva normativa.
Los expertos Omar Moreno, José Padilla, Dionisio Garzón, Henry Oporto, directivos de los exportadores y autoridades regionales sintetizan que la ley es vertical, centralista y dañina, además de que con la nueva norma no se pueden desarrollar proyectos regionales.
El sociólogo y analista en temas mineros Henry Oporto advierte que el contenido de la nueva ley no encara los problemas sustantivos de la minería, que son la falta de inversión, el estancamiento, la baja competitividad, el agotamiento de reservas, la ausencia de exploración, las falencias en la Comibol y el crecimiento desorbitado de la informalidad que escapa al control estatal.
“La minería estatal está retrocediendo. La minería privada no está mejor. Según reportes del INE, en 2013 la inversión extranjera directa en minería se redujo de 218 millones de dólares a 151 millones. Con la nueva ley se complicará la situación”, sostiene Oporto.
Cita que en el primer trimestre de 2014 la empresa minera Huanuni (la principal de la Comibol) tuvo una contracción en el valor del 66%, una cifra enorme respecto del 2013. Esta brusca caída en las exportaciones de estaño de Huanuni no se debe solamente a una baja en el precio del estaño, sino que hay una caída en la producción, lo que refleja un estancamiento estatal.
Dionisio Garzón, ingeniero geólogo y exministro de Minería en la gestión 2005-2006, asegura que la minería está agotando la inversión extranjera que llegó antes del Gobierno de Evo Morales. Considera anómalos los cambios.
Critica el art. 148, que establece que en los contratos con asociación con el Estado, la participación estatal no tiene que ser menor al 55% de la utilidad. “Ningún inversionista va a venir a asociarse con el Estado para que de la utilidad final tenga que darle el 55% al Estado”, alertó.
Recorte de recursos
José Luis Parada, secretario de Hacienda de la Gobernación de Santa Cruz, y Herland Soliz, secretario de Hidrocarburos y Minas, aseguran que la norma es centralista, porque recorta recursos a gobernaciones y municipios, y no se rige a los parámetros de la Constitución Política del Estado (CPE). El gobierno local alista un recurso de inconstitucionalidad, pues considera que la ley recortará Bs 200 millones por concepto de regalías y patentes.
De igual forma, señala que la ley centraliza la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM).
La Gobernación pide formar parte de la cadena productiva para desarrollar proyectos.
Auditarán a la Comibol
El vicepresidente Álvaro García Linera destacó la norma e indicó que el Estado operará los yacimientos más ricos de Bolivia, sin desalentar la iniciativa privada, e industrializará la producción minera hasta 2025.
Por su lado, el ministro de Minería, César Navarro, denunció que en la Comibol hubo tráfico de influencias para beneficiar a familiares o a terceras concesiones mineras, por lo que anunció auditorías que abarcarán al menos 15 años hacia atrás
LOS ARTÍCULOS POLÉMICOS
ART 17. 18 Y 19
La Función Económica Social, el Interés Económico Social y la participación de los pueblos son observados.
ART. 36
El Ministerio de Minería es la máxima autoridad, luego se crea la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM).
Regiones perderán UN 10%
Las regiones tendrán que ceder un 10% de sus recursos al Sergeomin. A los municipios les recortarán el 30%.
Es difícil el control estatal
Omar Moreno
PDTE. CAM. MINERA DEL ORIENTE
En el caso específico de la ley vemos que hay un gran control del Estado en todo el ciclo productivo minero, desde la prospección, exploración, explotación, concentración, fundición hasta la comercialización. Vemos que es muy difícil que se pueda realizar un control tal como lo establece la ley. Además debe tener instituciones fiscalizadoras con las condiciones necesarias. El tema impositivo es otro tema preocupante. Si bien no se ha aprobado, hay que aclarar que nosotros debemos ser competitivos en infraestructura, vías camineras, puertos fluviales (Puerto Busch). Estas condiciones deben darse al inversionista.
Cuando hablamos de industrializar, hablamos de ingentes cantidades de dinero. Industrializar significa mucha inversión en tecnología. Lo que más se ha avanzado es el proyecto Mutún; sin embargo, si no hay energía, puertos, caminos, es difícil que se pueda realizar
Ley vertical y centralista
José Padilla – EXPERTO
La nueva ley estáen manos de los cooperativistas. En este momento no hay autoridad minera. No hay gente capaz en el Estado para entender el manejo y la investigación. Bolivia no piensa en inversiones grandes, peor en la minería del oriente boliviano, que requiere de capitales grandes. Aquí debe aprobarse una ley integral, ver la parte jurídica, técnica y tecnológica.
El tema del litio es preocupante, se hacen pruebas pequeñas. En el tema de Mutún no hay logística, no hay puerto ni ferrocarril, no se va a poder exportar grandes volúmenes. El art. 302 de la CPE da potestad a las gobernaciones de crear empresas; sin embargo, en la actual ley se lo niega. La actual ley es vertical, centralista y dañina. Con la nueva norma no se pueden desarrollar proyectos regionales. La Gobernación debería ser la institución ideal para tener una base de datos sobre minería, gas, electricidad, etc
Analizar el impacto
José Luis Landívar
PRESIDENTE DEL IBCE
Lo que necesitamos en Bolivia es una visión de país. Un proyecto boliviano para los bolivianos. Debemos unir competencias, unir criterios, hacer alianzas, esas sinergias de las que se habla entre todos los sectores que formamos parte de las diferentes actividades económicas y sociales para poder optimizar los recursos en todos los sectores. Todas las normas deberían ser consensuadas entre todos los sectores y los profesionales técnicos que permitan hacer una evaluación del impacto de las normativas que se van generando de cara a la agenda patriótica de 2025. Lo que necesitan los empresarios para realizar una inversión es motivación, reglas claras (que no las hay), que no sea una ley aprobada de manera rápida en un año electoral.
Creemos que esta motivación para cualquier inversionista debe venir de la mano de seguridad jurídica. Hay que analizar el impacto
Gran cantidad de trabas
Oswaldo Barriga
GERENTE GENERAL DE CADEX
La ley todavía está a medias, falta la reglamentación. Esperemos que una vez aprobada la reglamentación sean subsanados los problemas. Lo que nos preocupa es que se centraliza nuevamente todo el desarrollo del sector minero. Empieza a darse algo parecido a lo que ocurre en el sector petrolero. Las empresas mineras van a tener una gran cantidad de trabas para desarrollar la industrialización. El tema de logística es lo más importante, sin ello no se puede conquistar los mercados. La reglamentación debe promover mayor desarrollo industrial. Estamos llenándonos de esperanza los bolivianos en dos sectores estratégicos: el petrolero y el minero; es más, el modelo económico del país se basa un 90% en estos dos pilares, pero no se piensa en qué pasará cuando los precios internacionales caigan o cuando no podamos sacar los minerales. La tendencia de los precios desde 2012 hasta la fecha es a la baja
Puede quedar a medias
José Luis Parada
STRIO. HACIENDA GOBERNACIÓN SCZ
Esta ley debe ser asociada a la Ley de Inversiones y a la de Hidrocarburos. Si nosotros no enfocamos estas tres leyes como básicas, todo puede quedar a medias.
Hay una mezcla muy peligrosa en la norma entre lo comunitario y lo cooperativo. Cuando una política de Estado no establece claramente el sistema de producción, ocasiona lo que ocurre en este momento y conviven un sector público, un privado, un cooperativo y el comunitario. Estamos viendo el problema de Arcopongo, donde hubo muertes por pugnas entre comunidades y cooperativistas y en el que no tiene ninguna opción el sector privado. Si hubiera una autoridad que diera las reglas claras de juego, no tendríamos estos problemas.
Aquí solo se fiscaliza al sector privado, pero los cooperativistas y las comunidades no hacen ningún pago impositivo.
No hay reglas de juego equitativas.
El Gobierno reveló que existen denuncias de que expresidentes y exautoridades de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) que se hubieran beneficiado o hayan favorecido a sus familiares con áreas mineras, y por este motivo, se iniciará una auditoría en dicha institución para identificar a los responsables conforme a norma.
El ministro de Minería, Cesar Navarro, reconoció que hubo tráfico de influencias desde esta institución para otorgar información que benefició a unas cuantas personas del sector minero: "Eso tenemos que anular de manera estructural y efectiva, porque si no hacemos aquello la minera más que generador de riqueza está generando la constitución de subestructuras de poder económico para beneficio de grupos".
"Sería una auditoría de por lo menos de unos 15 años hacia atrás, porque ha habido mucho tráfico de influencia, tenemos múltiples denuncias de que exdirectores de la Comibol se hayan beneficiado con áreas de trabajo, a sus familiares o a sus sectores (…). Existen denuncias de que algunos técnicos o de cargos intermedios o mayores de la Comibol que se hubiesen beneficiado o serían accionistas de uno u otra empresa" minera, afirmó Navarro.
El Ministro adelantó que en dos meses se instalará un sistema electrónico en el Ministerio de Minería, el cual informará acerca de quiénes tienen áreas de trabajo, qué actividades se están explorando, qué nuevas solicitudes se están desarrollando y quiénes son los solicitantes.
El Gobierno promulgó la semana anterior la Ley de Minería y Metalurgia en un acto público en Oruro con la perspectiva de que hasta el 2025 se consolide la industrialización de este sector.
Las declaraciones realizadas por el ministro de Minería son hechas después de los enfrentamientos registrados en la localidad paceña de Arcopongo entre cooperativistas mineros y comunarios, el cual dejó como saldo tres personas muertas por impactos de bala.
El hecho involucró a la diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Gladys Vargas Escobar, quien forma parte del directorio de la Cooperativa Palma, que habría explotado oro de forma ilegal en el lugar, denunciaron miembros de la cooperativa Ullakaya.
