Días atrás, la Legislatura local aprobó un proyecto de compromiso para defender y mantener la ley 7722 contra la minería contaminante en la provincia.

En este sentido, Diario San Rafael dialogó con la concejal María José Sanz (una de las impulsoras de la iniciativa) y el doctor Gustavo Correa Gabbi, sobre la importancia de esta normativa.

La ordenanza establece que el Deliberante local se convierte en “absoluto defensor de la constitucionalidad y vigencia de la ley 7722, que en protección del agua de toda la provincia de Mendoza, prohíbe el uso de sustancias químicas contaminantes (cianuro, ácido sulfúrico, mercurio, etc.) en las actividades que desarrollan las megamineras”.

En este sentido, ambos manifestaron su satisfacción por haber conseguido que el dictamen fuera promulgado por unanimidad. “Esto nos permitió conocer la postura de todos los bloques, especialmente del oficialismo, que hasta ahora no se había manifestado. Todos los bloques políticos marcaron su aceptación (...) Es bueno que se puedan expedir todos sobre el tema, pensamos que quizá se iban a plantear discusiones y propuestas de cambio, pero afortunadamente el planteo salió aprobado por unanimidad, en defensa del agua de Mendoza”.

Del mismo modo, destacaron que “la ley 7722 fue concebida para el pueblo y ahora las Legislaturas están avanzando en ratificarla. Ya lo hicieron Alvear, San Carlos y ahora San Rafael. Ésta es una manera de hacerle saber a la Corte Suprema, cuando debata su constitucionalidad, cuáles son las posturas de los diferentes departamentos (...) Actualmente, existe un embate fuerte de los intereses mineros, que le propusieron al Gobernador (Francisco) Pérez declarar la emergencia en minería y hasta se plantean cambios o derogar la ley”.

“La ley establece que, con la tecnología actual de lixiviados ácidos, no se puede trabajar”, destacan. Y agregan que “de esta manera, el agua se preserva para el consumo humano y otras actividades como el turismo, por sobre la minería”.

Sobre la situación del agua, Correa Gabbi indicó que “se está haciendo el inventario de la Ley de Glaciares, y si bien no está publicado, la situación de los que nutren el río Atuel es muy crítica y sería mucho más preocupante que los del resto de Mendoza. Aprobar un proyecto minero en esa zona es casi un suicidio para el futuro de la cuenca”.

Asimismo, planteó que “hay algunos departamentos que quieren ser mineros, pero los altos niveles de contaminación que genera la minería trasgreden los límites departamentales y no se pueden arriesgar recursos valiosos (...) San Juan está actualmente arriesgando sus glaciares, mientras que del lado de Chile se suspendieron proyectos de la Barrick por el riesgo que representan para el medio ambiente”.

Finalmente, planteó que “Mendoza tiene un desarrollo mucho mayor que San Juan o Catamarca, que en sus zonas mineras tienen una pobreza alarmante. El desarrollo de nuestra provincia siempre fue agroindustrial y nunca minero”.