Por Roberto Aguirre.

El CEO de YPF, Miguel Galuccio, trazó el escenario hace algunos días en Chubut cuando criticó el modelo de "carry" que utilizan las petroleras provinciales para subirse a los contratos. Dejó en claro así que la principal operadora del país no ve con buenos ojos el hecho de tener que llevar en su mochila a las nóveles firmas locales que, encima, no invierten dinero.

Con ese clima de fondo, comenzaron en los últimos días las negociaciones entre YPF y GyP para definir el futuro de la participación provincial en áreas clave para la compañía que conduce Galuccio. Los encuentros, algunos de ellos en la sede de Talero en Neuquén, intentan que la petrolera local se desprenda de sus participaciones en determinados bloques donde se esperan desarrollos shale en el corto plazo. Uno de ellos es La Amarga Chica, donde se trabaja para lanzar un piloto junto con la malasia Petronas.

Dos fuentes al tanto de esas negociaciones explicaron a "Río Negro Energía" los detalles. En principio, coincidieron, YPF no haría un pago en efectivo por las mismas. La idea entonces es realizar un "swap" (intercambio) de áreas o bien canjearlas a modo de pago por las acciones de la petrolera nacional que le corresponden a Neuquén.

Sin embargo, la petrolera local siempre tendrá que mantener al menos el 1% de su participación. Esto se debe a que, pese a mantener porcentajes minoritarios en los contratos, es la concesionaria de los bloques que en su momento se ofrecieron en las rondas de licitación.

GyP aparece como un fantasma en varias de las áreas donde YPF tiene participación mayoritaria, con porcentajes del negocio que rondan el 10%. El sistema de carry con el cual consiguió subirse a los contratos la exime de tener que invertir inicialmente, pero la obliga a ceder su parte de las ganancias hasta pagar lo que le corresponde una vez que la rueda comienza a girar.

Según Galuccio, este sistema desalienta el arribo de socios de peso. Así lo dejó en claro en Mendoza, donde YPF directamente se bajó de un concurso de áreas, enojada con la presencia de la estatal mendocina Emesa.

Gas y Petróleo del Neuquén (GyP) informó que el lunes se reunirá el directorio de la compañía, se realizará la asamblea de accionistas y posteriormente será puesto en funciones el nuevo presidente de la empresa, Alberto Saggese. Luego, a las 17, se ofrecerá una conferencia de prensa.

De la reunión de directorio participarán la totalidad de sus integrantes, entre ellos, Guillermo Coco, Sergio Schroh, Omar Gutiérrez, Gonzalo Péres Moore y Manuel Arévalo. También estará presente en ésta y en la asamblea de accionistas, el presidente de la Comisión Fiscalizadora, Tomás Campenni. En representación del Estado provincial y de Hidenesa, participarán de la asamblea Coco y Schroh, respectivamente.

Luego de ambas reuniones, el directorio volverá a reunirse para poner en funciones a Saggese. Todas estas actividades, incluídas la conferencia de prensa de las 17 horas, se desarrollarán en la sede de GyP, Aramendia 200, de Neuquén capital.

¿Quién es el nuevo titular?

Alberto Saggese, 58 años, es abogado egresado de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Cursó estudios de postgrado en la Universidad de Paris I – Sorbona – obteniendo un Diploma de Estudios Especializados en Derecho de la Energía en 1985.

Su carrera laboral se inició en YPF S.E. en 1980, permaneciendo en dicha compañía hasta fines de 1983, fecha en la que obtuvo una beca para la realización de estudios en Francia. Culminados sus estudios, en 1985 ingresó en la empresa TOTAL AUSTRAL S.A. en calidad de Asesor Legal, donde permaneció hasta 1992, fecha en la que ingresó en la Sociedad Comercial del Plata como Coordinador del Área Legal de la Compañía y como Gerente de Asuntos Legales de Compañía General de Combustibles hasta el año 2000.

En 2001 fue nombrado Gerente de Asuntos Legales de EG3 S.A. y luego Gerente de Asuntos Legales del sector Exploración, Producción, Refinación y Petroquímica de PETROBRAS S.A. Dentro de la misma compañía, en 2006 fue nombrado Gerente Ejecutivo de Relaciones con Gobiernos.

En el año 2011 fue designado Gerente General de la Cámara de la Energía de la República Argentina (CEDERA). Desde 2012 se desempeñó como Consultor en el Área Energética.

Por Ricardo Montacuto.

El gobierno nacional planea sancionar una nueva ley de hidrocarburos específica para petróleo y gas no convencional que contemplará fuertes recortes a las ganancias que podrían conseguir las provincias hoy, si tuviesen el dinero o los inversores suficientes como para –literalmente- “quitarle el petróleo a las piedras” a mucha profundidad. Esta ley-marco de sólo seis puntos contempla principios generales tras los que hay recortes a las regalías, pago de impuestos provinciales y nacionales a modo de amortización de inversiones de capital -es decir, dinero que irá a los pozos petroleros en lugar de a las rentas generales de la provincia- y un modelo de licitación de exploración y explotaciones que limite a las provincias la chance de ganar más, y que no contemple el actual sistema de “acarreo” que algunas provincias proponen, sino “asociaciones” entre las empresas de energía y las provincias petroleras, con cesión de derechos petroleros plenos en favor de estos “joint venture” que se armen para explotar cada Vaca Muerta provincial.

La razón de fondo por la que el gobierno trabaja en esta suerte de “Pacto fiscal” de hidrocarburos con fuertes recortes a las provincias, es porque no hay dinero suficiente para extraer el petróleo no convencional, ni resulta rentable en la Argentina con nuestros costos, los que incluyen los “extras” que los inversores petroleros deben pagar a las provincias por tener el derecho de explotar el recurso. Este proyecto de ley es impulsado especialmente por el CEO de YPF Miguel Galuccio y ya tendría el visto bueno de la presidenta Cristina Fernández. La idea es “quitar la hojarasca” del camino del dinero necesario para los pozos porque son más baratos en Houston que aquí, donde podrían costar cada uno hasta 13 millones de dólares para ponerlo a producir, dicen quienes conocen el negocio. A entender de Galuccio, las provincias se han transformado en algo así como rémoras, socios pasivos sin riesgo, sin poner un peso y llevándose parte importante de la crema. Especialmente Neuquén y ahora Mendoza con su tercera ronda de áreas marginales en la que YPF pegó el faltazo, han caído en esta consideración.

El proyecto, cuyo borrador partió desde las oficinas del Secretario Legal de la Presidencia Carlos “Chino” Zanini y que ni siquiera es conocido aún por todos los mandatarios petroleros, será circulado esta semana a los gobernadores de Neuquén, Chubut, Mendoza, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Río Negro, Formosa, Salta y La Pampa. De estas, las primeras cuatro son las que definen el negocio petrolero nacional. También tienen el proyecto algunos legisladores del oficialismo y de la oposición.

La idea del gobierno es darle al plan –que será duro de digerir en las provincias porque deberán resignar ganancias a cambio de conseguir volumen de exploración y explotación no convencional- un blindaje político. Para ello van a recurrir a la antigua moda de los pactos fiscales. Habrá un “acuerdo marco” que deberán suscribir los gobernadores y enviar al Congreso de la Nación, y ser refrendado además en cada legislatura provincial. Todo, para darles a los inversores y a la propia YPF la “seguridad jurídica” que necesitan para invertir los 25.000 millones de dólares que hoy no están y que hacen falta en menos de diez años para desarrollar volumen suficiente de petróleo al estilo de “Vaca Muerta”.

El cambio de reglas en la relación entre Nación y las provincias y las empresas petroleras en el shale gas y petróleo, respecto de los recursos no convencionales, se anticipa en un documento de seis puntos que circula en unas pocas manos. De su lectura es bastante claro que las provincias ganarán menos dinero con este tipo de explotación y con los derechos conferidos por la Constitución de 1994 primero y la Ley Corta después, respecto de las leyes vigentes hoy. Por si alguien no lo recuerda, las provincias son las dueñas del recurso. Sin embargo, en el “no convencional” serán dueños con menos derechos que ahora y una ganancia reducida respecto de lo que podrían obtener. Pero hay que mirar la otra mitad de la botella: el 10 o el 15 % de “nada”, es “nada”. En este caso, “Nada” es el petróleo que está bajo la tierra y que nadie puede sacar sin miles de millones de dólares que deben llegar del exterior porque ni el gobierno nacional, ni las provincias ni YPF lo tienen. “Ustedes necesitan miles como nosotros” le dijo hace unos días Ali Moshiri, presidente de Chevron para América Latina, al ministro de Energía de Mendoza, Marcos Zandomeni. Pero hoy sólo está Chevron, y después de los americanos que debieron ingresar al negocio poniendo por delante mil millones de dólares, aquí nade ha venido con billetes para Vaca Muerta.

LA LEY COMPLEMENTARIA

El documento que partió de las oficinas de Zanini tiene en su primer renglón una advertencia: “Borrador para discusión”, dice, aunque Cristina, Galuccio, el ministro Julio De Vido y los gobernadores –entre ellos Francisco Pérez- se reunirán el lunes que viene con la discusión bastante avanzada. “Acuerdo Federal para el Autoabastecimiento de Hidrocarburos” se titula. “Complemento normativo de las leyes 17.319 y 26.197 para la explotación no convencional y la promoción de la exploración y explotación de hidrocarburos” continúa.

En sus primeras consideraciones, el proyecto cuenta cómo Estados Unidos y otras economías desarrollaron tecnologías e inversiones para este tipo de explotaciones. E inmediatamente advierte que en la Argentina debería haber una legislación acorde a este tipo de negocios: “El descubrimiento en la República Argentina de importantes yacimientos de hidrocarburos de shale gas y shale oil (El cuarto a nivel mundial en petróleo y el segundo a nivel mundial, por su magnitud, en gas) implican un fuerte desafío y una inmejorable oportunidad de desarrollo. La explotación de esos yacimientos, que implica la utilización de esas nuevas tecnologías de extracción e importantes inversiones, requerirá adecuaciones legislativas importantes que todos los niveles de gobierno deben apoyar” dice el documento, anticipando que habrá que hacer algo con la Ley Corta que hoy les da alas –y caja- a los gobernadores.

Avanzando en la letra que justifica esta nueva ley, el plan del gobierno indica “No existirá soberanía hidrocarburífera efectiva sin un fuerte incremento de las inversiones, sin destrabar el nudo que significa la convivencia, por un lado, de áreas concedidas, algunas desde hace bastante tiempo, sin explotar por falta de las inversiones necesarias; y -por el otro- la creciente necesidad de importación para sustituir lo no producido. La Nación, que afronta los pagos de esas importaciones, y las Provincias, poseedoras del recurso inexplorado, tienen que asociarse para cumplir los objetivos de la ley” indican, abriendo la puerta para que las empresas de energía se “asocien”, pero no que sean “carry” de las inversoras y de las grandes petroleras ingresando al negocio sin poner dinero y cobrando grandes sumas aun antes del descuento de utilidades, tal como el gobierno dice que intentan hacer los neuquinos.

Finalmente, el proyecto pide el compromiso político de los gobernadores: “En la búsqueda de la obtención del logro del autoabastecimiento de hidrocarburos declarado de interés público nacional por la Ley 26.741 (Nota del autor: la estatización de YPF), a fin de garantizar el desarrollo económico con equidad social, la creación de empleo, el incremento de la competitividad de los diversos sectores económicos y el crecimiento equitativo y sustentable de las provincias y las regiones, el Gobierno Nacional y los gobernadores integrantes de la OFEPHI han decidido proponer a discusión del Honorable Congreso de la Nación un complemento normativo de las Leyes 17.319 y 26.197 con la finalidad de reglar la explotación no convencional de hidrocarburos, la exploración y explotación of shore y en zonas de riesgo; el establecimiento de presupuestos mínimos para un ejercicio regulado, previsible y homogéneo de los mecanismos de selección de los concesionarios; el establecimiento conjunto de mecanismos de promoción fiscal a esas actividades y el establecimiento de requisitos mínimos comunes para el cuidado del ambiente”. Lo que acaban de leer trata de precisar los agujeros negros que hay entre la Ley Corta, la de estatización de YPF y la de Hidrocarburos, pero ajusta por el lado más duro recortando soberanía a las provincias. Para entender el concepto de soberano petrolero, nada mejor que recordar a Cristina el día que anunció la estatización -perdón, recuperación- de YPF.

Se ve que en este negocio no hay carteles que digan “cualquier problema con el cambio será resuelto con el redondeo en beneficio del cliente”. Acá, el redondeo es para el lado de Galuccio y el gobierno nacional, aunque debe reconocerse que Nación tiene la potestad de dictar la política petrolera nacional. El problema es cómo conjugar los derechos de unos y otros en este pelea de fondo sobre quién elige los socios, cómo son las asociaciones son las petroleras, y qué ganancias puede obtener cada uno.

El documento habla de “promoción fiscal”. Esto es bien simple: las petroleras podrán usar parte de los impuestos que deben pagar, como amortización de capital. Es decir, en vez de pagar dinero por Ingresos Brutos, IVA, u otros gravámenes, podrán dedicar esa plata a invertir más en la exploración y explotación.

Veamos los seis puntos en concreto que tiene –hasta ahora- el documento que propondrán a los gobernadores. Cada uno, con una explicación adicional:

1 - Plazos para explotación y explotación diferenciados conforme las nuevas tecnologías.

N de la R: Las empresas plantean plazos de explotación de 35 años o más. Las provincias están ofreciendo de diez a veinte años, con pasaje –luego- de los yacimientos a manos de las empresas provinciales de energía. En ese caso, las petroleras quedarían como simples operadores del sistema.

2 - Mantenimiento de alícuotas de regalías. Aportes de la industria en el marco de grandes proyectos de desarrollo, en responsabilidad social empresaria y para infraestructura.

N de la R: Algunas provincias ya consiguieron alícuotas superiores al 12 %, aunque la alícuota real no supera el 9 % en la mayoría. Uno de los gobernadores consultados dijo que el porcentaje de regalías que se maneja para petróleo no convencional sería del 6 %.

3 - Mecanismos de adjudicación de áreas por licitación competitiva, buscando la mayor concurrencia y priorizando ofertas que propongan la mayor inversión/actividad exploratoria.

N de la R: Es el párrafo más difícil de traducir. “Licitación competitiva” significa que las provincias no podrán ir de “carry” de las petroleras, sumándose al negocio sin poner nada a cambio. Podrán asociarse a pleno riesgo compartiendo la inversión en la proporción de las ganancias que planteen. Los pliegos de licitación serían revisados por la Secretaría de Energía de la Nación y por YPF, que tendría prioridad de acceso a todos los yacimientos no convencionales. Es decir, el “socio” lo va a buscar YPF, y no un ministro de energía provincial.

5 - Programas fiscales y tributarios, nacionales, provinciales y municipales, homogéneos y estables. Detalle de beneficios a conceder una vez logrado el autoabastecimiento.

N de la R: Planes de “promoción industrial” petrolera basado en invertir en lugar de pagar impuestos.

6 - Adopción de estándares mínimos comunes en materia de cuidado del ambiente para una explotación sustentable.

N de la R: Un párrafo final para tratar de calmar a los detractores del fracking, la principal tecnología de explotación de recursos no convencionales.

CONCLUSION

Los gobernadores ven todo esto con sospecha. Saben que con la nueva ley van a perder soberanía petrolera en la explotación no convencional. Pero están atados de pies y manos, porque no tienen de por sí el dinero como para invertir en estos pozos. Ni siquiera en perforaciones “económicas” como las que hace la empresa EOG en Neuquén, de 5,5 millones de dólares. Así es que a los mandatarios les queda ir a la guerra contra Miguel Galuccio, o negociar este borrador para obtener las mayores ventajas posibles. El CEO de YPF ve el país como un tablero sin gobernadores ni límites internos. Es decir, como si fuese un yacimiento enorme en el que debe decidir la plata que pone en cada pozo. Es un técnico, no tiene obligación de saber de política ni de conocer las necesidades de estados que supuestamente son federales. Esa carga es de los gobernadores.

Será un duro debate el que viene, en el que el gobierno nacional tendrá un aliado impensado: La UCR viene pidiendo un acuerdo federal para la explotación de este tipo de recursos. Y eso es lo que el gobierno plantea ahora. Un acuerdo donde el poder de veto es de Nación, que además se reserva el derecho de tutelar las asociaciones que se hagan en el futuro y donde las provincias ganarán menos que aplicando las reglas de la Ley Corta.

Finalmente, aunque el debate parece de principios federales, la discusión es de negocios. Y en este modelo las provincias llevan las de perder, o las de “ganar menos” para ser justos. La pregunta es si ese “menos” es la única opción a “nada” o si las provincias podrían, de por sí, conseguir sus socios para explorar y explotar cada “Vaca Muerta” provincial. En Mendoza, la discusión legislativa será muy dura, aunque si la UCR se inclina por el lado de Galuccio los únicos debates serán alrededor del fracking, y pocos hablarán de los derechos que las provincias estarán cediendo en esta legislación complementaria de la Ley Corta.

La cruda e inesperada pelea que se desató entre el gobernador Francisco "Paco" Pérez y el CEO de YPF, Miguel Galuccio, por el modelo de negocio propuesto por Emesa en la licitación de las nuevas áreas petroleras trae consigo la oportunidad de que por primera vez en años el Estado nacional y las provincias hidrocarburíferas discutan una política viable que le permita al país recuperar la añorada y militada "soberanía energética".

Pero esta visión optimista del futuro se asienta sobre una realidad que primero es necesario reconocer: la política energética de Mendoza no goza de buena salud y está sembrada de desaciertos. Mientras otras provincias comenzaron a repuntar en la producción tras la estatización de YPF, la nuestra sigue en retroceso.

Y mientras otras jurisdicciones tuvieron iniciativas oportunas -hace cinco o más años- como las de crear empresas propias para explorar y explotar sus recursos en los tiempos en que YPF estaba en manos de los capitales privados, Mendoza se mantuvo ajena y de brazos cruzados y dejó que su política petrolera la definieran los españoles de Repsol, a los que el actual gobernador siendo ministro de Celso Jaque les prorrogó la extensión de las concesiones por 17 años como resultado de una negociación que los hechos consumados demuestran que fue excesivamente blanda.

Recién el año pasado Mendoza decidió crear su empresa provincial, Emesa, a la que le transfirió las nuevas áreas. Hoy salta a la vista que el debut de Emesa no fue auspicioso y en el mundo petrolero hay quienes catalogan la licitación conducida por Alejandro Neme como un "fracaso" no sólo porque YPF decidió no presentarse sino porque otros grandes actores que asistieron a los show-room que se hicieron en Houston y en Buenos Aires tampoco demostraron interés.

Quienes sí se presentaron son algunas de las mismas empresas que hoy operan en la provincia, aunque algunas lo hicieron en sociedad con capitales extranjeros que podrían significar voluntad real de explorar y explotar el subsuelo mendocino.

No se puede inferir que tengan la misma voluntad algunas firmas expertas en negocios inmobiliarios que acapararon -gracias a la anuencia de Pérez como ministro y de Jaque como gobernador- la gran mayoría de las áreas que se adjudicaron en 2008 solamente para más tarde transferir sus concesiones. Mientras tanto, pasaron seis años y aún el área que terminó comprando YPF antes de su estatización, Chachahuén, continúa sin producir petróleo.

Y sin crudo, como es lógico razonar, no hay regalías para Mendoza ni posibilidad de acercarse a la soberanía energética. Cabe preguntarse entonces a quiénes pueden beneficiar -o han beneficiado- todos estos errores estratégicos. La pelea de Pérez con Galuccio fue sorprendente porque demostró que la Casa Rosada no ha tenido hasta ahora una idea clara de lo que hay que hacer y ha cedido a YPF, empresa de la que en teoría también son dueñas las provincias productoras, el diseño de toda la política energética.

Galuccio le comunicó a Pérez, ni bien éste creó Emesa y decidió llamar a una nueva licitación, que YPF no estaba interesada en el negocio si sí o sí debía cederle una parte, el 10% según los pliegos, a la firma provincial debido a que lo que se conoce como "acarreo" encarece los costos de la operación y le reduce exponencialmente la rentabilidad.

Pasaron muchos meses y finalmente llegó el día en el que YPF decidió no presentarse y en que Pérez tomó esto como un desplante y se enojó como pocas veces lo vieron sus colaboradores más cercanos.

Fuentes del peronismo mendocino creen que el Gobernador confío "demasiado" en Neme y que el funcionario no le explicó debidamente que las negociaciones iban a mal puerto no sólo con la petrolera estatizada sino también con otros actores del mercado, de buena relación con la administración de Pérez, que finalmente tampoco se presentaron, como la alemana Wintershall.

Lo cierto es que estos roces entre Pérez y el resto de los gobernadores con Galuccio provocaron que Cristina Kirchner los llame a una reunión para el próximo 9 de junio con el objetivo de ordenar la política petrolera de arriba hacia abajo.

Se trata de una pulseada que el CEO y el ministro de Economía, Axel Kicillof, le ganaron no tanto a los gobernadores, que necesitan hacerse de recursos para sus acogotadas finanzas provinciales y de ahí que busquen fondos participando con sus empresas provinciales de energía del negocio petrolero, sino al ministro de Planificación, Julio De Vido, quien tiene una visión contrapuesta a la de Galuccio en varios temas.

Desde el punto de vista político, llama la atención la soledad en la que quedó Pérez al insistir con la licitación planteada por Emesa, que buscaba hacer partícipe a la Provincia de la renta petrolera frente a la impotencia política de los gobernadores K de exigirle a la Nación que liquide a las provincias las regalías a mejor precio ya que éstas son el instrumento genuino que tienen los Estados sub-nacionales de hacerse de un pequeño porcentaje de lo que genera el negocio petrolero.

Hoy la Nación le paga a las provincias unos 70 o 72 dólares por barril de crudo WTI pero lo exporta a unos 100 o 105 dólares. La diferencia, entre 30 o 35 dólares, se las queda el Ejecutivo nacional en concepto de retenciones y para subsidiar el precio de las naftas, pero si ese dinero fuera a las arcas provinciales, ningún gobernador buscaría atajos.

Este aislamiento de Pérez es más llamativo si se tiene en cuenta que sus socios en la pelea, los otros gobernadores que también defienden el modelo de negocio de las empresas provinciales que tanto critica Galuccio, terminaron aceptando discutir todo con la Rosada sin tener que pagar los costos de un enfrentamiento con la principal petrolera del país -como le pasó a Pérez tras el desplante de Galuccio- y sin poner en riesgo la exploración y explotación de los recursos de sus distritos al tener que entregárselos (y esperemos que así no suceda) a expertos en el negocio inmobiliario petrolero como Kilwer-Andes, la fusión de empresas detrás de la que está el empresario de medios José Luis Manzano, que puja por quedarse con dos áreas licitadas por Emesa.

El lunes 9 de junio en la Casa Rosada se abrirá una discusión trascendente para Mendoza, si tenemos en cuenta que los hidrocarburos son la principal actividad productiva de la provincia y que YPF representa, en este rubro, más del 70% de la producción local.

La Nación tranquilizó a los gobernadores asegurándole de antemano que nadie quiere cambiar la Ley Corta de Hidrocarburos, sancionada en 2006, que le otorga a las provincias el dominio originario sobre sus recursos.

Pero el mensaje también es claro en un sentido que atañe particularmente a Pérez y a Neme: se buscará eliminar el modelo de negocio planteado por Emesa en la última y accidentada licitación e impedir, de paso, que haya traspaso de concesiones y negocios inmobiliarios como los que hizo Manzano con las áreas que el mismo peronismo provincial le adjudicó a sus firmas con nombres exóticos en 2008.

Se trata de dos definiciones ya tomadas por la Casa Rosada que permiten aventurar que el replanteo de la política energética mendocina será forzosamente necesario. En este escenario, es dable esperar que los gobernadores puedan reclamar por la liquidación de las regalías y por otros aspectos que hacen a las finanzas provinciales que desde hace tiempo ninguno se atreve a plantear en Buenos Aires.