El ex jefe jurídico de RR.EE. Hernán Salinas se inclina por impugnar al tribunal antes del plazo del 15 de julio y el ex diplomático José Rodríguez Elizondo prefiere postergar el planteamiento para incluirlo en la contramemoria, cuando el proceso ya haya entrado en tierra derecha.
El periodista y ex diplomático José Rodríguez Elizondo plantea que "la competencia que en principio se ha arrogado la Corte afecta no sólo nuestra integridad como miembro del sistema ONU sino, además, el propio rol del multilateralismo".
-¿Qué le parece el debate sobre cuándo plantear la incompetencia de la corte? Lo mismo se discutió ante la demanda peruana y después del fallo varios se lamentaron de no haber mostrado una posición más dura ante el tribunal...
-En el caso peruano el debate se produjo ante una demanda con plausibilidad técnica. Por eso la definimos como una "construcción jurídica" y aceptamos que el objeto litigioso era "estrictamente jurídico". De ahí ese párrafo tristón pero resignado de nuestra contramemoria: "Para Chile es difícil lidiar con la noción de que el principal órgano judicial de las Naciones Unidas deba hacerse cargo de una disputa que fue manifiestamente urdida".
-Las autoridades han dicho que está claro que se pedirá la incompetencia de la corte, pero que se debe definir cuándo. ¿Cuáles son los pro y contra de hacerlo antes o después del plazo de 90 días?
-Estamos ante el endoso al órgano judicial de la ONU de una aspiración política nacional y conflictiva. Debemos tener en cuenta, además, que en 1978 el general Hugo Bánzer manifestó su intención de plantear este mismo tema ante el Consejo de Seguridad. Obviamente, estimaba que comprometía la paz y la seguridad internacionales. Por esto, la competencia que en principio se ha arrogado la Corte afecta no sólo nuestra integridad como miembro del sistema ONU sino, además, el propio rol del multilateralismo. En estas circunstancias, el dilema básico no consiste sólo en "cuándo" plantear excepciones. Consiste en "cómo" enfrentar un requerimiento político que contamina a la Organización Mundial. En teoría, es un "cómo" que obliga a levantar una estrategia compleja, con escenarios alternativos, entre los cuáles podrían estar los de una ONU desprevenida, un fallo aberrante y reacciones encadenadas e imprevisibles de otros países de la región. Ignoro si esa estrategia existe o está en trámite.
-¿Qué tipo de señal enviaría Chile si optara por concretar esta petición en la contramemoria?
-Por lo señalado, plantear excepciones preliminares ahora o en la contramemoria sería un falso dilema. Ambas posibilidades, sumadas a una percepción más aterrizada del talante de los jueces, contienen la posibilidad de un fallo ingrato para nuestra integridad. En este, como en muchos casos, la forma -el procedimiento- determina el fondo y es esto, justamente, lo que debe prever y analizar el estratego.
-Usted ha dicho que se debe tener claro si Chile está dispuesto "a asumir íntegramente el proceso judicial". ¿Si Chile no plantea una "excepción preliminar" significaría que validamos el reclamo boliviano y la vía para resolverlo?
-La respuesta está en la pregunta. Asumir "íntegramente" un proceso judicial significa ejercer sus recursos y estar dispuestos a acatar cualquier fallo.
El ex director jurídico de la Cancillería en el gobierno de Sebastián Piñera, Hernán Salinas, es claro: se debe pedir la incompetencia de la corte ahora. Con el telón de fondo del fallo "salomónico" de La Haya con Perú, señala que "se debe enviar una señal fuerte ante la corte".
-¿Qué le parece el debate sobre pedir excepciones preliminares ahora o postergar la petición para la contramemoria?
-Creo que la excepción preliminar debiera plantearse ahora, dentro del plazo de 90 días, porque hay razones políticas y jurídicas para ello. La fundamental es que la demanda boliviana, en forma encubierta, cuestiona el arreglo territorial de 1904. Como Bolivia sabe que tiene esta excepción de incompetencia que establece el artículo sexto del Pacto de Bogotá -que prohíbe entrar a revisar acuerdos anteriores a 1948-, Bolivia sostiene que Chile habría contraído obligaciones de negociar e incluso menciona el protocolo de 1895 sobre transferencia de territorios: dice que las obligaciones que Chile habría contraído en ese tratado habrían subsistido al de 1904 y habrían sido reafirmadas por el conjunto de negociaciones posteriores entre ambos países, como la de 1950.
-¿Chile debe plantear entonces que si bien Bolivia no se refiere expresamente al Tratado de 1904, la petición de negociar una salida al mar sí afecta el régimen establecido por ese instrumento?
-Eso es lo que tiene que hacer Chile, alegar la incompetencia de la corte porque -además- creo que Chile tampoco está dispuesto a que este asunto, que ha sido siempre bilateral, se vea ante un foro internacional, aunque sea un tribunal internacional. Esa es mi posición: hay que darle el golpe de nocaut ahora.
-El presidente del PS, Osvaldo Andrade, mencionó -después de una reunión con la Presidenta Bachelet- que el riesgo es que un escenario adverso ante la petición abra un problema político interno para el gobierno. ¿Debe ser ese un elemento a sopesar para definir el curso de acción?
-No. Las razones fundamentales son que hay argumentos jurídicos para objetar la competencia de la corte. Y hay una razón política: Chile no quiere que la corte entre a conocer un asunto que es meramente bilateral. Siempre lo ha dicho.
-¿Qué señal enviaría Chile si se posterga la petición de incompetencia?
-Se pierde el efecto de dar una señal fuerte, tanto jurídica como política ante la corte y ante la demanda boliviana. Porque plantear la incompetencia en la contramemoria significa que el juicio sigue, toda la fase escrita y oral y después de cuatro años, la corte recién se pronuncia. El efecto se debilita.
-¿Se debe enviar la señal de que Chile no está dispuesto a exponerse a un fallo "salomónico" como con Perú?
-Le repito: Chile tiene argumentos jurídicos, hay razones políticas y hay que dar una señal fuerte ante la corte.
