En paralelo, los ediles exhortaron al gobernador y al Fiscal de Estado a proteger esta norma (la 7722) ante la Corte y Tribunales Internacionales. Así, el Concejo se enfrenta a las asociaciones empresarias que acaban de presentar un proyecto de ley para que se declare la Emergencia Minera.

“El Concejo Deliberante de San Rafael se declara absoluto defensor de la vigencia y constitucionalidad de la Ley Nº 7722”. Así comienza el escrito que surgió de la sesión de los ediles sureños en relación a la norma (polémica y resistida por muchos sectores) que frena la minería metalífera en Mendoza.

A la vez, los concejales también “exhortan” al gobernador Francisco Pérez y al Fiscal de Estado a "arbitrar todos los medios necesarios y agotar todas las vías tendientes al resguardo de la ley ante la Corte de Justicia de la Provincia, la Corte de la Nación y los Tribunales Internacionales que correspondan".

La decisión del Concejo Deliberante sanrafaelino choca contra la postura de las asociaciones empresarias que nuclean al sector minero y que a mediados de mayo le presentaron, al presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Tanús, un proyecto de ley para que se declare la Emergencia Minera en la provincia.

Y esto va de la mano de un pedido de modificación de la Ley N° 7722, interpretada por ellos como “antiminera”, prohibitiva de la actividad y posibles inversiones.