El Estado operará los yacimientos más ricos de Bolivia sin desalentar, todo lo contrario, la iniciativa privada, e industrializará la producción minera del país hasta 2025, anunció el miércoles el presidente en ejercicio, Alvaro García Linera, al tiempo de promulgar la nueva Ley de Minería y Metalurgia en la ciudad de Oruro.

En sujeción a la Ley Minera que reemplazó a una norma que rigió el sector durante 17 años, 'vamos a seguir ampliando áreas mineras estatales pero de yacimientos muy ricos, minería a gran escala. El Estado no va a ocupar toda la minería, va a seleccionar las mejores áreas minera de Bolivia, las mejores vetas', en la que se realizarán, asimismo, importantes inversiones públicas, sostuvo durante un acto al que asistieron trabajadores mineros estatales y privados y empresarios.

La Ley fue puesta en vigor dos meses después que un proyecto de ley, observado por contravenir la Constitución, fuera retirado de la Asamblea Legislativa y al cabo de semanas de un proceso de consenso entre trabajadores mineros y el gobierno del presidente Evo Morales.

En su alocución a mineros estatales e independientes, en el argot de la minería boliviana, cooperativistas, García Linera dijo que Bolivia no exportará más materia prima desde 2025.

'Tenemos que industrializar, hasta el 2025, absolutamente toda la producción minera de Bolivia. Ya no podemos exportar -tenemos como tope de vida o muerte el año 2025- para no exportar mineral; tenemos exportar procesado, industrializado y eso va a quedar en manos del Estado', afirmó.

Dijo que la nueva ley no excluye la actividad privada de alta escala, nacional e internacional.

    'Bienvenido, pero tienen que pagar buenos impuesto sino no nos interesa que vengan', precisó.

    En el auditorio se encontraban representantes de la poderosa minera japonesa, Sumitomo, que opera el yacimiento de San Cristóbal, en Potosí.

   En aras de la potencial industrialización de la minería boliviana, el mandatario demandó a las cooperativas trascender lo artesanal hacia la tecnificación, también como una forma de protegerse de las oscilaciones de la cotización internacional de las materias primas.

    'Tenemos que tecnificarnos, si hubiera una caída en el precio del mineral. Tienen que tener un pequeño fondo interno para mejorar la tecnología. Tenemos tecnología, tenemos maquinaria para que se vuelta sostenible la producción minera', sostuvo al señalar como paradigma la cooperativa que opera en el yacimiento de Caracoles.

    García Linera dijo que la ley minera que rige desde este mismo miércoles, considera, en lo que a cada cual le concierne, a tres sectores con preminencia, a la minería estatal,  privada nacional e internacional y la cooperativa.

    'Sector privado, cooperativista y estatal, la ley recoge los derechos de los 3 sectores están ahí adentro', dijo al precisar que 'cada cual tiene su tarea respectiva, su función respectiva, afirmó.

    Al sector de cooperativas mineras, criticado por contravenir en sus formas de operación de yacimientos las normas medioambientales, y hasta de contrabandear inversiones extranjeras, a contrapelo de la Constitución, dirigió sus acicates.

    'El sistema cooperativo, como actor minero, tiene todo el derecho de ocupar áreas importantes, de tener vetas importantes. Hoy ustedes son productores de primera categoría en el ámbito minero', afirmó.

    Sobre la Ley, que busca diversificar las inversiones y promover la cadena de industrialización minera desde la exploración de nuevos yacimientos,  dijo que reemplaza a una norma anterior -indesmentiblemente de corte privatista hecha a la medida del capital internacional- y que es producto de debates entre mineros privados, estatales y de representantes de empresarios y otros sectores vinculados a la actividad.

    'Todos somos lo mismo aquí, sentados como hermanos aprobando su ley. Esta ley tiene olor, sabor y tiene escritura de trabajador, de obrero, de trabajador, de cooperativista. Es la primera ley minera en 190 años de existencia de nuestra república que la hacen los trabajadores con su sudor, con su esfuerzos, con sus pensamientos, con su sacrificio y con sus necesidades', elogió.

   Dijo que la ley de 1997, promulgada por el ex presidente ultraliberal Gonzalo Sánchez de Lozada, en su primera administración, amputó la minería estatal.

    'Entregaba todos los recursos del Estado a los extranjeros. Para que no haya minería estatal, para marginar a los cooperativistas, Sancherz de Lozada la Ley de Minería para que solamente existiera riqueza para patrones extranjeros', deploró.

    García Linera estableció que, en esa tónica, el gobierno de Evo Morales no permitirá, como en el pasado, que la minería  actúe en la política criolla.

    'Nunca vamos a permitir que el empresariado minero ocupe el poder político. No se puede permitir. O se dedica a la actividad minera y tiene todo el derecho o se dedica a la política', advirtió.

    En 2013, la minería boliviana exportó 3.000 millones de dólares y el Estado ingresó, de tal montante, 283 millones de dólares.