Se busca terminar con las especulaciones y eventuales abusos con los derechos de agua en Chile, fijando como prioridad el consumo humano, el de provisión de alimentos y al final el industrial.

El gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, en su tarea de reducir la desigualdad, rayará la cancha en lo relativo a los usos que se dan al agua en el país, más aun considerando que según palabras de la misma Mandataria la sequía vino para quedarse a Chile y que la situación hídrica nacional no es sostenible en términos de distribución, acceso y usos sanitarios. 

Nunca Más el Primero en la Fila

La autoridad limitará el uso de los derechos de agua bajo ciertas circunstancias como una sequía y cuando se está especulando con ellos, además establecerá prioridades de utilización, donde la más importante será el consumo humano, la pequeña agricultura –a causa de que se relaciona con la provisión de alimentos- y después lo referente a la producción industrial. 

Una de las razones principales de lo anterior, radica en que hoy existen cuencas donde hay seis veces más derechos otorgados que agua disponible, como es el caso de la del Río Copiapó. ¿Por qué? Por la entrega indiscriminada de éstos y porque a raíz de la sequía, lo que antes era recurso hídrico ya no está, lo que se repite en muchas regiones del país.

Por otro lado, esta es una forma en que Chile se adecuará a la resolución de la ONU de 2010 que hace que el gobierno deba responder frente al derecho humano al agua y al saneamiento del recurso, estando primero que la utilización privada que prima en el país y que ha erigido un mercado transaccional que en ocasiones ha exhibido malas prácticas. 

Los usos prioritarios del agua, a la fecha, se definen con el que está primero en la fila, el que se encuentra más arriba en el río “y esos no son ni la agricultura, ni las personas, es la minería finalmente” y otras compañías productivas, admite el ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga. Por eso, el gobierno quiere que a nivel no sólo de Código –cuyo cuerpo legal está vigente desde 1981 y fue modificado en 2005- sino que también de Constitución, el recurso sea un bien público y que no opere sobre una lógica de mercado. 

Tomando en cuenta que la Constitución señala que aquéllos derechos de agua otorgados por el Estado y que están inscritos, darán la propiedad a las empresas de ellos. Siendo un mecanismo no establecido en el Código respectivo, que rige la utilización del recurso y  que experimenta una preocupante concentración.

¿Cómo operaría el nuevo sistema? Sara Larraín, directora de Chile Sustentable, ejemplifica que “si tienes usos prioritarios supongamos en la cuenca del Río Copiapó, si hay problemas para abastecer a la ciudad, hipotéticamente Minera Candelaria que cuenta con actividades con fines de lucro tendría que producir lo relativo a media tonelada, y así a los ciudadanos no se les aplicaría racionamiento de agua potable, pudiendo seguir usando la red de alcantarillado”.

 Precios de las Cuentas a la Baja

El titular del MOP estima que con estas transformaciones, los precios de las cuentas de agua bajarán para los usuarios del agua a futuro. Y lo ilustra de la siguiente manera: en ciudades como Copiapó, la Superintendencia exige a la empresa sanitaria que provea del agua necesaria para la población, por lo que las inversiones en momentos de sequía aumentan al tener que comprar la distribuidora nuevos derechos, y al final los mayores costos los pagan los usuarios en las tarifas. 

No obstante, con todos estos cambios, en caso de escasez hídrica los fiscalizadores exigirán a compañías de producción industrial como las mineras, que reduzcan sus usos de agua para sus diversas faenas, con el fin de que la población cuente con el recurso y no sufra racionamiento, aplicándose el mecanismo de priorización por parte de la autoridad sectorial. 

Temores de los Industriales

Frente a estas transformaciones, industrias como la minera temen que se debiliten los derechos de aprovechamiento privados y que esto sea una renacionalización ncubierta del agua, lo que el ministro Undurraga descartó de plano, remarcando que lo que se pretende es limitar el uso de los derechos en base a las prioridades establecidas por el gobierno, en vista que la vía de la expropiación sería más cara para el Estado.

En esa línea, Benjamín Pérez, abogado especialista en el tema del estudio Guerrero, Olivos, Novoa y Errázuriz, asegura que sin los derechos de agua consuntivos y no consuntivos actuales, “veo bien difícil que la industria en general pueda tomar decisiones a largo plazo, para efectos de determinar las inversiones necesarias”

El jurista subraya eso sí que “es difícil que se cambien los estatutos de aquí para atrás, pero de aquí hacia adelante, no se tiene claro si se otorgarán los derechos de agua vía asignaciones directas o concesiones por una cierta cantidad de años”.

Pablo Jaeger, ex jefe legal de la DGA, expresa que si se quisiera quitar un derecho de agua sin expropiarlo y por ende sin pagar indemnización, “la única manera de hacerlo sería en virtud de establecer una limitación en virtud de la función social de la propiedad, pero para eso sí que se requiere cambiar la Constitución”, lo que causaría incertidumbre entre los privados.

Si bien la legislación hoy no le permite a la autoridad preferir a un solicitante en perjuicio del otro, “cuando las aguas no alcanzan para todos, hay normas de excepción en el Código de Aguas que sí le permiten a la autoridad poder hacer eso en caso de remate y proteger el recurso para la población”, da a conocer el abogado

Otro de los temores del mundo privado, recae en que el gobierno estaría estudiando caducar los derechos que no se utilizan por un período extenso de tiempo. Pero conocedores del tema indican que esto sucedería en caso que se quisiera comprar para luego vender a un precio mucho mayor –de especulación-, o bien, si es que se pretende dejar fuera a los competidores.

Sin embargo, si un proyecto ya compró sus derechos de agua y demora en tramitarse ambientalmente, no les serían quitados. De todos modos, hoy en día la autoridad cobra patentes por no uso, y puede incluso rematar este aprovechamiento del recurso si no se cancela el monto exigido. Acá las eléctricas son las más implicadas. 

Al momento, de acuerdo a información proporcionada por la DGA, el 73% de los derechos de agua consuntivos en Chile son usados por el sector silvoagropecuario, mientras que el 12% por el industrial, el 9% por el minero y el 6% por el sanitario. Quedando en manifiesto que la utilización para consumo humano, está en el último lugar. 

En tanto, las firmas eléctricas usan derechos no consuntivos, que son aquellos que se usan por un tiempo indeterminado y se devuelven, y tienen el 98% de su propiedad. Endesa cuenta con cerca de un 70%, siendo la empresa dominante en esta categoría.