Veintidós provincias adhirieron al convenio del programa de convergencia de tarifas eléctricas impulsado por el Gobierno. Ayer se sumó San Luis, y la única provincia que se mantiene afuera de esta iniciativa es Santa Fe. En todos los casos los gobiernos provinciales se comprometieron a no modificar los cuadros tarifarios por 365 días, y a cambio el Ministerio de Planificación de Julio De Vido garantizó la financiación de obras eléctricas por montos que oscilan entre $ 200 y $ 300 millones para disminuir las pérdidas en la red.

Las distribuidoras del interior deben, además, estar al día en sus pagos de la energía a Cammesa o coordinar con ésta un plan de pagos de hasta 36 meses, según se establece en una resolución de la Secretaría de Energía todavía no publicada, que da contexto formal a los acuerdos.

Este proyecto oficial se empezó a discutir en marzo con la intención de achicar la disparidad de tarifas de electricidad en todo el país, marcada por la abrumadora diferencia entre lo que se paga en Capital Federal y Gran Buenos Aires y lo que deben afrontar los usuarios del interior, sobre todo en Córdoba y Santa Fe donde las facturas son entre seis y siete veces más caras.

Con el precio del kilovatio subsidiado en todo el país, los gobiernos provinciales fueron ajustando los márgenes de sus distribuidoras, aprovechando el colchón que les deja el valor de la energía. En cambio, en las áreas de concesión de Edenor y Edesur que dependen del Estado nacional, el Gobierno frenó los aumentos al público.

Al principio de las negociaciones con las provincias, se especuló que el congelamiento de las tarifas en el interior perseguía crear condiciones para bajar los subsidios de modo que el impacto en las facturas sólo se produjera en Capital y GBA. Sin embargo, si hay una baja de los subsidios en el precio del kilovatio para todo el país, los convenios firmados no aseguran el mantenimiento de las tarifas. Según fuentes oficiales, si eso sucede se abriría otra negociación con las provincias.

Puede ocurrir, sin embargo, que haya una adecuación de tarifas en Edenor y Edesur sin que se modifique el precio de la energía a nivel nacional. Se ajustaría el margen de distribución de esas empresas en un nivel tal que les permita pagar el total de la energía que distribuyen, situación que ahora no ocurre y por la cual se va buena parte de las transferencias del Estado a Cammesa, la empresa que opera el despacho eléctrico y que debe recaudar de las distribuidoras para pagarles a las generadoras. Esto pondría a todas las distribuidoras del país al día con Cammesa, lo que significa menos necesidad de fondos del Estado para pagar la generación de energía.