El buen momento pareció demasiado efímero. Y lo mejor en los mercados pudo ya haber pasado. El entusiasmo que envalentonó a algunas empresas y provincias argentinas para aprovechar el veranito cambiario y poner en marcha sus propios proyectos de colocación de deuda en el exterior podría desvanecerse lentamente y desalentarlas a probar suerte en los próximos meses. Hace exactamente 20 días, el riesgo de la Argentina mostró un punto de inflexión: los seguros que pagan los inversores contra un default del país en los próximos cinco años se encarecieron en 200 unidades (hasta los 1.800), y la diferencia entre las tasas de interés que convalidan los títulos locales y las de Estados Unidos creció, a contramano del resto de la región, más de un 12,5% (casi 100 puntos básicos, hasta los 846).
Los indicadores de crédito muestran, ahora, que la Argentina debería pagar en este contexto alrededor de un punto porcentual más que lo que afrontaba en abril. El viraje en la percepción de los mercados sobre el país se da precisamente en un momento en que el Gobierno empieza a mostrarse más preocupado por la quietud de la reservas y se esfuerza por acelerar los planes de emisión de las provincias en el exterior para apuntalar con estos dólares las reservas. Según ya fue anunciado, la provincia de Buenos Aires saldrá en los próximos días con u$s 500 millones sobre un programa total de u$s 1.000 millones que tiene aprobado; y la Ciudad de Buenos Aires, con otros u$s 500 millones. Pero en la lista de espera para recibir el visto bueno oficial figuran también otras grandes gobernaciones.
Bajo control
El deterioro en la calidad de la Argentina como emisora de deuda parece, hasta el momento, moderado. Pero muestra un quiebre en una tendencia favorable que se había visto desde el 27 de enero, cuando el Gobierno dispuso subir en 10 puntos porcentuales las tasas de interés de la economía local y ajustar fuerte el tipo de cambio. Con el mercado cambiario ya bajo control, y las reservas más firmes, el riesgo local dejó de subir y se desplomó, de los 1.000 a los 750 puntos básicos, en sólo tres meses. La caída se frenó abruptamente el último 9 de mayo y desde entonces, el indicador mostró una tendencia claramente alcista que, hasta ahora, no se detuvo. En el mercado dan tres explicaciones para este cambio de panorama: el nerviosismo que genera la inminente decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos el próximo 12 de junio, sobre la petición que hizo ayer la Argentina para que se revisen sus decisiones en el litigio que mantiene con los holdouts; el temor que infundió sobre la capacidad de pago de la Argentina a principios de este mes, la segunda baja de tasas de interés que aplicó el Banco Central (un corrida contra el peso deteriora el principal activo, que son las reservas); y la fuerte venta de bonos que Repsol hizo en esos días, y que obligó a muchos inversores a desarmar posiciones en títulos bajo ley extranjera (los que determinan el riesgo-país) para comprar otros bajo legislación local (el Bonar 2024).
A fines de marzo pasado, la petrolera estatal YPF, con mejor calidad crediticia que las administraciones provinciales, llegó a colocar sus bonos a una tasa del 8,75% anual, que al menos duplicaba la que hubieran tenido que afrontar por emisiones similares los países de la región. Y hace quince días, en el mercado estimaban que en su próxima operación el Gobierno de Daniel Scioli debería pagar un costo de entre el 10,5% y el 12% anual. El escenario, ahora, es diferente. Y con el viento de frente la confianza que transmitían los bancos sobre las emisiones de deuda puede empezar a tambalear.
