El fiscal Germán Moldes defendió la validez del dictamen de su colega de primera instancia por el cual propuso que se rechace la denuncia contra la presidenta Cristina Fernández de Kirchner por presunto abuso de autoridad por la firma del Decreto 929, que sirvió de marco para el contrato entre YPF y Chevron para la explotación de Vaca Muerta.

En un dictamen de nueve carillas, al que Télam tuvo acceso, el fiscal presentó un recurso de casación contra el fallo de la Cámara Federal que confirmó la resolución de la jueza María Servini de Cubría, que había declarado la nulidad del dictamen de Eduardo Taiano, quien reclamó la desestimación de la denuncia presentada en julio de 2013 por el diputado de la ciudad Alejandro Bodart, el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) y el abogado ambientalista Enrique Viale.

El fiscal de Cámara defendió la independencia del ministerio público y afirmó que Servini de Cubría “tuvo la poco feliz ocurrencia de echar mano a la máxima sanción legal decretando la nulidad del dictamen, lo que constituye -a su criterio- una flagrante extralimitación de funciones y avasallamiento de facultades propias”.

“No me referiré al contenido del dictamen del agente fiscal, ni al contrato entre YPF y Chevron”, sostiene Moldes, quien enfatiza que lo está en juego es la independencia del Ministerio Público, garantizada por al Artículo 120 de la Constitución Nacional.

Sobre ese aspecto, aclaró: “No voy a valorar en esta ocasión procesal si ese convenio se suscribió observando todos los requisitos legales o, por el contrario, se incurrió en irregularidades o anomalías que justifiquen suspicacias. No es este el momento de entrar en consideraciones relativas a si es beneficioso o perjudicial para los intereses nacionales, justo o injusto, correcto o inadecuado. No es ese el objeto de este recurso”.

“Tampoco es hora de estimar si con los elementos a la vista correspondía considerar reunido mérito suficiente para impulsar la acción penal en estos autos por parte del fiscal de la instancia inferior. Sólo adelanto que su dictamen, más allá de los defectos de los que eventualmente pudiere adolecer, en modo alguno es nulo, y tacharlo de tal es violatorio de los intereses de este Ministerio Público, lo que me habilita a interponer este recurso”, explica.

Las idas y vueltas de la causa
La denuncia fue presentada en julio de 2013 por el diputado Alejandro Bodart (MST) y el abogado ambientalista Enrique Viale. Recayó en el juzgado de María Servini de Cubría, quien envió el caso al fiscal federal Eduardo Taiano. Este entendió que no había delito en la firma del decreto. Servini de Cubría, en una decisión poco frecuente, dispuso directamente la nulidad del dictamen de Taiano. Pero el fiscal apeló ante la Cámara Federal, que luego rechazó su planteo.