Mediante una carta dirigida a Eleodoro Mayorga, ministro de Energía y Minas, la Coalición Nacional de Sindicatos de Petroperú (Conasipp) demandó la suspensión del proceso de adjudicación de los terminales de almacenamiento (centro, norte y sur) de Petroperú a operadores privados por 20 años.

El sustento es contundente, dado que se advierte que en el periodo de 1998-2012, con los terminales bajo la administración de dos consorcios privados, se generó un déficit de más de US$ 300 millones para Petroperú, y por ende para el Estado peruano.

"Desde todo punto de vista, un pésimo negocio para el país, más aún cuando estos contratos debieron culminar en el 2012 y hasta hoy se desconoce por qué fueron prorrogados indebidamente", señaló Juan Castillo More, presidente de la Conasipp.

Se debe recordar que los terminales de almacenamiento eran operados por Petroperú(su aún dueño) y fueron dados en alquiler por 15 años al sector privado durante la época privatizadora de los años noventa a precios irrisorios.

El terminal del Callao fue entregado al consorcio Serlipsa/Vopak, que pagó US$ 3 millones, más una tarifa a Petroperú de US$ 0,2784 centavos por barril almacenado.

En tanto, los terminales del norte fueron concesionados a favor del Consorcio Terminales (del grupo Graña y Montero), que pagó US$ 3 millones y ofreció una tarifa de

US$ 0,4739 por barril almacenado. De igual manera los terminales del sur se otorgaron a Consorcio Terminales que pagó US$ 3 millones por ellos, más el compromiso de pagar a Petroperú US$ 0,4567 por barril almacenado.

Al vencerse los contratos de concesión con ambos consorcios, ahora la nueva licitación que alista el gobierno para los terminales de Petroperú pretendería adjudicarlos por 20 años más.

El ex ministro de Energía y Minas Carlos Herrera Descalzi consideró que ahora el escenario es totalmente distinto al de los años 90, tanto para el Perú como el mercado internacional.

"Hay dos posibilidades: que los terminales regresen a Petroperú o que se obtengan mejores condiciones que antes, aunque lo mejor sería la primera opción", señala Herrera Descalzi.

En tanto, Jorge Manco Zaconetti, investigador de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, criticó que las tarifas que pagan los actuales operadores correspondan a una coyuntura comercial radicalmente distinta a la actual, pues el precio de los combustibles ha tenido un fuerte incremento, ante lo cual el Estado se ha mostrado indiferente y generando perjuicio.

CIFRAS EN ROJO

Según información del Tesoro Público de 1998-2005 y las notas de los estados financieros de Petroperú, desde 1998 al 2012 la petrolera estatal ha recibido por concepto de alquiler y tarifa de almacenamiento de parte de los operadores de Serlipsa/Vopak y el grupo Graña y Montero, la suma de US$ 214,3 millones.

Pero también hay que tomar en cuenta que Petroperú por usar los terminales para hacer posible el abastecimiento seguro y oportuno al mercado interno ha tenido que pagar a Serlipsa/Vopak y Graña y Montero, entre 1998 y 2012, la suma de US$ 517 millones, sin IGV.

Por ello, la Coalición alerta del pésimo negocio para el país, pues se recibió como pago de alquiler US$ 214,3 millones en el periodo 1998-2012, pero se tuvo que  abonar por el uso de los mismos a los concesionarios privados la suma de US$ 517 millones, generándose para Petroperú un déficit superior a los US$ 303 millones.

"Se debe investigar desde el Ministerio de Energía y Minas, así como en el Congreso y la Contraloría General de la República, la indebida prórroga contractual de los terminales que debieron ser recuperados en diciembre del 2012", aseveró Castillo More.

Por otro lado, Herrera Descalzi señaló que todo indica que los operadores privados no cumplieron con los programas de inversión comprometidos.

Ante ese panorama la Conasip advierte que "Petroperú pretende convocar a una nueva licitación para concesionar los lotes del Estado peruano por 20 años más, a pesar de que con la concesión anterior fue funesta para los intereses del país y solo hubo suculentas ganancias para las empresas privadas que en su mayoría quieren repetir el plato".

El presidente de la Coalición de Sindicatos de Trabajadores de Petroperú, Juan Castillo More, calificó como un pésimo negocio la concesión de los terminales en la década de los 90, considerando que, por el período 1998-2012, y como pago de alquiler de activos, la empresa estatal recibió US$ 214.3 millones, sin embargo tuvo que abonar por el uso de los mismos a los concesionarios privados US$ 517 millones, lo cual generó a Petroperú un déficit de más de US$ 300 millones.

En ese sentido exigen al ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga, que se investigue la indebida prórroga contractual del centro, norte y sur, pues estas unidades debieron retornar a Petroperú en diciembre del 2011.

“Demandamos la suspensión del proceso de adjudicación de los terminales que procesa la administración de Petroperú con el fin de evaluar la modalidad de la operación, pues, aparte de ello, permitirá la tan ansiada integración vertical, la cual garantizará la operatividad de la empresa estatal”, señaló.

Por su parte el decano del Colegio de Ingenieros Consejo Departamental Piura, Segundo Reusche Castillo, consideró que tanto los lotes como los terminales deben retornar a Petroperú, de lo contrario no se podrá hablar de integración y modernización. 

“De acuerdo a la ley de integración vertical y modernización, Petroperú no solo se debe limitar al refino, sin embargo la nueva ley que declara de necesidad pública el Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara (PMRT) establece vender el 49% de las acciones, lo cual no es adecuado porque la empresa no está bien cotizada, por ello apoyamos la iniciativa que pide anular los artículos que no permiten a Petroperú realizar otros proyectos paralelos al PMRT”, detalló.

Respecto al PMRT, dijo esperar que empiece cuanto antes, pues aparte de dinamizar la economía, permitirá entregar combustibles limpios.