La falta de una Ley de Minería y Metalurgia generó “desinterés” en la inversión extranjera al extremo que “actualmente ninguna empresa privada internacional realiza prospección para hallar nuevos yacimientos en Bolivia” señaló el exministro de Minería y experto en el sector, Dionisio Garzón.
El Banco Central de Bolivia (BCB), reportó que de aproximadamente 1.505 millones de dólares, que llegó al país como Inversión Extranjera Directa (IED), solo 219 millones de dólares, fueron destinados a la explotación y exploración de minas y canteras.
Con incentivos casi nulos para el sector, “las opciones que tiene el Estado de atraer nuevas inversiones, por ahora, constituye una misión difícil y complicada”, dijo Garzón. Esta situación difícil, por el que atraviesa uno de los sectores estratégicos más importantes que tiene el Estado, fue también objeto de atención en la Unión Europea, que hace dos semanas informó que en el contexto internacional, en el cual representan hasta el 51 por ciento del total de la inversión en Bolivia, la exportación de minerales importa poco, debido a que compraron 20 por ciento menos el 2013.
Definitivamente hay “mucha oferta de minerales y pocos compradores”, advirtió el oficial de Economía y Comercio de la Unión Europea (UE), Gonzalo Vidaurre, según reportó en un evento internacional, en La Paz, donde la UE informó sobre las capacidades de mercado para Bolivia.
De 465 millones de dólares que exportó en minerales el Estado en 2012, el año pasado, la Unión Europea compró solo $us 370 millones, precisó el consultor.
“La exportación de minerales a la Unión Europea representa el 44 por ciento del total de las exportaciones. El año 2010 llegaba al 71 por ciento ”, informó el funcionario internacional.
Garzón declaró que la minería está agotando la inversión extranjera que llegó antes del gobierno del presidente Evo Morales. “San Cristóbal, Manquiri, San Vicente, y otros emprendimientos de importancia relativa están en ejecución; y que tengamos otros, nuevos a la vista, por ahora, no existen”, recalcó la exautoridad de Estado.
SEGURIDAD JURÍDICA El gobierno del presidente Evo Morales, prometió al Fondo Monetario Internacional (FMI), seguridad jurídica para la inversión privada en minería.
“La política minera boliviana se sustenta en los pilares de exploración, que determina los futuros yacimientos que se van a explotar; de producción, que está dirigida a ampliar la capacidad productiva, y de comercialización, con la que se busca mejorar los controles en frontera con la participación de instituciones nacionales, departamentales y municipales”, explicó la autoridad ministerial, a la jefa de la Misión y subdirectora de la División de América Latina y El Caribe del FMI, Ana Corbacho, que llegó al país para promover reuniones bilaterales con distintos despachos del Órgano Ejecutivo con el fin de recabar información económica y financiera del Estado.
El ministro de Minería, César Navarro, en un encuentro con el Banco Mundial, recordó que después de un periodo de “gobiernos neoliberales” en el que se “abandonó” al sector minero, se generó un cambio a partir de 2006 y se introdujo una alianza entre los sectores público, privado y cooperativo en la que el Estado boliviano retomó el control estratégico de los recursos naturales.
En el marco de la futura Ley de Minería y Metalurgia, la autoridad aseguró que “en Bolivia se garantiza la seguridad jurídica de las empresas”.
En respuesta a la línea de acción política, que ha dispuesto poner en marcha el Gobierno, el presidente Evo Morales, pidió a los ministerios de Economía y Planificación que trabajen en el financiamiento, mediante créditos, a favor de las cooperativas mineras, para que puedan ejecutar sus proyectos. Los cooperativistas afirman que requieren hasta $us 70 millones.
"Un tema que surge es el económico, de inversión para las cooperativas. Voy a recomendar a los ministros de Planificación (Viviana Caro) y de Economía (Luis Arce) para que conjuntamente trabajen con los cooperativistas; algunos, como decían, necesitan créditos (...)”, afirmó.
La orden presidencial fue además una posición final con la que el Gobierno zanjó, definitivamente, el problema minero-cooperativista que generó la aprobación en la Asamblea Legislativa, la aprobación de la nueva Ley de Minería y Metalurgia después que fueron observados los artículos 62 y 151 de la referida norma.
El pleno de la Cámara de Diputados sancionó el lunes 19 de mayo, la Ley Minera, con las modificaciones al proyecto original, que generaron roces con cooperativistas mineros en semanas pasadas.
"La ley ha sido ya sancionada, ya seguramente en el transcurso de estos días el presidente Evo Morales la va a promulgar y va a ser una ley ya del Estado Plurinacional", explicó el presidente de la Comisión de Economía Plural de Diputados, José Yucra.
El proyecto de ley fue aprobado en una primera instancia en la Cámara de Diputados, sin embargo, en su revisión en la Cámara Alta se hicieron modificaciones a más de 30 artículos, por lo que fue devuelta a Diputados para su sanción correspondiente.
Yucra detalló que las modificaciones fueron consensuadas con las cooperativas mineras, los representantes de la Asociación Nacional de Regantes y Sistemas Comunitarios de Agua Potable de Bolivia, para garantizar su aplicación.
En esa línea, explicó que "ahora una empresa minera que necesita agua, tiene que ser autorizada por la autoridad competente que es el Ministerio de Medio Ambiente y Agua".
Asimismo, la norma garantiza que el artículo 151 prohíbe la asociación entre cooperativas mineras y empresas privadas, ya sean empresas nacionales o internacionales.
"Ese artículo le garantiza a las cooperativas que puedan hacer una asociación con el Estado, pero el Estado está representado a través de Comibol, o sea se puede hacer ese tipo de asociaciones", puntualizó.
En el tema de los contratos mineros, la ley le da a la Cámara de Diputados una responsabilidad de "aprobar o no aprobar en 90 días los contratos que van a ser enviados a la Cámara de Diputados o de Senadores".
Yucra aclaró que después de los 90 días el Legislativo puede aprobar, no aprobar, o caso contrario, después de los 90 días, devolverlo al Órgano Ejecutivo para que se hagan modificaciones.
