Primero fueron los políticos que llegaron a dirigirlas en los ´90 y en la década siguiente, se sumaron los tecnócratas que con la proclama de la eficiencia prometían hacerlo mejor. Pero nada de eso ocurrió y hoy, las empresas públicas siguen siendo un peso para Hacienda por los problemas de gestión, fallas comerciales, alto endeudamiento y las dificultades productivas que afectan su negocio. Cada año, las 33 estatales chilenas de una u otra manera demandan recursos al Fisco y la segunda administración de la Presidenta Michelle Bachelet ya declaró su disposición a mantener esa dinámica, con un proceso de capitalización que, por ahora, se estima en US$ 2.050 millones para Codelco, Enap y BancoEstado, sus firmas más emblemáticas.  

A lo anterior, además, se suma otra gama de transferencias fiscales vía aportes, garantía estatal para obtener líneas de crédito y subsidios que ya se evalúan en favor de la Enami, debido a la compleja situación financiera que vive y sobre la cual sus nuevas autoridades ya están trabajando.

Pero cómo calza este esfuerzo de capitalización del Estado chileno, en momentos en que la billetera pública pasa por mala racha. Hace una semana, el propio ministro de Hacienda, Alberto Arenas, advirtió que tras la auditoría a las cuentas fiscales heredadas dieron con la sorpresa de que este año habrá US$ 2.000 millones menos de ingresos fiscales, lo que esperan contrarrestar con reasignaciones en el Presupuesto 2014 que ya comenzaron y con la evaluación de otras opciones para dar con dinero fresco, como la venta de activos financieros del Tesoro Público y hasta acudir de manera inédita a la Ley Reservada del Cobre.

Alguien podría decir que lo anterior no estaba en el plan original, pero si es así, también cabe preguntarse cómo es que con menos ingresos fiscales por US$ 2.000 millones y un programa estimado en US$ 15.100 millones, el gobierno esté igualmente dispuesto a entregar recursos a sus empresas, si llevan meses desplegando fuerzas para obtener la aprobación pública y el voto legislativo a una reforma tributaria que, justamente, busca financiar el 54% de su programa.

Y aunque las comparaciones son odiosas, como se explica también que, por ejemplo, tres estatales se lleven el doble de lo que dejaría la reforma tributaria en su primer ejercicio; o más aún, que puedan recibir un cuarto de los US$ 8.200 millones que Hacienda espera recaudar en régimen cuando todos los cambios tributarios estén en marcha.

Pero en Teatinos 120 hay una explicación y es que, según personeros ligados a los procesos en curso, pese a la estrechez fiscal, las capitalizaciones también son urgentes, porque esas tres firmas deterioraron muy fuerte su posición en los años anteriores, debido a que, afirman, el ex ministro de Hacienda Felipe Larraín declinó todas las solicitudes de capitalización con recursos frescos en el período, en beneficio de abultar los fondos soberanos y cubrir el déficit de ahorro público en su gestión.

1- La viabilidad de Codelco 

En su mensaje del 21 de mayo, la Presidenta Bachelet aseguró que en el segundo semestre del año enviará un proyecto de ley para capitalizar a Codelco, la mayor estatal chilena, con el objetivo de “reposicionar el liderazgo de la empresa”. No es claro cuánto será, pero la fórmula estaría sujeta a metas conocidas en materia de costos y productividad, explican en la firma. De hecho, uno de los mandatos que tiene el recién nombrado presidente del directorio, Oscar Landerretche, es fijar el monto que requiere la empresa para su capitalización.

No obstante, en el equipo económico se trabaja hace meses con la noción de que Codelco requería los US$ 1.200 millones para este año, que ya solicitó a Hacienda, para financiar su ambicioso plan de inversiones de mediano y largo plazo. La mayor productora de cobre del mundo tiene una cartera de cinco proyectos estructurales, por unos US$ 27.000 millones, al 2025. “Es el mayor programa de inversiones de toda su historia”, comenta Juan Carlos Guajardo, director ejecutivo del Centro de Estudios del Cobre y la Minería (Cesco). Si se ejecutan todos los proyectos en carpeta, la producción se elevaría a dos millones de toneladas hacia 2020 y a 2,5 millones de toneladas al 2025, estima. 

Dicho portafolio incluye iniciativas como Chuquicamata Subterránea, Nuevo Nivel Mina El Teniente, Expansión de Andina, Radomiro Tomic Sulfuros y Mina Ministro Hales. “Todos estos tienen urgencia, por lo que la definición del gobierno tiene que considerar recursos para poder desarrollar todas las iniciativas”, afirma Raimundo Espinoza, director de Codelco. De no concretarse, advierte, está en riesgo el liderazgo de la firma y su viabilidad futura. “Hoy, Codelco produce 1,7 millones de toneladas al año. Si los proyectos estructurales no se llevan a cabo, la producción caería a entre 700.000 y 800.000 toneladas, lo que haría poco viable a la compañía”, añade Espinoza.

Eso sería complicado para Hacienda, agrega Guajardo, ya que desde la nacionalización del cobre Codelco ha entregado más de US$ 100.000 millones de excedentes al Fisco. 

¿Qué margen tiene la cuprera para endeudarse? Poco, afirma el director ejecutivo de Cesco: “Si se compara el nivel de deuda promedio de Codelco de los últimos años con el de otras mineras de tamaño similar, muestra un alto endeudamiento”.

Espinoza añade que Codelco tiene una deuda de unos US$ 11.000 millones y que si no se entregan los recursos para desarrollar las inversiones, “se corre el riesgo de deteriorar su situación financiera”. 

Según Cesco, las necesidades de inversión de la estatal ascienden a US$ 5.000 millones por año, pudiendo generar US$ 2.000 millones por depreciación y un monto similar por deuda. “Codelco necesitaría recursos por al menos US$ 1.000 millones anuales”, estima Guajardo. 

2- Enap y su deuda

El cuarto intento por modernizar su gobierno corporativo y US$ 400 millones de capitalización para mejorar su posición financiera. Un rol público y comercial más activo, pero también más eficiente y coherente sobre la matriz energética del país. Lo que le tocó a Enap como parte de la agenda energética, que el jueves 15 lanzó la Presidenta Bachelet, vuelve a poner a la segunda mayor estatal chilena bajo la lupa.

Los preparativos para la capitalización de la petrolera tienen relativa urgencia, pues el objetivo es que el mercado lea una señal del compromiso del Fisco con la compañía, lo que permitirá darle más espaldas financieras y facilitar la cobertura o renegociación de sus pasivos. Y es que según los estados financieros de Enap, a diciembre pasado, su nivel de endeudamiento era 26 veces su patrimonio, cifra que contrasta con las empresas privadas, donde el promedio es que no supera dos veces el patrimonio. Al cierre del ejercicio 2013, la Enap tenía un patrimonio total de US$ 230,6 millones.

La inyección de capital que prepara Hacienda, sin embargo, irá de la mano de un nuevo proyecto de ley de gobierno corporativo, el cuarto en menos de 10 años, que será presentada a más tardar durante el primer trimestre de 2016. Pero fuentes allegadas a Hacienda estiman que sería enviado este año.

Si bien en la agenda energética se establece que la capitalización de Enap es una “acción que mejorará su balance financiero y le permitirá emprender las inversiones que mejoren su eficiencia y resultados económicos”, cercanos a las tratativas afirman que el proceso apuntará, principalmente, a cubrir el alto endeudamiento que afecta a la firma.

Según datos de la Dipres, Enap sólo recibió recursos en 2008 por US$ 250 millones, en un aporte de capital para financiar su rol subsidiario en el ex Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles.

3- El papel de BancoEstado

Al igual que en el caso de Enap y su participación en la agenda energética del gobierno, BancoEstado también juega un rol importante en la Agenda de Productividad, Innovación y Crecimiento anunciada el pasado viernes 16. Para eso, el plan de las autoridades es capitalizar la entidad financiera en US$ 450 millones, paso fundamental para que pueda cumplir con el mandato que se le asignó en la agenda, de “expandir de manera significativa el crédito otorgado a la Pyme y también destinado a la compra de viviendas”, según detalla el documento difundido por el Ministerio de Economía. La operación debiera tener lugar en los próximos meses. 

Si bien la capitalización de BancoEstado no está sujeta a un proyecto de nuevo gobierno corporativo, fuentes que conocen del proceso explican que la empresa requiere aumentar su base financiera para que su escala de operación vaya creciendo este año y recupere espacio en los nichos mencionados, y señalan, por ejemplo, que en el caso del sector privado, entidades como los bancos de Chile y Santander capitalizan en torno a un promedio del 40% de las utilidades todos los años para financiar su crecimiento por colocaciones. 

“Codelco y Enap, para crecer, requieren capital para cubrir más deuda o más capital, y en general, se trata de una combinación. Con los bancos es distinto: en un banco las colocaciones van subiendo conforme la economía se va recuperando, y se necesita capital para eso y para cumplir con Basilea”, afirma un cercano a las tratativas.

Otros personeros ligados a la entidad precisan que BancoEstado requiere capital porque, al igual que otras empresas estatales, además de pagar el impuesto a la renta del 20% tiene una carga adicional por el impuesto del 40% (que grava las utilidades por sobre el impuesto a la renta usual), de manera que “tiene poco para repartir para su crecimiento interno. “En el gobierno anterior no hubo capitalización para BancoEstado y con los estándares más exigentes de Basilea estábamos con muchas restricciones para crecer. Lo que permite la capitalización es dejar de perder cuota de mercado en general y aumentarla en algunos segmentos más significativamente, como pyme e hipotecarios”, afirman en el gobierno.

Agregan que la capitalización que prepara Hacienda esta vez no tiene el mismo objetivo que la de 2009, cuando recibió un aporte de US$ 467 millones. Dicho traspaso fue adoptado por las autoridades de la época como parte del plan económico y fiscal que impulsó Bachelet para atenuar los efectos de la crisis internacional, proceso en el cual la entidad jugó un rol contracíclico que se centró en financiar principalmente a pymes y personas de capas medias, que vieron dificultado o encarecido su acceso en la banca privada, algo muy parecido a lo de ahora, al menos en la forma.